TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
Mérida, 13 de noviembre de 2024.
214º y 165º

ASUNTO PRINCIPAL :LP01-P-2023-001278
ASUNTO :LP01-R-2024-000270
PONENTE: MSc. MARY YESENYA VERGARA
Corresponde a esta Corte de Apelaciones conocer y decidir la inhibición planteada por los abogados Carla Gardenia Araque de Carrero, Wendy Lovely Rondón y Eduardo José Rodríguez Crespo, en su condición de Juezas Provisorias las dos primeras y el último de los nombrados, Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Mérida, en el recurso de apelación de auto signado con el N° LP01-R-2024-000270, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP01-P-2023-001278, seguida en contra del ciudadano Arturo José Monagas Ceballos, por la presunta comisión del delito de Homicidio Intencional en Grado de Frustración, previsto y sancionado en el artículo 405, en concordancia con el artículo 80 segundo aparte del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Carlos Montoya, quienes se consideran incursos en la causal de inhibición a que se contrae el numeral 7° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 90 eiusdem.
A tales fines los abogados Wendy Lovely Rondón, Carla Gardenia Araque de Carrero y Eduardo José Rodríguez Crespo, en su condición de Juezas Provisorias las dos primeras y el último de los nombrados, Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Mérida, como fundamento de su inhibición señalaron lo siguiente:
“(Omissis…) ACTA DE INHIBICIÓN

En la audiencia del día de hoy, miércoles trece de noviembre del año dos mil veinticuatro (13-11-2024), presente por ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, los abogados Wendy Lovely Rondón, Carla Gardenia Araque de Carrero y Eduardo José Rodríguez Crespo, en su condición de Juezas Provisorias las dos primeras y el último de los nombrados, Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Mérida, expusieron: “Procedemos a inhibirnos de conocer como Jueces de esta Corte de Apelaciones, en el recurso de apelación de auto signado con el N° LP01-R-2024-000270, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP01-P-2023-001278, seguida en contra del ciudadano Arturo José Monagas Ceballos, por la presunta comisión del delito de Homicidio Intencional en Grado de Frustración, previsto y sancionado en el artículo 405, en concordancia con el artículo 80 segundo aparte del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Carlos Montoya, toda vez que en fecha dieciocho de abril de dos mil veinticuatro (18/04/2024), cumpliendo funciones de Jueces de la Corte de Apelaciones, dictamos decisión en el recurso de apelación de auto N° LP01-R-2024-000055, en el cual guarda relación con el asunto principal N° LP01-P-2023-001278 y su vez con el presente recurso de apelación, en cuya dispositiva fue señalado lo siguiente:
(“…Omissis) DISPOSITIVA

Con base en las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente explanadas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: declara con lugar el recurso de apelación de autos interpuesto, interpuesto por el abogado José Reyes Zambrano Duque, en su condición de Defensor Público Décimo Segundo (12°) y como tal del ciudadano Arturo José Monagas García, en contra del auto fundado publicado en fecha veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro (28/02/2024), por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, mediante el cual decreta sin lugar, la solicitud del Defensor Público Abg. José Zambrano de acordar la nulidad del escrito acusatorio, en la causa penal signada con el N° LP01-P-2023-001278, seguida a Arturo José Monagas García, por la presunta comisión del delito de Homicidio Intencional Calificado por Motivos Fútiles en Grado de Frustración, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° en concordancia con el artículo 80 segundo aparte del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Carlos Montoya Rivas.
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara la nulidad absoluta de las decisiones dictadas por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, en fecha 28 de febrero de 2024, mediante la cual declara sin lugar las nulidades y excepciones opuestas por la Defensa, como consecuencia de lo cual, se ordena la celebración de una nueva audiencia preliminar, por ante un juez o jueza distinto o distinta, pero de igual categoría al que celebró la audiencia aquí anulada, y así se decide
TERCERO: Por efecto de la nulidad, se ordena la realización de una nueva audiencia Preliminar, por ante un tribunal distinto y de la misma categoría al que dictó la decisión objeto del presente recurso.
CUARTO: visto que la declaratoria con lugar de la primera denuncia trae como consecuencia la nulidad de la audiencia preliminar, este Tribunal Superior, considera inoficioso pronunciarse en relación a la segunda denuncia, señalada por la Defensa Pública Recurrente. (Omissis…”)
Lo antes expuesto se fundamenta en que consideran quienes aquí suscriben, que ha surgido una circunstancia que influye totalmente en la imparcialidad que debemos mantener como representantes de este órgano jurisdiccional al momento de decidir, en la búsqueda de una recta y sana administración de justicia, lo que nos hace subsumible en el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, y aún en el supuesto que nuestra imparcialidad no se encontrase comprometida, cualquier decisión al respecto pudiera ser objeto de cuestionamiento en virtud de lo anteriormente explanado, es por lo que consideramos igualmente, más que un deber, un gesto de absoluta probidad profesional el inhibirnos en la presente causa, garantizando así el debido proceso en este caso, tomando en consideración lo atinente al caso, tal y como lo establece el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal. Son estos los fundamentos serios, lógicos, idóneos y ajustados a derecho los que elevamos a consideración de esta alzada para que en definitiva y una vez analizadas sean considerados suficientes para declarar con lugar la presente inhibición por estar fundada en causa legal, y se convoque los suplentes respectivos, todo ello, por aplicación a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

En este sentido, a los fines de decidir la inhibición planteada considera esta Alzada pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 89 numeral 7° y 90° del Código Orgánico Procesal Penal, a tenor de lo siguiente:

Artículo 89. Causales de inhibición y recusación. Los Jueces y Juezas las o los fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes:

… 7. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella o haber intervenido como fiscal, defensor o defensora, experto o experta, interprete o testigo, siempre que en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez O jueza

Artículo 90. Inhibición obligatoria. Los funcionarios o funcionarias a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo anterior deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse. Igualmente lo harán si son recusados o recusadas y estimen procedente la causal invocada.

Se evidencia de las normas precedentemente transcritas, que en aquellos supuestos en que exista alguna circunstancia que sensibilice al juzgador o juzgadora, respecto al hecho que va a juzgar o sobre las partes intervinientes en el proceso, se encuentra en la obligación de desprenderse del conocimiento de dicho asunto, sin esperar a que se le recuse, a los fines de evitar dilaciones indebidas, o reposiciones inútiles.

Así las cosas, esta Corte observa que la inhibición planteada en el recurso de apelación de auto signado con el N° LP01-R-2024-000270, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP01-P-2023-001278, seguida en contra del ciudadano Arturo José Monagas Ceballos, por la presunta comisión del delito de Homicidio Intencional en Grado de Frustración, previsto y sancionado en el artículo 405, en concordancia con el artículo 80 segundo aparte del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Carlos Montoya, se aprecia que los jueces inhibidos manifiestan haber conocido acerca del recurso de apelación de auto signado con el número N° LP01-R-2024-000055, que guarda relación directa con la causa principal N° LP01-P-2024-000270, al conformar la terna que emitió pronunciamiento.
Al respecto, aducen los juzgadores inhibidos que es obligatorio de su parte plantear la inhibición, ya que tal circunstancia puede afectar gravemente su objetividad e imparcialidad que deben tener los jueces al momento de decidir y para no incurrir en falta.
Así pues, habiendo los juzgadores bajo ese argumento fundamentado su acto inhibitorio, es por lo que esta Alzada no solo debe analizar de manera literal y aislada la causal cuya norma invoca, sino que debemos remitirnos a criterios jurisprudenciales y doctrinales que permitan vislumbrar claramente si se dan los parámetros que los condujeron a apartarse de conocer el fondo de la litis, bajo el examen de lo que significan las llamadas “imparcialidades objetivas y subjetivas” como garantía indefectible del principio del juez imparcial.
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha venido distinguiendo entre la imparcialidad objetiva y la imparcialidad subjetiva, así figura en la sentencia Nº STCE 0154/2001, expedida el 02-07-2001 en el recurso de amparo planteado por Safa Galénica S.A., en los términos siguientes:
“En tal sentido nuestra jurisprudencia viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, y una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por lo que se asegura que el juez o el Tribunal no ha tenido un contacto previo con el themadecidendi y, por tanto, que se acerca al objeto mismo sin prevenciones en su ánimo”.
La imparcialidad, pertenece a la propia esencia de la función jurisdiccional y es una de las garantías de todo proceso, así lo ha venido estableciendo la jurisprudencia nacional e inclusive, en el derecho comparado podemos encontrar marcadas muestras de ello, tal como lo decidió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Piersack, 1-10-82):
“…la imparcialidad es la ausencia de prejuicios o parcialidades necesarias para lograr la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática” (parágrafo 30) (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25 años de Jurisprudencia 1959-1983), 870.”
Por otra parte, no es distinto el criterio que proviene de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se trasluce en la llamada “obligación de abstención” del funcionario público cuando ello realmente se imponga.
Por ende, la inhibición es el acto en virtud del cual la juez u otro funcionario judicial requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso (Ricardo Henríquez La Roche, T.I., p.292).
En igual orden, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 192 de fecha 02-04-2008, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, ha mantenido el mismo criterio al señalar lo siguiente:
“(…) Cuando un juez de control tuvo conocimiento de una causa y resolvió diversas actuaciones en dicho proceso, y luego, conoce en juicio del mismo proceso, está en la obligación de inhibirse, pues se entiende que ya ha emitido opinión en el proceso, y ello afectaría su imparcialidad (…)”.
Establecida las anteriores precisiones, se verifica de la revisión de las actuaciones, que los jueces inhibidos emitieron decisión en fecha dieciocho de abril de dos mil veinticuatro (18/04/2024), acerca del recurso de apelación de auto signado con el número N° LP01-R-2024-000055, en el cual guarda relación con el asunto principal N° LP01-P-2023-001278 y su vez con el presente recurso de apelación, en cuya dispositiva fue señalado lo siguiente:

“…DISPOSITIVA

Con base en las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente explanadas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: declara con lugar el recurso de apelación de autos interpuesto, interpuesto por el abogado José Reyes Zambrano Duque, en su condición de Defensor Público Décimo Segundo (12°) y como tal del ciudadano Arturo José Monagas García, en contra del auto fundado publicado en fecha veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro (28/02/2024), por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, mediante el cual decreta sin lugar, la solicitud del Defensor Público Abg. José Zambrano de acordar la nulidad del escrito acusatorio, en la causa penal signada con el N° LP01-P-2023-001278, seguida a Arturo José Monagas García, por la presunta comisión del delito de Homicidio Intencional Calificado por Motivos Fútiles en Grado de Frustración, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° en concordancia con el artículo 80 segundo aparte del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Carlos Montoya Rivas.
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara la nulidad absoluta de las decisiones dictadas por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, en fecha 28 de febrero de 2024, mediante la cual declara sin lugar las nulidades y excepciones opuestas por la Defensa, como consecuencia de lo cual, se ordena la celebración de una nueva audiencia preliminar, por ante un juez o jueza distinto o distinta, pero de igual categoría al que celebró la audiencia aquí anulada, y así se decide
TERCERO: Por efecto de la nulidad, se ordena la realización de una nueva audiencia Preliminar, por ante un tribunal distinto y de la misma categoría al que dictó la decisión objeto del presente recurso.
CUARTO: visto que la declaratoria con lugar de la primera denuncia trae como consecuencia la nulidad de la audiencia preliminar, este Tribunal Superior, considera inoficioso pronunciarse en relación a la segunda denuncia, señalada por la Defensa Pública Recurrente. (Omissis…”)

Sobre este particular, es necesario señalar y como resulta de ordinario conocimiento, la actividad jurisdiccional del juez o jueza a los fines de admitir o no un recurso de apelación de sentencia o autos, queda circunscrita básicamente a verificar si el mismo llena los requisitos de ley, por lo cual no solo debe examinar el mismo recurso interpuesto sino además verificar las actuaciones del caso principal, con lo que evidentemente de acuerdo con el criterio reiterado de la Sala Constitucional y de la Sala Casación Penal, existe un impedimento legal para que los jueces inhibidos conozcan del recurso de apelación de auto N° LP01-R-2024-000270, que a su vez está relacionado con el recurso de apelación de auto N° LP01-R-2024-000055, en el que los jueces inhibidos dictaron decisión en fecha dieciocho de abril de dos mil veinticuatro (18/04/2024), con lo cual se patentiza que el argumento aducido por los juzgadores como fundamento de su inhibición, se encuentra ajustado a derecho, lo que obliga a declarar con lugar la incidencia propuesta, y así se decide.
DISPOSITIVA
Es con fuerza en las consideraciones precedentemente explanadas, que esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar la inhibición planteada por los abogados Wendy Lovely Rondón, Carla Gardenia Araque de Carrero y Eduardo José Rodríguez Crespo, en su condición de Juezas Provisorias las dos primeras y el último de los nombrados, Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Mérida, en el recurso de apelación de auto signado con el N° LP01-R-2024-000270, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP01-P-2023-001278, seguida en contra del ciudadano Arturo José Monagas Ceballos, por la presunta comisión del delito de Homicidio Intencional en Grado de Frustración, previsto y sancionado en el artículo 405, en concordancia con el artículo 80 segundo aparte del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Carlos Montoya, quienes se consideran incursos en la causal de inhibición a que se contrae el numeral 7° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 90 eiusdem.
Por consecuencia, a los fines de garantizar la continuidad del proceso y de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acuerda convocar a los Suplentes Especiales de esta Alzada, a los fines de su abocamiento en el conocimiento del presente caso.
Regístrese, déjese copia y háganse las notificaciones pertinentes. Convóquese al Juez suplente.

JUEZ TEMPORAL DE LA CORTE DE APELACIONES

MSc. MARY YESENYA VERGARA
PONENTE

LA SECRETARIA,

ABG. YURIMAR RODRIGUEZ CANELON

En esta misma fecha se libraron las boletas de convocatorias bajo los números CA-BOL-2024-1.390 y 1.391. Conste, la Secretaria.-