TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO DE TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, 05 de agosto del 2025.

215° y 166°
I
LAS PARTES

DEMANDANTE: RONNY ALBERTO POLANCO GOMEZ, titular de la cédula de identidad NºV-14.935.141.
APODERADO JUDICIALDE LA PARTE DEMANDANTE: AbogadoMIGUEL ANTONIO CARDENAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº36.601.
DEMANDADA:Sociedad Mercantil “VALERI &BOADA, COMPAÑÍA ANONIMA (VIBCA), inscrita en fecha 04 de febrero del año 1991, por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, anotada bajo el Nº 60, Tomo A-2, Primer Trimestre, expediente Nº 8516, representada por el ciudadano FERNANDO JAVIER UZCATEGUI BOADA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.916.887.
MOTIVO DEL JUICIO:CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
FECHA DE ENTRADA: 03 de julio del 2025
II
NARRATIVA
En fecha primero (1) de julio del año dos mil veinticinco (2025), fue recibido por Distribución del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial escrito de demanda, el tres (03) de julio del año dos mil veinticinco (2025), la Secretaría de este Juzgado le dio entrada e hizo las anotaciones correspondientes (folio 107 del expediente principal), posteriormente mediante auto que riela al folio 108 del expediente principal se admitió la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, interpuesta por el ciudadano RONNY ALBERTO POLANCO GOMEZ, representado por el abogado MIGUEL ANTONIO CARDENAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº36.601, en contra delaSociedad Mercantil “VALERI &BOADA, COMPAÑÍA ANONIMA (VIBCA), representada por el ciudadano FERNANDO JAVIER UZCATEGUI BOADA,.
Mediante diligencia de fecha nueve (09)dejulio del dos mil veinticinco(2025), suscrita por la parte demandante, fueron pagados los emolumentos pertinentes para la reproducción de los fotostatos necesarios para librar los recaudos de citación de la parte demandada y la apertura del cuaderno separado de medida, dando el impulso procesal correspondiente (folio 110 del expediente principal).
El 15 de julio del 2025, este Tribunal ordenó aperturar el presente cuaderno separado de medida de prohibición de enajenar y gravar mediante auto inserto al folio 112 del expediente principal.
En diligencia de fecha veintiuno de julio del año dos mil veinticinco (2025) inserta al folio Nº 14 del presente cuaderno separado de medida de prohibición de enajenar y gravar, suscrita por la representación judicial de la parte demandante en el presente procedimiento, consignó escrito de ratificación de la medida solicitada.
Mediante diligencia de fecha treinta y uno de julio del 2025, el abogado MIGUEL ANTONIO CARDENAS, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, consignó escrito de Desistimiento de Solicitud de Medida Cautelar y una nueva solicitud de una especifica medida de Prohibición de Enajenar y Gravar (folio 32).
Este Tribunal para decidir sobre la procedencia o no de la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada, hace previamente las siguientes consideraciones:
III
PARTE MOTIVA
PRIMERA: Para el caso de las medidas preventivas siempre se apertura un cuaderno separado en orden a lo consagrado en el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, cuaderno éste que se encuentra totalmente vinculado al juicio principal que le dio origen, aun cuando el mismo tiene una autonomía relativa, pues se desprende del proceso que se encuentra en curso.
SEGUNDA: Para pronunciarse sobre la medida, este Tribunal debe escudriñar la naturaleza del proceso cautelar, y de las medidas precautelativas, que como bien lo enseña el maestro FRANCESCO CARNELLUTTI, en su obra: Instituciones del Proceso Civil, sirven para garantizar las resultas del proceso, “Constituyen una cautela”, para el buen fin de otro proceso (Definitivo), y, dada la naturaleza propia de las providencias cautelares, las cuales como expresa el autor PIERO CALAMANDREI, proveen a eliminar el peligro mediante la Constitución de una relación provisoria, pre-ordenada al mejor rendimiento practico de la futura providencia principal.
Al respecto, advierte este Juzgado que las medidas cautelares son parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa, teniendo su base en la propia función del Juez de Juzgar y ejecutar lo juzgado y pueden ser utilizadas, siempre que cumplan los dos requisitos esenciales del periculum in mora y del fumusboni iuris, de la forma más amplia para garantizar la eficacia de la sentencia que decida sobre el fondo de la controversia.
En efecto, la emisión de cualquier medida cautelar, tal como lo disponen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, está condicionada al cumplimiento concurrente de dos requisitos: que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger con la cautelar, como del riesgo manifiesto de que pueda quedar o hacerse ilusoria la ejecución del fallo estableciendo la norma que el solicitante de la medida, tiene la carga de acreditar ante el Juez, haciendo uso de los medios de prueba que confiere el ordenamiento, la señalada presunción.
En lo que respecta a ésta presunción del buen derecho, la jurisprudencia venezolana ha considerado que esa “apariencia del buen derecho”, se determina a través de un preventivo cálculo o juicio sumario de verosimilitud sobre el derecho de las demandantes y sobre las probabilidades de éxito del demandado, sin que tal análisis suponga un pre-juzgamiento del fondo del asunto, por cuanto las medidas cautelares son instrumentales, provisionales y dictadas con base a un conocimiento incompleto, siendo que la sentencia definitiva podría confirmar o revocar lo estimado por vía cautelar. En este sentido, no puede exigirse la certeza del derecho invocado, justamente porque, tal como lo indica la doctrina nacional, ello “es un atributo del juicio pleno, cuestión que no se da en los procesos cautelares, donde el Juez, por más que lo intente, -si se atiende a los breves plazos legales-, solo podrá alcanzar una fuerte presunción”. Tal apreciación del fumusbonis iuris, en principio, debe estar fundamentada en un medio de prueba y en la argumentación presentada por el accionante y debe surgir objetivamente de los autos, no de la convicción subjetiva, de la parte solicitante.
Este presupuesto requiere prueba del derecho que se reclame, la cual debe acompañarse como base del pedimento, si no constare ya del propio expediente, pero no vale cualquier clase de prueba; no exige la Ley que sea plena, pero sí que constituya a lo menos presunción grave de aquél derecho. La presunción, según ha sido definida universalmente por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, es la consecuencia que la Ley o el Juez deducen de un hecho conocido para llegar a otro desconocido. Es la definición de Poithier y de Domat; el primero dijo, que era “el juicio que la Ley o el hombre efectuaba acerca de la verdad de una cosa mediante la consecuencia deducida de otra”, y el segundo, que: “era la consecuencia que se deduce de un hecho conocido para poder conocer la verdad de uno incierto de que se busca la prueba”.
Pero el Código de Procedimiento Civil, en el caso en estudio, califica la presunción, la requiere de mucha entidad e importancia probatoria, por eso la exige grave. Al decir nuestra Ley que la presunción debe ser grave quiso, sin duda, referirse a la presumtio violenta, que es un indicio calificado, el cual hace muy verosímil el hecho que trata de deducir o inducir, la Ley ha querido, pues, que entre el hecho que se trata de demostrar o deducir y el demostrado exista “un enlace preciso y directo conforme a las reglas del criterio humano”.
El carácter de gravedad de la presunción por cuanto, como lo señala la doctrina italiana, es materia mejor sentible que definible, corresponde a la soberana apreciación del Juzgador. Una jurisprudencia italiana ha considerado graves, las presunciones “capaces de hacer impresión sobre una persona razonable”, pero, a nuestro ver, la gravedad estriba en que la presunción tenga tal grado de probabilidad que lleve al ánimo del Juez suficiente certeza como para obligarle a creer, que para el momento, está probado el derecho que se reclama en el proceso. La Ley, pues, solo exige un mínimum de probanza, por lo que huelga todo comentario cuando la obligación demandada o “el derecho que se reclame” esté plenamente probado.

IV
PARTE DISPOSITIVA

En orden a lo antes expuesto este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, solicitada por la parte actora en la presente causa, sobre:
Un inmueble propiedad de Sociedad Mercantil “VALERI &BOADA, COMPAÑÍA ANONIMA (VIBCA), inscrita en fecha 04 de febrero del año 1991, por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, anotada bajo el Nº 60, Tomo A-2, Primer Trimestre, expediente Nº 8516, representada por el ciudadano FERNANDO JAVIER UZCATEGUI BOADA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.916.887, constituido por un (1) Local de uso comercial distinguido con el Nº 23, ubicado en el primer piso; con una superficie aproximada de treinta y seis metros con ochenta y ocho centímetros cuadrados (36,88 Mts2), el cual formará parte del conjunto denominado “C.C. El Campito”, ubicado en la Avenida Las Américas, sector El Campito, de la ciudad de Mérida, Jurisdicción de la Parroquia Spinetti Dini, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, cuyo documento de condominio quedó debidamente protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, en fecha nueve (09) de junio del año dos mil veintitrés (2023), anotado bajo el Número 49; Tomo 8; Protocolo de Transcripción del año dos mil veintitrés (2023). La propiedad del terreno sobre el cual se edificó, consta según documento protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Libertador de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil siete (2007), bajo el Nº 16, folio 132 al 139, Protocolo Primero, Tomo Vigésimo Segundo, Cuarto Trimestre del año dos mil siete (2007).
SEGUNDO:No hay pronunciamiento en costas por la naturaleza especial del fallo.
TERCERO:Se acuerda participar, mediante oficio de esta misma fecha, al Registro Público del Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, del decreto dictado por este Tribunal de la presente medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble antes señalado, a los fines de que se estampe la nota marginal conforme al artículo 600 del Código de Procedimiento Civil. Ofíciese.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, cinco (05) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
EL JUEZ TEMPORAL,

ABG. CARLOS A. CALDERÓN GONZÁLEZ
LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABG. JENNY L. PEREZ ROSALES.

En la misma fecha se dictó la sentencia que antecede, siendo las dos y treinta minutos de la tarde y se ofició lo conducente al Registro Público delMunicipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, bajo el número318-2025. Conste.

LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABG. JENNY L. PEREZ ROSALES.

CACG/JLPR/cagf.