TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del
Estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida
Mérida, 26 de septiembre de 2025
215º y 166º

ASUNTO: LP61-J-2025-000180.

SENTENCIA Nº 749
SENTENCIA DEFINITIVA

I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Solicitante: DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.936.062, domiciliada en la calle Barcelona, N° 41, piso P03, puerta C, en Girona, comunidad autónoma de Cataluña, Reino de España, y civilmente hábil

Apoderado Judicial de la solicitante: Abogada en ejercicio MARIA RAQUEL VALERO ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.771.680, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 97.020, domiciliada en la ciudad de Mérida del estado Bolivariano de Mérida y jurídicamente hábil

Motivo: EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD.

II ANTECEDENTES

Ingresa por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida, la solicitud de EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD, interpuesta por la abogado MARIA RAQUEL VALERO ROJAS, quien actúa en representación de la ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, en su condición de madre y representante legal de la niña LETIZIA MARÍA RAMÍREZ VIVAS, de ocho (08) años de edad, F.N.:24/01/2017. Se deja constancia que se acompañó junto a la solicitud cabeza de autos, documentos de importancia (F. 07 al 39).

La solicitante en su escrito libelar, entre otros hechos, narró que la niña de autos, junto con la progenitora, ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, se encuentran residenciada actualmente en España; en este sentido, por cuanto la madre de la niña de autos requiere realizar libremente actos donde necesariamente debe tener la autorización del progenitor, es por lo que sin coacción alguna y de manera voluntaria el progenitor de la niña de auto confiere a la madre el ejercicio unilateral de la patria potestad en beneficio de la niña de autos. Finalmente, solicitó que se acordara el ejercicio unilateral de la patria potestad a la madre para garantizar los derechos y garantías de su hija.

Mediante autos de fecha 09 de enero de 2025, este Tribunal le dio entrada a la solicitud, formó expediente, hizo las anotaciones estadísticas correspondientes y le dio el curso de ley; asimismo, admitió la solicitud y dicto despacho saneador. (F.43 y 44).

Mediante diligencias de fecha 16 de mayo de 2025, 28 de mayo de 2025 y finalmente 16 de junio de 2025; la apoderada judicial da cumplimiento con lo exhortado (F. 46 con vuelto, 47 al 50, 53 al 54 con vueltos y 55, 58 con vuelto).

Por auto de fecha 25 de junio de 2025, este Tribunal dio inicio al procedimiento de jurisdicción voluntaria, para lo cual dispuso librar boleta de notificación electrónica al ciudadano LUIS VIRGILIO RAMIREZ BELANDRIA progenitor de la niña de autos, y ordenó notificar a la representación del Ministerio Público del estado Bolivariano de Mérida. (F.59).

Consta al folio 62 del presente expediente, la resulta positiva de la notificación de la representación del Ministerio Público.

Obra al folio 70 del presente expediente, nota secretarial de fecha 06 de agosto de 2025, mediante la cual se dejó constancia de la materialización y certificación de la notificación electrónica del progenitor, ciudadano LUIS VIRGILIO RAMIREZ BELANDRIA.

Por auto de fecha 08 de agosto de 2025, este Tribunal fijó audiencia única del presente procedimiento para el día martes 23 de septiembre de 2025, a las dos de la tarde (02:00 p.m.) (F. 71).

Siendo la oportunidad para la celebración de la audiencia única, esto es, el 23 de septiembre de 2025, se deja constancia de la incomparecencia personal de la solicitante, presente su apoderada judicial. Se dejó constancia que no se encontraba presente la Representación Fiscal. Presente el ciudadano LUIS VIRGILIO RAMIREZ BELANDRIA, progenitor de la niña de autos. Se ratificó la solicitud y se realiza video llamada con la progenitora quien de forma expresa ratificó su conformidad con la solicitud realizada por su apoderada para ejercer el ejercicio unilateral de la patria potestad, los testigos presentados por la solicitante, fueron debidamente juramentados e interrogados por el suscrito Juez, quienes corroboraron la identidad de la madre no presente en territorio venezolano. Asimismo, se dejó constancia que se escuchó la opinión de la niña a través de video llamada. Presente los testigos familiares del progenitor, sin embargo visto que se encuentra presente el ciudadano LUIS VIRGILIO RAMIREZ BELANDRIA, no será necesaria la escucha de los testigos por parte del progenitor. En consecuencia, este Tribunal declaró, entre otros aspectos, CON LUGAR la solicitud del EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD; EXCLUYÓ DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD al ciudadano LUIS VIRGILIO RAMIREZ BELANDRIA, como PADRE con relación a su hija; por lo que la PATRIA POTESTAD con relación a la niña de autos, SERÁ EJERCIDA SÓLO por la MADRE, ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA; y, finalmente dispuso de un lapso de cinco (05) días de Despacho siguientes a la fecha de la aludida audiencia, para la reproducción completa del fallo (F. 77 al 78 con sus vueltos).

Estando dentro del lapso para publicar el fallo completo en el presente asunto, este Tribunal lo hace de la siguiente manera:

III
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La institución familiar de la Patria Potestad, es definida por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (ver artículos 347 y siguientes) como el conjunto de deberes y derechos -responsabilidad de crianza, representación y administración de los bienes- de los progenitores en relación a sus hijos o hijas, que no hayan alcanzado la mayoría de edad. De igual forma, instituye que la Patria Potestad y su ejercicio son compartidos por los padres; no obstante, se puede otorgar a uno solo de ellos, si un órgano jurisdiccional competente, declara: 1) la privación de la patria potestad (ver art. 352 L.O.P.N.N.A); 2) la extinción de la patria potestad (ver art. 356 L.O.P.N.N.A.); o, 3) La exclusión de la patria potestad (ver art. 262 del Código Civil).
Sobre este particular, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 0065, de fecha 18 de febrero de 2011, dejó asentado de formar expresa las diferencias entre extinción, privación y exclusión de la patria potestad, a saber:
(...) la patria potestad se pierde por extinción y por privación, esta última es la pérdida de la titularidad que tiene el progenitor por conductas u omisiones graves que atentan contra el infante o el adolescente.

En cambio, la exclusión se refiere a la suspensión del ejercicio de la patria potestad debido a que el padre no puede ejercerla por encontrarse en una situación de hecho que le impide hacerlo, sin que ello afecte la titularidad de la patria potestad, pues, aun cuando no la ejerza, LA MANTIENE.

Por tanto, la exclusión es distinta a la privación o a la extinción, pues se refiere solamente al ejercicio de la patria potestad del progenitor que no puede cumplir con sus deberes y facultades. (Énfasis propia de este Tribunal).

Ahora bien, en el caso de marras la ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, tiene como único fin ejercer de manera unilateral y eficaz la patria potestad; habida consideración, que tanto la madre, ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, y su hija, la niña de autos se encuentran fuera del territorio venezolano; para lo cual solicitó se confirmara su petición –a través de video llamada– al progenitor; promoviendo para ello, pruebas documentales y testimonial; sin embargo el hizo acto de presencia, fundamentando tal petición en el artículo 262 del Código Civil, y en concordancia con la sentencia Nº 284, proferida en fecha 19 de diciembre de 2024, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Ciertamente, el criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 284, proferida en fecha 30 de abril de 2014, dejó asentado lo siguiente:
(…) que es preciso determinar cuál es la naturaleza jurídica del procedimiento que se sigue para hacer efectiva la “solicitud de ejercicio unilateral de la p.p.”. En este sentido, es importante dejar establecido que este instituto encuentra su regulación en el dispositivo contenido en el artículo 262 del Código Civil, norma de vieja data que no fue derogada por la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, ni por la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

(Omissis)

Advierte la Sala, en este sentido, que como quiera que con el dispositivo legal que comentamos, no se pretende desconocer de manera definitiva ni cuestionar la p.p., ni privar al no presente o a la persona imposibilitada de ejercerla, y habida consideración de que el Legislador no señaló expresamente un procedimiento para su tramitación, el que se siga no debe ser complejo, ni puede tener contención, amén de que bajo ningún concepto puede una resolución judicial dictada con base en este artículo crear cosa juzgada material.

En este sentido advierte la Sala que, en ausencia de una reglamentación legal para su tramitación, su propia naturaleza exige un trámite dinámico y expedito, pues, vista su utilidad práctica y sus limitaciones, no puede pretenderse que el mismo se tramite a través del mismo procedimiento que se emplea para los juicios ordinarios de privación de p.p., en vista de la necesidad inminente que eventualmente planteará el o la solicitante, cuyas circunstancias no permiten una demora. Es decir que, lo correcto con la finalidad perseguida por el dispositivo es recurrir para su trámite a los procedimientos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria.

(Omissis)

Por último, considera esta Sala preciso advertir a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que, en aras de hacer más útil y efectivo el instituto contemplado en el aludido artículo 262 del Código Civil, ante la ausencia de un texto expreso que establezca el procedimiento a seguir, con el propósito de unificar criterios, resulta conveniente que tales solicitudes, de ejercicio unilateral de la p.p., se tramiten conforme a lo establecido en el artículo 517, que forma parte del Capítulo VI que regula el procedimiento de jurisdicción voluntaria en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, empero, como se estableció, será preciso que el Juzgador o juzgadora sea acucioso y exhaustivo con el material probatorio, y deberá tener como norte la búsqueda de la verdad, de conformidad con los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria que caracterizan los procedimientos previstos y regulados por la aludida Ley Orgánica. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece con carácter vinculante para todos los tribunales de la República la utilización del referido procedimiento para tramitar la solicitud a que se refiere el artículo 262 del Código Civil.
En este sentido, el artículo 262 del Código Civil venezolano, prevé:
Artículo 262. En caso de muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, si se hallare alguno de ellos sometido a tutela de entredicho, de haber sido declarado ausente, de no estar presente o cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella, el otro progenitor asumirá o continuará ejerciendo sólo la patria potestad, pero si había sido privado de la misma por sentencia o decisión judicial, no podrá hacerlo sino después que haya sido autorizado o rehabilitado por el mismo Tribunal. (Énfasis propia de este Tribunal).
De la citada norma, se colige cinco (05) supuestos que deviene el ejercicio unilateral de la patria potestad, por parte de uno de los padres del hijo que aún no alcanza la mayoría de edad, a saber: 1) Por muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad; 2) Por la interdicción declarada al padre o a la madre; 3) Por haber sido declarado ausente; 4)Po no estar presente; y, 5) Por cualquier motivo que impedida cumplir con el ejercicio de la patria potestad.
No obstante, los dos (02) primeros supuestos, se encuentran derogados a razón de las causales de extinción –Art. 356, literal c)– y privación –Art. 352, literal h)– de la patria potestad, previstas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Mientras que, los otros tres (03) supuestos, necesariamente, ameritan de la intervención judicial, pues, en el caso de aquel padre o madre declarado ausente, se necesita la declaración judicial, la cual se sigue por un procedimiento especial previsto en los artículos 418 y siguientes del Código Civil; por su parte, el no presente, basta con probar que no se encuentra en el país y cuya existencia no esté en duda –Art. 417 del Código Civil–; y finalmente, con respecto a cualquier motivo que imposibilite al progenitor su ejercicio de la patria potestad, requiere también de un procedimiento con una actividad probatoria rigurosa. En el último supuesto, esto es, cualquier motivo que imposibilite al progenitor su ejercicio de la patria potestad, la citada sentencia Nº 284, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justica, en fecha 30 de abril de 2014, verbigracia: 1) Por salud; 2) Por privación de la libertad; 3) Por secuestro; y, 4) Por desconocimiento absoluto de su paradero. Se entiende entonces, que “cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella”, de conformidad con el artículo 262 de la citada norma sustantiva, es ineludible que se origine por alguna causa, que habilite al otro progenitor a ejercer la patria potestad de manera exclusiva, sin que se trate de la extinción o privación de aquel progenitor que se encuentra impedido, de manera que su utilización está dirigida única y exclusivamente a casos excepcionales, cuya justificación deben ser debidamente comprobables.
Así pues, de conformidad con los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria, este Juzgador en aras de la búsqueda de la verdad en el presente asunto, pasa de seguidas a analizar y valorar los medios probatorios aportados por la solicitante, en la forma siguiente:
1.-Poder Especial de Representación, otorgado a la abogada MARIA RAQUEL VALERO ROJAS, debidamente autenticado por el Colegio de Notario de Cataluña en Girona, inserto a los folios 07 al 11 del presente expediente. A esta documental se le otorga pleno valor probatorio, para dar por comprobado que la abogado tiene la facultad de representar a la aquí solicitante. Así se declara.

2.- Copia certificada del Registro de Nacimiento (acta Nº 04), correspondiente a la niña LETIZIA MARÍA RAMÍREZ VIVAS; inscrita ante el Registro Civil de la Parroquia Gerónimo Maldonado La Playa, Municipio Rivas Dávila del estado Bolivariano de Mérida; que obra al folio 13 con su vuelto del presente expediente. Este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, la valora para dar por comprobado el vínculo paterno y materno filial de los ciudadanos DAJANNY VIVAS SUBDIAGA y LUIS VIRGILIO RAMIREZ BELANDRIA, con la prenombrada niña; así como, la fecha y lugar de su nacimiento. Así se declara.

3.-Copias de cedula de identidad y pasaporte venezolano de la ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, copia de la cedula de identidad del ciudadano LUIS VIRGILIO RAMIREZ BELANDRIA, copia del pasaporte venezolano de la niña LETIZIA MARÍA RAMÍREZ VIVAS, así como también copias de las cédulas de identidad de los testigos, ciudadanos ALDEMARO SUBDIAGA QUIÑONES y MARYDELIA LOBO ESPINOZA, que obran a los folios 14 al 15, 19, 31 y 76 del presente expediente. A estas documentales se les otorga pleno valor probatorio de documento público de conformidad con lo previsto en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; para dar por demostrado las identidades de los prenombrados ciudadanos. Así se declara.

4.- Resguardo de presentación de solicitud de protección internacional y volante de empadronamiento, de la ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, y la niña de auto; emitida por el Ministerio del Interior de Girona, que obran a los folios 16 al 18 del presente expediente, este tribunal las valora para dar por corroborado que la prenombrada ciudadana y la niña de autos residen en España. Así se declara.

5.-Copia de certificado de matriculación de la niña LETIZIA MARÍA RAMÍREZ VIVAS LETIZIA MARÍA RAMÍREZ VIVAS; emitida por el Colegio “Dr. Masmitja” de Girona, que obra al folio 21 del presente expediente. Este Tribunal la valora para dar por comprobado que a la niña de autos, se le está garantizando el derecho a la educación. Así se declara.

6.-Copias de las Partidas de Nacimientos números 297 correspondiente a los ciudadanos ALDEMARO SUBDIAGA QUIÑONES, MARIA CANDELARIA SUBDIAGA QUIÑONERS y DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, respectivamente, que obran a los folios 32 al 36 con sus vueltos del presente expediente; en consecuencia, este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, la valora para dar por comprobado que el ciudadano ALDEMARO SUBDIAGA QUIÑONES –aquí testigo– es tío de la ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, progenitora de la niña de autos. Así se declara

7.- Los testimonios de los ciudadanos ALDEMARO SUBDIAGA QUIÑONES y MARYDELIA LOBO ESPINOZA (tío y amiga de la progenitora de autos), venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad números V-8.074.431 y V-14.107.248, en su orden, cuyas deposiciones fueron reseñadas en la audiencia única del procedimiento, celebrada en fecha 23 de septiembre de 2025, quienes declararon oportunamente, previa juramentación, cumpliéndose en sus declaraciones todas las formalidades exigidas en el Código de Procedimiento Civil. Igualmente, no consta en autos que hayan sido tachadas o que estén incursas en alguna causal que las inhabiliten para declarar; y no se observa, que hayan incurrido en contradicción con las otras pruebas cursantes en autos; tampoco constan en autos motivaciones ilegítimas ni otras circunstancias, que resten veracidad o eficacia a sus testimonios; razón por la cual, este Tribunal de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, los testimonios en cuestión, se aprecian para corroborar la identidad de la ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, progenitora de la niña de autos. Así se declara.

Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal considera que la solicitante, ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, circunscribió su pretensión en uno de los supuestos creados por el legislador, el cual quedó absolutamente comprobable la justificación del motivo por el cual el padre de la niña de autos, se encuentra impedido para ejercer la patria potestad con relación a su hija, tal como fue confirmado por la misma progenitora –a través de video llamada– en la audiencia única del procedimiento celebrada en fecha 23 de septiembre de 2025; razón por la cual, a criterio de este sentenciador, la pretensión propuesta debe prosperar y así debe ser declarado, lo que trae como consecuencia la exclusión del ejercicio de la patria potestad del ciudadano LUIS VIRGILIO RAMIREZ BELANDRIA, como padre con relación a su hija, la niña de autos, por encontrarse en una situación de hecho que le impide hacerlo, sin que ello afecte su titularidad; y por ende se suspende provisionalmente el ejercicio de la patria potestad que corresponde al prenombrado ciudadano como padre con relación a su hija; a tal efecto, la patria potestad de la misma, será ejercida sólo por la madre, ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA. Con el bien entendido que el ejercicio unilateral de la Patria Potestad comprende el ejercicio de la responsabilidad de crianza, de la representación y administración de los bienes de la niña LETIZIA MARÍA RAMÍREZ VIVAS y por consiguiente, la ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, en el ejercicio unilateral de la Patria Potestad, podrá realizar cualquier acto de representación y/o administración, ante cualquier autoridad judicial o administrativa competente en Venezuela, o ante cualquier otro país, sin necesidad del consentimiento del padre, por encontrase suspendido del ejercicio de la patria potestad; tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide.

IV DECISIÓN

En mérito de los razonamientos que anteceden, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, SEDE MÉRIDA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: CON LUGAR la solicitud del EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD, suscrita y presentada por la abogada en ejercicio MARIA RAQUEL VALERO ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.771.680, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 97.020, domiciliada en la ciudad de Mérida del estado Bolivariano de Mérida y jurídicamente hábil, conforme al poder notariado otorgado ante la Notario Público Don José María Mateu García de Cataluña, España, en fecha 03/02/2025, y apostillado en Barcelona, España, en fecha 05/02/2025, que obran a los folios 07 al 11 con vueltos del presente expediente, quien actúa en representación de la ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.936.062, domiciliada en la calle Barcelona, N° 41, piso P03, puerta C, en Girona, comunidad autónoma de Cataluña, Reino de España, y civilmente hábil, teléfono móvil: +34.663.918.239, y correo electrónico: dajasuddiaga@gmail.com.

SEGUNDO: SE EXCLUYE DEL EJERCICIODE LA PATRIA POTESTAD al ciudadano, LUIS VIRGILIO RAMIREZ BELANDRIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.084.203, domiciliado en la avenida Toquisay, edificio Ramírez Pérez, piso 1, apartamento N° 1, Bailadores, municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, y civilmente hábil, teléfono móvil: 0414-108.90.50 y correo electrónico: ivirgilio231261@gmail.com, como PADRE con relación a su hija: La niña LETIZIA MARÍA RAMÍREZ VIVAS, de ocho (08) años de edad, F.N.:24/01/2017, por encontrarse en una situación de hecho que le impide hacerlo, sin que ello afecte su titularidad; quedando entonces SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD como PADRE con relación a su hija, la niña de autos.

TERCERO: LA PATRIA POTESTAD con relación a la niña LETIZIA MARÍA RAMÍREZ VIVAS, SERÀ EJERCIDA SÓLO por la MADRE, ciudadana DAJANNY VIVAS SUBDIAGA, con el bien entendido que el Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad comprende el ejercicio de la Responsabilidad de Crianza, de la representación y administración de los bienes dela prenombrada niña, y por consiguiente, la progenitora, podrá realizar cualquier acto de representación y/o administración, ante cualquier autoridad judicial o administrativa competente en Venezuela, o ante cualquier otro país, sin necesidad del consentimiento del ciudadano LUIS VIRGILIO RAMIREZ BELANDRIA por encontrase suspendido del ejercicio de la patria potestad.

CUARTO: Se le aclara a la parte interesada que la presente decisión no produce cosa juzgada material.

Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, en la ciudad de Mérida, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).- Años 215º de la Independencia y 166º de la Federación.
El Juez Provisorio,

Abg. Neptali José Villalobos Parra.
La Secretaria Titular

Abg. Yelimar Vielma Márquez

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 10:21am. Se asentó y registró en el Índice de Copiador de Sentencias los datos del fallo in commento; sin embargo, no se agrega en físico al mencionado copiador, en virtud que este órgano jurisdiccional no cuenta con los insumos necesarios para su reproducción fotostática. Se deja constancia, que la anterior decisión se encuentra registrada en Documento Word 0 del Sistema Juris 2000, por ende téngase la misma como copia digitalizada. Asimismo, se deja constancia que dicha decisión se tiene registrada en formato PDF, según Resolución N° 2016-0021, de fecha 14 de diciembre de 2016, emanada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Conste, en la ciudad de Mérida, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

La Secretaria Titular,

Abg. Yelimar Vielma Márquez
NJVP/YVM/tf