TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CORTE DE APELACIONES PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

Mérida, 20 de febrero de 2024.
213º y 166º

ASUNTO PRINCIPAL : LP02-S-2022-001872
ASUNTO : LP01-R-2024-000039

PONENTE: MSC. WENDY LOVELY RONDON
Corresponde a esta Corte de Apelaciones conocer y decidir la inhibición planteada por los abogados Carla Gardenia Araque de Carrero y Eduardo José Rodríguez Crespo, en su condición de Jueza Provisoria la primera, y el segundo de los nombrados, Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, en el recurso de apelación de sentencia, signado con el N° LP01-R-2024-000039, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP02-S-2022-001872, seguido en contra del encausado Ramón Antonio Quintero Rangel, por la comisión del delito de Abuso Sexual sin Penetración con el Agravante de haber sido perpetrado en una Niña, previsto y sancionado en el artículo 59 encabezamiento y segundo aparte de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la niña (C.S.A.P) identidad omitida, por considerarse incursos en la causal de inhibición a que se contrae el numeral 7 del artículo 89 en concordancia con el artículo 90 y 425 del Código Orgánico Procesal Penal.
A tales fines los abogados Carla Gardenia Araque de Carrero y Eduardo José Rodríguez Crespo, en su condición de Jueza Provisoria la primera y el segundo de los nombrados Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, como fundamento de su inhibición señalaron lo siguiente:
“(Omissis…) ACTA DE INHIBICIÓN

““Procedemos a inhibirnos de conocer como Jueces de esta Corte de Apelaciones, en el recurso de apelación de sentencia, signado con el N° LP01-R-2024-000039, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP02-S-2022-001872, seguido en contra del encausado Ramón Antonio Quintero Rangel, por la comisión del delito de Abuso Sexual sin Penetración con el Agravante de haber sido perpetrado en una Niña, previsto y sancionado en el artículo 59 encabezamiento y segundo aparte de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la niña (C.S.A.P) identidad omitida, toda vez que en fecha veinte de enero de dos mil veintitrés (20/01/2023), en nuestro carácter de Jueces de la Corte de Apelaciones, conocimos y emitimos pronunciamiento, acerca del recurso de apelación de auto en la modalidad de (efecto suspensivo) signado con el número N° LP01-R-2023-000011, que guarda relación directa con la causa principal N° LP02-S-2022-001872, y a su vez con el presente recurso de apelación, en el cual, en la dispositiva fue señalado lo siguiente.

(“…Omissis) DISPOSITIVA

Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida con competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Se admite el recurso de apelación bajo la modalidad de efecto suspensivo interpuesto por la Fiscal Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida abogada Luciana Rodríguez, en representación de la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, contra la decisión dictada al término de la audiencia preliminar celebrada en fecha 16-01-2023, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Delitos de Violencia Contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida.

SEGUNDO: Se declara con lugar la apelación bajo la modalidad de efecto suspensivo, ejercida por la Fiscal Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida abogada Luciana Rodríguez, en representación de la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, contra la decisión dictada al término de la audiencia preliminar celebrada en fecha 16-01-2023, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Delitos de Violencia Contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida y fundamentada mediante auto de apertura a juicio de fecha 16-01-2023, en la que entre otros pronunciamientos, acordó procedente la sustitución de la medida de privación de libertad y en su lugar, el establecimiento de la medida cautelar menos gravosa, prevista en el numeral 3 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

TERCERO: Con fundamento en los artículos 26 y 257 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, artículos 157, 175 y 176 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, se declara la nulidad absoluta de la decisión proferida en la audiencia preliminar celebrada en fecha 16-01-2023, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Delitos de Violencia Contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida y fundamentada mediante auto de apertura a juicio de fecha 16-01-2023, en la que entre otros pronunciamientos, acordó procedente la sustitución de la medida de privación de libertad y en su lugar, el establecimiento de la medida cautelar menos gravosa, prevista en el numeral 3 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, todos estas actuaciones insertas a los folios 125, 126, 127, 128, 129 y 130 del asunto principal.

CUARTO: Se ordena que de manera urgente se proceda a la celebración de una nueva audiencia preliminar, por un juez o una jueza distinto o distinta, pero de la misma categoría al que la celebró, prescindiendo de los vicios que originaron la nulidad del fallo recurrido

QUINTO: Como corolario de lo anterior, se deja vigente la situación jurídica con la que contaba el acusado Ramón Antonio Quintero Rangel, antes del fallo anulado, hasta que un nuevo juez dicte una decisión justa. (Omissis…”)

Lo antes expuesto se fundamenta en que consideran quienes aquí suscriben, que ha surgido una circunstancia que influye totalmente en la imparcialidad que debemos mantener como representantes de este órgano jurisdiccional al momento de decidir, en la búsqueda de una recta y sana administración de justicia, lo que nos hace subsumible en el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, y aún en el supuesto que nuestra imparcialidad no se encontrase comprometida, cualquier decisión al respecto pudiera ser objeto de cuestionamiento en virtud de lo anteriormente explanado, es por lo que consideramos igualmente, más que un deber, un gesto de absoluta probidad profesional el inhibirnos en la presente causa, garantizando así el debido proceso en este caso, tomando en consideración lo atinente al caso, tal y como lo establece el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal. Son estos los fundamentos serios, lógicos, idóneos y ajustados a derecho los que elevamos a consideración de esta alzada para que en definitiva y una vez analizadas sean considerados suficientes para declarar con lugar la presente inhibición por estar fundada en causa legal, y se convoque los suplentes respectivos, todo ello, por aplicación a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (…Omissis) “.

En este sentido, a los fines de decidir la inhibición planteada considera esta Alzada pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 89 numeral 7, 90 y 425 del Código Orgánico Procesal Penal, a tenor de lo siguiente:

Artículo 89. Causales de inhibición y recusación. Los Jueces y Juezas las o los fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes:

… 7. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella o haber intervenido como fiscal, defensor o defensora, experto o experta, interprete o testigo, siempre que en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez O jueza

Artículo 90. Inhibición obligatoria. Los funcionarios o funcionarias a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo anterior deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse. Igualmente lo harán si son recusados o recusadas y estimen procedente la causal invocada.

Artículo 425. Los Jueces o Juezas que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en el nuevo proceso.

Se evidencia de las normas precedentemente transcritas, que en aquellos supuestos en que exista alguna circunstancia que sensibilice al juzgador o juzgadora, respecto al hecho que va a juzgar o sobre las partes intervinientes en el proceso, se encuentra en la obligación de desprenderse del conocimiento de dicho asunto, sin esperar a que se le recuse, a los fines de evitar dilaciones indebidas, o reposiciones inútiles.

Así las cosas, esta Corte observa que en la inhibición planteada en el recurso de apelación de sentencia, signado con el N° LP01-R-2024-000039, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP02-S-2022-001872, seguido en contra del encausado Ramón Antonio Quintero Rangel, por la comisión del delito de Abuso Sexual sin Penetración con el Agravante de haber sido perpetrado en una Niña, previsto y sancionado en el artículo 59 encabezamiento y segundo aparte de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la niña (C.S.A.P) identidad omitida, los jueces inhibidos manifiestan haber conocido acerca del recurso de apelación de auto en la modalidad de (efecto suspensivo) signado con el número N° LP01-R-2023-000011, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP02-S-2022-001872 y a su vez con el presente recurso de apelación de sentencia, al conformar la terna que emitió pronunciamiento.
Al respecto, aducen los juzgadores inhibidos que es obligatorio de su parte plantear la inhibición, ya que tal circunstancia puede afectar gravemente su objetividad e imparcialidad que deben tener los jueces al momento de decidir y para no incurrir en falta.
Así pues, habiendo los juzgadores bajo ese argumento fundamentado su acto inhibitorio, es por lo que esta Alzada no solo debe analizar de manera literal y aislada la causal cuya norma invoca, sino que debemos remitirnos a criterios jurisprudenciales y doctrinales que permitan vislumbrar claramente si se dan los parámetros que los condujeron a apartarse de conocer el fondo de la litis, bajo el examen de lo que significan las llamadas “imparcialidades objetivas y subjetivas” como garantía indefectible del principio del juez imparcial.
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha venido distinguiendo entre la imparcialidad objetiva y la imparcialidad subjetiva, así figura en la sentencia Nº STCE 0154/2001, expedida el 02-07-2001 en el recurso de amparo planteado por Safa Galénica S.A., en los términos siguientes:
“En tal sentido nuestra jurisprudencia viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, y una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por lo que se asegura que el juez o el Tribunal no ha tenido un contacto previo con el themadecidendi y, por tanto, que se acerca al objeto mismo sin prevenciones en su ánimo”.
La imparcialidad, pertenece a la propia esencia de la función jurisdiccional y es una de las garantías de todo proceso, así lo ha venido estableciendo la jurisprudencia nacional e inclusive, en el derecho comparado podemos encontrar marcadas muestras de ello, tal como lo decidió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Piersack, 1-10-82):
“…la imparcialidad es la ausencia de prejuicios o parcialidades necesarias para lograr la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática” (parágrafo 30) (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25 años de Jurisprudencia 1959-1983), 870.”
Por otra parte, no es distinto el criterio que proviene de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se trasluce en la llamada “obligación de abstención” del funcionario público cuando ello realmente se imponga.
Por ende, la inhibición es el acto en virtud del cual la juez u otro funcionario judicial requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso (Ricardo Henríquez La Roche, T.I., p.292).
En igual orden, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 192 de fecha 02-04-2008, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, ha mantenido el mismo criterio al señalar lo siguiente:
“(…) Cuando un juez de control tuvo conocimiento de una causa y resolvió diversas actuaciones en dicho proceso, y luego, conoce en juicio del mismo proceso, está en la obligación de inhibirse, pues se entiende que ya ha emitido opinión en el proceso, y ello afectaría su imparcialidad (…)”.
Establecida las anteriores precisiones, se verifica de la revisión de las actuaciones, que los jueces inhibidos emitieron decisión en fecha veinte de enero de dos mil veintitrés (20/01/2023), acerca del apelación de auto en la modalidad de (efecto suspensivo) signado con el número N° LP01-R-2023-000011, que guarda relación directa con la causa principal N° LP02-S-2022-001872, en el cual, en la dispositiva fue señalado lo siguiente:

“…DISPOSITIVA
Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida con competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Se admite el recurso de apelación bajo la modalidad de efecto suspensivo interpuesto por la Fiscal Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida abogada Luciana Rodríguez, en representación de la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, contra la decisión dictada al término de la audiencia preliminar celebrada en fecha 16-01-2023, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Delitos de Violencia Contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida.

SEGUNDO: Se declara con lugar la apelación bajo la modalidad de efecto suspensivo, ejercida por la Fiscal Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida abogada Luciana Rodríguez, en representación de la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, contra la decisión dictada al término de la audiencia preliminar celebrada en fecha 16-01-2023, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Delitos de Violencia Contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida y fundamentada mediante auto de apertura a juicio de fecha 16-01-2023, en la que entre otros pronunciamientos, acordó procedente la sustitución de la medida de privación de libertad y en su lugar, el establecimiento de la medida cautelar menos gravosa, prevista en el numeral 3 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

TERCERO: Con fundamento en los artículos 26 y 257 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, artículos 157, 175 y 176 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, se declara la nulidad absoluta de la decisión proferida en la audiencia preliminar celebrada en fecha 16-01-2023, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Delitos de Violencia Contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida y fundamentada mediante auto de apertura a juicio de fecha 16-01-2023, en la que entre otros pronunciamientos, acordó procedente la sustitución de la medida de privación de libertad y en su lugar, el establecimiento de la medida cautelar menos gravosa, prevista en el numeral 3 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, todos estas actuaciones insertas a los folios 125, 126, 127, 128, 129 y 130 del asunto principal.

CUARTO: Se ordena que de manera urgente se proceda a la celebración de una nueva audiencia preliminar, por un juez o una jueza distinto o distinta, pero de la misma categoría al que la celebró, prescindiendo de los vicios que originaron la nulidad del fallo recurrido

QUINTO: Como corolario de lo anterior, se deja vigente la situación jurídica con la que contaba el acusado Ramón Antonio Quintero Rangel, antes del fallo anulado, hasta que un nuevo juez dicte una decisión justa. (Omissis…”)

Sobre este particular, es necesario señalar y como resulta de ordinario conocimiento, la actividad jurisdiccional del juez o jueza a los fines de admitir o no un recurso de apelación de sentencia o autos, queda circunscrita básicamente a verificar si el mismo llena los requisitos de ley, por lo cual no solo debe examinar el mismo recurso interpuesto sino además verificar las actuaciones del caso principal, con lo que evidentemente de acuerdo con el criterio reiterado de la Sala Constitucional y de la Sala Casación Penal, existe un impedimento legal para que los jueces inhibidos conozcan del los recursos de apelación de sentencia signado con el N° LP01-R-2024-000039, que a su vez está relacionado con el apelación de auto en la modalidad de (efecto suspensivo) signado con el número N° LP01-R-2023-000011, en el que los jueces inhibidos dictaron decisión en fecha veinte de enero de dos mil veintitrés (20/01/2023), con lo cual se patentiza que el argumento aducido por los juzgadores como fundamento de su inhibición, se encuentra ajustado a derecho, lo que obliga a declarar con lugar la incidencia propuesta, y así se decide.
DISPOSITIVA
Es con fuerza en las consideraciones precedentemente explanadas, que esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar la inhibición planteada abogados Carla Gardenia Araque de Carrero y Eduardo José Rodríguez Crespo, en su condición de Jueza Provisoria la primera, y el segundo de los nombrados, Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, en el recurso de apelación de sentencia, signado con el N° LP01-R-2024-000039, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP02-S-2022-001872, seguido en contra del encausado Ramón Antonio Quintero Rangel, por la comisión del delito de Abuso Sexual sin Penetración con el Agravante de haber sido perpetrado en una Niña, previsto y sancionado en el artículo 59 encabezamiento y segundo aparte de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la niña (C.S.A.P) identidad omitida, en tanto que emitieron opinión en la causa con conocimiento de ella, con lo cual se patentiza la causal a que se contrae el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, tal y como los jueces inhibidos lo han planteado, siendo por ello procedente tal incidencia con fundamento en dicha disposición, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 y 425 eiusdem.
Por consecuencia, a los fines de garantizar la continuidad del proceso y de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acuerda convocar a los Suplentes Especiales de esta Alzada, a los fines de su abocamiento en el conocimiento del presente caso.
Regístrese, déjese copia y háganse las notificaciones pertinentes. Convóquese al Juez suplente.

LA JUEZ DE LA CORTE DE APELACIONES

MSc. WENDY LOVELY RONDON

LA SECRETARIA,

ABG. YURIMAR RODRIGUEZ CANELON
En fecha 20-02-2024, se libraron las boletas bajos los números 228 y 229. Conste, la Secretaria.-