TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA EXTENSIÓN EL VIGÍA

El Vigía, 31 de enero de 2024.
212º y 163º

CASO PRINCIPAL : LP11-P-2023-000384
CASO : LP11-P-2023-000556

Visto el escrito presentado por el ciudadano Douglas Enrique Plaza Barrios, titular de cédula de identidad Nº V-16.990.049, asistido por la Defensa Publica Abogada Nuris Del Carmen Villafañe Rojas, mediante el cual solicita la entrega del vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO MALIBU, TIPO SEDAN AÑO 1982, COLOR AZUL, PLACAS 471A6AL, USO TRANSPORTE. PUBLICO, SERIAL DE CARROCERIA D1W69ACV317837, SERIAL DE MOTOR V0525PLA, Nº de Autorización: 17013918227, Datos estos que constan en el Certificado de Registro de Vehículo N° D1W69ACV317837-4-3, emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, de fecha 22 de marzo de 2.017, a Nombre de la ciudadana Douglas Enrique Plaza Barrios, este Tribunal, a los fines de resolver sobre lo peticionado, estima necesario hacer las siguientes consideraciones:

Que se observa, que en fecha 21 de junio de 2023, la Fiscalía del Ministerio Públicoacuerda: NEGAR LA ENTREGAR DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR con las siguientes características: CLASE AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO MALIBU, TIPO SEDAN, AÑO 1982, COLOR AZUL, PLACAS 471A6AL, USO TRANSPORTE PUBLICO, SERIAL DE CARROCERÍA D1W69ACV317837, SERIAL DE MOTOR V0525PLA, al ciudadano: TULIO SEGUNDO FERNANDEZ PALACIOS, CIV-5.062 120, en su condición de Apoderado Judicial del ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PLAZA BARRIOS, civ-16.990.049, ya que luego de revisadas las actas procesales, se observa que no presenta los documentos originales (Certificado de Origen o Documento Compra-Venta del Vehículo Automotor) que le acreditan la propiedad del vehículo automotor.

En la presente oportunidad, el referido ciudadano consigna original y copia del Certificado de Registro de VehículoNº de Autorización: 17013918227 Y N° D1W69ACV317837-4-33, emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, de fecha 22 de marzo de 2.017, a Nombre de la ciudadana Douglas Enrique Plaza Barrios.

Ahora bien, se observa de las actuaciones que la Fiscalía Séptima del Ministerio Publico, en fecha 22/12/2023, presento la totalidad del expediente, consta alos folios 46 al 47 de las actuaciones Experticia Nº060-22, de fecha 31 de octubre de 2022, efectuada al vehículo en cuestión, en cuyas conclusiones se indica:

“Basándose en el Reconocimiento de Seriales efectuado al vehículo en estudio, se puede inferir las siguiente caracteristicas: Clase: AUTOMOVIL, Marca: CHEVROLET, Color: AZUL, Placa: 471A64L Año: 1982, Modelo: MALIBU Tipo: SEDAN, Uso: TRANSPORTE PUBLICO, D1W69ACV317837, Número de Identificación Vehicular: Número de Identificación del Motor: V0525PLA.

PERITAJE: De conformidad con el pedimento formulado constatamos: El Número de Identificación Vehicular: D1W69ACV317837 ORIGINAL. El Número de Identificación del Motor: V0525PLA, ORIGINAL.-

CONCLUSIONES:

01.- El número de identificación vehicular: D1W69ACV317837, ORIGINAL-
02.- El número de identificación del motor: V0525PLA, ORIGINAL-
03.- El vehículo en estudio, si posee sus matriculas identificativas.-
04.- La unidad en estudio al ser verificada ante el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), No presenta solicitud y Registra ante el sistema de enlace CICPC-INTT.-.

Analizadas las anteriores actuaciones, este Tribunal observa:

Que dispone el artículo 293 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:

"El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable. El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos...".

Por su parte, la parte final del primer aparte del artículo 10 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, señala:

"... Los vehículos se entregarán al propietario por orden del juez de control o del Ministerio Público, en cualquier estado del proceso, inclusive en la fase de investigación, una vez comprobada su condición de propietario".
De la armonización de las normas precedentemente transcritas se colige, que el Ministerio Público o el Juez de Control, deberá hacer entrega de aquellos vehículos hurtados o robados, una vez recuperados por los cuerpos de seguridad del Estado, a quien acredite ser el legítimo propietario.
Ahora bien, los aludidos preceptos normativos solo pueden ser aplicados a aquellos casos en que un vehículo, robado o hurtado, haya sido recuperado, pero que mantenga incólume sus datos identificativos que permitan su particularización y por tanto determinar que efectivamente se trata del vehículo denunciado como robado o hurtado, pero ello no aplica, para aquellos casos en que a un vehículo determinado, le han sido alterados sus datos, para darle visos de legalidad, pues una vez detectada la anormalidad, resulta indubitable que no puede ser acreditada, al menos legítimamente, la particularización de dicho vehículo.

En estos casos, debemos valernos de la jurisprudencia del más alto Tribunal, para resolver tales casos, pues no existe unanimidad de criterios judiciales, respecto a la resolución de los mismos, ya que mientras algunos Tribunales y Cortes de Apelaciones del País, entregan este tipo de vehículos en guarda y custodia a sus poseedores, otros órganos jurisdiccionales, niegan su entrega.
Al respecto, pareciera que el Criterio dominante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es el de hacer la entrega de aquellos vehículos con alteraciones en su datos identificativos, a quien acredite ser poseedor de buena fe, para lo cual debe consignar además, la documentación que lo acredite como propietario de dicho vehículo, lo cual en nuestro humilde criterio jamás puede ser posible, pues no se puede ostentar una real titularidad, sobre una cosa, mueble o inmueble, que deviene de delito.

Establecida la anterior precisión, traemos a colación, el criterio sostenido en la sentencia N° 1412 del 30 de junio de 2005, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Emérito Jesús Eduardo Cabrera Romero, ratificado en las sentencias Nros. 2862 del 29/09/05 y 3198 del 25/10/2005, en la que se tocó tangencialmente el tema, ya que el amparo propuesto fue declarado improcedente in limine litis y en donde se señaló:

"Las anteriores consideraciones, a juicio de la Sala, son de innegable valor a los fines de la interpretación que deben hacer el Ministerio Público y el juez penal, de las normas que disciplinan la entrega o devolución de vehículos recuperados, consagradas en la Ley especial -sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores- y en el Código Orgánico Procesal Penal.
En efecto, en materia de devolución de objetos incautados en el curso de una investigación, el señalado texto adjetivo penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312. El artículo 311 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable.
El artículo 312 regula el' procedimiento relativo a las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de dichos objetos, el cual se tramitará ante el juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias.
Por su parte, el artículo 10 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, establece la entrega de los vehículos objeto de los delitos de robo o hurto, por parte del juez de control o del Ministerio Público, a quienes acrediten ser sus propietarios. En caso de que varias personas reclamen el vehículo, el Ministerio Público con fundamento en los artículos 108.12 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitará al juez de control la fijación de una audiencia, en la cual se decidirá a quien devolver el vehículo cuya entrega se solicitó. Ahora bien, de lo contenido en los artículos precedentemente señalados, se observa que si bien el legislador -en aras de la protección del derecho de propiedad-fue inflexible en el referido procedimiento de entrega, ya que debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto recuperado que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega; no obstante, a juicio de la Sala, tanto el Ministerio Público como el juez de control deben ser lo suficientemente diligentes en ordenar la práctica de todos los dictámenes periciales que sean necesarios, según las características de cada caso en concreto, a los fines de establecer la identificación, en este caso, del vehículo objeto del delito, el cual pudo haber sido sometido a una alteración, incorporación, desincorporación, remoción, suplantación o devastación de los seriales que lo individualizan, o presenten irregularidades en la documentación .En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funcione sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que en igualdad de circunstancias, provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo -si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, ,e/ cual reza: "En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee ", y el 794 eiusdem, que señala: "Respecto de los bienes por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título (...) ".

Dela sentencia parcialmente transcrita se entiende, que el juzgador debe revisar en profundidad y en detalle, cada caso en concreto, a los fines de extremar su labor jurisdiccional, con el objeto de procurar el establecimiento de la identidad cierta del vehículo, por lo que acreditada la devastación o alteración de sus datos o seriales, resulta imposible efectuar dicha determinación y en consecuencia imposible la acreditación de la propiedad, quedando un solo elemento a ser evaluado, a saber, la buena fe del poseedor.

Ahora bien, el artículo 771 del Código Civil define la posesión, como “la tenencia de una cosa, o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona, que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre.

Por su parte, el artículo 788 ejusdem, en cuanto a la buena fe, dispone: “Es poseedor de buena fe, quien posee como propietario en fuerza de un justo título, es decir de un título capaz de transferir el dominio, aunque sea vicioso, con tal que el vicio sea ignorado por el comprador”.

De la armonización de los preceptos normativos precedentemente transcritos se colige, que será poseedor de buena fe, el sujeto o persona que detenta una cosa o ejerce un derecho, bajo la absoluta, real y efectiva convicción, que no existe impedimento alguno para ello, por lo que traspolada tal noción al caso de adquirentes de vehículos que posteriormente resulten con alteraciones de sus datos identificatorios que determinan la ilegitimidad de los mismos, no puede resultar suficiente, a los fines de acreditar la buena fe del comprador, la simple exhibición de un documento debidamente autenticado, sino que resulta igualmente imprescindible, la presentación del acta de experticia practicada para ese entonces, expedida por el funcionario competente, donde conste que el vehículo, objeto de transacción, fue sometido a la revisión de ley, requisito este, que más que una exigencia legal, resulta una exigencia mínima y elemental de sentido común, habida consideración de los innumerables problemas que a diario se presentan con este tipo de transacciones y cuyo cumplimiento habría dejado al descubierto, las alteraciones que tenía el vehículo en cuestión, a menos que tales alteraciones hubiesen sido efectuadas con posterioridad a la compra o que existiera complicidad con el funcionario actuante, en cuyo caso, tanto el comprador, en el primer caso, como el vendedor y el funcionario, en el segundo supuesto, tendrían responsabilidad.

Establecida la anterior precisión, se constata en el caso de autos, que al vehículo cuya entrega se requiere, sus seriales se encuentran en su estado original.

En esta oportunidad, el solicitante presento consigna original y copia del Certificado de Registro de VehículoNº 17013918227, D1W69ACV317837-4-3, emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, de fecha 22 de marzo de 2.017, a Nombre de la ciudadana Douglas Enrique Plaza Barrios, aserto estos que objetivamente analizados y contextualizados al caso concreto, determinan sin lugar a dudas, que es el referido ciudadano es el propietario del vehículo en cuestión,En consecuencia este Juzgador de conformidad con el artículo 293 Código Orgánico Procesal Penal, acuerda la entrega plena del vehículo Automotor con las siguientes características: Clase: AUTOMOVIL, Marca: CHEVROLET, Color: AZUL, Placa: 471A64L Año: 1982, Modelo: MALIBU Tipo: SEDAN, Uso: TRANSPORTE PUBLICO, D1W69ACV317837, Número de Identificación Vehicular: Número de Identificación del Motor: V0525PLA,Nº de Autorización: 17013918227, Datos estos que constan en el Certificado de Registro de Vehículo N° D1W69ACV317837-4-3, emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, de fecha 22 de marzo de 2.017 al ciudadano Douglas Enrique Plaza Barrios, titular de cédula de identidad Nº V-16.990.049, a cuyo efecto se ordena oficiar lo conducente al Administrador del Estacionamiento Judicial de "GONZALEZ”,ubicado en Tucani, estado Mérida,sitio donde se encuentra depositado el vehículo, a objeto que haga entrega del mismo, quien decide considera Exonerado Parcialmente el depósito de estacionamiento, en atención de Sentencia N° 665 dictada el 28/04/2005, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia de la Magistrada Doctora LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, toda vez que no le es imputable al solicitante el retardo en que el Ministerio Publico, remitió la totalidad del expediente, y no se encuentra involucrado en un hecho punible. Líbrese oficio. Así se decide.

DECISIÓN:

Con fuerza en la motivación precedente, este Juzgado de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley, a tenor de lo dispuesto en los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 293 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, 10 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores y 71 de la Ley de Transporte Terrestre, acuerda:

PRIMERO: La entrega plena del vehículo Clase: AUTOMOVIL, Marca: CHEVROLET, Color: AZUL, Placa: 471A64L Año: 1982, Modelo: MALIBU Tipo: SEDAN, Uso: TRANSPORTE PUBLICO, D1W69ACV317837, Número de Identificación Vehicular: Número de Identificación del Motor: V0525PLA, Nº de Autorización: 17013918227, Datos estos que constan en el Certificado de Registro de Vehículo N° D1W69ACV317837-4-3, emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, de fecha 22 de marzo de 2.017 al ciudadano Douglas Enrique Plaza Barrios, titular de cédula de identidad Nº V-16.990.049, a cuyo efecto se ordena oficiar lo conducente al Administrador del Estacionamiento Judicial de "GONZALEZ”, ubicado en Tucani, estado Mérida sitio donde se encuentra depositado el vehículo, a objeto que haga entrega del mismo, quien decide considera Exonerado Parcialmente el depósito de estacionamiento, en atención de Sentencia N° 665 dictada el 28/04/2005, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia de la Magistrada Doctora LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, toda vez que no le es imputable al solicitante el retardo en que el Ministerio Publico, remitió la totalidad del expediente, y no se encuentra involucrado en un hecho punible.Una vez que haya suscrito la correspondiente acta de compromiso.

SEGUNDO: Líbrese oficio al Administrador del Estacionamiento de "GONZALEZ”, ubicado en Tucani, estado Mérida, deben exonerar Parcialmente del pago de los emolumentos al propietario del vehículo, de conformidad a Sentencia de Sala Constitucional con ponencia de la Magistrado Luisa Estella Morales Lamuño, de fecha 28-05-2005.

TERCERO: Se ORDENA el desglose del Certificado de Registro de Vehículo y del Documento de bajo fe de juramento, que obran al folio 25 en su lugar déjese Copia Fotostática Certificada, para ser entregados los originales al solicitante mediante acta.

CUARTO: Notifíquese de la presente Decisión a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, al Solicitante informando que debe asistir con su abogado de confianza.

QUINTO: Una vez practicado lo acordado remítase la solicitud alaFiscalía Séptima del Ministerio Público a los fines que presente el respectivo acto conclusivo.

Se deja expresa constancia que este Tribunal respetó los Derechos y Garantías Constitucionales, así como los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela en materia de los derechos humanos y otros a favor de las partes.

Dada, firmada y sellada en la Ciudad de El Vigía, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil veinticuatro. Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación. Cúmplase.-

ABG. DOUGLAS ALFONSO GONZALEZ VILLARREAL

JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA EXTENSIÓN EL VIGÍA

LA SECRETARIA
ABG. KARENYZ TREJO
En fecha__________, se libró boletas Única notificación Nº LJ11BOL202400___________para el Ministerio Público y para el solicitante. Oficio Nº LJ11OFI202400_______,para el Estacionamiento Judicial “"GONZALEZ”, ubicado en Tucani, estado Mérida”.

Conste. Sria.