TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del
Estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida
Mérida, 23 de abril de 2025
215º y 166º

ASUNTO: LP61-J-2024-000756.

SENTENCIA Nº278
SENTENCIA DEFINITIVA
I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Solicitante: LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-19.286.535, domiciliada en la avenida Las Américas, residencia Río Arriba, edificio 04, piso 8, apartamento 4-84, parroquia Mariano picón Salas, del municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil.

Asistencia Técnica Jurídica: abogada YULIBER PEÑA MARQUINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.954.937, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 179.170, en su condición de DEFENSORA PÚBLICA PROVISORIO SEGUNDA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y DEL ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.

Motivo: EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD.

II ANTECEDENTES

Ingresa por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida, la solicitud de EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD, con fundamento en el artículo 262 del Código Civil, interpuesta por la ciudadana LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI, en su condición de madre y representante del adolescente VÍCTOR NAHIL BRICEÑO RUMBOS, de trece (13) años de edad, F.N.:22/03/2012, titular de la cédula de identidad N° V-34.395.015, asistida por la defensa Pública (F. 19 y 20).

Mediante autos de fecha 31 de octubre de 2024, este Tribunal le dio entrada a la solicitud, formó expediente, hizo las anotaciones estadísticas correspondientes y le dio el curso de ley; asimismo, admitió la solicitud y se ordenó despacho saneador. (F. 21 vto).

En fecha 11 de noviembre de 2024, la Unidad de Recepción de Documentos de este Circuito la solicitante asistida por la defensa pública dio cumplimiento al despacho saneador (F. 22 al 29).

Mediante auto de fecha 15 de noviembre de 2024, este tribunal ordeno dar inicio al procedimiento de jurisdicción voluntaria, para lo cual dispuso librar boleta de notificación electrónica al ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE progenitor del adolescente de autos y ordenó notificar a la representación del Ministerio Público del estado Bolivariano de Mérida. (F. 30).

Consta al folio 32 del presente expediente, la resulta positiva de la notificación de la representación del Ministerio Público.

Mediante nota secretarial de fecha 20 de marzo de 2025, se dejó constancia de la materialización y certificación de la notificación del ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE, progenitor del adolescente de autos (F. 38).

Por auto de fecha 26 de marzo de 2025, este Tribunal fijó oportunidad para celebrar la audiencia única del procedimiento para el día miércoles 09 de abril de 2025, a las diez de la mañana (10:00a.m.) (F. 39).

Siendo la oportunidad para la celebración de la audiencia única, esto es el 09 de abril de 2025, previos pregones de ley, este Tribunal levantó acta en la cual dejó constancia de la comparecencia de la solicitante, ciudadana LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI, presente la Defensa Pública. No se encuentra presente el progenitor ni por si, ni por medio de apoderado judicial. Se deja constancia que no se encuentra la representación fiscal. Presentes los testigos, la solicitante ratificó todos y cada uno de los hechos por los cuales requiere la solicitud. Se hizo contacto por video llamada, con el progenitor quien manifestó su conformidad y ratificó la solicitud realizada por la madre de su hijo, siendo identificado por los testigos juramentados. Se deja constancia que la escucha la opinión del adolescente de manera presencial, a los fines de dar cumplimiento con el artículo 8 y 80 de la Ley Orgánica de Protección de Niños Niñas y Adolescentes. Finalmente, este Tribunal declaró, entre otros aspectos, CON LUGAR la solicitud del EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD; EXCLUYÓ DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD al progenitor (F. 40 con vuelto y 41).

Estando dentro de la oportunidad legal, para dictar sentencia definitiva en el presente asunto, este Tribunal lo hace de la siguiente manera:

III
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La solicitante en su escrito libelar y en el escrito de subsanación, entre otros hechos, narró que el progenitor de su hijo, el ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE, se encuentra actualmente fuera del país, esto es en Argentina en busca de nuevas oportunidades de vida, sin fecha de retorno. Que para distintos actos de la vida del adolescente se requiere la aprobación y presencia de ambos padres, y visto que el progenitor se encuentra imposibilitad de ejercer de manera directa la patria potestad, por encontrarse fuera del territorio nacional, solicitó le sea otorgado (a la progenitora) el ejercicio unilateral de la patria potestad, en beneficio de su hijo, de conformidad con el artículo 262 del Código Civil Venezolano, en concordancia con la sentencia Nº 284, proferida en fecha 30 de abril de 2014, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Promovió los testigos correspondientes. Finalmente, solicitó que se le acordara el ejercicio unilateral de la patria potestad para garantizar los derechos y garantías de su hijo.

La institución familiar de la Patria Potestad, se encuentra regulada en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en sus artículos 347 y siguientes, entre los cuales, la definen como el conjunto de deberes y derechos de los progenitores en relación a sus hijos o hijas, que no hayan alcanzado la mayoría de edad. Estos conjuntos de deberes y derechos comprenden: la responsabilidad de crianza, la representación y la administración de los bienes de los hijos sometidos a ella.

Ahora bien, la citada ley especial, instituye que la Patria Potestad y su ejercicio son compartidos por los padres; no obstante, puede ser otorgar a uno solo de ellos, si un órgano jurisdiccional competente, declara: 1) la privación de la patria potestad, de conformidad con el artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 2) la extinción de la patria potestad de conformidad con lo previsto en el artículo 356 eiusdem; o, 3) La exclusión de la patria potestad de conformidad con lo establecido en el artículo 262 del Código Civil.

Sobre este particular, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 0065, de fecha 18 de febrero de 2011, dejó asentado de formar expresa las diferencias entre extinción, privación y exclusión de la patria potestad, a saber:

(...) la patria potestad se pierde por extinción y por privación, esta última es la pérdida de la titularidad que tiene el progenitor por conductas u omisiones graves que atentan contra el infante o el adolescente.

En cambio, la exclusión se refiere a la suspensión del ejercicio de la p.p. debido a que el padre no puede ejercerla por encontrarse en una situación de hecho que le impide hacerlo, sin que ello afecte la titularidad de la p.p., pues, aun cuando no la ejerza, LA MANTIENE.

Por tanto, la exclusión es distinta a la privación o a la extinción, pues se refiere solamente al ejercicio de la patria potestad del progenitor que no puede cumplir con sus deberes y facultades. (Énfasis propia de este Tribunal).

Ahora bien, en el caso de marras la ciudadana LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI, madre y representante legal del adolescente de autos, pretende se le conceda unilateralmente el ejercicio de la patria potestad, habida consideración que el ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE padre de su hijo, no se encuentra en el territorio venezolano; impidiendo trámites que normalmente se requieren de la autorización de ambos padres, fundamentando tal petición en el artículo 262 del Código Civil, en concordancia con la sentencia Nº 284, proferida en fecha 30 de abril de 2014, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Ciertamente, el criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 284, proferida en fecha 30 de abril de 2014, dejó asentado lo siguiente:
(…) que es preciso determinar cuál es la naturaleza jurídica del procedimiento que se sigue para hacer efectiva la “solicitud de ejercicio unilateral de la p.p.”. En este sentido, es importante dejar establecido que este instituto encuentra su regulación en el dispositivo contenido en el artículo 262 del Código Civil, norma de vieja data que no fue derogada por la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, ni por la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

(Omissis)

Advierte la Sala, en este sentido, que como quiera que con el dispositivo legal que comentamos, no se pretende desconocer de manera definitiva ni cuestionar la p.p., ni privar al no presente o a la persona imposibilitada de ejercerla, y habida consideración de que el Legislador no señaló expresamente un procedimiento para su tramitación, el que se siga no debe ser complejo, ni puede tener contención, amén de que bajo ningún concepto puede una resolución judicial dictada con base en este artículo crear cosa juzgada material.

En este sentido advierte la Sala que, en ausencia de una reglamentación legal para su tramitación, su propia naturaleza exige un trámite dinámico y expedito, pues, vista su utilidad práctica y sus limitaciones, no puede pretenderse que el mismo se tramite a través del mismo procedimiento que se emplea para los juicios ordinarios de privación de p.p., en vista de la necesidad inminente que eventualmente planteará el o la solicitante, cuyas circunstancias no permiten una demora. Es decir que, lo correcto con la finalidad perseguida por el dispositivo es recurrir para su trámite a los procedimientos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria.

(Omissis)

Por último, considera esta Sala preciso advertir a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que, en aras de hacer más útil y efectivo el instituto contemplado en el aludido artículo 262 del Código Civil, ante la ausencia de un texto expreso que establezca el procedimiento a seguir, con el propósito de unificar criterios, resulta conveniente que tales solicitudes, de ejercicio unilateral de la p.p., se tramiten conforme a lo establecido en el artículo 517, que forma parte del Capítulo VI que regula el procedimiento de jurisdicción voluntaria en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, empero, como se estableció, será preciso que el Juzgador o juzgadora sea acucioso y exhaustivo con el material probatorio, y deberá tener como norte la búsqueda de la verdad, de conformidad con los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria que caracterizan los procedimientos previstos y regulados por la aludida Ley Orgánica. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece con carácter vinculante para todos los tribunales de la República la utilización del referido procedimiento para tramitar la solicitud a que se refiere el artículo 262 del Código Civil.
En este sentido, el artículo 262 del Código Civil venezolano, prevé:
Artículo 262. En caso de muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, si se hallare alguno de ellos sometido a tutela de entredicho, de haber sido declarado ausente, de no estar presente o cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella, el otro progenitor asumirá o continuará ejerciendo sólo la patria potestad,pero si había sido privado de la misma por sentencia o decisión judicial, no podrá hacerlo sino después que haya sido autorizado o rehabilitado por el mismo Tribunal. (Énfasis propia de este Tribunal).
De la citada norma, se colige cinco (05) supuestos que deviene el ejercicio unilateral de la patria potestad, por parte de uno de los padres del hijo que aún no alcanza la mayoría de edad, a saber: 1) Por muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad; 2) Por la interdicción declarada al padre o a la madre; 3) Por haber sido declarado ausente; 4) Por no estar presente; y, 5) Por cualquier motivo que impedida cumplir con el ejercicio de la patria potestad.
No obstante, los dos (02) primeros supuestos, se encuentran derogados a razón de las causales de extinción –Art. 356, literal c)– y privación –Art. 352, literal h)– de la patria potestad, previstas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Mientras que, los otros tres (03) supuestos, necesariamente, ameritan de la intervención judicial, pues, en el caso de aquel padre o madre declarado ausente, se necesita la declaración judicial, la cual se sigue por un procedimiento especial previsto en los artículos 418 y siguientes del Código Civil; por su parte, el no presente, basta con probar que no se encuentra en el país y cuya existencia no esté en duda –Art. 417 del Código Civil–; y finalmente, con respecto a cualquier motivo que imposibilite al progenitor su ejercicio de la patria potestad, requiere también de un procedimiento con una actividad probatoria rigurosa. En el último supuesto, esto es, cualquier motivo que imposibilite al progenitor su ejercicio de la patria potestad, la citada sentencia Nº 284, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justica, en fecha 30 de abril de 2014, verbigracia: 1) Por salud; 2) Por privación de la libertad; 3) Por secuestro; y, 4) Por desconocimiento absoluto de su paradero. Se entiende entonces, que “cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella”, de conformidad con el artículo 262 de la citada norma sustantiva, es ineludible que se origine por alguna causa, que habilite al otro progenitor a ejercer la patria potestad de manera exclusiva, sin que se trate de la extinción o privación de aquel progenitor que se encuentra impedido, de manera que su utilización está dirigida única y exclusivamente a casos excepcionales, cuya justificación deben ser debidamente comprobables.

Así pues, de conformidad con los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria, esta Juzgadora en aras de la búsqueda de la verdad en el presente asunto, pasa de seguidas a analizar y valorar los medios probatorios aportados por la solicitante, en la forma siguiente:

1.- Copia certificada de la Acta de Nacimiento N° 54 correspondiente al adolescente VÍCTOR NAHIL BRICEÑO RUMBOS, inscritas ante el Registro Civil de la parroquia Caracciolo Parra Pérez , municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, que obran al folio 08, 09, 25 y 25 del presente expediente; en consecuencia, este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, la valora para dar por comprobado el vínculo materno y paterno filial de los ciudadanos LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI y RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE, con el adolescente de autos; así como, la fecha y lugar de su nacimiento. Así se declara.

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2.- Copias de las cédulas de identidad, pasaporte y documento de identidad extranjero, del ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE, Copia de la cédula de identidad de la ciudadana LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI, copia de la cédula de identidad del adolescente de autos. A estas documentales se les otorga pleno valor probatorio de documento público de conformidad con lo previsto en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; para dar por demostrado las identidades de los prenombrados ciudadanos. Así se declara.

3.- Certificado de domicilio correspondiente al progenitor del adolescente de autos, ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE, que obra al folio 15 del presente expediente. Este Tribunal valora para dar por comprobado que el progenitor del adolescente se encuentra domiciliado fuera del país. Así se declara.

4.- Constancia de residencia correspondiente a la ciudadana LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI, que obra al folio 17 y 29 del presente expediente. Este Tribunal valora para dar por comprobado el domicilio de la prenombrada ciudadana.

5.- Constancia de estudio correspondiente al adolescente de autos, suscrita por la directora del colegio “Micaeliano”, del estado Bolivariano de Mérida, que obra al folio 28 del presente expediente. Este Tribunal la valora por cuanto se evidencia que el prenombrado adolescente de autos se encuentra cursando estudios en la entidad de merideña. Así se declara.

6.- Copias simples de las Partidas de Nacimiento N° 387, 24 correspondiente a los ciudadanos RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE y GABRIEL ALEJANDRO ALARCÓN PUENTE, , que obran a los folios 26 y 27 del presente expediente; en consecuencia, este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, la valora para dar por comprobado que los ciudadanos KATTY PUENTE ROMERO y GABRIEL ALEJANDRO ALARCÓN PUENTE- aquí testigos son madre y hermano del ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE, progenitor del adolescente de autos. Así se declara.

Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal considera que la solicitante, ciudadana LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI, circunscribió su pretensión en uno de los supuestos creados por el legislador, por lo cual quedó absolutamente comprobado la justificación del motivo que el padre de sus hijos, no se encuentra presente para ejercer la patria potestad con relación a su hijo, tal como fue alegado por la progenitora en el escrito libelar y ratificado durante el desarrollo de la audiencia única del procedimiento celebrada en fecha 09 de abril de 2025; razón por la cual, a criterio de esta sentenciadora, la pretensión propuesta debe prosperar y así debe ser declarado; lo que trae como consecuencia la exclusión del ejercicio de la patria potestad del ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE, como padre con relación a su hijo, el adolescente de autos, por encontrarse en una situación de hecho –no presente en el país– que le impide hacerlo, sin que ello afecte su titularidad; y por ende se suspende provisionalmente el ejercicio de la patria potestad que corresponde al prenombrado ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE, como padre con relación a su hijo; a tal efecto, la patria potestad del referido adolescente, será ejercida sólo por la madre, ciudadana LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI; con el bien entendido, que el ejercicio unilateral de la patria potestad comprende el ejercicio de la responsabilidad de crianza, de la representación y administración de los bienes del adolescente de autos; y por consiguiente la ciudadana progenitora en el ejercicio unilateral de la Patria Potestad, podrá realizar cualquier acto de representación y/o administración, ante cualquier autoridad judicial o administrativa competente en Venezuela, o ante cualquier otro país, sin necesidad del consentimiento del padre, ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE, por encontrase suspendido del ejercicio de la patria potestad; tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide.

Finalmente, este Tribunal le hace saber a la solicitante, ciudadana LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI, que, en el uso del Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad, en caso de que el adolescente viaje solo o con terceros el permiso deberá ser tramitado único y exclusivamente por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la jurisdicción correspondiente. Así se establece.

IV DECISIÓN

En mérito de los razonamientos que anteceden, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, SEDE MÉRIDA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: CON LUGAR la solicitud del EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD, suscrita y presentada por la ciudadana LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-19.286.535, domiciliada en la avenida Las Américas, residencia Río Arriba, edificio 04, piso 8, apartamento 4-84, parroquia Mariano picón Salas, del municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil.

SEGUNDO: SE EXCLUYE DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD al ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.521.169, domiciliado en Defensa 1111 3° H Caba, de Buenos Aires-Argentina, teléfono móvil: +54-911-260-384-48, correo electrónico: renzodbp@gmail.com, y civilmente hábil, como PADRE con relación a su hijo, el adolescente VÍCTOR NAHIL BRICEÑO RUMBOS, de trece (13) años de edad, F.N.:22/03/2012, titular de la cédula de identidad N° V-34.395.015, por encontrarse en una situación de hecho que le impide hacerlo, sin que ello afecte su titularidad; quedando entonces SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD como PADRE con relación a su hijo, el adolescente de autos.

TERCERO: LA PATRIA POTESTAD con relación al adolescente VÍCTOR NAHIL BRICEÑO RUMBOS, SERÀ EJERCIDA SÓLO por la MADRE, ciudadana LAURA MARÍA RUMBOS FALCONI Con el bien entendido que el ejercicio unilateral de la Patria Potestad comprende el ejercicio de la Responsabilidad de Crianza, de la representación y administración de los bienes del prenombrado adolescente, y por consiguiente, la progenitora, podrá realizar cualquier acto de representación y/o administración, ante cualquier autoridad judicial o administrativa competente en Venezuela, o ante cualquier otro país, sin necesidad del consentimiento del ciudadano RENZO DAVID BRICEÑO PUENTE, por encontrarse suspendido del ejercicio de la patria potestad.

CUARTO: Se le aclara a la parte interesada que la presente decisión no produce cosa juzgada material.

Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, en la ciudad de Mérida, a los veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).- Años 215º de la Independencia y 166º de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Abg. Luz Marina Pacheco Avendaño.
La Secretaria Accidental

Abg. Alejandra Chávez

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 08:16 a.m. Se asentó y registró en el Índice de Copiador de Sentencias los datos del fallo in commento; sin embargo, no se agrega en físico al mencionado copiador, en virtud que este órgano jurisdiccional no cuenta con los insumos necesarios para su reproducción fotostática. Se deja constancia, que la anterior decisión se encuentra registrada en Documento Word 0 del Sistema Juris 2000, por ende, téngase la misma como copia digitalizada. Asimismo, se deja constancia que dicha decisión se tiene registrada en formato PDF, según Resolución N° 2016-0021, de fecha 14 de diciembre de 2016, emanada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Conste, en la ciudad de Mérida, a los veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025)

La Secretaria Accidental

Abg. Alejandra Chávez

LMPA/ ACC/ Mfp