TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

P O D E R J U D I C I A L
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2018002506

AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA

Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación realizada por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante comunicación N° TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha 20/12/2024 según acta N° 105 del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, mediante la presente me aboco al conocimiento de la presente causa. Visto el escrito presentado por el represéntate de la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, la cual, en el uso de sus atribuciones legales, presenta solicitud de DESESTIMACION de la causa penal signada con el número de expediente fiscal DES-8428-2018, en la cual se interpuso denuncia en fecha 27 de julio de 2018, por parte de MAURICIO MARIN FONTECHA en su condición de denunciante, en contra LUIS ALFONSO LEON ALVARADO, procede este órgano jurisdiccional a pronunciarse del mismo en los siguientes términos.

DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DENUNCIA

En fecha 02 de agosto de 2018, la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público recibió actuaciones provenientes de la Fiscalía Superior, en relación con la denuncia formulada por el ciudadano Mauricio Marín Fontecha, titular de la cédula de identidad V-26.667.046.

El denunciante manifestó que en fecha 17 de agosto de 2017, constituyó de manera privada una sociedad comercial con el ciudadano Luis Alfonso León Alvarado, con el propósito de administrar una carnicería ubicada en la Avenida Principal Santa Juana, Edificio Cárdenas, planta baja, local N° 03.

Posteriormente, en fecha 10 de septiembre de 2018, el denunciante mandó a elaborar un portón de seguridad para resguardar el negocio. Sin embargo, debido a diferencias personales, la relación comercial entre ambos socios llegó a su fin. Ante esta situación, el denunciante solicitó al ciudadano Luis Alfonso León Alvarado que le reembolsara el costo del portón o, en su defecto, se lo devolviera, ya que el mismo tuvo un valor de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00). No obstante, el denunciado se ha negado de manera extraña y agresiva a cumplir con la solicitud de devolución o pago del bien en cuestión.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La desestimación, como institución procesal consagrada en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, se erige como un mecanismo de depuración del proceso penal, destinado a evitar la persecución de hechos que, ab initio, carecen de relevancia penal, cuya acción se encuentra irremediablemente prescrita o respecto de los cuales existe un obstáculo legal insuperable que impida su prosecución. Se trata, en definitiva, de un instituto que permite al Estado, a través del Ministerio Público y bajo el control judicial, racionalizar el ejercicio del ius puniendi, garantizando que la acción penal no sea empleada de manera arbitraria o desproporcionada, en menoscabo del principio de economía procesal y de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Desde el plano procedimental, la desestimación opera como una facultad exclusiva del Ministerio Público, quien, en el ejercicio de su función de titular de la acción penal y garante de la legalidad, debe evaluar las denuncias y querellas recibidas para determinar si ameritan el inicio de una investigación penal. Conforme al artículo 283 eiusdem, el fiscal dispondrá de un lapso de treinta días hábiles contados a partir de la recepción de la denuncia o querella para solicitar fundadamente al juez de control la desestimación del caso, cuando advierta que el hecho denunciado no constituye delito, que la acción penal ha prescrito o que concurre un obstáculo legal que impida el desarrollo del proceso. Dicha prerrogativa, sin embargo, no es absoluta, ya que la solicitud del Ministerio Público está sujeta a la revisión judicial, correspondiendo al juez de control verificar la corrección de la motivación expuesta y la concurrencia de los supuestos que justifican la desestimación.

En atención a los hechos expuestos, se observa que la controversia planteada en la denuncia formulada por el ciudadano Mauricio Marín Fontecha se circunscribe a una disputa de carácter patrimonial derivada de una relación comercial y societaria, la cual, al extinguirse por diferencias personales entre las partes, generó una reclamación sobre la titularidad y devolución de un bien adquirido para la seguridad del establecimiento comercial.

Dicho conflicto, en esencia, corresponde al ámbito del derecho civil y mercantil, toda vez que se trata de una relación contractual entre particulares, en la que el denunciante reclama el pago o la restitución de un bien, en este caso, un portón valorado en cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00). La negativa del denunciado Luis Alfonso León Alvarado a devolver dicho bien no configura, en sí misma, un ilícito penal que amerite la intervención del Ministerio Público, sino que constituye una disputa de naturaleza patrimonial, que debe ventilarse mediante las vías ordinarias del derecho privado, específicamente ante la jurisdicción civil o mercantil, según corresponda.

Aunado a ello, no se evidencia la concurrencia de elementos típicos que configuren un delito penal, ya que la negativa del denunciado a restituir el bien no se enmarca dentro de las disposiciones del Código Penal en materia de apropiación indebida o cualquier otra figura penal que justifique el ejercicio de la acción penal de oficio. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara en establecer que los conflictos de índole contractual o patrimonial deben resolverse a través de los mecanismos judiciales correspondientes en la jurisdicción civil o mercantil, y no mediante la intervención del aparato penal del Estado.

Por lo tanto, dada la ausencia de un tipo penal que permita la intervención del Ministerio Público, se concluye que el presente caso no reúne los requisitos necesarios para su tramitación en el ámbito penal, quedando a salvo el derecho del denunciante de acudir a las instancias judiciales competentes a fin de reclamar sus derechos por la vía correspondiente.

El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal, sino que incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara al sostener que "la desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a la depuración del proceso penal, el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo lugar, ella basta por sí sola, por cuanto no depende de ninguna comprobación sustancial del hecho denunciado o querellado" (Sentencia N° 569 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento de la desestimación radica en la prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la arbitrariedad y garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de viabilidad jurídica.

Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación puede derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará la desestimación y ordenará la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas, salvo que se modifiquen las circunstancias que motivaron la decisión. En cambio, si el juez considera improcedente la desestimación, ordenará la continuación de la investigación. Esta dualidad decisoria garantiza un control judicial efectivo sobre el ejercicio del poder punitivo del Estado, evitando que el Ministerio Público adopte criterios discrecionales que desnaturalicen su función investigativa.

Adicionalmente, la decisión que acuerda la desestimación no es absolutamente inmutable, pues el ordenamiento jurídico consagra el derecho de la víctima a impugnarla mediante el recurso de apelación, en un lapso de cinco días contados a partir de su publicación. En este sentido, la Sala de Casación Penal ha reiterado que "la desestimación de la denuncia se origina y deviene procedimentalmente antes del comienzo de la investigación por parte del Ministerio Público, con el objeto de evitar el inicio de un proceso penal, concluyendo que tal actuación procesal no puede ser recurrible en casación al no circunscribirse dentro de los supuestos de admisión previstos en el ya citado artículo 451 de la ley adjetiva penal" (Sentencia N° 569, op. cit.). Esta precisión jurisprudencial ratifica la delimitación del alcance de los medios de impugnación en relación con la desestimación, consolidando su carácter excepcional dentro del proceso penal.

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y derechos analizadas en el presente asunto, este Tribunal Quinto en Funciones de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la solicitud de DESESTIMACIÓN solicitada por la representación del Ministerio Público, en cuanto a la denuncia interpuesta por MAURICIO MARIN FONTECHA en contra de la ciudadana LUIS ALFONSO LEON ALVARADO de conformidad a lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal que la misma NO REVISTE CARÁCTER PENAL. SEGUNDO: Se acuerda notificar a las partes de la presente decisión. TERCERO: Una vez firme la presente decisión se ordena a tenor de lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal remitir las presentes actuaciones a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, a los fines que proceda al archivo de estas. ASÍ SE DECIDE. Cúmplase. –

ABG. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ
JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

LA SECRETARIA

ABG. LILIANA CAROLINA MARQUEZ ESCALONA