REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
P O D E R J U D I C I A L
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.
ASUNTO PRINCIPAL: LP01P207007589
AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA
Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación realizada por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante comunicación N° TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha 20/12/2024 según acta N° 105 del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, mediante la presente me aboco al conocimiento de la presente causa. Visto el escrito presentado por el represéntate de la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, la cual, en el uso de sus atribuciones legales, presenta solicitud de DESESTIMACION de la causa penal signada con el numero de expediente fiscal DES-17009-2017, en la cual se interpuso denuncia en fecha 29 de septiembre de 2017, por parte de ZULAY PEREZ DIAZ en su condición de denunciante, en contra , procede este órgano jurisdiccional a pronunciarse del mismo en los siguientes términos.
DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DENUNCIA
En fecha 02 de octubre de 2017, la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público recibió actuaciones remitidas por la Fiscalía Superior, en relación con el escrito presentado por la ciudadana ZULAY PÉREZ DÍAZ, titular de la Cédula de Identidad No. 8.002.388, mediante el cual formula denuncia contra el ciudadano ÓSCAR ENRIQUE PÉREZ DÍAZ, por hechos que, según su dicho, atentan contra la seguridad e integridad de las personas que habitan en el mismo inmueble que ocupa el denunciado.
Según lo manifestado por la denunciante, el ciudadano ÓSCAR ENRIQUE PÉREZ DÍAZ ha adoptado una conducta agresiva verbal, generando un ambiente de hostilidad y afectando la convivencia familiar, además de poner en riesgo la salud física y emocional de los niños que han presenciado estos eventos. La denunciante sostiene que el comportamiento del denunciado es recurrente y ha afectado la armonía del núcleo familiar.
Asimismo, refiere que el denunciado presuntamente incurre en estados de embriaguez de manera habitual, situación en la que profiera improperios y adopte actitudes que perturban la tranquilidad de los demás habitantes del inmueble. Indica además que el ciudadano ÓSCAR ENRIQUE PÉREZ DÍAZ ha tratado de impedir el libre desplazamiento y el uso del área del baño y sus adyacencias, bajo el argumento de que es el legítimo propietario del inmueble.
Finalmente, la denunciante señala que, en un intento por solucionar la situación, se han agotado diversas instancias y mecanismos de conciliación, llegando incluso a la firma de acuerdos y compromisos entre las partes. No obstante, afirma que dichos acuerdos han sido incumplidos de manera reiterada por parte del denunciado, lo que ha generado la persistencia de la situación conflictiva y el deterioro de la convivencia en el inmueble.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La desestimación, como institución procesal consagrada en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, se erige como un mecanismo de depuración del proceso penal, destinado a evitar la persecución de hechos que, ab initio, carecen de relevancia penal, cuya acción se encuentra irremediablemente prescrita o respecto de los cuales existe un obstáculo legal insuperable que impida su prosecución. Se trata, en definitiva, de un instituto que permite al Estado, a través del Ministerio Público y bajo el control judicial, racionalizar el ejercicio del ius puniendi, garantizando que la acción penal no sea empleada de manera arbitraria o desproporcionada, en menoscabo del principio de economía procesal y de la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Desde el plano procedimental, la desestimación opera como una facultad exclusiva del Ministerio Público, quien, en el ejercicio de su función de titular de la acción penal y garante de la legalidad, debe evaluar las denuncias y querellas recibidas para determinar si ameritan el inicio de una investigación penal. Conforme al artículo 283 eiusdem, el fiscal dispondrá de un lapso de treinta días hábiles contados a partir de la recepción de la denuncia o querella para solicitar fundadamente al juez de control la desestimación del caso, cuando advierta que el hecho denunciado no constituye delito, que la acción penal ha prescrito o que concurre un obstáculo legal que impida el desarrollo del proceso. Dicha prerrogativa, sin embargo, no es absoluta, ya que la solicitud del Ministerio Público está sujeta a la revisión judicial, correspondiendo al juez de control verificar la corrección de la motivación expuesta y la concurrencia de los supuestos que justifican la desestimación.
En atención a los hechos expuestos, se constata que la conducta atribuida al ciudadano Óscar Enrique Pérez Díaz no reviste carácter penal, en la medida en que los eventos descritos en la denuncia no configuran un ilícito penal tipificado en la legislación vigente, sino que corresponden a una situación de conflictividad familiar y de convivencia que debe ser encauzada por vías distintas a la jurisdicción penal.
Del análisis de los hechos, se desprende que la denunciante alega una conducta de hostilidad verbal y presuntas restricciones en el uso de espacios comunes dentro del inmueble, lo cual, si bien puede generar inconvenientes en la convivencia, no encuadra en una figura delictiva conforme al principio de legalidad penal. La sola actitud agresiva en el marco de disputas domésticas o de convivencia, aun cuando pueda resultar perturbadora, no es suficiente para configurar la comisión de un delito, salvo que concurran elementos adicionales que permitan subsumirla en un tipo penal específico, lo cual no se verifica en el presente caso.
Asimismo, la denunciante hace referencia a un presunto incumplimiento de acuerdos conciliatorios previos, lo que evidencia que la controversia ha sido abordada en instancias distintas a la penal y que su naturaleza responde más a un conflicto de convivencia que debe ser resuelto a través de los mecanismos adecuados en materia civil o administrativa. La vía penal no puede ser utilizada como un medio supletorio para la resolución de conflictos interpersonales o vecinales, máxime cuando no se han identificado elementos que permitan inferir la existencia de un hecho punible.
El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal, sino que incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara al sostener que "la desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a la depuración del proceso penal, el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo lugar, ella basta por sí sola, por cuanto no depende de ninguna comprobación sustancial del hecho denunciado o querellado" (Sentencia N° 569 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento de la desestimación radica en la prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la arbitrariedad y garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de viabilidad jurídica.
Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación puede derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará la desestimación y ordenará la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas, salvo que se modifiquen las circunstancias que motivaron la decisión. En cambio, si el juez considera improcedente la desestimación, ordenará la continuación de la investigación. Esta dualidad decisoria garantiza un control judicial efectivo sobre el ejercicio del poder punitivo del Estado, evitando que el Ministerio Público adopte criterios discrecionales que desnaturalicen su función investigativa.
Adicionalmente, la decisión que acuerda la desestimación no es absolutamente inmutable, pues el ordenamiento jurídico consagra el derecho de la víctima a impugnarla mediante el recurso de apelación, en un lapso de cinco días contados a partir de su publicación. En este sentido, la Sala de Casación Penal ha reiterado que "la desestimación de la denuncia se origina y deviene procedimentalmente antes del comienzo de la investigación por parte del Ministerio Público, con el objeto de evitar el inicio de un proceso penal, concluyendo que tal actuación procesal no puede ser recurrible en casación al no circunscribirse dentro de los supuestos de admisión previstos en el ya citado artículo 451 de la ley adjetiva penal" (Sentencia N° 569, op. cit.). Esta precisión jurisprudencial ratifica la delimitación del alcance de los medios de impugnación en relación con la desestimación, consolidando su carácter excepcional dentro del proceso penal.
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y derechos analizadas en el presente asunto, este Tribunal Quinto en Funciones de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la solicitud de DESESTIMACIÓN solicitada por la representación del Ministerio Público, en cuanto a la denuncia interpuesta por ZULAY PEREZ DIAZ en contra de la ciudadana OSCAR ENRIQUE PEREZ DIAZ de conformidad a lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal dado que la misma NO REVISTE CARÁCTER PENAL. SEGUNDO: Se acuerda notificar a las partes de la presente decisión. TERCERO: Una vez firme la presente decisión se ordena a tenor de lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal remitir las presentes actuaciones a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, a los fines que proceda al archivo de estas. ASÍ SE DECIDE. Cúmplase. –
ABG. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ
JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
LA SECRETARIA
ABG. LILIANA CAROLINA MARQUEZ ESCALONA