TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del
Estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida
Mérida, 14 de agosto de 2025
215º y 166º

ASUNTO: LP61-J-2025-000305.

SENTENCIA Nº 653
SENTENCIA DEFINITIVA

I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Solicitante: ROMINA DEL CARMEN RAMIREZ ANGULO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-20.433.810, domiciliada en la urbanización Doctor Luis Omar Sulbaran, calle C, casa 2, Ejido, parroquia Montalbán, municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, teléfono: 04242750808, correo electrónico: rominaramirez30@gmail.comy civilmente hábil.

Apoderados Judiciales de la solicitante: abogados en ejercicio JOSE GREGORIO MOLINA MOLINA y DANIEL HUMBERTO SANCHEZ MALDONADO, Venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad N° V-10.712.860 y N°5.206.797, bajo los Inpreabogados N° 137.861 y N° 73.648, domiciliados en el estado Bolivariana de Mérida y jurídicamente hábiles.

Motivo: EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD.

II ANTECEDENTES

Ingresa por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida, la solicitud de EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD, con fundamento en el artículo 262 del Código Civil, interpuesta por los ciudadanos JOSE GREGORIO MOLINA MOLINA y DANIEL HUMBERTO SANCHEZ MALDONADO, actuando en nombre y representación de la ciudadana ROMINA DEL CARMEN RAMIREZ ANGULO, en su condición de madre y representante de la niña RISHELL ARAMY CERRADA RAMIREZ, de ocho (08) años de edad, F.N.:06/01/2017 (F 26 y 27).

Mediante autos de fecha 11 de junio de 2025, este Tribunal le dio entrada a la solicitud, formó expediente, hizo las anotaciones estadísticas correspondientes y le dio el curso de ley; asimismo, admitió la solicitud y dio inicio al procedimiento de jurisdicción voluntaria, para lo cual dispuso librar boleta de notificación electrónica al ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS progenitor de la niña de autos y ordenó notificar a la representación del Ministerio Público del estado Bolivariano de Mérida. (F. 28 al 30).

Consta al folio 33 del presente expediente, la resulta positiva de la notificación de la representación del Ministerio Público.

Mediante nota secretarial de fecha 30 de julio de 2025, se dejó constancia de la materialización y certificación de la notificación del ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS, progenitor de la niña de autos (F. 37).

Por auto de fecha 01 de agosto de 2025, este Tribunal fijó oportunidad para celebrar la audiencia única del procedimiento para el día martes 12 de agosto de 2025, a las doce del mediodía (12:00 m.) (F. 38).

Siendo la oportunidad para la celebración de la audiencia única, esto es el 12 de agosto de 2025, previo pregones de ley, este Tribunal levantó acta en la cual se deja constancia de la comparecencia de la solicitante asistida de apoderadojudicial. Presentes los testigos. Se realiza video llamada al progenitor quien se manifiesta de acuerdo con el Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad. Se escucha a la niña de autos de manera presencial y finalmente se declara CON LUGAR la solicitud del EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD, suscrita y presentada por los ciudadanos abogados JOSE GREGORIO MOLINA MOLINA y DANIEL HUMBERTO SANCHEZ MALDONADO apoderados judiciales de la ciudadana ROMINA DEL CARMEN RAMIREZ ANGULO. Finalmente, este Tribunal declaró, entre otros aspectos, se EXCLUYÓ DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD al ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS como PADRE con relación a su hija; por lo que la PATRIA POTESTAD con relación a la niña de autos, SERÁ EJERCIDA SÓLO por la MADRE, ciudadana ROMINA DEL CARMEN RAMIREZ ANGULO; y, finalmente dispuso de un lapso de cinco (05) días de Despacho siguientes a la fecha de la aludida audiencia, para la reproducción completa del fallo (F. 39 y vuelto y 40).

Estando dentro de la oportunidad legal, para dictar sentencia definitiva en el presente asunto, este Tribunal lo hace de la siguiente manera:

III
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La solicitante en su escrito libelar, entre otros hechos narró lo siguiente: que el progenitor de su hija, el ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS, se encuentra actualmente fuera del país, esto es en Estados Unidos de Norteamérica, que procrearon una hija llamada RISHELL ARAMY CERRADA RAMIREZ, de tal manera ha ejercido tanto la custodia, como la responsabilidad de crianza de su hija. Que para distintos actos de la vida de su hijase requiere la aprobación y presencia de ambos padres, y visto que el progenitor se encuentra imposibilitado de ejercer de manera directa la patria potestad, por encontrarse fuera del territorio nacional, solicitó, previo acuerdo con el padre, le sea otorgado el ejercicio unilateral de la patria potestad, en beneficio de su hija.

La institución familiar de la Patria Potestad, se encuentra regulada en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en sus artículos 347 y siguientes, entre los cuales, la definen como el conjunto de deberes y derechos de los progenitores en relación a sus hijos o hijas, que no hayan alcanzado la mayoría de edad. Estos conjuntos de deberes y derechos comprenden: la responsabilidad de crianza, la representación y la administración de los bienes de los hijos sometidos a ella.

Ahora bien, la citada ley especial, instituye que la Patria Potestad y su ejercicio son compartidos por los padres; no obstante, puede ser otorgar a uno solo de ellos, si un órgano jurisdiccional competente, declara: 1) la privación de la patria potestad, de conformidad con el artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 2) la extinción de la patria potestad de conformidad con lo previsto en el artículo 356 eiusdem; o, 3) La exclusión de la patria potestad de conformidad con lo establecido en el artículo 262 del Código Civil.

Sobre este particular, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 0065, de fecha 18 de febrero de 2011, dejó asentado de formar expresa las diferencias entre extinción, privación y exclusión de la patria potestad, a saber:

(...) la patria potestad se pierde por extinción y por privación, esta última es la pérdida de la titularidad que tiene el progenitor por conductas u omisiones graves que atentan contra el infante o el adolescente.

En cambio, la exclusión se refiere a la suspensión del ejercicio de la p.p. debido a que el padre no puede ejercerla por encontrarse en una situación de hecho que le impide hacerlo, sin que ello afecte la titularidad de la p.p., pues, aun cuando no la ejerza, LA MANTIENE.

Por tanto, la exclusión es distinta a la privación o a la extinción, pues se refiere solamente al ejercicio de la patria potestaddel progenitor que no puede cumplir con sus deberes y facultades. (Énfasis propia de este Tribunal).

Ahora bien, en el caso de marras la ciudadana ROMINA DEL CARMEN RAMIREZ ANGULO, madre y representante legal de la niña de autos, pretende se le conceda unilateralmente el ejercicio de la patria potestad, habida consideración que el ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS padre de su hija, no se encuentra en el territorio venezolano; impidiendo trámites que normalmente se requieren de la autorización de ambos padres, fundamentando tal petición en el artículo 262 del Código Civil, en concordancia con la sentencia Nº 284, proferida en fecha 30 de abril de 2014, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Ciertamente, el criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 284, proferida en fecha 30 de abril de 2014, dejó asentado lo siguiente:
(…) que es preciso determinar cuál es la naturaleza jurídica del procedimiento que se sigue para hacer efectiva la “solicitud de ejercicio unilateral de la p.p.”. En este sentido, es importante dejar establecido que este instituto encuentra su regulación en el dispositivo contenido en el artículo 262 del Código Civil, norma de vieja data que no fue derogada por la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, ni por la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

(Omissis)

Advierte la Sala, en este sentido, que como quiera que con el dispositivo legal que comentamos, no se pretende desconocer de manera definitiva ni cuestionar la p.p., ni privar al no presente o a la persona imposibilitada de ejercerla, y habida consideración de que el Legislador no señaló expresamente un procedimiento para su tramitación, el que se siga no debe ser complejo, ni puede tener contención, amén de que bajo ningún concepto puede una resolución judicial dictada con base en este artículo crear cosa juzgada material.

En este sentido advierte la Sala que, en ausencia de una reglamentación legal para su tramitación, su propia naturaleza exige un trámite dinámico y expedito, pues, vista su utilidad práctica y sus limitaciones, no puede pretenderse que el mismo se tramite a través del mismo procedimiento que se emplea para los juicios ordinarios de privación de p.p., en vista de la necesidad inminente que eventualmente planteará el o la solicitante, cuyas circunstancias no permiten una demora. Es decir que, lo correcto con la finalidad perseguida por el dispositivo es recurrir para su trámite a los procedimientos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria.

(Omissis)

Por último, considera esta Sala preciso advertir a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que, en aras de hacer más útil y efectivo el instituto contemplado en el aludido artículo 262 del Código Civil, ante la ausencia de un texto expreso que establezca el procedimiento a seguir, con el propósito de unificar criterios, resulta conveniente que tales solicitudes, de ejercicio unilateral de la p.p., se tramiten conforme a lo establecido en el artículo 517, que forma parte del Capítulo VI que regula el procedimiento de jurisdicción voluntaria en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, empero, como se estableció, será preciso que el Juzgador o juzgadora sea acucioso y exhaustivo con el material probatorio, y deberá tener como norte la búsqueda de la verdad, de conformidad con los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria que caracterizan los procedimientos previstos y regulados por la aludida Ley Orgánica. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece con carácter vinculante para todos los tribunales de la República la utilización del referido procedimiento para tramitar la solicitud a que se refiere el artículo 262 del Código Civil.
En este sentido, el artículo 262 del Código Civil venezolano, prevé:
Artículo 262. En caso de muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, si se hallare alguno de ellos sometido a tutela de entredicho, de haber sido declarado ausente, de no estar presente o cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella, el otro progenitor asumirá o continuará ejerciendo sólo la patria potestad, pero si había sido privado de la misma por sentencia o decisión judicial, no podrá hacerlo sino después que haya sido autorizado o rehabilitado por el mismo Tribunal. (Énfasis propia de este Tribunal).
De la citada norma, se colige cinco (05) supuestos que deviene el ejercicio unilateral de la patria potestad, por parte de uno de los padres del hijo que aún no alcanza la mayoría de edad, a saber: 1) Por muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad; 2) Por la interdicción declarada al padre o a la madre; 3) Por haber sido declarado ausente; 4) Por no estar presente; y, 5) Por cualquier motivo que impedida cumplir con el ejercicio de la patria potestad.
No obstante, los dos (02) primeros supuestos, se encuentran derogados a razón de las causales de extinción –Art. 356, literal c)– y privación –Art. 352, literal h)– de la patria potestad, previstas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Mientras que, los otros tres (03) supuestos, necesariamente, ameritan de la intervención judicial, pues, en el caso de aquel padre o madre declarado ausente, se necesita la declaración judicial, la cual se sigue por un procedimiento especial previsto en los artículos 418 y siguientes del Código Civil; por su parte, el no presente, basta con probar que no se encuentra en el país y cuya existencia no esté en duda –Art. 417 del Código Civil–; y finalmente, con respecto a cualquier motivo que imposibilite al progenitor su ejercicio de la patria potestad, requiere también de un procedimiento con una actividad probatoria rigurosa. En el último supuesto, esto es, cualquier motivo que imposibilite al progenitor su ejercicio de la patria potestad, la citada sentencia Nº 284, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justica, en fecha 30 de abril de 2014, verbigracia: 1) Por salud; 2) Por privación de la libertad; 3) Por secuestro; y, 4) Por desconocimiento absoluto de su paradero. Se entiende entonces, que “cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella”, de conformidad con el artículo 262 de la citada norma sustantiva, es ineludible que se origine por alguna causa, que habilite al otro progenitor a ejercer la patria potestad de manera exclusiva, sin que se trate de la extinción o privación de aquel progenitor que se encuentra impedido, de manera que su utilización está dirigida única y exclusivamente a casos excepcionales, cuya justificación deben ser debidamente comprobables.

Así pues, de conformidad con los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria, esta Juzgador en aras de la búsqueda de la verdad en el presente asunto, pasa de seguidas a analizar y valorar los medios probatorios aportados por la solicitante, en la forma siguiente:

1.-Poder especial notariado ante la notaria Publica Tercera del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, bajo el N° 51, tomo 8, folios 178 al 180, de los libros de autenticación del año 2024, inserto al folio 06 al 08 y vueltos del presente expediente, este tribunal le da pleno valor probatorio, para dar por demostrado que los abogados aquí solicitantes tienen facultad para realizar dicho trámite. Así se declara

2.-Copia certificada de la Acta de Nacimiento N° 09, correspondiente a la niña RISHELL ARAMY CERRADA RAMIREZ, inscrita ante la Unidad de Registro Civil de la parroquia Montalbán, municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, que obran al folio 11 y 12 con sus vueltos del presente expediente; en consecuencia, este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, la valora para dar por comprobado el vínculo materno y paterno filial de los ciudadanos ROMINA DEL CARMEN RAMIREZ ANGULO y RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS , con la niña de autos; así como, la fecha y lugar de su nacimiento. Así se declara.

3.- Copias de las cédulas de identidad del ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS, copia de la cédula de identidad venezolana de la solicitante ROMINA DEL CARMEN RAMIREZ ANGULO; y de los testigos, ciudadanos MARIBEL ANTONIA CONTRERAS DE BARRIOS y ANDRES JESUS BARRIOS CONTRERAS, folios 19 al 20, 15 y 17 del presente expediente. A estas documentales se les otorga pleno valor probatorio de documento público de conformidad con lo previsto en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; para dar por demostrado las identidades de los prenombrados ciudadanos. Así se declara.

4.-Documento de residencia y licencia de conducirdel ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS, emitida por los Estados Unidos de Norteamérica, que obra en los folios 13 y 14 del presente expediente. Este Tribunal las valora para comprobar que el prenombrado ciudadano reside fuera del Territorio nacional. Así se declara.

5.-Constancia de estudio, de la niña de autos, emitidas por la Unidad Educativa Colegio Espíritu Santo del estado Bolivariano de Mérida, que obra al folio 22 del presente expediente. Esta documental se valora por cuanto se evidencia que la prenombradaniñacursa estudios en la entidad merideña. Así se declara.

Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal considera que la solicitante, ciudadana ROMINA DEL CARMEN RAMIREZ ANGULO, circunscribió su pretensión en uno de los supuestos creados por el legislador, por lo cual quedó absolutamente comprobado la justificación del motivo que el padre de su hija, la niña de autos, se encuentra impedido para ejercer la patria potestad con relación a su hija, tal como fue alegado por la progenitora en el escrito libelar y ratificado durante el desarrollo de la audiencia única del procedimiento celebrada en fecha 12 de agosto de 2025; razón por la cual, a criterio de este sentenciador, la pretensión propuesta debe prosperar y así debe ser declarado; lo que trae como consecuencia la exclusión del ejercicio de la patria potestad del ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS, como padre con relación a su hija, la niña de autos, por encontrarse en una situación de hecho –no presente en el país– que le impide hacerlo, sin que ello afecte su titularidad; y por ende se suspende provisionalmente el ejercicio de la patria potestad que corresponde al prenombrado ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS, como padre con relación a su hija; a tal efecto, la patria potestad dela referidaniña de autos, será ejercida sólo por la madre, ciudadana ROMINA DEL CARMEN RAMIREZ ANGULO; con el bien entendido, que el ejercicio unilateral de la patria potestad comprende el ejercicio de la responsabilidad de crianza, de la representación y administración de los bienes de la niña de autos; y por consiguiente la ciudadana progenitora en el ejercicio unilateral de la Patria Potestad, podrá realizar cualquier acto de representación y/o administración, ante cualquier autoridad judicial o administrativa competente en Venezuela, o ante cualquier otro país, sin necesidad del consentimiento del padre, ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS, por encontrase suspendido del ejercicio de la patria potestad; tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide.

IV DECISIÓN

En mérito de los razonamientos que anteceden, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, SEDE MÉRIDA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: CON LUGAR la solicitud del EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD, suscrita y presentada por los abogados en ejercicio JOSE GREGORIA MOLINA MOLINA y DANIEL HUMBERTO SANCHEZ MALDONADO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-10.712.860 y 5.206.797, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 137.861 y 73.648, domiciliados en la ciudad de Mérida del estado Bolivariano de Mérida y jurídicamente hábiles, conforme al poder notariado otorgado ante la Notaria Pública Tercera de Mérida, del estado Bolivariano de Mérida, en fecha 14/03/2024, que obra a los folios 06 al 10 con vueltos del presente expediente; actuando en representación de la ciudadana ROMINA DEL CARMEN RAMIREZ ANGULO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-20.433.810, domiciliada en la urbanización Doctor Luis Omar Silbaran, calle C, casa 2, Ejido, parroquia Montalbán, municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, y civilmente hábil.

SEGUNDO: SE EXCLUYE DEL EJERCICIODE LA PATRIA POTESTAD al ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-18.309.143, domiciliado en los Estados Unidos de Norte América, teléfono móvil: +1.832.525.26.27, correo electrónico: richardcerr@gmail.com, y civilmente hábil, y civilmente hábil,por encontrarse en una situación de hecho que le impide hacerlo, sin que ello afecte su titularidad; quedando entonces SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD como PADRE con relación a su hija, la niña RISHELL ARAMY CERRADA RAMIREZ, de ocho (08) años de edad, F.N.:06/01/2017.

TERCERO: LA PATRIA POTESTAD con relación a la niña RISHELL ARAMY CERRADA RAMIREZ, SERÀ EJERCIDA SÓLO por la MADRE, ciudadana ROMINA DEL CARMEN RAMIREZ ANGULO. Con el bien entendido que el ejercicio unilateral de la Patria Potestad comprende el ejercicio de la Responsabilidad de Crianza, de la representación y administración de los bienes de la prenombrada niña y por consiguiente, la progenitora, podrá realizar cualquier acto de representación y/o administración, ante cualquier autoridad judicial o administrativa competente en Venezuela, o ante cualquier otro país, sin necesidad del consentimiento del ciudadano RICHARD ALFONSO CERRADA CONTRERAS, por encontrase suspendido del ejercicio de la patria potestad.

CUARTO: Se le aclara a la parte interesada que la presente decisión no produce cosa juzgada material.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, en la ciudad de Mérida, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).- Años 215º de la Independencia y 166º de la Federación.
El Juez Provisorio,

Abg. Neptali José Villalobos Parra.

La Secretaria Titular

Abg. Yelimar Vielma Márquez

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 12:59pm. Se asentó y registró en el Índice de Copiador de Sentencias los datos del fallo in commento; sin embargo, no se agrega en físico al mencionado copiador, en virtud que este órgano jurisdiccional no cuenta con los insumos necesarios para su reproducción fotostática. Se deja constancia, que la anterior decisión se encuentra registrada en Documento Word 0 del Sistema Juris 2000, por ende téngase la misma como copia digitalizada. Asimismo, se deja constancia que dicha decisión se tiene registrada en formato PDF, según Resolución N° 2016-0021, de fecha 14 de diciembre de 2016, emanada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Conste, en la ciudad de Mérida, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

La Secretaria Titular

Abg. Yelimar Vielma Márquez
NJVP/YVM/tf