TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA

Mérida, 07 de noviembre de 2024.
214° y 165°

ASUNTO PRINCIPAL :LP01-P-2022-001231
ASUNTO ACUMULADO LP01-P-2020-000654
ASUNTO : LP01-R-2024-000271

PONENTE: ABG. EDUARDO JOSE RODRIGUEZ CRESPO
Corresponde a esta Corte de Apelaciones conocer y decidir la inhibición planteada por la Msc. Wendy Lovely Rondón y la Dra. Carla Gardenia Araque de Carrero, ambas en su condición de Juezas Provisorios de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, en el recurso de apelación de sentencia signado con el N° LP01-R-2024-000271, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP01-P-2022-001231, seguida en contra del ciudadano Alonso Avendaño Parra, por la comisión de los delitos de Homicidio Intencional Calificado con Alevosía, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° del Código Penal en concordancia con el articulo 83 eiusdem, en perjuicio del ciudadano Ramón Antonio Maldonado Sánchez (occiso), Lesiones Menos Graves, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano Eduardo José Paredes Calderón, Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, en perjuicio de la ciudadana Tamara Avendaño y como autor del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 112 de la ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones en perjuicio del Orden Público, por considerarse incursas en la causal de inhibición a que se contrae el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 90 eiusdem.
A tales fines la Msc. Wendy Lovely Rondón y la Dra. Carla Gardenia Araque de Carrero, ambas en su condición de Juezas Provisorios de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, como fundamento de su inhibición señalaron lo siguiente:
“(Omissis…) ACTA DE INHIBICIÓN
En la audiencia del día de hoy, siete de noviembre del año dos mil veinticuatro (07-11-2024), presente por ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, la Msc. Wendy Lovely Rondón y la Dra. Carla Gardenia Araque de Carrero, ambas en su condición de Juezas Provisorios de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, expusieron: “Procedemos a inhibirnos de conocer como Jueces de esta Corte de Apelaciones, en el recurso de apelación de sentencia signado con el N° LP01-R-2024-000271, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP01-P-2022-001231, seguida en contra del ciudadano Alonso Avendaño Parra, por la comisión de los delitos de Homicidio Intencional Calificado con Alevosía, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° del Código Penal en concordancia con el articulo 83 eiusdem, en perjuicio del ciudadano Ramón Antonio Maldonado Sánchez (occiso), Lesiones Menos Graves, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano Eduardo José Paredes Calderón, Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, en perjuicio de la ciudadana Tamara Avendaño y como autor del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 112 de la ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones en perjuicio del Orden Público, toda vez que en fecha primero de diciembre de dos mil veintiuno (01/12/2021), en nuestro carácter de Juezas de la Corte de Apelaciones, conocimos y emitimos pronunciamiento, acerca del recurso de apelación de sentencia signado con el número N° LP01-R-2021-000167, que guarda relación directa con la causa principal N° LP01-P-2020-000654 (acumulado), en el cual, en la dispositiva fue señalado lo siguiente.
(“…Omissis) DISPOSITIVA

Con base en las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente explanadas, que esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha veinte (20) de Octubre del dos mil veintiuno (2021), por las abogada VIRGINIA DEL CARMEN ZERPA DIAZ Y MAIRA ALEJANDRA JIMENEZ OSUNA, en su carácter de Defensoras Privadas del ciudadano ALONSO AVENDAÑO PARRA, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en fecha veintitrés (23) de Septiembre del dos mil veintiuno (2021), y publicada en extenso en fecha veintisiete (27) de Septiembre del dos mil veintiuno (2021), mediante la cual CONDENA al ciudadano ALONSO AVENDAÑO PARRA por el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y el delito PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Municiones.; en el asunto penal Nº LP01P-2020-000654
SEGUNDO: Se ANULA de conformidad a lo previsto en los artículos 174, 175 y 179 del Código Orgánico Procesal Pena, la decisión la sentencia emitida por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, fecha veintisiete (27) de Septiembre del dos mil veintiuno (2021), mediante la cual CONDENA al ciudadano ALONSO AVENDAÑO PARRA por el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y el delito PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Municiones, y ORDENA la reposición de la causa, al estado que se celebre nuevo juicio oral y público, ante un órgano subjetivo distinto, quien deberá prescindir de los vicios aquí señalados, con fundamento en los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 174, 175 y 176 del Código Orgánico Procesal Penal. Se deja constancia que el presente fallo se dictó conforme lo establece el 448 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.
TERCERO: Por cuanto este Tribunal Colegiado observa que la procesada ALONSO AVENDAÑO PARRA, ampliamente identificado en las actuaciones, se encuentra privado de Libertad, este Tribunal acuerda mantenerlo en las mismas condiciones. (Omissis…”)

Lo antes expuesto se fundamenta en que consideran quienes aquí suscriben, que ha surgido una circunstancia que influye totalmente en la imparcialidad que debemos mantener como representantes de este órgano jurisdiccional al momento de decidir, en la búsqueda de una recta y sana administración de justicia, lo que nos hace subsumible en el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, y aún en el supuesto que nuestra imparcialidad no se encontrase comprometida, cualquier decisión al respecto pudiera ser objeto de cuestionamiento en virtud de lo anteriormente explanado, es por lo que consideramos igualmente, más que un deber, un gesto de absoluta probidad profesional el inhibirnos en la presente causa, garantizando así el debido proceso en este caso, tomando en consideración lo atinente al caso, tal y como lo establece el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal. Son estos los fundamentos serios, lógicos, idóneos y ajustados a derecho los que elevamos a consideración de esta alzada para que en definitiva y una vez analizadas sean considerados suficientes para declarar con lugar la presente inhibición por estar fundada en causa legal, y se convoque los suplentes respectivos, todo ello, por aplicación a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial…l”.

En este sentido, a los fines de decidir la inhibición planteada considera esta Alzada pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 89 numeral 7 y 90 del Código Orgánico Procesal Penal, a tenor de lo siguiente:

Artículo 89. Causales de inhibición y recusación. Los Jueces y Juezas las o los fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes:

… 7. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella o haber intervenido como fiscal, defensor o defensora, experto o experta, interprete o testigo, siempre que en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez O jueza

Artículo 90. Inhibición obligatoria. Los funcionarios o funcionarias a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo anterior deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse. Igualmente lo harán si son recusados o recusadas y estimen procedente la causal invocada.

Se evidencia de las normas precedentemente transcritas, que en aquellos supuestos en que exista alguna circunstancia que sensibilice al juzgador o juzgadora, respecto al hecho que va a juzgar o sobre las partes intervinientes en el proceso, se encuentra en la obligación de desprenderse del conocimiento de dicho asunto, sin esperar a que se le recuse, a los fines de evitar dilaciones indebidas o reposiciones inútiles.

Así las cosas, esta Corte observa que en la inhibición planteada en el recurso de apelación de sentencia signado con el N° LP01-R-2024-000271, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP01-P-2022-001231, seguida en contra del ciudadano Alonso Avendaño Parra, por la comisión de los delitos de Homicidio Intencional Calificado con Alevosía, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° del Código Penal en concordancia con el articulo 83 eiusdem, en perjuicio del ciudadano Ramón Antonio Maldonado Sánchez (occiso), Lesiones Menos Graves, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano Eduardo José Paredes Calderón, Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, en perjuicio de la ciudadana Tamara Avendaño y como autor del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 112 de la ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones en perjuicio del Orden Público, las juezas inhibidas manifiestan haber conocido acerca del recurso de apelación de sentencia signado con el N° LP01-R-2021-000167, que guarda relación directa con la causa principal N° LP01-P-2020-000654 (acumulado), y a su vez con el presente recurso de apelación de sentencia, al conformar la terna que emitió pronunciamiento.
Al respecto, aducen las juzgadoras inhibidas que es obligatorio de su parte plantear la inhibición, ya que tal circunstancia puede afectar gravemente su objetividad e imparcialidad que deben tener los jueces al momento de decidir y para no incurrir en falta.
Así pues, habiendo las juzgadoras bajo ese argumento fundamentado su acto inhibitorio, es por lo que esta Alzada no solo debe analizar de manera literal y aislada la causal cuya norma invoca, sino que debemos remitirnos a criterios jurisprudenciales y doctrinales que permitan vislumbrar claramente si se dan los parámetros que los condujeron a apartarse de conocer el fondo de la litis, bajo el examen de lo que significan las llamadas “imparcialidades objetivas y subjetivas” como garantía indefectible del principio del juez imparcial.
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha venido distinguiendo entre la imparcialidad objetiva y la imparcialidad subjetiva, así figura en la sentencia Nº STCE 0154/2001, expedida el 02-07-2001 en el recurso de amparo planteado por Safa Galénica S.A., en los términos siguientes:
“En tal sentido nuestra jurisprudencia viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, y una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por lo que se asegura que el juez o el Tribunal no ha tenido un contacto previo con el themadecidendi y, por tanto, que se acerca al objeto mismo sin prevenciones en su ánimo”.
La imparcialidad, pertenece a la propia esencia de la función jurisdiccional y es una de las garantías de todo proceso, así lo ha venido estableciendo la jurisprudencia nacional e inclusive, en el derecho comparado podemos encontrar marcadas muestras de ello, tal como lo decidió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Piersack, 1-10-82):
“…la imparcialidad es la ausencia de prejuicios o parcialidades necesarias para lograr la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática” (parágrafo 30) (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25 años de Jurisprudencia 1959-1983), 870.”
Por otra parte, no es distinto el criterio que proviene de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se trasluce en la llamada “obligación de abstención” del funcionario público cuando ello realmente se imponga.
Por ende, la inhibición es el acto en virtud del cual la juez u otro funcionario judicial requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso (Ricardo Henríquez La Roche, T.I., p.292).
En igual orden, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 192 de fecha 02-04-2008, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, ha mantenido el mismo criterio al señalar lo siguiente:
“(…) Cuando un juez de control tuvo conocimiento de una causa y resolvió diversas actuaciones en dicho proceso, y luego, conoce en juicio del mismo proceso, está en la obligación de inhibirse, pues se entiende que ya ha emitido opinión en el proceso, y ello afectaría su imparcialidad (…)”.
Establecida las anteriores precisiones, se verifica de la revisión de las actuaciones, que los jueces inhibidos emitieron decisión en fecha primero de diciembre de dos mil veintiuno (01/12/2024), acerca del recurso de apelación de sentencia signado con el N° LP01-R-2021-000167, que guarda relación directa con la causa principal N° LP01-P-2020-000654 (acumulado), en el cual, en la dispositiva fue señalado lo siguiente:
“…DISPOSITIVA
Con base en las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente explanadas, que esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha veinte (20) de Octubre del dos mil veintiuno (2021), por las abogada VIRGINIA DEL CARMEN ZERPA DIAZ Y MAIRA ALEJANDRA JIMENEZ OSUNA, en su carácter de Defensoras Privadas del ciudadano ALONSO AVENDAÑO PARRA, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en fecha veintitrés (23) de Septiembre del dos mil veintiuno (2021), y publicada en extenso en fecha veintisiete (27) de Septiembre del dos mil veintiuno (2021), mediante la cual CONDENA al ciudadano ALONSO AVENDAÑO PARRA por el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y el delito PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Municiones.; en el asunto penal Nº LP01P-2020-000654
SEGUNDO: Se ANULA de conformidad a lo previsto en los artículos 174, 175 y 179 del Código Orgánico Procesal Pena, la decisión la sentencia emitida por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, fecha veintisiete (27) de Septiembre del dos mil veintiuno (2021), mediante la cual CONDENA al ciudadano ALONSO AVENDAÑO PARRA por el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y el delito PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Municiones, y ORDENA la reposición de la causa, al estado que se celebre nuevo juicio oral y público, ante un órgano subjetivo distinto, quien deberá prescindir de los vicios aquí señalados, con fundamento en los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 174, 175 y 176 del Código Orgánico Procesal Penal. Se deja constancia que el presente fallo se dictó conforme lo establece el 448 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.
TERCERO: Por cuanto este Tribunal Colegiado observa que la procesada ALONSO AVENDAÑO PARRA, ampliamente identificado en las actuaciones, se encuentra privado de Libertad, este Tribunal acuerda mantenerlo en las mismas condiciones. (Omissis…”)

Sobre este particular, es necesario señalar y como resulta de ordinario conocimiento, la actividad jurisdiccional del juez o jueza a los fines de admitir o no un recurso de apelación de sentencia o autos, queda circunscrita básicamente a verificar si el mismo llena los requisitos de ley, por lo cual no solo debe examinar el mismo recurso interpuesto sino además verificar las actuaciones del caso principal, con lo que evidentemente de acuerdo con el criterio reiterado de la Sala Constitucional y de la Sala Casación Penal, existe un impedimento legal para que los jueces inhibidos conozcan del recurso de apelación de sentencia N° LP01-R-2024-000271, que guarda relación directa con la causa principal N° LP01-P-2022-001231, que a su vez está relacionado con el recurso de apelación de sentencia N° LP01-R-2021-000167, en el que las juezas inhibidas dictaron decisión en fecha primero de diciembre de dos mil veintiuno (01/12/2021), con lo cual se patentiza que el argumento aducido por las juzgadoras como fundamento de su inhibición, se encuentra ajustado a derecho, lo que obliga a declarar con lugar la incidencia propuesta, y así se decide.
DISPOSITIVA
Es con fuerza en las consideraciones precedentemente explanadas, que esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar la inhibición planteada por la Msc. Wendy Lovely Rondón y la Dra. Carla Gardenia Araque de Carrero, ambas en su condición de Juezas Provisorios de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, en el recurso de apelación de sentencia signado con el N° LP01-R-2024-000271, el cual guarda relación con el asunto principal Nº LP01-P-2022-001231, seguida en contra del ciudadano Alonso Avendaño Parra, por la comisión de los delitos de Homicidio Intencional Calificado con Alevosía, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° del Código Penal en concordancia con el articulo 83 eiusdem, en perjuicio del ciudadano Ramón Antonio Maldonado Sánchez (occiso), Lesiones Menos Graves, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano Eduardo José Paredes Calderón, Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, en perjuicio de la ciudadana Tamara Avendaño y como autor del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 112 de la ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones en perjuicio del Orden Público, tal y como las juezas inhibidas lo han planteado, siendo por ello procedente tal incidencia con fundamento en dicha disposición, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 eiusdem.
Por consecuencia, a los fines de garantizar la continuidad del proceso y de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acuerda convocar a los Suplentes Especiales de esta Alzada, a los fines de su abocamiento en el conocimiento del presente caso.
Regístrese, déjese copia y háganse las notificaciones pertinentes. Convóquese al Juez suplente.

JUEZ DE LA CORTE DE APELACIONES

ABG. EDUARDO JOSE RODRIGUEZ CRESPO

LA SECRETARIA,

ABG. YURIMAR RODRIGUEZ CANELON

En fecha 07-11-2024, se libraron las boletas bajos los números CA-BOL-2024-1374 y CA-BOL-2024-1375.-

Conste, la Secretaria.-