TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control N° 01 del Estado Mérida
Mérida, 31 de enero de 2025
214º y 165º

ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2024-001056
ASUNTO : LP01-P-2024-001056
AUTO DE NULIDAD DEL ACTO CONCLUSIVO
Por cuanto en fecha 29 de enero de 2025, fecha fijada para la realización de la audiencia preliminar en la presente causa seguida en contra de la ciudadana YOLIMAR DEL SOCORRO GUZMAN PEÑA, se anuló el escrito acusatorio presentado por la Fiscalía Octava del Ministerio Público del Estado Mérida, este Juzgado acuerda motivar la resolución respectiva de la siguiente manera:
En fecha 30/12/2024, la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público del Estado Mérida, presentó escrito acusatorio en contra de la imputada ya antes identificada, por ser la presunta autora del delito de TRAFICO ILÍCTO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el encabezado del artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numerales 5 y 7, todos de la Ley Orgánica de Droga, en perjuicio del Estado Venezolano.
Señala la defensa privada del encartado de autos, que en fecha 27/12/2024 presentó ante la Fiscalía del Ministerio Público, solicitud de práctica de diligencias de investigación, y que tal y como consta al folio 93 del expediente principal, el despacho fiscal emitió una resolución mediante la cual niega la práctica de las mismas, sin embargo, no es sino hasta el día 07 de enero de 2025, que mediante oficio N° 14-DCD-F16-0007-2025, que el referido despacho remite a este tribunal, once (11) folios y entre ellos, la resolución fiscal dirigida a los defensores privados Yenny Arias e Ivan Suarez, más de la referida notificación librada mediante oficio, no consta ni en el expediente, ni al pie de página del folio 93, ni al dorso del mismo folio, que se haya hecho efectiva la debida notificación a los interesados, de la resolución fiscal.
En consecuencia, es necesario citar las siguientes disposiciones legales referentes al régimen de nulidades, con el propósito de restablecer el derecho lesionado al imputado y sanear el presente proceso.
Artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal:
“Los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las condiciones previstas en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, no podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado…”.
Artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal:
“Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República…”.
Artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal:
“Los actos defectuosos deberá ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado.
Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, no se podrán retrotraer el proceso a periodos ya precluidos, salvo los casos expresamente señalados por este Código”
Artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal:
“Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. El auto que acuerde la nulidad deberá individualizar plenamente el acto viciado u omitido, determinará concreta y específicamente, cuáles son los actos anteriores o contemporáneos a los que la nulidad se extiende por su conexión con el acto anulado, cuáles derechos y garantías del interesado afecta, cómo los afecta, y, siendo posible, ordenará que se ratifiquen, rectifiquen o renueven. En todo caso, no procederá tal declaratoria por defectos insustanciales en la forma. En consecuencia, sólo podrán anularse las actuaciones fiscales o diligencias judiciales del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad.
Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento. El Juez procurará sanear el acto antes de declarar la nulidad de las actuaciones”.
Artículo 180 del Código Orgánico Procesal Penal:
“La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, conlleva la de los actos consecutivos que del mismo emanaren o dependieren…”.
Así las cosas, éste tribunal en ejercicio del control judicial conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, que ha hecho de las actuaciones que rielan en el expediente, verifica al folio 93, resolución fiscal mediante la cual el representante fiscal, niega las diligencias de investigación solicitadas por los defensores privados en fecha 27 de diciembre de 2024. Sin embargo, no consta en la totalidad del expediente la respectiva resulta de la notificación librada a los solicitantes, acerca de la negativa fiscal, ello en franco cumplimiento del debido proceso, y en aras de garantizar el derecho a la defensa que le asiste al justiciable, pues tal previsión fue establecida por el legislador con el objeto nazca para el interesado el derecho al ejercicio de mecanismos procesales que le provee la norma adjetiva penal cuando considere que las diligencias solicitadas son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos en beneficio de su representado.
De lo anterior, es evidente que se violentó el derecho a la defensa del justiciable, por lo que es preciso para quien aquí decide, acogerse a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y resolver retrotaer la causa a la fase de investigación a fin que se garantice el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Asimismo, teniendo en consideración criterio jurisprudencial emanado de la Sala de Casación Social, mediante Sentencia de fecha 06/11/2013, magistrada Ponente Yanina Beatriz Karabin De Díaz, exp. 2012-116, la cual estableció.

“Ello es así, por cuanto en el esclarecimiento de los hechos punibles, no debe limitarse ninguna evidencia, indicio o sospecha, por resultar urgente examinar todos los elementos relacionados con el hecho y recabar las informaciones necesarias y los medios de prueba, antes de que desaparezcan; de allí precisamente que no se colige del acto conclusivo que la representación del Ministerio Público, en el presente caso, haya procurado la práctica de todas las diligencias pertinentes en la presente causa, obviando su deber de ser exhaustivo durante la investigación, a pesar de que en el presente caso existieron otros elementos indiciantes para la resolución del mismo; ello es así, pues los Fiscales del Ministerio Público deben ejercer las atribuciones que le han sido asignadas de una manera diligente; de allí precisamente, que, debe entenderse en función del propósito de la fase preparatoria que la realización de diligencias encaminadas a establecer los hechos mediante la investigación es fundamental y la realización de estas diligencias delimita el propósito de la fase investigativa, por cuanto al final de esta etapa el Ministerio Público habrá adquirido el convencimiento de que cuenta con datos suficientes para acusar o no a una o varias personas, por tal motivo ello implica buscar, identificar y localizar los datos de prueba que posteriormente presentará al formular la acusación. Por consiguiente, dicha omisión comporta una censurable inobservancia de aquellas reglas procesales vinculadas con el derecho a la defensa. De allí que, se exhorta a esa representación fiscal, así como a los demás órganos auxiliares encargados de la práctica de diligencias investigativas, que en lo sucesivo ajusten su proceder a la Constitución y demás normas, así como a los postulados que garantizan a cada persona el ejercicio cabal de su derecho a la defensa en el marco de un debido proceso jurisdiccional, para evitar situaciones como las aquí expuestas”.

De lo anterior se deduce, una violación al debido proceso en perjuicio del derecho a la defensa de la imputada garantizado en el artículo 49, numeral 1°, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
Asimismo, observa esta juzgadora que el ministerio público en el acápite 4 del escrito acusatorio se aparta de la agravante contenida en el numeral 7 del artículo 163 de la Ley Orgánica de Drogas, sin señalar al Tribunal las razones de hecho y de derecho por las cuales no acusó por la referida agravante, y en consecuencia la respectiva solicitud de desestimación de la misma, violentándose con tal omisión, el debido proceso y el derecho a la defensa de la encartada de autos.
A la luz de las consideraciones precedentes, lo ajustado a Derecho en el presente caso es declarar la nulidad absoluta de la acusación emanada de la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público del estado Mérida, así como de los actos subsiguientes, y retrotraer el proceso a la fase de investigación a fin de que se prescinda de los vicios detectados y se garantice el derecho el debido proceso y el derecho a la defensa. Así se decide.
DECISIÓN:
POR TODOS LOS RAZONAMIENTOS ANTES EXPUESTOS, ESTE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL N° 01 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Declara: PRIMERO: Conforme a lo dispuesto en los artículos 24, 26, 49, numeral 1° y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 174, 175 y 176 del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta la nulidad del escrito acusatorio presentado por la Fiscalía Decima Sexta del Ministerio Público del Estado Mérida, contra la imputada YOLIMAR DEL SOCORRO GUZMAN PEÑA, por cuanto su presentación se realizó en violación al debido proceso y derecho a la defensa de la imputada, como se explicó en la motivación de la presente decisión, en consecuencia se retrotrae el proceso a la fase de investigación a fin de que se prescinda de los vicios detectados y se garantice el debido proceso y el derecho a la defensa. Y así se decide. La presente decisión está siendo publicada dentro del lapso legal correspondiente. Se omite notificar a las partes Cúmplase.
Publíquese, diarícese y regístrese.

LA JUEZ DE CONTROL N° 1
ABG. MARY YESENYA VERGARA RODRIGUEZ

LA SECRETARIA
ABG. ___________________

En fecha __________ se dio cumplimiento a lo ordenado mediante notificaciones N° ____________________________________. Conste Sria.