TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

215º y 166º

I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

EXPEDIENTE Nº: 11.971

PARTE DEMANDANTE: LABORATORIOS ZUZU C.A., Sociedad Mercantil domiciliada originalmente en la ciudad de Guarenas, Municipio Plaza del estado Miranda, inscrita en fecha 17/SEPTIEMBRE/2021 ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, bajo el N° 22, Tomo 146-A, R.I.F. N° J501522952.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogados JOSE RICARDO COLINA BORRERO, LUIS MANUEL ALCALA GUEVARA, ALEJANDRO ANTONIO REYES-ZUMETA CORDOBA, CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ SALAZAR, SAYURI VIRGINIA RODRIGUEZ QUILARQUEZ, NELLY JOSEFINA RAMIREZ CARRERO, LUIS EDUARDO MEDINA GALLANTI, OMAIRETH YASMILA AGUILERA MARTINEZ, LUIS RODOLFO ROSAS GUERRA y REINALDO JOSE CHALBOUD BRAVO venezolanos, mayores de edad, titular de las cédulas de identidad números V-7.730.177, V-11.383.329, V-6.097.124, V-4.517.745, V-13.497.559, V-8.083.778, V-12.630.587, V-17.971.253, V-8.441.872 y V-8.019.670, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 29.113, 62.736, 22.682, 17.879, 86.704, 60.952, 75.666, 132.147, 68.775 y 23.620, respectivamente, de este domicilio y jurídicamente hábiles.

PARTE DEMANDADA: DROGUERIA CER, C.A. Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, en fecha 01-11-2005, bajo el N° 22, Tomo A-31, contenida en el expediente administrativo llevado en el referido Registro Mercantil con el N° 35010, R.I.F. J314356275, en cualquiera de las personas o representantes que ejercen los cargos de la Junta Directiva: Gerente General: ALBERTO ENRIQUE ECHEVERRI RUIZ, titular de la cédula de identidad N° V-7.978.181; Gerente de Comercialización: IVAN JOSE ALARCON CLAVIJO, titular de la cédula de identidad N° V-11.951.205 y Gerente Administrativo: BERMEN MENGORY MONTES, titular de la cédula de identidad N° V-11.951.341.

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION (Cuaderno de Medida de Embargo).
II
RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
Mediante auto de fecha 24/NOVIEMBRE/2025, inserto al expediente principal, se admitió la demanda de cobro de bolívares por intimación, interpuesta por la abogada NELLY JOSEFINA RAMIREZ CARRERO, en su carácter de co-apoderada judicial de la parte actora LABORATORIOS ZUZU C.A., contra LA DROGERIA CER, C.A.

Mediante diligencia de fecha 08/AGOSTO/2025, que corre inserta al folio 21 del presente cuaderno de medida de embargo, la abogada NELLY JOSEFINA RAMIREZ CARRERO, co-apoderada judicial de la parte actora, ratifica la medida de embargo preventivo solicitada en el libelo de la demanda.

En fecha 04/DICIEMBRE/2025, el Tribunal dictó auto ordenando la apertura del presente cuaderno.

Este Tribunal para decidir hace previamente las siguientes consideraciones:

III
MOTIVOS DE HECHO Y DERECHO PARA DECIDIR

PRIMERA: Dentro del procedimiento referente a las medidas preventivas siempre se apertura un cuaderno separado en orden a lo consagrado en el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, cuaderno éste que se encuentra totalmente vinculado al juicio principal que le dio origen, aun cuando el mismo tiene una autonomía relativa, pues se desprende del proceso que se encuentra en curso.

SEGUNDA: Para pronunciarse sobre la medida, este Tribunal debe escudriñar la naturaleza del proceso cautelar, y de las medidas precautelativas, que como bien lo enseña el maestro FRANCESCO CARNELLUTTI, en su obra: Instituciones del Proceso Civil, sirven para garantizar las resultas del proceso, “Constituyen una cautela”, para el buen fin de otro proceso (Definitivo), y, dada la naturaleza propia de las providencias cautelares, las cuales como expresa el autor PIERO CALAMANDREI, proveen a eliminar el peligro mediante la constitución de una relación provisoria, pre-ordenada al mejor rendimiento práctico de la futura providencia principal.

Al respecto, advierte este Juzgado que las medidas cautelares son parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa, teniendo su base en la propia función del Juez de juzgar y ejecutar lo juzgado y pueden ser utilizadas, siempre que cumplan los dos requisitos esenciales del periculum in mora y del fumus boni iuris, de la forma más amplia para garantizar la eficacia de la sentencia que decida sobre el fondo de la controversia.

En efecto, la emisión de cualquier medida cautelar, tal como lo disponen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, está condicionada al cumplimiento concurrente de dos requisitos: que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger con la cautelar, como del riesgo manifiesto de que pueda quedar o hacerse ilusoria la ejecución del fallo estableciendo la norma que el solicitante de la medida, tiene la carga de acreditar ante el Juez, haciendo uso de los medios de prueba que confiere el ordenamiento, la señalada presunción.

En lo que respecta a ésta presunción del buen derecho, la jurisprudencia venezolana ha considerado que esa “apariencia del buen derecho”, se determina a través de un preventivo cálculo o juicio sumario de verosimilitud sobre el derecho del demandante y sobre las probabilidades de éxito de la demandada, sin que tal análisis suponga un pre-juzgamiento del fondo del asunto, por cuanto las medidas cautelares son instrumentales, provisionales y dictadas con base a un conocimiento incompleto, siendo que la sentencia definitiva podría confirmar o revocar lo estimado por vía cautelar. En este sentido, no puede exigirse la certeza del derecho invocado, justamente porque, tal como lo indica la doctrina nacional, ello “es un atributo del juicio pleno, cuestión que no se da en los procesos cautelares, donde el Juez, por más que lo intente, -si se atiende a los breves plazos legales-, solo podrá alcanzar una fuerte presunción”. Tal apreciación del fumus boni iuris, en principio, debe estar fundamentada en un medio de prueba y en la argumentación presentada por el accionante y debe surgir objetivamente de los autos, no de la convicción subjetiva, de la parte solicitante.

Este presupuesto requiere prueba del derecho que se reclame, la cual debe acompañarse como base del pedimento, si no constare ya del propio expediente, pero no vale cualquier clase de prueba; no exige la Ley que sea plena, pero sí que constituya a lo menos presunción grave de aquél derecho. La presunción, según ha sido definida universalmente por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, es la consecuencia que la Ley o el Juez deducen de un hecho conocido para llegar a otro desconocido. Es la definición de Poithier y de Domat; el primero dijo, que era “el juicio que la Ley o el hombre efectuaba acerca de la verdad de una cosa mediante la consecuencia deducida de otra”, y el segundo, que: “era la consecuencia que se deduce de un hecho conocido para poder conocer la verdad de uno incierto de que se busca la prueba”.

Pero el Código de Procedimiento Civil, en el caso en estudio, califica la presunción, la requiere de mucha entidad e importancia probatoria, por eso la exige grave. Al decir nuestra Ley que la presunción debe ser grave quiso, sin duda, referirse a la presumtio violenta, que es un indicio calificado, el cual hace muy verosímil el hecho que trata de deducir o inducir, la Ley ha querido, pues, que entre el hecho que se trata de demostrar o deducir y el demostrado exista “un enlace preciso y directo conforme a las reglas del criterio humano”.

El carácter de gravedad de la presunción por cuanto, como lo señala la doctrina italiana, es materia mejor sentible que definible, corresponde a la soberana apreciación del Juzgador. Una jurisprudencia italiana ha considerado graves, las presunciones “capaces de hacer impresión sobre una persona razonable”, pero, a nuestro ver, la gravedad estriba en que la presunción tenga tal grado de probabilidad que lleve al ánimo del Juez suficiente certeza como para obligarle a creer, que para el momento, está probado el derecho que se reclama en el proceso. La Ley, pues, solo exige un mínimum de probanza, por lo que huelga todo comentario cuando la obligación demandada o “el derecho que se reclame” esté plenamente probado.

TERCERA: La jurisprudencia ha señalado que: “el peligro en la demora a los efectos de la medida precautoria, surge de la sola duración del proceso; la prolongación de un lapso más o menos largo siempre le crea un riesgo a la justicia”. De manera, que se encuentra acreditada fehacientemente, la posibilidad de enajenar el inmueble por parte de la accionada, lo cual genera la presunción del buen derecho y existe el periculum in mora, con la notoria tardanza de los procesos ordinarios, por todo lo cual, este Tribunal encuentra completos estos dos presupuestos para el decreto de la cautelar solicitada.

Vale decir, no debe el Juez de Instancia buscar elementos distintos del fumus boni iuris y el periculum in mora, para cada medida cautelar que se decrete, pues basta la existencia de tales elementos para que el Juez de la causa decrete las medidas cautelares necesarias, para cumplir con el objeto de tal Institución procesal, siendo que para el maestro CARNELLUTTI, tal objeto consiste en la garantía del desarrollo o resultado de otros procesos; para CALAMANDREI, es una anticipación provisoria de los efectos de la garantía jurisdiccional; para COUTURE, la finalidad de las medidas cautelares es la de restablecer la significación económica del litigio, con el objeto de asegurar la eficacia de la sentencia; para GUASP, la finalidad es que no se disipe la eficacia de una eventual resolución judicial; por lo que basta que el Juzgador encuentre los elementos de la presunción grave del derecho que se reclama y del peligro en la demora, para decretar cualquier otra medida típica, de las establecidas en el Código de Procedimiento Civil, de manera tal que habiéndose establecido los presupuestos procesales up supra señalados, es por lo que está suficientemente fundamentado el decreto de la medida de embargo, y así se decide.

IV
DISPOSITIVA

En orden a lo antes expuesto este Juzgado Segundo de la Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA EMBARGO, solicitada por la parte actora en la presente causa, sobre: Bienes propiedad de la demandada, Sociedad Mercantil DROGUERIA CER, C.A., hasta por la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD 85.957,52), que representa el doble de la suma de dinero liquida, exigible y de plazo vencido, monto que convertido en bolívares para el momento de la interposición de la demanda, al cambio oficial de 224,34 Bs., arroja la cantidad de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ BOLIVARES CON 03 CENTIMOS (Bs. 19.283.710,03), más la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (USD 5.251,20) por concepto de intereses o su equivalente en bolívares la cantidad de UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 1.178.054,20), a la tasa del Banco Central de Venezuela (224,34), más la cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (USD 14.468,98) o su equivalente en bolívares la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA BOLIVARES CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 3.245.970,97) por concepto de honorarios profesionales calculados prudencialmente por este Tribunal, con la advertencia de que si el embargo recayere sobre cantidad líquida de dinero, éste sólo se ejecutará hasta por la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (USD 42.978,76), monto que convertido en bolívares para el momento de la interposición de la demanda, es la cantidad de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLIVARES CON UN CENTIMO (Bs. 9.641.855,01) según la tasa del Banco Central de Venezuela (224,34), más la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (USD 5.251,20) por concepto de intereses o su equivalente en bolívares la cantidad de UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 1.178.054,20), a la tasa del Banco Central de Venezuela (224,34), más la cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (USD 14.468,98) o su equivalente en bolívares la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA BOLIVARES CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 3.245.970,97) por concepto de honorarios profesionales calculados prudencialmente por este Tribunal.

SEGUNDO: No hay pronunciamiento en costas por la naturaleza especial del fallo.

TERCERO: Para la práctica de la medida de embargo se comisiona al Tribunal Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida. Fórmese el despacho, désele salida y remítase con oficio al Juzgado comisionado.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, 04 de diciembre de 2025.
EL JUEZ PROVISORIO,

MIGUEL ANGEL MONSALVE-RIVAS.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

MARIANA QUINTERO.
En la misma fecha se dictó la sentencia que antecede, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) y en la misma fecha se libró la comisión y se remitió al Tribunal Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, con oficio N° 673 -2.025. Conste.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

MARIANA QUINTERO.
MAMR/MQ/dsf.-
Exp. 11.971.-