TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
«VISTOS» SUS ANTECEDENTES
ANTECEDENTES DE LA CAUSA
El presente expediente se encuentra en este Tribunal Superior, en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de junio de 2008, por la Abogado María Milena Rivas Rojas, apoderada judicial de la parte demandada la ciudadana MARGARITA PÉREZ MORENO, contra la negativa del auto de fecha 23 de mayo de 2008 (f. 24), proferido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en el juicio seguido contra ella por el ciudadano LUCIANO SEGUNDO CENCI ENTRALGO, por liquidación y partición de bienes de la comunidad conyugal.
Mediante auto de fecha 23 de julio de 2008 (f. 40), el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, dio por recibida la presentes actuaciones y señaló que por auto separado resolvería lo conducente.
Corre inserto a los folios 41 al 45 actuaciones concernientes a la inhibición formulada por el Abogado Daniel Monsalve Torres, en su carácter de Juez provisorio de dicho Juzgado Superior.
Mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2008 (f. 46), este Juzgado Superior Primero dio por recibidas las presentes actuaciones, les dio entrada y de conformidad con al artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, resolvería lo conducente dentro de los tres días siguientes a la fecha de ese auto.
Mediante decisión de fecha 30 de septiembre de 2008 (fs. 47 al 51), este Juzgado, declaró con lugar la inhibición formulada y de conformidad de lo establecido en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil asumió el conocimiento de la presente causa.
En fecha 29 de octubre de 2008 mediante diligencia (f. 52), por la Abogado María Milena Rivas Rojas, apoderada judicial de la parte demandada, consignó escrito contentivo de informe en esta alzada y sus anexos inserto a los folios 53 al 54.
Mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2008 (f. 56), el Abogado Mario Díaz García, en su carácter de co-apoderado judicial de la parte actora, consigno observaciones a los informes de la contraparte en 1 folio útil (f. 57 y su Vto.)
Mediante auto de fecha 13 de noviembre de 2008, (f. 59), esta Superioridad dijo «VISTOS», entrando la presente causa en estado de dictar sentencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.
Mediante diligencia de fecha 13 de abril de 2009 (f. 60), la Abogado María Milena Rivas Rojas, apoderada judicial de la parte demandada, solicitó que se dictara la respectiva sentencia en la presente causa.
Corre inserto a los folios 62 al 69 abocamientos y su boletas correspondiente.
Mediante diligencia de fecha 15 de diciembre de 2009 (f. 70), la Abogado María Claudia García de Díaz, en su carácter de co apoderada judicial de la parte actora, solicitó se dictara la sentencia correspondiente en la presente causa, solicitud que fue ratificada, por la Abogado María Milena Rivas Rojas, apoderada judicial de la parte demandada en fecha 08 de enero de 2010 (f. 72); por el Abogado Mario Díaz García, en su carácter de co apoderado judicial de la parte actora, en fecha 25 de febrero de 2010 (f. 74), por la Abogado María Milena Rivas Rojas, apoderada judicial de la parte demandada en fecha 12 de marzo de 2010 (f. 76), en fecha 21 de abril de 2010 (f. 78), por el Abogado Mario Díaz García, en su carácter de co apoderado judicial de la parte actora, en fecha 11 de mayo de 2010 (f. 80), por la Abogado María Claudia García de Díaz, en su carácter de co apoderada judicial de la parte actora, en fecha 15 de junio de 2010 (f. 82), por la Abogado María Milena Rivas Rojas, apoderada judicial de la parte demandada en fecha 05 de agosto de 2010 (f. 84).
Mediante diligencia de fecha 12 de agosto de 2010 (f. 86), el Abogado Mario Díaz García, en su carácter de co apoderado judicial de la parte actora, solicitó a este Juzgado se declarara la extinción de incidencia por cuanto so se había hecho valer la apelación de esta incidencia en la sentencia definitiva, y solicito se ordenara el archivo del expediente.
En fecha 08 de noviembre de 2010 mediante escrito (f. 88), la Abogado María Milena Rivas Rojas, apoderada judicial de la parte demandada, solicitó se abstuviera de ordenar el archivo del expediente por cuanto no había pronunciamiento alguno en relación a la presente apelación.
Mediante diligencia de fecha 10 de enero de 2011 (f. 90), la Abogado María Milena Rivas Rojas, apoderada judicial de la parte demandada, solicitó se dictara la sentencia correspondiente en la presente causa, ratificada en fecha 12 de abril de 2011 (f. 92).
En fecha 18 de junio de 2024 mediante auto (f. 94), la Juez Provisoria de este Juzgado, asumió el conocimiento de la causa que se contraer en el presente expediente.
Mediante auto de la misma fecha (f. Vto. 94), esta alzada, ordenó oficiar al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción judicial, a los fines de solicitar la información sobre el estado que se encuentra la causa. a tales efectos mediante oficio número 0480-262-2024, se cumplió con lo ordenado (f. 95).
En fecha 01 de noviembre de 2024 por oficio número 428-2024 (f. Vto. 96), el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción judicial, informó que en el referido expediente principal de las actuaciones que contiene se observa que el Juzgado a su cargo dicto sentencia en fecha 19 de diciembre de 2013 en el expediente 5949 (nomenclatura de ese tribunal) por la apelación ejercida por la parte demandada contra la sentencia definitiva dictada por este tribunal de fecha 21 de mayo del 2013 quedando por resolver el tramite del cuaderno separado de oposición.
I
DE LA EXTINCIÓN DE LA APELACIÓN
De la revisión minuciosa de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que desde el 10 de enero de 2011, no se registra actuaciones de las partes involucradas, transcurridos (16) años desde la fecha que fue introducida la presente causa, se evidencia que consta a la fecha 01 de noviembre de 2024 por oficio número 428-2024 (f. Vto. 96), donde el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción judicial, informó que en el referido expediente principal de las actuaciones que contiene se observa que el Juzgado a su cargo dicto sentencia en fecha 19 de diciembre de 2013 en el expediente 5949 (nomenclatura de este tribunal) por la apelación ejercida por la parte demandada contra la sentencia definitiva dictada por ese tribunal de fecha 21 de mayo del 2013 quedando por resolver el trámite del cuaderno separado de oposición.
En este sentido, el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, establece:

«La apelación de la sentencia interlocutoria se oirá solamente en el efecto devolutivo, salvo disposición especial en contrario.
Cuando oída la apelación, ésta no fuere decidida antes de la sentencia definitiva, podrá hacérsela valer nuevamente junto con la apelación de la sentencia definitiva, a la cual se acumulará aquélla.
En todo caso, la falta de apelación de la sentencia definitiva, producirá la extinción de las apelaciones de las interlocutorias no decididas». (Subrayado delTribunal).

La doctrina señala que el artículo antes trascrito «… establece la extinción de las apelaciones contra las interlocutorias, cuando no se haya apelado de la definitiva. Esto último significa que el gravamen irreparable de la interlocutoria queda convalidado por la misma parte interesada al no alzarse contra el fallo terminal de la instancia, sea porque le fue favorable, sea porque aun siéndole adverso, se avino a él». (Henríquez La Roche, R. Código de Procedimiento Civil, Tomo II, p. 440).
Conforme con las anteriores premisas, si no se ejerce recurso de apelación contra la sentencia definitiva, se extingue la apelación pendiente contra la interlocutoria dictada con anterioridad.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha09 de agosto de 2012, con ponencia del Magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ (caso: Joao Méndes Pedro, contra sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.Sent. 1192. Exp. 11-1271), dejó sentado:

Así las cosas, ante la existencia de una sentencia definitiva en primera instancia, sin que alguna de las partes la impugnara, ello significó la aceptación del fallo definitivo y la extinción de cualquier apelación que estuviera conociendo el Juzgado Superior de algún auto interlocutorio, tal y como lo dispone el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, que regula lo relativo a las apelaciones interlocutorias que no hayan sido decididas antes de la sentencia definitiva, como fue el caso que aquí nos ocupa.
A tal efecto, dispone el artículo en comento lo siguiente: (…)
Es preciso acotar, que si bien la decisión dictada por el juzgado superior el 17 de enero de 2011, al resolver las apelaciones interlocutorias acumuladas se pudo efectuar con desconocimiento de que las mismas habían quedado extinguidas por efecto de la no impugnación del fallo definitivo dictado el 17 de diciembre de 2010, tal circunstancia fue advertida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, cuando en la decisión dictada el 2 de marzo de 2011, en atención al artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, negó, por inútil, la reposición de la causa solicitada por el ciudadano Yehya Haim Youwayed y, ordenó la ejecución de la sentencia.
Es así como para el momento en que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, resolvió la apelación interpuesta por el ciudadano Yehya Haim Youwayed K. contra el auto que acordó la ejecución de la sentencia, sí tenía conocimiento que contra la sentencia definitiva dictada por el juzgado de la primera instancia el 17 de diciembre de 2010, las partes no ejercieron recurso de apelación, por lo cual la misma adquirió el carácter de cosa juzgada.
La razón de ser del mandato contenido en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, es lograr una verdadera estabilidad del proceso, evitando el riesgo de sentencias contradictorias o violación de la cosa juzgada. De este modo, si la apelación de la sentencia interlocutoria no es decidida antes de la sentencia definitiva, podrá hacérsela valer junto con la apelación de este último fallo al cual se acumulará aquella; más, sin embargo, a falta de apelación de la sentencia definitiva, lógicamente deviene la extinción de las apelaciones interlocutorias, dado que según el principio de concentración, lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
De este modo, en el presente caso resulta evidente que la Jueza a cargo del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, al hacer caso omiso a la cosa juzgada que emanó del fallo dictado, el 17 de diciembre de 2010, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, actuó fuera de su competencia, ya que sin lugar a dudas, no debió ordenar ejecutar una sentencia interlocutoria dictada con posterioridad a la sentencia definitiva, pues, como quedó claro, no se ejerció apelación contra este último fallo, como lo exige el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil citado». (Subrayado del Tribunal).(http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/1192-9812-2012-11-1271.HTML).

Del criterio antes trascrito, se colige que la razón de ser del mandato del artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, es lograr una verdadera estabilidad del proceso, evitando el riesgo de sentencias contradictorias o violación de la cosa juzgada. Por ello, a falta de apelación de la sentencia definitiva, lógicamente deviene la extinción de las apelaciones interlocutorias, dado que según el principio de concentración, lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
En este orden de ideas, consta en el copiador de correspondencia recibida del mes de octubre llevado por este Juzgado, oficio 428-2024 de fecha 01 de noviembre de 2024 (f. Vto. 96), donde el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción judicial, informó que en el referido expediente principal de las actuaciones que contiene se observa que el Juzgado a su cargo dicto sentencia en fecha 19 de diciembre de 2013 en el expediente 5949 (nomenclatura de este tribunal) por la apelación ejercida por la parte demandada contra la sentencia definitiva dictada por ese tribunal de fecha 21 de mayo del 2013 quedando por resolver el trámite del cuaderno separado de oposición
Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, la falta de apelación de la sentencia definitiva, producirá la extinción de las apelaciones de las interlocutorias no decididas. En consecuencia, este Tribunal Superior, de conformidad con el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, en aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, declara la EXTINCIÓN DE LA APELACIÓN interpuesto en fecha 26 de junio de 2008, por la Abogado María Milena Rivas Rojas, apoderada judicial de la parte demandada la ciudadana MARGARITA PÉREZ MORENO, contra la negativa del auto de fecha 23 de mayo de 2008 (f. 24), proferido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, como en efecto se hará en la parte dispositiva del presente fallo. ASÍ SE DECIDE.-

II
DISPOSITIVA
En orden a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: EXTINGUIDO el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de junio de 2008, por la Abogado María Milena Rivas Rojas, apoderada judicial de la parte demandada la ciudadana MARGARITA PÉREZ MORENO, contra la negativa del auto de fecha 23 de mayo de 2008 (f. 24), proferido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en el juicio seguido contra ella por el ciudadano LUCIANO SEGUNDO CENCI ENTRALGO, por liquidación y partición de bienes de la comunidad conyugal.
SEGUNDO: Por la naturaleza del presente fallo, no se hace especial pronunciamiento sobre las costas del recurso.
TERCERO: Por cuanto esta sentencia se publica fuera del lapso legal, debido al exceso de trabajo originado por las distintas materias, causas y recursos que conoce este Tribunal, de conformidad con los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil y acogiendo el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 24 de abril de 2003 (Caso: Domingo Cabrera Estévez, en amparo constitucional), reiterado en fallo del 1° de junio de 2004, (Caso: Heber Genaro Chacón Moncada, en amparo constitucional (Vide: www.tsj.gov.ve), debe tenerse como su domicilio procesal la sede de este Juzgado, y su notificación se debe verificar mediante la fijación de la correspondiente boleta en la cartelera del mismo. En consecuencia líbrese la boleta de notificación con las inserciones pertinentes, y entréguese al Alguacil de este Tribunal para que la haga efectiva. Provéase lo conducente.
Publíquese, regístrese y cópiese. Remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de origen en su oportunidad. Así se decide.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, en la ciudad de Mérida, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
La Juez Provisoria,

Yosanny Cristina Dávila Ochoa
El Secretario Temporal,

Luis Miguel Rojas Obando.

En la misma fecha, siendo las dos de la tarde, se publicó la anterior sentencia, lo que certifico. Asimismo, conforme a lo ordenado en la sentencia que antecede, se libraron las boletas de notificación de las partes y se entregaron al Alguacil para que las haga efectivas.
El Secretario Temporal,

Luis Miguel Rojas Obando

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).-
214º y 165º

Certifíquese por Secretaría para su archivo, copia de la decisión anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 112 eiusdem, y en atención a lo dispuesto en las «Normas de adecuación administrativa y tecnológicas que regularán los copiadores de sentencia, y los libros de registro que lleven los tribunales de los circuitos en las sedes judiciales y de las copias certificadas que estos expidan», contenidas en la Resolución número 2016-0021, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14 de diciembre de 2016, conforme a las cuales dicha copia constará en formato digital.

La Juez Provisoria,

Yosanny Cristina Dávila Ochoa
El Secretario Temporal,

Luis Miguel Rojas Obando.

Se deja constancia que se certificó la copia ordenada en el decreto que antecede, en formato digital, en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 2016-0021, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14 de diciembre de 2016
El Secretario Temporal,

Luis Miguel Rojas Obando