TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

Mérida, 17 de octubre de 2024.
214º y 165°
ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2020-000792
ASUNTO : LP01-O-2024-000014

PONENTE: ABG. YOIRELY MARIA MATA GRANADOS
Corresponde a esta Corte de Apelaciones conocer y decidir la inhibición planteada por los abogados Carla Gardenia Araque de Carrero, Wendy Lovely Rondón y Eduardo José Rodríguez Crespo, en su condición de Juezas Provisorias las dos primeras y el último de los nombrados, Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Mérida, en la Acción de Amparo Constitucional signado con el N° LP01-O-2024-000014, ejercido por el abogado Ángel Raúl Ramírez Méndez, en su condición de defensor privado y como tal de la ciudadana María Sikiu Fonseca Ferrer, el cual guarda relación con la causa principal signada con el N° LP01-P-2020-000792, seguida en contra de la precitada ciudadana, por la presunta comisión del delito de Estafa Continuada, previsto y sancionado en el artículo 462 en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, en perjuicio de Argenis Vielma y Otros, quienes se consideran incursos en la causal de inhibición a que se contrae el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 90 eiusdem.
A tales fines los abogados Carla Gardenia Araque de Carrero, Wendy Lovely Rondón y Eduardo José Rodríguez Crespo, en su condición de Juezas Provisorias las dos primeras y el último de los nombrados, Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Mérida, como fundamento de su inhibición señalaron lo siguiente:
“(Omissis…) ACTA DE INHIBICIÓN

En la audiencia del día de hoy, jueves diecisiete de octubre del año dos mil veinticuatro (17-10-2024), presente por ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, los abogados Carla Gardenia Araque de Carrero, Wendy Lovely Rondón y Eduardo José Rodríguez Crespo, en su condición de Juezas Provisorias las dos primeras y el último de los nombrados, Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Mérida, expusieron: “Procedemos a inhibirnos de conocer como Jueces de esta Corte de Apelaciones, en la Acción de Amparo Constitucional signado con el N° LP01-O-2024-000014, ejercido por el abogado Ángel Raúl Ramírez Méndez, en su condición de defensor privado y como tal de la ciudadana María Sikiu Fonseca Ferrer, el cual guarda relación con la causa principal signada con el N° LP01-P-2020-000792, seguida en contra de la precitada ciudadana, por la presunta comisión del delito de Estafa Continuada, previsto y sancionado en el artículo 462 en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, en perjuicio de Argenis Vielma y Otros, toda vez que en fecha seis de agosto de dos mil veinticuatro (06/08/2024), en nuestro carácter de Jueces de la Corte de Apelaciones, conocimos y emitimos pronunciamiento, acerca del recurso de apelación de auto signado con el número N° LP01-R-2024-0000091, en cuya dispositiva fue señalado lo siguiente:

(“…Omissis) DISPOSITIVA

Con base en la motivación precedentemente explanada, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación de autos, interpuesto en fecha quince de abril de dos mil veinticuatro (15/04/2024), por el abogado Ángel Raúl Ramírez Méndez, en su carácter de Defensor Privado, y como tal de la ciudadana María Sikui Fonseca Ferrer, en contra del auto publicado en fecha nueve de abril de dos mil veinticuatro (09-04-2024), por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, mediante el cual declara sin lugar la solicitud incoada por el abogado Ángel Raúl Ramírez Méndez, en virtud que de las actuaciones se observa que las partes fueron debidamente notificadas de las decisiones publicadas por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de esta sede judicial, luego de la celebración de la audiencia preliminar, tal y como consta en la boletas insertas a los folios 223, 224, 226, 230 y 231 de la segunda pieza de la causa penal signada con el N° LP01-P-2020-000792, seguida en contra de la ciudadana María Sikui Fonseca Ferrer, por la presunta comisión del delito de Estafa Continuada, en perjuicio de Argenis Vielma y Otros.

SEGUNDO: En tal sentido, con fundamento en los artículos 174, 175 y 179 del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta la nulidad del auto fundado de fecha 09 de abril de 2024 inserto a los folios 29 al 31 de la pieza número 03 del asunto principal, así como de los actos subsiguientes, entre los cuales se encuentra la audiencia de inicio de juicio oral y público de fecha 03 de julio de 2024, acta que cursante a los folios 61 al 64 de la pieza N° 03 y se retrotrae el proceso hasta la fase intermedia, ordenándose al Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, que las partes sean debidamente notificadas de la reimpresión de las decisiones publicadas luego de la celebración de la audiencia preliminar, las cuales rielan insertas a los folios 211 al 222 de la pieza N° 02. (Omissis…”).

Lo antes expuesto se fundamenta en que consideran quienes aquí suscriben, que ha surgido una circunstancia que influye totalmente en la imparcialidad que debemos mantener como representantes de este órgano jurisdiccional al momento de decidir, en la búsqueda de una recta y sana administración de justicia, lo que nos hace subsumible en el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, y aún en el supuesto que nuestra imparcialidad no se encontrase comprometida, cualquier decisión al respecto pudiera ser objeto de cuestionamiento en virtud de lo anteriormente explanado, es por lo que consideramos igualmente, más que un deber, un gesto de absoluta probidad profesional el inhibirnos en la presente causa, garantizando así el debido proceso en este caso, tomando en consideración lo atinente al caso, tal y como lo establece el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal. Son estos los fundamentos serios, lógicos, idóneos y ajustados a derecho los que elevamos a consideración de esta alzada para que en definitiva y una vez analizadas sean considerados suficientes para declarar con lugar la presente inhibición por estar fundada en causa legal, y se convoque los suplentes respectivos, todo ello, por aplicación a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

En este sentido, a los fines de decidir la inhibición planteada considera esta Alzada pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 89 numeral 7° y 90° del Código Orgánico Procesal Penal, a tenor de lo siguiente:

Artículo 89. Causales de inhibición y recusación. Los Jueces y Juezas las o los fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes:

… 7. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella o haber intervenido como fiscal, defensor o defensora, experto o experta, interprete o testigo, siempre que en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez O jueza

Artículo 90. Inhibición obligatoria. Los funcionarios o funcionarias a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo anterior deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse. Igualmente lo harán si son recusados o recusadas y estimen procedente la causal invocada.

Se evidencia de las normas precedentemente transcritas, que en aquellos supuestos en que exista alguna circunstancia que sensibilice al juzgador o juzgadora, respecto al hecho que va a juzgar o sobre las partes intervinientes en el proceso, se encuentra en la obligación de desprenderse del conocimiento de dicho asunto, sin esperar a que se le recuse, a los fines de evitar dilaciones indebidas, o reposiciones inútiles.

Así las cosas, esta Corte observa que la inhibición planteada en la Acción de Amparo Constitucional signado con el N° LP01-O-2024-000014, ejercido por el abogado Ángel Raúl Ramírez Méndez, en su condición de defensor privado y como tal de la ciudadana María Sikiu Fonseca Ferrer, el cual guarda relación con la causa principal signada con el N° LP01-P-2020-000792, seguida en contra de la precitada ciudadana, por la presunta comisión del delito de Estafa Continuada, previsto y sancionado en el artículo 462 en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, en perjuicio de Argenis Vielma y Otros, se aprecia que los jueces inhibidos manifiestan haber conocido acerca del recurso de apelación de auto signado con el número N° LP01-R-2024-000091, al conformar la terna que emitió pronunciamiento.
Al respecto, aducen los juzgadores inhibidos que es obligatorio de su parte plantear la inhibición, ya que tal circunstancia puede afectar gravemente su objetividad e imparcialidad que deben tener los jueces al momento de decidir y para no incurrir en falta.
Así pues, habiendo los juzgadores bajo ese argumento fundamentado su acto inhibitorio, es por lo que esta Alzada no solo debe analizar de manera literal y aislada la causal cuya norma invoca, sino que debemos remitirnos a criterios jurisprudenciales y doctrinales que permitan vislumbrar claramente si se dan los parámetros que los condujeron a apartarse de conocer el fondo de la litis, bajo el examen de lo que significan las llamadas “imparcialidades objetivas y subjetivas” como garantía indefectible del principio del juez imparcial.
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha venido distinguiendo entre la imparcialidad objetiva y la imparcialidad subjetiva, así figura en la sentencia Nº STCE 0154/2001, expedida el 02-07-2001 en el recurso de amparo planteado por Safa Galénica S.A., en los términos siguientes:
“En tal sentido nuestra jurisprudencia viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, y una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por lo que se asegura que el juez o el Tribunal no ha tenido un contacto previo con el themadecidendi y, por tanto, que se acerca al objeto mismo sin prevenciones en su ánimo”.
La imparcialidad, pertenece a la propia esencia de la función jurisdiccional y es una de las garantías de todo proceso, así lo ha venido estableciendo la jurisprudencia nacional e inclusive, en el derecho comparado podemos encontrar marcadas muestras de ello, tal como lo decidió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Piersack, 1-10-82):
“…la imparcialidad es la ausencia de prejuicios o parcialidades necesarias para lograr la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática” (parágrafo 30) (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25 años de Jurisprudencia 1959-1983), 870.”
Por otra parte, no es distinto el criterio que proviene de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se trasluce en la llamada “obligación de abstención” del funcionario público cuando ello realmente se imponga.
Por ende, la inhibición es el acto en virtud del cual la juez u otro funcionario judicial requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso (Ricardo Henríquez La Roche, T.I., p.292).
En igual orden, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 192 de fecha 02-04-2008, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, ha mantenido el mismo criterio al señalar lo siguiente:
“(…) Cuando un juez de control tuvo conocimiento de una causa y resolvió diversas actuaciones en dicho proceso, y luego, conoce en juicio del mismo proceso, está en la obligación de inhibirse, pues se entiende que ya ha emitido opinión en el proceso, y ello afectaría su imparcialidad (…)”.
Establecida las anteriores precisiones, se verifica de la revisión de las actuaciones, que los jueces inhibidos emitieron decisión en fecha seis de agosto de dos mil veinticuatro (06/08/2024), acerca del recurso de apelación de auto, signado con el número N° LP01-R-2024-000091, en cuya dispositiva fue señalado lo siguiente:

(“…Omissis) DISPOSITIVA

Con base en la motivación precedentemente explanada, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación de autos, interpuesto en fecha quince de abril de dos mil veinticuatro (15/04/2024), por el abogado Ángel Raúl Ramírez Méndez, en su carácter de Defensor Privado, y como tal de la ciudadana María Sikui Fonseca Ferrer, en contra del auto publicado en fecha nueve de abril de dos mil veinticuatro (09-04-2024), por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, mediante el cual declara sin lugar la solicitud incoada por el abogado Ángel Raúl Ramírez Méndez, en virtud que de las actuaciones se observa que las partes fueron debidamente notificadas de las decisiones publicadas por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de esta sede judicial, luego de la celebración de la audiencia preliminar, tal y como consta en la boletas insertas a los folios 223, 224, 226, 230 y 231 de la segunda pieza de la causa penal signada con el N° LP01-P-2020-000792, seguida en contra de la ciudadana María Sikui Fonseca Ferrer, por la presunta comisión del delito de Estafa Continuada, en perjuicio de Argenis Vielma y Otros.

SEGUNDO: En tal sentido, con fundamento en los artículos 174, 175 y 179 del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta la nulidad del auto fundado de fecha 09 de abril de 2024 inserto a los folios 29 al 31 de la pieza número 03 del asunto principal, así como de los actos subsiguientes, entre los cuales se encuentra la audiencia de inicio de juicio oral y público de fecha 03 de julio de 2024, acta que cursante a los folios 61 al 64 de la pieza N° 03 y se retrotrae el proceso hasta la fase intermedia, ordenándose al Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, que las partes sean debidamente notificadas de la reimpresión de las decisiones publicadas luego de la celebración de la audiencia preliminar, las cuales rielan insertas a los folios 211 al 222 de la pieza N° 02. (Omissis…”).

Sobre este particular, es necesario señalar y como resulta de ordinario conocimiento, la actividad jurisdiccional del juez o jueza a los fines de admitir o no un recurso de apelación de sentencia o autos, queda circunscrita básicamente a verificar si el mismo llena los requisitos de ley, por lo cual no solo debe examinar el mismo recurso interpuesto sino además verificar las actuaciones del caso principal, con lo que evidentemente de acuerdo con el criterio reiterado de la Sala Constitucional y de la Sala Casación Penal, existe un impedimento legal para que los jueces inhibidos conozcan de la Acción de Amparo Constitucional signado con el N° LP01-O-2024-000014, que a su vez está relacionado con el recurso de apelación de auto N° LP01-R-2024-000091, en el que los jueces inhibidos dictaron decisión en fecha seis de agosto de dos mil veinticuatro (06/08/2024), con lo cual se patentiza que el argumento aducido por los juzgadores como fundamento de su inhibición, se encuentra ajustado a derecho, lo que obliga a declarar con lugar la incidencia propuesta, y así se decide.

DISPOSITIVA
Es con fuerza en las consideraciones precedentemente explanadas, que esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar la inhibición planteada por los abogados Carla Gardenia Araque de Carrero, Wendy Lovely Rondón y Eduardo José Rodríguez Crespo, en su condición de Juezas Provisorias las dos primeras y el último de los nombrados, Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Mérida, en la Acción de Amparo Constitucional signado con el N° LP01-O-2024-000014, ejercido por el abogado Ángel Raúl Ramírez Méndez, en su condición de defensor privado y como tal de la ciudadana María Sikiu Fonseca Ferrer, el cual guarda relación con la causa principal signada con el N° LP01-P-2020-000792, seguida en contra de la precitada ciudadana, por la presunta comisión del delito de Estafa Continuada, previsto y sancionado en el artículo 462 en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, en perjuicio de Argenis Vielma y Otros, quienes se consideran incursos en la causal de inhibición a que se contrae el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 90 eiusdem.
Por consecuencia, a los fines de garantizar la continuidad del proceso y de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acuerda convocar a los Suplentes Especiales de esta Alzada, a los fines de su abocamiento en el conocimiento del presente caso.
Regístrese, déjese copia y háganse las notificaciones pertinentes. Convóquese al Juez suplente.

JUEZ TEMPORAL DE LA CORTE DE APELACIONES

ABG. YOIRELY MARIA MATA GRANADOS

LA SECRETARIA,

ABG. YURIMAR RODRIGUEZ CANELON
En esta misma fecha se libraron las boletas bajos los números CA-BOL-2024-1.273 y 1.274. Conste, la Secretaria.-