BOLIVARIANA DE VENEZUELA


En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA

"VISTOS" LOS ANTECEDENTES.-

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

El presente expediente se encuentra en esta Alzada, en virtud de la decisión dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 14 de febrero de 2006, mediante la cual declaró con lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por el ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, en su condición de parte codemandada en la presente causa, contra la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 28 de enero de 2005, declaró la nulidad de la sentencia recurrida y ordenó al Juzgado Superior competente, dictar nueva sentencia corrigiendo el vicio referido, en el procedimiento que por simulación y nulidad de venta interpuso el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, en su condición de apoderado judicial de la demandante ciudadana CELIA RAMONA MORENO viuda de CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.215.441, domiciliada en la ciudad de Caracas, contra los ciudadanos CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº 3.574.773, domiciliada en la ciudad de Mérida y MAURICIO NAHAS ACHTJI, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº 8.022.529, domiciliado en la ciudad de Mérida.

Por auto de fecha 23 de marzo de 2006 (folio 585, segunda pieza), éste Tribunal le dio entrada al presente expediente y canceló su asiento de salida y acordó que por auto separado resolvería lo conducente.

Por auto de fecha 29 de marzo de 2006 (folio 586, segunda pieza), este Tribunal, en virtud, de que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 21 de junio de 2005, designó como Juez Temporal de este Juzgado al abogado HOMERO JOSÉ SÁNCHEZ FEBRES, el cual asumió el conocimiento de la presente causa, advirtiendo a las partes que a partir de la fecha del presente auto comenzaría a discurrir el lapso de tres (03) días de despacho siguientes, a los fines de que hicieran uso de la facultad establecida en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y que vencido éste, comenzaría a discurrir el lapso establecido en el artículo 521 eiusdem.

Por auto de fecha 06 de junio de 2006 (folio 587, segunda pieza), este Tribunal, por encontrarse para entonces en estado de sentencia, dejó constancia que no profería la misma, en virtud de que existen en estado de dictar sentencia otros juicios que deben ser decididos con preferencia a cualquier otro asunto, en consecuencia difirió su publicación para el trigésimo día calendario consecutivo siguiente a la fecha del referido auto.

Mediante auto de fecha 06 de julio de 2006 (folio 588, segunda pieza), este Tribunal dejó expresa constancia de no proferir sentencia en esta causa, en razón de que para entonces se encontraban en término para decidir varios procesos en materia interdictal, de protección del niño y del adolescente, que se según la Ley son de preferente decisión.

Por auto de fecha 18 de abril de 2007 (folio 589 al 597), este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, observó de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, que mediante diligencia de fecha 15 de febrero de 2004 (folio 359, segunda pieza), el abogado LUIS ALBERTO MARTÍNEZ MARCANO, en su carácter de apoderado judicial de la parte codemandada ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, consignó escrito contentivo de denuncia de fraude procesal e informes, en consecuencia este Juzgado acogiendo el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, en consonancia con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes, haciéndoles saber que en el día siguiente a aquél en que constara en autos la última de las notificaciones, la parte actora debía pronunciarse sobre la denuncia formulada por la representación judicial del codemandado, exponiendo las defensas y alegatos que considerara pertinente, y hecho o no, se abriría una articulación probatoria por ochos días de despacho, sin término de distancia, vencido el cual este Juzgado resolvería lo conducente. Finalmente se ordenó la notificación de la ciudadana CELIA RAMONA MORENO viuda de CASTILLO y/o a su apoderado judicial abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, parte actora en la presente causa, asimismo al ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI y/o a su apoderado judicial abogado LUIS ALBERTO MARTÍNEZ, en el domicilio procesal indicado en el expediente, y por cuanto no consta en autos que la codemandada ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, haya indicado su dirección procesal, este Juzgado, de conformidad con los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, y acogiendo el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de abril de 2003 (Caso: Domingo Cabrera Estévez, en amparo constitucional), reiterado en fallo del 1º de junio de 2004, (Caso: Heber Genaro Chacón Moncada, en amparo constitucional, (Vide: www.tsj.gov.ve), considera que debe tenerse como su domicilio procesal, la sede de este Juzgado, en virtud de lo cual, fijó en la cartelera principal del Tribunal la boleta de notificación correspondiente.

Obra a los folios 598 al 607, actuaciones correspondientes a la notificación de las partes, ordenada en el auto citado ut supra.

Por diligencia de fecha 18 de mayo de 2007 (folio 608, segunda pieza), el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, consignó en trece (13) folios útiles, escrito de impugnación en la presente incidencia, el cual obra agregado a los folios 609 al 621 de la segunda pieza, en los términos que se señalan más adelante, mediante el cual impugna la denuncia de fraude procesal y aporta los respectivos elementos probatorios.

Por diligencia de fecha 07 de junio de 2007 (folio 623, segunda pieza), el abogado LUIS ALBERTO MARTÍNEZ MARCANO, en su carácter de apoderado judicial de la parte codemandada, ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, consignó en cinco (05) folios útiles, escrito de promoción de pruebas, y sus anexos el cual obra agregado a los folios 624 al 643 de la segunda pieza, en los términos que se señalarán más adelante.

Por auto de fecha 08 de junio de 2007 (folio 645, segunda pieza), este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, vista la diligencia presentada por el abogado LUIS ALBERTO MARTÍNEZ MARCANO, en su condición de apoderado judicial del codemandado MAURICIO NAHAS, mediante la cual con fundamento en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, promovió pruebas documentales en la presente incidencia, que este Juzgado admitió cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva.

Encontrándose la presente causa en lapso de sentencia, procede este Tribunal a proferirla, previas las consideraciones siguientes:

I
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
La presente causa se inició mediante libelo presentado en fecha 11 de abril de 2000 (folios 1 al 20, primera pieza), cuyo conocimiento correspondió por distribución al entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, presentada por el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 4.470, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana CELIA RAMONA MORENO viuda de CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.215.441, y domiciliada en la ciudad de Caracas, mediante el cual interpuso contra los ciudadanos CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.574.773, soltera, domiciliada en la ciudad de Mérida, como mandataria vendedora, y MAURICIO NAHAS ACHTJI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.022.529, soltero y de este mismo domicilio, como comprador de dos (02) inmuebles, formal demanda por simulación y subsidiariamente nulidad de venta, argumentando en síntesis lo siguiente:

Que conforme se evidencia de la copia fotostática certificada que anexó marcada “B” (folios 24 al 26), su representada confirió poder general ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, el día 18 de junio de mil 1998, anotado bajo el Nº 5, Protocolo Tercero, Tomo Tercero, a la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO.

Que en dicho mandato la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, quedó facultada para “…comprar bienes muebles e inmuebles para mi patrimonio, vender lo que me pertenece…” (sic).

Que quedó demostrado que mediante documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Libertador del Estado Mérida, de fecha 11 de agosto de 1998, registrado bajo el Nº 40, Protocolo 1º, Tomo 23, correspondiente al trimestre tercero del corriente año, textualmente se indica:

“(Omissis):…
Yo, CELIA BELEN CASTILLO MORENO, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de identidad Nº 3.574.773, domiciliada en Mérida, Estado Mérida y civilmente hábil, actuando en este acto en mi nombre y así mismo en nombre y representación de mi madre CELIA RAMONA MORENO DE CASTILLO, Venezolana, mayor de edad, viuda, de oficios del hogar, titular de la Cédula de Identidad Nº 2.215.441, domiciliada en esta ciudad de Mérida y civilmente hábil, representación esta que consta de Documento Poder debidamente Registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida en fecha 18 de Junio de 1.998, bajo el Nº 5, Protocolo Tercero, Tomo Tercero, segundo trimestre del presente año y plenamente facultada para este acto por el presente documento declaro: Que doy en venta pura y simple, perfecta e irrevocable al ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.022.529, de este mismo domicilio, y civilmente hábil, Dos inmuebles: EL PRIMERO: constituido por una (1) casa para habitación con su terreno, ubicada en jurisdicción del Municipio Juan Rodríguez Suárez Distrito Libertador del Estado Mérida, en el sitio denominado Pedregosa Alta, calle principal, frente al rancho Arjusama. Con un área de construcción de Ciento Cincuenta Metros Cuadrados (150 Mts2), sobre una extensión de terreno de Doscientos Metros Cuadrado (200 Mts2) aproximadamente. Cuyos linderos son los siguientes: NORTE: En una extensión de Nueve Metros con Ochenta Centímetros (9,80 Mts), con terrenos que son o fueron de Efraín Rojas Rodríguez; SUR: Con extensiones de nueve metros con ochenta y cinco centímetros (9,85 Mts), con carretera la pedregosa; ESTE: Con extensión de Veintiún Metros con Setenta Centímetros (21,70 Mts) con terrenos que son o fueron de Efraín Rojas Rodríguez; OESTE: En una extensión de Veintiún Metros con Setenta Centímetros (21,70 Mts), con terrenos que son o fueron de Juan de Dios Calderón. Este inmueble fue adquirido originalmente según consta de documento debidamente protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida en fecha veintiocho (28) de Junio de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1.979), anotado bajo el Nº 06, Folio 21, Tomo 3, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del referido año y según Planilla Sucesoral Nº 63, de fecha Veintitrés (23) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1.995), y adquirido por herencia por mi hermano ABEL ELIAS MORENO, quien falleció abintestato el día Veintiséis (26) de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Tres (1.993) del referido año y sobre este inmueble pesa un gravamen Hipotecario de Primer y Unico (sic) Grado a favor de Banco Hipotecario de Occidente C.A. EL SEGUNDO: Constituido por un lote de terreno y sus respectivas mejoras adyacentes a la vivienda antes señalada, ubicado en Jurisdicción de Municipio Juan Rodríguez Súarez (sic), Distrito Libertador del Estado Mérida, en el sitio denominado Pedregosa Alta, Calle Principal, cuyos linderos y medidas son las siguientes: NORTE O FRENTE: En línea quebrada de Veintiséis Metros con Cincuenta Centímetros (26,50 Mts) más Veinte Metros (20 Mts), y más Diecinueve Metros (19 Mts) colinda con esta extensión con inmueble de Anselmo Quintero Dávila y la carretera Principal de la Pedregosa respectivamente; SUR O FONDO: En Treinta y Siete Metros (37 Mts), con inmueble de Urbano Dávila hoy sus sucesores, separa cerca de alambre; ESTE O COSTADO DE ARRIBA: En Sesenta y Siete Metros (67 Mts) con inmueble de Isabelina y Digna Paredes, separa pared y cerca de alambre; OESTE O COSTADO DE ABAJO: En Cuarenta y Tres Metros (43 Mts) con inmueble de Froilan Sánchez, separa cerca de alambre. Este inmueble fue adquirido originalmente según consta de documento debidamente Protocolizado en la Oficina Subalterna del Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha Diez (10) de Agosto de Mil Novecientos Ochenta y Tres (1.983) anotado bajo el Nº 26, Tomo11 (sic), Protocolo Primero, Tercer Trimestre del referido año y según planilla sucesora Nº 63, de fecha Veintitrés (23) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1.995), y adquirido por herencia de mi hermano ABEL ALIAS MORENO, quien falleció abintestato el día Veintiséis (26) de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Tres (1.993) del referido año. La vivienda identificada como Primero, tiene cocina empotrada y sus gabinetes de piso y pared, teléfono, rejas de protección, puertas de closet de madera, calentador de agua, deposito de víveres, biblioteca, tanque de agua, lamparas (sic) en todos sus puntos y demás adherencias y pertenencias El precio de la presente venta es por la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 20.000.000,00) los cuales declaro recibidos en este acto en dinero efectivo a mi entera y total satisfacción y con la firma del presente documento traspaso al comprador la plena propiedad, posesión y dominio de los inmuebles aquí vendidos, libres de todo gravamen, quedando obligada al saneamiento de Ley.”

Alegó el apoderado judicial de la parte actora, que del documento anteriormente trascrito, hay que hacer notar en cuanto al precio que el ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI pagó por los dos (02) inmuebles que compró la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,00), de la siguiente manera: “…a)GLADIS MARIA SANCHEZ DE PABON para rescatar los inmuebles objeto de venta, todo conforme al artículo 1554 del Código Civil, debidamente registrados en la Oficina de Registro Subalterno del Distrito Libertador del Estado Mérida, de fecha 11 de Agosto de 1998, Nº 39, Protocolo 1º, Tomo 23, la cantidad de QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 15.000.000,00), mediante cheque que libró contra el ente bancario BANESCO en la ciudad de Mérida, a favor de CELIA BELEN CASTILLO MORENO; b) La cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00) como saldo de los VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000,00), librando cheque contra el mismo Banco y de la misma fecha, a favor de CELIA BELEN CASTILLO MORENO ya referida…” (sic).

Que se evidencia de la copia fotostática certificada que anexó marcada “D” (folios 33 al 35), que por ante la Notaría Pública Segunda de Mérida Estado Mérida, en fecha 17 de agosto de 1998, anotado bajo el Nº 31, Tomo 53, el ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, los bienes que adquirió por el antes discriminado documento nuevamente los vende a CELIA BELEN CASTILLO MORENO, de la siguiente manera:

“(Omissis):…
Entre, MAURICIO NAHAS ACHTJI, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.022.529, domiciliada en Mérida y civilmente hábil, quien en lo sucesivo se denominara EL PROPIETARIO, por una parte, y por la otra CELIA BELEN CASTILLO MORENO, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.574.773, domiciliada en Mérida Estado Mérida y civilmente hábil, quien para los efectos de este contrato se denominará LA COMPRADORA, hemos convenido en celebrar un “CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRA”, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: EL PROPIETARIO da en OPCIÓN A COMPRA, Dos (2) inmuebles de su propiedad. EL PRIMERO: constituido por una (1) casa para habitación con su terreno, ubicado en jurisdicción del Municipio Juan Rodríguez Súarez (sic) Distrito Libertador del Estado Mérida, en el sitio denominado Pedregosa Alta, calle principal, furente al rancho Arjusama. Con un área de construcción de Ciento Cincuenta Metros Cuadrados (150 Mts2), sobre una extensión de terreno de Doscientos Metros Cuadrados (200 Mts2) aproximadamente. Cuyos linderos son los siguientes: NORTE: En una extensión de Nueve Metros con Ochenta Centímetros (9,80 Mts), con terrenos que son o fueron de Efraín Rojas Rodríguez: SUR: Con extensión de Nueve Metros con Ochenta y Cinco centímetros (9,85 Mts), con carretera la pedregosa, ESTE: Con extensión de Veintiún Metros con Setenta Centímetros (21,70 Mts), con terrenos que son o fueron de Efraín Rojas Rodríguez; OESTE: En una extensión de Veintiún Metros con Setenta Centímetros (21,70 Mts), con terrenos que son o fueron de Juan de Dios Calderón y sobre este inmueble pesa un gravamen Hipotecario de Primer y Unico (sic) Grado a favor de Banco Hipotecario de Occidente C.A. EL SEGUNDO: Constituido por un lote de terreno y sus respectivas mejoras adyacentes a la vivienda antes señalada, ubicado en Jurisdicción del Municipio Juan Rodríguez Súarez (sic), Distrito Libertador del Estado Mérida, en el sitio denominada Pedregosa Alta, Calle Principal, cuyos linderos y medidas son las siguientes: NORTE O FRENTE: En línea quebrada de Veintiséis Metros con Cincuenta Centímetros (26,50 Mts) más Veinte Metros (20 Mts), y más Diecinueve Metros (19 Mts) colinda con esta extensión con inmueble de Anselmo Quintero Dávila y la carretera Principal de la Pedregosa respectivamente: SUR O FONDO: En Treinta y Siete Metros (37 Mts), con inmueble de Urbano Dávila hoy sus sucesores, separa cerca de alambra; ESTE O COSTADO DE ARRIBA: En Sesenta y Siete Metros (67 Mts) con inmueble de Isabelina y Digna Paredes, separa pared y cerca de alambre: OESTE O COSTADO DE ABAJO: En Cuarenta y Tres Metros (43 Mts) con inmueble de Froilan Sánchez, separa cerca de alambre. Los inmuebles aquí opcionados, me pertenecen según consta de documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha 11, de Agosto de 1.998, bajo el Nº 40, Tomo 23, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del referido año. SEGUNDA: Es convenido entre las partes que el tiempo de duración de la presente OPCIÓN A COMPRA es de CIENTO VEINTE (120) días fijos sin prorroga contados a partir de la fecha de la firma de la presente opción. TERCERA: EL PROPIETARIO, se abstiene durante la vigencia del presente contrato de pactar o realizar venta, arrendamiento, cesión, donación o hipoteca, cualquier otra negociación aquí pactada. CUARTO: El precio convenido para la venta de estos inmuebles es la cantidad de VEINTISEIS (sic) MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (sic) (Bs. 26.600.000,00), precio está que EL PROPIETARIO se compromete a mantener vigente durante el tiempo estipulado en la presente OPCION (sic) A COMPRA. QUINTA: LA COMPRADORA, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraidas (sic) en este contrato, entregará en este acto la cantidad de UN MILLON (sic) DE BOLIVARES (sic) (Bs. 1.000.000,00), que el PROPIETARIO recibe a su entera y toda satisfacción, en dinero efectivo, es decir la cantidad de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (sic) (Bs. 25.600.000,00), lo pagará LA COMPRADORA en el momento de la protocolización del documento respectivo. SEXTA: Convienen las partes que la referida vivienda la ocupará LA COMPRADORA, personalmente, sin inquilinos ni comodatarios por contrato alguno y así mismo la seguirá ocupando hasta tanto no se cumpla el tiempo fijado o estipulado en la presente OPCION (sic) A COMPRA, pues al incumplimiento de dicho plazo me obligo a hacerle la entrega real y material a el PROPIETARIO del inmueble objeto de esta OPCION (sic) A COMPRA, totalmente desocupado y en perfectas condiciones y con los muebles referidos, con el entendido que por tal uso, no pagará canon de arrendamiento alguno. SEPTIMA (sic): EL PROPIETARIO, se compromete a realizar todos los tramites necesarios para la protocolización del documento de COMPRA-VENTA en referencia. OCTAVA: LA COMPRADORA, entrega en este acto la cantidad de UN MILLON (sic) DE BOLIVARES (sic) (Bs. 1.000.000,00) en calidad de arras la cual será imputable al precio de venta. Si por causas inherentes LA COMPRADORA no se lograre efectuar la operación de venta en el plazo pactado, dicha cantidad de dinero quedará en beneficio de EL PROPIETARIO en compensación de daños y perjuicios. NOVENA: Si por causas imputables a EL PROPIETARIO no se lograra efectuar la operación se devolverá a LA COMPRADORA la cantidad aquí recibida y una suma igual como compensación por daños y perjuicios. En fe de lo expuesto, así lo decimos, otorgamos y firmamos en la fecha de nota respectiva”.


Que el documento por el cual la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, actúa “…en mi nombre y representación de mi madre CELIA RAMONA MORENO DE CASTILLO…” (sic), registrado el día 11 de Agosto de 1998, anotado bajo el Nº 40, Protocolo Primero, Tomo 23, adolece de los vicios siguientes:

“(Omissis):…
El código civil, en su Artículo 1.359, es: “El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso:
1. De los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, sí tenía facultad para efectuarlos.
2. De los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído siempre que esté facultado para hacerlos constar”.
Reza el acto registral así:
“Oficina Subalterna de Registro del Distrito Libertador del Estado Mérida. Mérida, Once (11) de Agosto de mil novecientos noventa y ocho (1.998). 137º y 138º al anterior documento redactado por Héctor Moreno, Abogado, fue leído, confrontado con sus copias fotostaticas (sic) y firmado en éstas y el presente original por sus otorgantes quienes se identificaron así: Celia Belén Castillo Moreno, con cédula Nº 3.574.773 Venezolana soltera, Mauricio Nahas Achtji, con cédula Nº 8.22.529 Venezolano soltero, en mi presencia y testigos Cáceres Vera y Federico Ariel, hábiles conforme a la Ley de Registro Público, mayores de edad y con cédulas Nos. 4.488811 y 11.952.789, respectivamente. Quedó registrado bajo el Nº 40 del protocolo 1º, tomo 23, correspondiente al trimestre Tercero del corriente año. Documento revisado por Nazario Monsalve, empleado de esta Oficina. Se utilizó timbre fiscal por el valor del papel común invertido.- Derechos de registro son: Fotocopia Bs. 7.400,00, Notas Bs. 22.200,00. Porcentaje Bs. 250.000,00, Papel Protocolo Bs. 296,00. Total Bs.279.896,00, cancelados en el Banco Corpbanca con Planilla Nº 105702 de fecha 11-08-98. Fue presentado Solvencia Municipal Nº 022035. Vence el 30-09-98, Impuesto de Porcentaje cobrado por Bs. 25.000.000,00 de conformidad con el Artículo 52 de la Ley de Registro Público. Doy fe; La Registrador”.


Alegó el apoderado judicial de la parte actora, que de la lectura minuciosa de dicho acto registral de manera incontrastable sucede que hay ausencia absoluta por parte del registrador del señalamiento del poder que su representada ciudadana CELIA RAMONA MORENO DE CASTILLO, le confirió a la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, para vender, aunada a la circunstancia que en el encabezamiento del documento indica “…ACTUANDO ESTE ACTO EN MI NOMBRE Y ASI MISMO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE MI MADRE…” (sic).

Que “…Omitió el ciudadano registrador, no cumplió, con el requerimiento de la Ley de Registro Público, prevista en el Ordinal 5º del Artículo 102, que expone: “Acto continuo se estampará en ambos ejemplares de Protocolo, a continuación de la firma de los otorgantes, una nota con la fecha en letras, en la cual el Registrador y los testigos darán fe, específicamente de haberse cumplido en su presencia las formalidades de lectura, confrontación y firma a que se refieren los números anteriores, de la exactitud de las copias, de haberse verificado la identificación personal de los otorgantes, con expresión de los medios utilizados para ello; del estado civil y de la nacionalidad declarada por los otorgantes y de cualquier otra circunstancia concerniente al acto, título o documento que se registra y que sea necesario o interese expresar. Esta nota será firmada en el mismo acto, por el Registrador y los testigos…” (sic).

Que el Código Civil en el artículo 1.357, establece “…Instrumento Público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado Público que tenga Facultad para darle fe Pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado…” (sic).

Manifestó el apoderado judicial de la parte actora, que sobre el Derecho Documental en Iberoamérica el profesor español Rafael Nuñez Lagos, citado por el jurisconsulto venezolano Jesús Eduardo Cabrera Romero, señala que el documento Público es una creación notarial, el cual se forma en un acto de cuatro fases, las cuales son:

“(Omissis):…
a) Una fase de EVIDENCIA, donde el funcionario declara haber visto los hechos jurídicos que pasaron en su presencia; respecto a los cuales está facultado por la Ley para hacerlos constar. Debido a estas constancias, está la fase de las autenticidades, donde se asientan las autenticidades esenciales y accidentales; y donde también se hacen constar los hechos oídos por el funcionario, como es la declaración de las partes y su manifestación de voluntad. La recepción de esa manifestación es la que da nacimiento al negocio jurídico documentado.
B) Una segunda fase es la SOLEMNIDAD. El acto de evidencia requiere también que se lleve a afecto dentro de un ritual de solemnidades, reguladas con más o menos tramites por la Ley. Estas solemnidades son las garantías para la correcta percepción y conservación del hecho histórico, y entre ellas se incluye la calificación jurídica de los hechos narrados por los otorgantes, ya que es función Notarial, en los ordenamientos citados, la valoración jurídica por parte del Notario de los hechos sucedidos en el Acto, y por ello él deja constancia de su propia competencia, DE LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS COMPARECIENTES, TANTO EN LO RELATIVO A LA CALIDAD CON QUE ACTUAN (sic) COMO A SU CAPACIDAD.
c) La tercera fase es la SUBJETIVACIÓN, o sea, la documentación escrita en papel de todo lo que aconteció en el acto, lo cual lo realiza el Notario, y termina con la “AUTORIZACIÓN” según la cual el Notario se hace y declara autor del documento (no autor del negocio). Siendo éste un funcionario Público competente, el documento es Público.
d) La cuarta fase es la COETANEIDAD: Las tres fases anteriores deben sucederse en un solo momento.
En nuestro país no se implementó la institución del Notario y cuando ésta se creó, según decretos del 31-12-52 y 16-12-1955 y reglamentos de 20-10-56 y 17-01-74, no fue con la finalidad de que ante los Notarios se otorgasen documentos Públicos. Antes de que los Notarios aparecieran (1.952), las funciones que los Decretos y Reglamentos mencionados atribuyen hoy a los Notarios, las cumplían los Jueces (como todavía lo hacen donde no hay Notarios), las personas que tradicionalmente han cumplido las funciones asignadas a los actuales Notarios, las cuales vamos a identificar como funciones Notariales, no realizan ninguna de las fases señaladas, y éstas no tienen lugar cuando ante ellos se autentican o reconocen documentos, ni la Ley se las exige. En nuestro país se unieron esas funciones en el Registrador, al asignarle a éste la posibilidad de formar documentos Públicos negociables, y a pesar de ello la formación de éste documento Público negocial no resultó exacta a la que se llevaba a cabo (Por los Notarios) en los países cuyas normas servían de antecedente legislativo de nuestros Derechos.
En la actividad del Registrador, cuando ab-initio se otorga ante él un documento, la que más se compagina con las previsiones y efectos que los Artículos 1357, 1358, 1359 y 1360 del código (sic) civil (sic) determina para los instrumentos públicos. Por ello Brewer y Borjas, consideran que sólo es documento público negocial aquel que se otorga ab-initio ante el Registador, ya que con él se dan aproximadamente las fases señaladas y se cumplen los requisitos de estructura del documento público Notarial…” (sic).

Alegó el apoderado judicial de la parte actora, que no sólo adolece la nota registral del defecto denunciado, sino que además está investido de nulidad relativa por violación del ordinal 3º del artículo 1.482 y 1.171 del Código Civil.

Manifestó el apoderado judicial de la parte actora, que el autor Francisco López Herrera, en su obra “La Nulidad de los Contratos en la Legislación Civil Venezolana “, páginas 167 y 168, señala lo siguiente:

“(Omissis):…
PROHIBICIONES PARA CELEBRAR COMPRAVENTAS. El Artículo 1.482 del Código Civil establece una serie de prohibiciones para comprar, sean por contratos voluntariamente pactados, sean en públicas subastas, bien directamente o por intermedio de interpuestas personas, los bienes de otras que también allí se determinan. Todas ellas tienden a proteger los intereses de esos posibles vendedores, que por la situación especial en que se encuentran, pueden ser víctimas de abusos por parte de aquellos posibles compradores.
C) Los mandatarios administradores o gerentes, no pueden comprar los bienes que estén encargados de vender o de hacer vender (Ordinal 3º).
También se consagra ésta prohibición en el Artículo 1.171 del Código Civil. El fundamento de estas prohibiciones lo constituye la idea “de oposición de intereses” que impide a una persona colocarse, en un mismo acto, en dos posiciones diferentes, cuando ellas son inconciliables desde el punto de vista de los intereses que deben defender en la doctrina con respecto a la sanción aplicable a la violación de la prohibición; “ELLA ES LA NULIDAD RELATIVA DE LA VENTA…” (sic).


Arguyó el apoderado judicial de la parte actora que cuando el ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, por documento autenticado en la Notaria Pública Segunda de la ciudad de Mérida, bajo el Nº 31, Tomo 53 de los Libros de Autenticaciones, de fecha 17 de agosto de 1998, le vendió a la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, los dos (02) inmuebles que anteriormente había adquirido de ésta como mandataria de la ciudadana CELIA RAMONA MORENO DE CASTILLO, se encuentran ante una situación negocial censurada por el ordinal 3º del artículos 1.482 y 1.171 del Código Civil, situación que su representada impugna y no la convalida configurando una nulidad relativa de la venta que por documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, de fecha 11 de agosto de 1998, anotada bajo el Nº 40, Tomo 23, Protocolo Primero, efectuaron.

Que se entiende como venta perfecta e irrevocable la negociación que realizaron el vendedor ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI y la compradora CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, sobre los inmuebles que antes ésta como apoderada de CELIA RAMONA MORENO DE CASTILLO, había vendido en la forma antes determinada.

Que por encontrarse llenas las exigencias de los Artículos 1.474 y 1.141 del Código Civil, en cuanto a “…Consentimiento, objeto materia del contrato y causa lícita. Al establecer las partes en la cláusula SEXTA: “que la referida vivienda la ocupara la Compradora, personalmente, sin inquilinos ni comodatarios por contrato alguno y así mismo la seguirá ocupando hasta tanto no se cumpla el tiempo fijado o estipulado en la presente opción de compra, pues al incumplimiento de dicho plazo me obligo a hacerle entrega real y material a él propietario del inmueble objeto de esta Opción de Compra, totalmente desocupado y en perfectas condiciones y con los muebles referidos, con el entendido que por tal uso, no pagará canon de arrendamiento alguno…” (sic).

Que habiendo siempre ocupado los inmuebles ya discriminados la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, es decir antes de cualquiera de las ventas explanadas y por ello, el contrato por el cual personalmente adquiere los inmuebles está enmarcado dentro del artículo 1.161 del Código Civil, el cual establece “…En los contratos que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho, la propiedad o derecho se transmiten y se adquieren por efecto del consentimiento legítimamente manifestado; y la cosa queda a riesgo y peligro del adquirente, aunque la tradición no se haya verificado…” (sic).

Alegó el apoderado judicial de la parte actora, que en la “…Jurisprudencia de los Tribunales de la República”, Volumen VII, Tomo II, páginas 1007 y siguientes están las sentencias de la extinguida Corte Superior Primera en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha 08-07-59 (sic), que expresa: “La promesa de venta existe cuando el propietario promete vender su bien a un precio determinado, y aquel a quien se ha dirigido esta promesa se compromete a su vez a comprarlo por el precio establecido. De acuerdo con lo antes expuesto toca por lo tanto a ésta Corte resolver si en el caso de autos se trata de una opción de compra o si por el contrario, las partes celebraron un contrato de venta para entrar a resolver la procedencia o no de los pedimentos del libelo de la demanda y de la reconvención intentada. Al respecto se observa, que las promesas de venta son, en realidad, una operación sumamente usual, en especial en los casos de arrendamiento en donde el arrendatario persigue como finalidad la posibilidad de adquirir el inmueble arrendado cuando se haga del numerario necesario, siendo por tal razón que se hace dar al tomar el arriendo una promesa de venta u opción. Sin embargo, la promesa de venta no es todavía una venta, es un ante-contrato, por virtud del cual el acreedor del mismo obtiene el derecho de adquirir la cosa cuando bien le parezca, pero debe tenerse presente que la promesa de venta equivale a la venta cuando hay consentimiento recíproco de las dos partes sobre la cosa y sobre el precio, Esta difiere de la promesa unilateral de comprar, la menos frecuente, la cual consiste en el compromiso que una persona adquiere con el propietario de un bien, de comprárselo mediante un precio determinado, si dicho propietario se decide a venderlo. En el caso de autos, existirá una promesa de venta y no de compra, como las partes la han llamado. En concepto de los sentenciadores no existe tal opción, sino una promesa sinalagmática de vender y comprar. Esta existe cuando un propietario promete vender su bien mediante un precio determinado, y aquél a quien se ha dirigido ésta promesa se compromete por su parte a comprarlo en el precio establecido. Esta doble equivale a la venta real, ya que cada uno de los contratantes se ha obligado con relación al otro: el uno a vender y el otro a comprar. Y es esto precisamente lo que sucedió en el caso de autos, pues en la cláusula Segunda del contrato suscrito por las partes el día 31 de Enero de 1.957, la vendedora fija como precio del inmueble situado en la avenida Las Palmas, El Cementerio, Parroquia Santa Rosalía, Nº 33, la cantidad de SESENTA MIL BOLIVARES (sic) (Bs. 60.000,00) y la demanda como aceptación del convenio le entrega (en el se le denomina la compradora) a la vendedora, la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA BOLIVARES (sic) (Bs. 4.360,00) que se imputarán al precio de adquisición del inmueble. Como se observará, aquí no hay opción, pues para que esta existiera era preciso la sola declaración del propietario de obligarse a vender el inmueble por el precio señalado, sino una venta, ya que entre la actora y la demanda hubo acuerdo sobre la cosa (el inmueble) y el precio, y como prueba de ello es la entrega de la suma de dinero que se acreditará al precio. Poco importa que en las otras cláusulas del contrato se haga referencia a una “opción de compra”, pues desde el momento que ésta conformidad existe, la venta se halla perfeccionada, sin que haya que conceder una importancia primordial a las modalidades, la más de las veces hijas de la irreflexión, o del lenguaje empleado por los contratantes…” (sic).

Alegó el apoderado judicial de la parte actora, que el contrato de venta notariado, encaja perfectamente con la sentencia anteriormente trascrita, por cuanto el vendedor, indica en “…la cláusula SEPTIMA. “EL PROPIETARIO, se compromete a realizar todos los trámites necesarios para la protocolización del documento de COMPRAVENTA EN REFERENCIA”. Además en la Cláusula SEXTA”. “Convienen las partes que la referida vivienda la ocupara LA COMPRADORA”. Redunda en la venta, la demanda que por ante el Tribunal Primero Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, interpuso MAURICIO NAHAS ACHTJI, contra CELIA BELEN CASTILLO MORENO, por resolución de dicho contrato y que motivó el secuestro de los inmuebles objeto de la negociación…” (sic).

Que no hay duda alguna a la luz de los hechos documentales y el derecho, de la negociación de compraventa entre las señaladas partes intervinientes y por ello, encuadra la venta dentro de las prohibiciones pautadas en el artículo 1.171 y ordinal 3º del artículo 1.482 del Código Civil y de allí que la venta sea anulable como se propone demandarlo su representada, por una parte y por la otra, en el supuesto de ser negada la nulidad de la venta, es simulada la venta que la apoderada ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, efectuó al ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, mediante el documento protocolizado en la Oficina de Registro, en fecha 11 de agosto de 1998, anotado bajo el Nº 40, Tomo 23 del Protocolo Primero, por los siguientes hechos:

“(Omissis):…
I.-) El precio de la venta es irrisorio, si bien es cierto, en el documento fue fijado en VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000,00), también es verdad que el precio verdadero, real y efectivo, es superior.
La mandataria es hija de mi defendida; en los inmuebles que vendió vive junto con su hijo SERAFIN CASTILLO, estudiante, venezolano y mayor de edad y continua viviendo en dicha casa, ya que así lo dispusieron en el contrato de “opción de venta. En otras palabras, CELIA BELEN CASTILLO MORENO se encuentra viviendo en la casa y ocupa además el solar o bien inmueble discriminado, desde antes de la negociación.
II.-)Los inmuebles, casa y solar, tenían un precio superior a los CIEN MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 100.000.000,00), para el momento de la venta, lo que oportunamente probaré:
III.-) Entre comprador y vendedora, no hubo entrega de los inmuebles al nuevo propietario, por el contrario, todo continúo igual a la situación anterior a la venta, es decir, viviendo en la casa y ocupando el solar CELIA BELEN CASTILLO MORENO y su hijo SERAFIN CASTILLO…” (sic).

Que de todo lo expuesto, resulta que es anulable la venta de los inmuebles que de manera sucinta ha determinado, pero no sólo es anulable sino que además dicha venta es “SIMULADA”, por haberse hecho en fraude de su representada y de manera “confabulatoria ab-initio”.

Alegó el apoderado judicial de la parte actora, que el artículo 1.281 del Código Civil, establece “…Los acreedores pueden también pedir la declaratoria de simulación de los actos ejecutados por el deudor…” (sic).

Que de “la parte transcrita” se desprende que la señalada pretensión puede también ser intentada por terceros que tengan interés legítimo, tal es el caso de su representada.

Que en la obra “…Jurisprudencia Ramírez y Garay, año 1.980, Tomo LXXI, Nº 685-80, páginas 464 y 466, se encuentra la sentencia de la Casación Venezolana, Sala Civil, que enseña: “El mandante puede demandar por Simulación al mandatario. Pruebas admisibles. Diferencia con la Rendición de Cuentas. Siendo conveniente, desde ahora, dejar precisado que cuando una parte no concurre a realizar el acto personalmente, sino por intermedio de un mandatario que obró dolosamente con el objeto de perjudicar la Ley, o lesionar los derechos del mandante, éste se considera como un tercero. Y es por ello que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, el poderdante tiene como arma esencial de defensa contra los actos fraudulentos del apoderado contra sus intereses el derecho de intentar la acción de simulación de dichos actos. Además conviene tener presente lo decidido por nuestra Casación (M.1.938, T.2, pagina 11) cuando dejó establecido que la acción de simulación puede ser ejercida no sólo por los acreedores contra su deudor, sino también por todo aquél que aún sin esa calidad, tenga interés eventual o futuro en que se declare la existencia del acto simulado…” (sic).

Que el autor Eloy Maduro Luyando, en su obra “Curso de Obligaciones”, Derecho Civil III, Segunda Edición, página 585, Nº 1.211, señala los requisitos de la acción de simulación intentada por terceros, de la siguiente forma:

“(Omissis):…
1.Es necesario que el tercero tenga interés legítimo en impugnar por simulación el acto efectuado.
2.Que el acto que ataca le cause algún perjuicio.
3.La acción debe ser dirigida contra las partes intervinientes en el acto simulado. Francisco Ferrara, en su obra “La Simulación de los Negocios Jurídicos”, traducción de Rafael Ataro y Juan A. De la Fuente. Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado. Por lo que concierne al interés en impugnar, diremos que para poder intentar la acción de simulación se necesita: 1) Ser titular de un derecho subjetivo o de una posición jurada amenazada o embarazada por el contrato aparente. 2) Probar el daño sufrido por consecuencia de la incertidumbre ocasionada por el acto simulado; daño que determina la manifestación de invocar la tutela jurídica. El referido Maduro Luyando, en la página 587 de la ya citada obra, Nº 1.214, nos expone: “Cuando la acción de simulación es intentada por terceros se admite todo género de pruebas, inclusive la de testigos, ya que la limitación del artículo 1.387 del Código Civil, sólo es aplicable entre las partes y no a los terceros, quienes no ha tenido oportunidad alguna de proveerse de prueba escrita alguna”.

Que “…La Jurisprudencia de los Tribunales de la República, Volumen XI, año 1.963, Nº 246, página 538, nos trae la sentencia que copiada dice: “Las pruebas de testigos y las presunciones son elementos idóneos para comprobar los actos simulados cuando la acción la ejercen terceros. En la misma obra, Nº 460, Tomo XIV, página 828, de fecha 31-05-66, dice: “La magnitud de la vileza en el precio, por si sola demuestra la simulación de la operación efectuada”. Igualmente la sentencia del 01-07-66, Nº 461, que dice: “En la acción de simulación por ser difícil prueba directa, el juzgador puede basarse en indicios y presunciones pero éstos deben ser graves, precisos y concordantes. Además si la acción no la intenta uno de los contratantes, se permite incluso la prueba testifical, mientras que entre las partes sólo se admite la contra-escritura existen ciertas circunstancias más o menos fijas, que pueden ser probadas, permiten establecer la simulación y entre las primordiales son: a) Vileza en el precio; b) Impotencia o incapacidad económica en el comprador; c) Parentesco o estrechos vínculos entre vendedor y comprador; D) Coincidencia entre el derecho de un tercero y la fecha de la venta; e) Seguir el vendedor en posesión de los bienes. La Corte Suprema de Justicia en Sala Civil, en sentencia del día 07 de Abril de 1.992, expediente Nº 90-335, aparecida en la obra “Repertorio Mensual de Jurisprudencia”, páginas 164 y 165, dijo: “Acción de Simulación. Los distintos indicios de una acción de simulación”… En efecto, en primer lugar, la enumeración de la llamada causa simulando, que normalmente se encuentra ubicada en la intención y propósito de los contratantes para disminuir la prenda común de los acreedores; en segundo lugar la amistad de los contratantes, que es lógica, porque la simulación es un secreto y nadie mejor para conservarlo que un pariente o un amigo; en tercer lugar, el precio vil e irrisorio en la adquisición; en cuarto lugar, la inejecución total o parcial del contrato, porque los indicios no sólo se refieren a los actos precedentes, sino también a los concominantes y subsiguientes; y, finalmente, la falta de capacidad económica de la empresa adquirente, porque si el comprador desembolsa sumas de dinero no acorde con su estado patrimonial, existe razón sobrada para estimar la venta como inexistente…” (sic).

Alegó el apoderado judicial de la parte actora, que al adminicular las enseñanzas doctrinarias y jurisprudenciales con las probanzas explanadas, las cuales son: “…a) precio vil o irrisorio; en efecto, dos bienes inmuebles cuyo precio verdadero y real para el mes de Agosto de 1.998, es superior a los Cien Millones de Bolívares (Bs. 100.000.000,00) y la apoderada CELIA BELEN CASTILLO MORENO, pacta la negociación por VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000,00); y luego el día diecisiete de Agosto de 1.998, readquiere los inmuebles por un precio de VEINTISEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 26.000.000,00) no deja duda alguna del aspecto dañoso, confabulatorio que perjudica el patrimonio de CELIA RAMONA MORENO DE CASTILLO; b) Continuar ocupando, es decir, viviendo la mandataria-vendedora-compradora CELIA BELEN CASTILLO MORENO, en los bienes inmuebles que le había vendido a MAURICIO NAHAS ACHTJI; son prueba más que suficientes para que el Tribunal declare con lugar la simulación que con el carácter antes anotado me propongo intentar…” (sic).
Que por todo lo anteriormente expuesto, en nombre de su representada ciudadana CELIA RAMONA MORENO viuda de CASTILLO, acudió para demandar la simulación y subsidiariamente la nulidad de la venta, en consecuencia demandó por simulación a los ciudadanos CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, como mandataria-vendedora y al ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, como comprador de dos (2) inmuebles, que le pertenecían a su representada, los cuales hubo por herencia dejada por el causante ABEL ELIAS MORENO, muerto abintestato en la ciudad de Mérida, el 26 de septiembre de 1993, según consta de la Planilla sucesoral Nº 63, de fecha 23 de enero de 1995, certificado de Solvencias de Sucesiones Nº H-92-243552, de fecha 6 de febrero de 1995 y quien en vida los adquirió de la siguiente manera: “…1) Una casa para habitación con su terreno, ubicada en el Municipio Juan Rodríguez Súarez (sic), hoy, parroquia Lasso de la Vega, del Municipio Libertador del Estado Mérida, sitio denominado La Pedregosa Alta, calle Principal, frente al Rancho Arjusana, con un área de construcción de ciento cincuenta metros cuadrados (150 Mts2) sobre una extensión de terreno de DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (200 Mts2), debidamente delimitado en el texto del libelo y protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, el veintiocho de Junio de 1.979, anotado bajo el Nº 06, Folio 21, Tomo 3, Protocolo Primero; 2) Un lote de terreno y sus respectivas mejoras adyacentes a la vivienda antes señalada de igual ubicación y cuyos linderos y medidas ya fueron señaladas en el libelo, conforme a documento protocolizado en la misma Oficina el diez (10) de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, anotado bajo el Nº 26, Tomo 11, Protocolo Primero y cuya venta quedó registrada en la Oficina que se menciona, el Once (11) de Agosto de 1.998, bajo el Nº 40, Tomo 23, Protocolo Primero…” (sic), para que convinieran en que la venta es simulada o en su defecto la declarara el Tribunal, junto con la correspondiente condenatoria en costas.

Señaló el apoderado judicial de la parte actora, que para el caso de la declaratoria sin lugar de la simulación y de manera subsidiaria, en nombre y representación de la ciudadana CELIA RAMONA MORENO viuda de CASTILLO, demandó al ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, por nulidad relativa de la venta de dos (2) inmuebles que eran propiedad de su representada, dejada por el causante ABEL ELIAS MORENO, muerto ab-intestato en la ciudad de Mérida, el 26 de Septiembre de 1993, según la Planilla Sucesoral Nº 63, de fecha 23 de Enero de 1995, Certificado de Solvencia de Sucesiones Nº H-92-243552, de fecha 6 de febrero de 1995, documentados de la manera siguiente: “…1) Una casa para habitación con su terreno, ubicada en el Municipio Juan Rodríguez Súarez (sic), hoy, parroquia Lasso de la Vega, del Municipio Libertador del Estado Mérida, sitio denominado La Pedregosa Alta, calle principal, frente al Rancho Arjusana, con un área de construcción de ciento cincuenta metros cuadrados (150 Mts2) sobre una extensión de terreno de DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (200 Mts2), debidamente delimitado en el texto del libelo y protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, el veintiocho de Junio de 1.979, anotado bajo el Nº 06, Folio 21, Tomo 3, Protocolo Primero; 2) Un lote de terreno y sus respectivas mejoras adyacente a la vivienda antes señalada de igual ubicación y cuyos linderos y medidas ya están determinados en el libelo, adquirido por el causante según documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, el día diez (10) de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, anotado bajo el Nº 26, Tomo 11, Protocolo Primero y cuya venta quedó registrada bajo el Nº 40, Tomo 23, Protocolo Primero, de la tantas veces Señalada Oficina de Registro…” (sic).

Manifestó el apoderado judicial de la parte actora que “…De las pretensiones y por vía de consecuencia, en cuanto al precio que en todo caso es vil e irrisorio y que resultare demostrado que pagó MAURICIO NAHAS ACHTJI, en el entendido que del mismo no ha recibido CELIA RAMONA MORENO viuda de CASTILLO, cantidad alguna, el Tribunal determine por sentencia definitiva el quantum a devolverle comprendido el interés legal producido desde el día 11-08-98, hasta la declaratoria que lo acuerde...” (sic).

Que estima la presente demanda en la cantidad de CIENTO VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 120.000.000,00), valor de los inmuebles objeto de la demanda y de conformidad con lo establecido en el ordinal 2º del artículo 1.291 del Código Civil, solicitó se ordenara que por Secretaría se le expidiera copia certificada de la presente demanda junto con el auto de admisión y emplazamiento y auto que acordara la copia a los fines de su protocolización en la Oficina Pública de Registro Subalterno del Municipio Libertador del Estado Mérida.

Citó el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que “…Las medidas preventivas establecidas en éste Titulo las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de ésta circunstancia y del derecho que se reclama…” (sic).

Que en el “…Repertorio Mensual de Jurisprudencia”, Oscar R. Pierre Tapia, Nº 7, Julio de 1.999, página 529, Medida Preventivas, está la sentencia de la Sala Civil, que copiada en parte dice: “El decreto de una medida preventiva y el pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Es cuestión superada hace ya mucho tiempo, la objeción respecto a que el Juez que dicta la medida preventiva por considerar existente el Fumus bonis iuris, se pronuncia sobre el fondo del pleito. De la misma manera, lo es en cuanto a que al decidirse la oposición que se hubiera planteado, se incurre per se en este tipo de pronunciamiento. Admitir tal argumentación sería tanto como para eliminar la posibilidad de que pueda dictarse alguna medida preventiva, ya que las mismas podrán ser decretadas sólo cuando el juez considere que existe presunción grave del derecho que se reclama, para lo cual obviamente, tiene que analizar y apreciar de alguna manera, los fundamentos y recaudos en que se apoya la acción. El régimen de las medidas preventivas implica por esencia o definición, que al acordarlas no significa un pronunciamiento sobre el fondo, sino solo un juicio provisional de verosimilitud. Según las circunstancia de cada caso concreto…” (sic).

Alegó el apoderado judicial de la parte actora, que el Juzgador para el acordamiento de una medida cautelar preventiva a tenor de lo requerido por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, “…enmarca la misma dentro de las exigencias; A) Presunción grave del Derecho que reclama; B) Evitar el riesgo manifiesto para que no quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, que exista temor o riesgo de que una de las partes pueda ocasionar una lesión grave irreparable o de difícil reparación al derecho de la otra…” (sic).

Que de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos, con sus debidos soportes probatorios, tales son: “…a) Previo vil; b) Quedar la mandataria-vendedora CELIA BELEN CASTILLO MORENO, viviendo junto con su hijo Serafín Castillo, en la casa como también ocupando el solar adyacente, en los inmuebles motivo de la negociación, c) Efectuar nueva negociación sobre dichos inmuebles, o sea, la mandataria CELIA BELEN CASTILLO MORENO, adquirir de MAURICIO NAHAS ACHTJI, para si los inmuebles, situación censurada por la Ley, artículos 1.171 del Ordinal 3º del 1.482 del Código Civil…” (sic), constituye fundamento suficiente de derecho, por una parte y la otra, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo.

Que “…Mauricio Nahas Achtji, vende los inmuebles a una tercera persona, pues, la negociación con CELIA BELEN CASTILLO MORENO, lo fue por documento autenticado, aunada a la circunstancia fehaciente de la prohibición de enajenar y gravar, de fecha dieciséis de Marzo de mil novecientos noventa y nueve, Nº 216. Proveniente del juzgado (sic) Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y que expresamente consta en el Nº Tercero, sobre los dos inmuebles motivo de la demanda en virtud de haber sido co-demandado MAURICIO NAHAS ACHTJI, todo lo cual aparece demostrado de la copia simple de dicho Oficio que anexo con la letra “D” y de la nota de prohibición que aparece de la copia certificada que con la letra “B” se agregó…” (sic).

Que por lo anteriormente expuesto, solicitó se decretara medida de prohibición de enajenar y gravar, sobre los dos (2) inmuebles ubicados en la hoy, Parroquia Lasso de la Vega, Municipio Libertador del Estado Mérida, pertenecientes al ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, consistentes “…el Primero: Una casa para habitación con su terreno, sitio denominado La Pedregosa Alta, calle Principal, Frente al Rango Arjusana, con un área de construcción de ciento cincuenta metros cuadrados (150 mts2), sobre una extensión de terreno de doscientos metros cuadrados (200 mts2), alinderada así: Norte, En una extensión de nueve metros con ochenta centímetros, (9,80 mts) terreno que son o fueron de Efraín Rojas Rodríguez. Sur, con extensión de nueve metros con ochenta y cinco centímetros (9,85 mts) con carretera La Pedregosa; Este, con extensión de veintiún metros con setenta centímetros (21,70 mts) con terrenos que son o fueron de Efraín Rojas Rodríguez; y Oeste; en una extensión de veintiún metros con setenta centímetros (21,70 mts) con terrenos que son o fueron de Juan de Dios Calderón; y el Segundo: constituido por un lote de terreno y sus respectivas mejoras adyacentes a la vivienda antes señalada, ubicado en la misma jurisdicción de la Parroquia Lasso de La Vega, Municipio Libertador del Estado Mérida, parte Pedregosa Alta, calle Principal cuyos linderos y medidas son los siguientes: Norte o Frente, en línea quebrada de veintiséis metros con cincuenta centímetros (26,50 mts), más veinte metros (20 mts), más diecinueve metros (19 mts) colinda con Anselmo Quintero Dávila y la carretera Principal de La Pedregosa; Sur o Fondo, en treinta y siete metros (37 mts), con inmueble de Urbano Dávila, hoy de sus Sucesores, separa cerca de alambre; Este o Costado de Arriba, en sesenta y siete metros (67 mts) con inmueble de Isabelina y Digna Paredes, separa pared y cerca de alambre; Oeste y Costado, de Abajo, en cuarenta y tres metros (43 mts), con inmueble de Froílan Sánchez, separa cerca de alambre. Adquiridos por documento Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, el día once (11) de Agosto de mil novecientos noventa y ocho, anotado bajo el Nº 40, Tomo 23, Protocolo Primero…” (sic).

Igualmente solicitó que acordada que sea la medida de prohibición de enajenar y gravar se oficiara a la Oficina de Registro Público.

Señaló como domicilio procesal la siguiente dirección “…Edificio “Don Carlos”, piso 3, Oficina 3C, calle 25, entre avenida 3 y 4 de la ciudad de Mérida…” (sic).

Finalmente solicitó que para la práctica de la citación se comisionara a un Juez de Municipio de la ciudad de Mérida y que la presente demanda sea admitiera, sustanciara y en la definitiva se declarada con lugar con todos los pronunciamientos de Ley.

Junto con el libelo, el apoderado judicial produjo los documentos siguientes:

1º) Copia simple de documento poder otorgado por la ciudadana CELIA RAMONA MORENO viuda de CASTILLO, al abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, por ante la Notaría Pública Segunda de Ciudad Bolívar, Municipio Heres del Estado Bolívar, en fecha 09 de marzo de 2000, anotado bajo el Nº 53, Tomo 13 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha notaría. (folios 21 al 23, primera pieza).

2º) Copia certificada de documento contentivo del poder general, otorgado por la ciudadana CELIA RAMONA MORENO DE CASTILLO, a la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, ante la Notaría Pública Primera de Mérida, de fecha 25 de mayo de 1994, bajo el Nº 34, Tomo 36, el cual fue debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha 18 de junio de 1998, anotado bajo el Nº 5, Protocolo Tercero, Tomo Tercero (folios 24 al 26, primera pieza).

3º) Copia certificada de documento de venta protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Libertador, en fecha 11 de agosto de 1998, bajo el Nº 40, Tomo 23, Protocolo Primero, Tercer Trimestre, mediante el cual la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, actuando en su nombre y en nombre y representación de su madre ciudadana CELIA RAMONA MORENO DE CASTILLO, dio en venta pura y simple al ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, dos (02) inmuebles ubicados en jurisdicción del Municipio Juan Rodríguez Suárez, Distrito Libertador del Estado Mérida, en el sitio denominado Pedregosa Alta, calle principal, frente al Rancho Arjusama, por la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,00) (folios 27 al 31, primera pieza).

4º) Copia certificada de documento autenticado por ante la Notaría Pública Segunda del Estado Mérida, en fecha 17 de agosto de 1998, bajo el Nº 31, Tomo 53, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante esa notaría, mediante el cual el ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI dio en opción a compra a la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, dos (02) inmuebles de su propiedad, ubicados en jurisdicción del Municipio Juan Rodríguez Suárez, Distrito Libertador del Estado Mérida, en el sitio denominado Pedregosa Alta, calle principal, frente al Rancho Arjusama, por la cantidad de VEINTISÉIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 26.000.000,00) (folios 33 al 35, primera pieza).

5º) Copia simple de oficio Nº 216, emanado del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante el cual le informaba al Registrador Subalterno del Distrito Libertador del Estado Mérida, el decreto de Medidas de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre los dos inmuebles objeto de la controversia (folios 36 y 37, primera pieza).

Por auto de fecha 24 de abril de 2000 (folio 38, primera pieza), el entonces denominado Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, hoy Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, admitió dicha demanda cuanto ha lugar en derecho y ordenó el emplazamiento de los demandados ciudadanos CELIA BELÉN CASTILLO MORENO y MAURICIO NAHAS ACHTJI, para la contestación de la misma, a cuyo efecto libró los correspondientes recaudos de citación y de conformidad con los artículo 218 y 345 del Código de Procedimiento Civil, ordenó hacerle entrega de los recaudos de citación a la parte solicitante, para que las hiciera efectiva a través de otro Notario o Alguacil.

Por diligencia de fecha 26 abril de 2000 (folio 39, primera pieza), el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, apoderado judicial de la parte demandante, expuso: “En virtud de haber acordado el Tribunal se me entregaran las compulsas para el gestionamiento de la citación por intermedio de Alguacil o Notario y encontrándose dichas compulsas agregadas a los autos; solicito del Tribunal acuerde le sean dadas al Alguacil de este Tribunal a los fines de la realización de la citación…” (sic).

Por auto de fecha 02 de mayo de 2000 (vuelto del folio 39, primera pieza), el Tribunal de la causa, ordenó entregar los recaudos de citación al Alguacil, para que las hiciera efectiva conforme a la Ley.

Por auto de fecha 16 de mayo de 2000 (folio 40, primera pieza), el entonces denominado Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, hoy Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, visto lo solicitado por el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, acordó lo solicitado y en consecuencia expidió por Secretaria copia fotostática certificada de conformidad con la Ley.

Mediante diligencia de fecha 30 de mayo de 2000 (folio 41, primera pieza), el Alguacil del Tribunal de la causa, consignó boleta de citación debidamente firmada por la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, parte codemandada en el presente juicio (folio 42, primera pieza).

Mediante auto de fecha 20 de junio de 2000 (folio 43, primera pieza), el Juez Titular del entonces denominado Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, hoy Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en virtud de haber reasumido sus funciones como tal, asumió el conocimiento de la causa y ordenó notificar a las partes y una vez que constara en autos la última de las notificaciones, comenzaría a correr un lapso de tres (03) días de despacho para el ejercicio del derecho de recusación, de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y advirtió que vencido dicho lapso sin que las partes hubiesen hecho uso de tal derecho, el proceso continuaría su curso legal en el estado en que se encontraba antes de la referida notificación.

Por diligencia de fecha 31 de junio de 2000 (vuelto del folio 43, primera pieza), el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, apoderado judicial de la parte demandante, se dio por notificado en la presente causa.

Mediante diligencia de fecha 04 de julio de 2000 (folio 44, primera pieza), el Alguacil del Tribunal de la causa, consignó boleta de citación librada al ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, parte codemandada en el presente juicio, quien se negó a firmarla, alegando que primero tenía que hablar con su abogado (folio 45, primera pieza). La Secretaría del Tribunal de la causa, dejó constancia que recibió de manos del Alguacil, la boleta de citación del mencionado ciudadano, el cual quedó legalmente citado.

Por diligencia de fecha 25 de julio de 2000 (folio 46, primera pieza), el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, apoderado judicial de la parte demandante, solicitó al Tribunal de la causa, citará al ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, parte codemandada, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 03 de agosto de 2000 (folio 47, primera pieza), el Tribunal de la causa, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, acordó que la Secretaria de ese Juzgado librara la correspondiente boleta de notificación a los fines de comunicar al codemandado, el cual está debidamente citado en el proceso, la declaración del Alguacil del Tribunal relativa a su citación.

Mediante diligencia de fecha 19 de septiembre de 2000 (folio 49, primera pieza), la Secretaria del entonces denominado Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, hoy Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, dejó constancia que hizo entrega directa y personalmente al ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, de la boleta de notificación librada de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, contentiva de la declaración del Alguacil de ese Tribunal con relación a las resultas de la citación del prenombrado ciudadano (folio 48, primera pieza).

Mediante diligencia de fecha 23 de octubre de 2000 (folio 50, primera pieza), la Secretaria del Tribunal de la causa, dejó constancia que siendo el último día para dar contestación a la demanda, se presentó el ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, debidamente asistido por el abogado RAFAEL ESCALONA MÁRQUEZ y consignó en dos folios (02) útiles, escrito de cuestión previa. Igualmente dejó constancia que no se hizo presente la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, ni por si ni por medio de apoderado a dar contestación a la demanda.

Por escrito de fecha 23 de octubre de 2000 (folio 51 y 52, primera pieza), el ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, parte codemandada, debidamente asistido por el abogado RAFAEL ESCALONA MÁRQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 65.452, opuso la cuestión previa prevista en el ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:

Que siendo la oportunidad procesal para contestar la temeraria demanda en el presente proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 652 del Código de Procedimiento Civil, en vez de dar contestación a la misma, opuso formalmente la cuestión previa, establecida en el ordinal 3º del artículo 346 eiusdem, todo ello a tenor que al folio 21 del presente expediente, obra el instrumento poder que fuera otorgado al abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, por la ciudadana CELIA RAMONA MORENO viuda de CASTILLO, parte actora y donde se evidencia claramente que el instrumento poder otorgado es un “…Poder Especial; y por ser este especialicimo (sic) debe en consecuencia ser claro y preciso y hacer constar para que específicamente fue otorgado lo cual hace que incurra en la cuestion (sic) previa establecida en el referido ordinal 3º del ya mencionado Artículo 346 de la norma comentada y citada, lo que a todas luces el Abogado Apoderado no tiene la representacion (sic) que se atribuye por ser el Poder Insuficiente…” (sic).

Finalmente solicitó que la cuestión previa opuesta se declarara con lugar con todos los pronunciamientos de ley.

Por diligencia de fecha 27 de octubre de 2000 (folio 53, primera pieza), el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, apoderado judicial de la parte demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, contradijo la cuestión previa opuesta por ser improcedente, alegando que dicho poder le fue otorgado por ante el Notario Público, el cual le facultó para intentar todo tipo de demandas, llenando así todas las exigencias, otorgándosele hasta facultades de disposición.

Por diligencia de fecha 30 de octubre de 2000 (folio 54, primera pieza), la Secretaria del Tribunal de la causa, dejó constancia que en fecha 27 de octubre de 2000, la parte actora contradijo la cuestión previa opuesta.

Por diligencia de fecha 02 de noviembre de 2000 (folio 55, primera pieza), el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, apoderado judicial de la parte demandante, promovió como prueba de la incidencia de la cuestión previa, el instrumento poder que le fue conferido y el cual obra a los folios 21 y 22 de la primera pieza.
Por auto de fecha 06 de noviembre de 2000 (folio 56, primera pieza), el Tribunal de la causa, admitió la prueba promovida en la presente incidencia por el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, apoderado judicial de la parte demandante, cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva.

Mediante diligencia de fecha 10 de noviembre de 2000 (folio 57, primera pieza), la Secretaria del Tribunal de la causa, dejó constancia que sólo la parte actora promovió pruebas dentro del lapso legal.

Por diligencia de fecha 15 de noviembre de 2000 (folio 57, primera pieza), el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, apoderado judicial de la parte demandante solicitó se dictara la decisión.

En fecha 1º de diciembre de 2000 (folio 58 al 64), el entonces denominado Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, hoy Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, declaró sin lugar la cuestión previa opuesta por el ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, parte codemandada, debidamente asistido por el abogado RAFAEL ESCALONA MÁRQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 65.452, en lo siguientes términos, que por razones de método se transcribe in verbis:

“(Omissis):…
PARTE MOTIVA
Para resolver sobre el mérito de la presente incidencia este Tribunal hace previamente las siguientes consideraciones:
El artículo 346, ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil establece:
“Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones previas:
………………………………………………………
3º) la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente” (Negritas y cursivas del Tribunal).
De la norma precedentemente citada se desprende que la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado representante del actor sólo puede resultar de tres formas:
a) Porque carezca de capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio. En tal virtud el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil establece que “Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados”. En tal virtud el apoderado carece de esta capacidad cuando no es abogado o está inhabilitado o suspendido del ejercicio profesional disciplinariamente, o bien porque el mandato se haya extinguido conforme a las previsiones legales contenidas en el artículo 1.704 del Código Civil, vale decir: por revocación, por renuncia del mandatario, por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del mandatario, y por la inhabilitación del mandante o del mandatario, si el mandato tiene por objeto actos que no podría ejecutar por sí, sin asistencia de curador. En el caso bajo análisis observa este Tribunal que el poder cuestionado ha sido otorgado efectivamente a un abogado que ha acreditado en autos el ejercicio de dicha profesión, y que este no está inhabilitado ni civil ni disciplinariamente y tampoco está incurso dicho mandatario en ninguna de las causas previstas en el artículo 1.704 antes comentado, razón por la cual es forzoso concluir que el prenombrado abogado, FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO sí tiene la capacidad para ejercer poderes en juicio, y así se decide.
b) Por no tener la representación que se atribuye. Carece de representación aquella persona que se presente en juicio por el actor desprovista del instrumento que legitime su representación, salvo claro está el presupuesto de la representación sin poder previsto en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, caso este en que sólo es admisible tal representación a los herederos a sus coherederos en las causas relativas a la herencia, y el heredero por su condueño en lo relativo a la comunidad, y finalmente en cuanto a la parte demandada la Ley permite su defensa a cualquier persona que sea capaz procesalmente y sujeto siempre a observar las disposiciones pertinentes de la Ley de Abogados. Pero, en general, el apoderado o representante de la parte litigante debe comparecer al proceso provisto de un instrumento auténtico otorgado por esa parte, el cual debe contener las facultades que le han sido conferidas, a objeto de desempeñar la representación a cabalidad y en conformidad al mandato que le ha sido conferido. La representación es lo que caracteriza al mandato, porque solamente representando a otros es como se puede proceder en su nombre y en su beneficio, sin quedar afectado de responsabilidad personal. El mandatario no reemplaza a su poderdante sino que hace sus veces, puesto que su misión es ocupar el puesto de una persona que es parte en el proceso en virtud del poder que de esta persona ha recibido para representarla. En el caso subjudice el abogado que se presenta como apoderado de la parte actora tiene sin ningún género de dudas la representación que se atribuye en el presente juicio en tanto y cuanto, por un lado ha acreditado tal representación en el instrumento poder consignado junto con el libelo de la demanda y que aparece inserto en copia fotostática a los folios 21 y 22 del expediente; y, por otro lado, porque en el referido instrumento la demandante CELIA RAMONA MORENO VIUDA DE CASTILLO declara lo siguiente:
“…el apoderado que constituyó queda facultado para intentar y contestar todo tipo de demanda en las que tenga interés, proponer reconvenciones, seguir el juicio o juicios en todos sus estados, grados e incidencias, tachar y desconocer documentos, promover todo tipo de pruebas y hacerlas evacuar, solicitar inspecciones oculares y judiciales, nombrar árbitros, arbitradores, hacer uso de recursos ordinarios y extraordinarios, incluso la invalidación y casación, intimar e impugnar costas, hacer posturas en remates y mejorarlas, darse en mi nombre por citado y/o notificado en todos aquellos asuntos en los cuales fuere necesaria mi presencia personal, convenir, transigir, desistir en juicio o fuera de él, conciliar, sustituir este poder en abogado de su confianza, pedir avalúos como también impugnar los que en mi contra se pidan, actuar conjunta o separadamente cuando sustituya el poder, recibir sumas de dinero y otros valores otorgando los recibos respectivos; y, en general hacer en defensa de mis derechos todo cuando está permitido por la Ley por ser las facultades anteriores enunciativas y no taxativas”. (Negritas del Tribunal).
De modo que el apoderado así constituido está investido de todas las facultades que le permitan cumplir todos los actos del presente proceso, que no están reservados expresamente por la Ley a la parte misma, y, más aún, tal y como se aprecia en el referido poder le han sido conferidas facultades expresas hasta para disponer del objeto o del derecho del litigio. Por consiguiente, considera este Tribunal que el apoderado de la parte actora no sólo tiene la representación que se le atribuye sino que la misma le ha sido conferida en forma amplia y suficiente y lo faculta plenamente para actuar en el presente proceso, así se decide.
c)Porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente. La ilegalidad en el otorgamiento del poder deriva de la omisión de los requisitos con que el legislador patrio ha revestido el mandato judicial; en este sentido el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“El poder para actos judiciales debe otorgarse en forma pública o autentica. (…). No será válido el poder simplemente reconocido, aunque sea registrado con posterioridad” (Negritas y cursivas del Tribunal).
De lo transcrito se infiere que es imperativo que quien se presente como apoderado en juicio exhiba mandato público o auténtico, y es tal el instrumento que sea otorgado ante un funcionario a quien la Ley autorice para darle fe pública a los actos que se celebran en su presencia. (Los funcionarios autorizados por la Ley para registrar poderes son judiciales, notariales, registrales, consulares en el exterior y también los agentes del servicio exterior de la República en el país del otorgamiento). En consecuencia, el mandato procesal tiene que ser expreso y constar en forma escrita y auténtica, y la autenticidad en este caso es un requisito ab sustancia, puesto que un mandato procesal conferido mediante un instrumento privado, aún reconocido, como ha quedado dicho, no tiene el carácter de tal dado que nuestra Ley Adjetiva Civil ha señalado terminantemente que el mismo debe ser otorgado en forma auténtica. Por lo que toca al caso bajo análisis el poder consignado por el apoderado de la parte actora reúne los requisitos exigidos en la norma precedentemente transcrita toda vez que aparece de él que su otorgamiento se efectuó por ante la Notario Público Segundo de Ciudad Bolívar, Municipio Autónomo Heres del Estado Bolívar el 09 de marzo de 2.000, funcionaria aquella que tiene facultad para dar fe pública al instrumento que le ha sido presentado y en el lugar en que el mismo ha sido autorizado; por consiguiente, tratándose de un documento auténtico, aún y cuando haya sido presentado en copia fotostática simple al no haber sido impugnado por la parte demandada conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en su primer aparte, este Tribunal debe tenerlo como un documento legal y fidedigno, y así se decide.
La insuficiencia del poder está dada en virtud de que las facultades que se subrogue el demandado no le hayan sido realmente conferidas, por lo que de ejercerlas el apoderado incurriría en un exceso en el ejercicio del mandato. En el mandato procesal, se ha de entender que el apoderado está facultado para cumplir todos los actos del proceso no reservados a la parte misma por la Ley, más sin embargo sí es necesario que consten en él en forma expresa las facultades para desistir, transigir, convenir, hacer posturas en remates, someter el asunto a árbitros arbitradores o de derecho, darse por citado, notificado, deferir el juramento, absolver posiciones, toda vez que tales facultades, como quedó reseñado, implican actos de disposición. En el caso bajo análisis el Tribunal observa que las facultades de que está investido el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO son amplias y suficientes para permitírsele la representación de la ciudadana CELIA RAMONA MORENO VIUDA DE CASTILLO en el presente juicio, pues no sólo le fueron conferidas por su poderdante las facultades generales para actuar en juicio sino inclusive las específicas para disponer del objeto y del derecho en litigio. De modo que sobre lo ya señalado debe éste Tribunal concluir que el poder otorgado al prenombrado abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO sí es suficiente para que el mismo actúe en el presente juicio, en todos sus actos y para todas sus instancias y recursos, ordinarios y extraordinarios, con el pleno ejercicio de las facultades que le han sido conferidas, y así se decide.
CONCLUSIÓN
Examinado el instrumento poder cuestionado por la parte demandada mediante la interposición de la cuestión previa a que se contrae el ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y partiendo del análisis precedentemente realizado, se evidencia claramente que constando como consta en autos el cumplimiento de los extremos de Ley en el otorgamiento del poder conferido al profesional del derecho FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO para actos judiciales, la circunstancia de que el poder haya sido catalogado como ESPECIAL por el redactor, es una simple sutileza que no resta eficacia al dicho instrumento ni vulnera en forma alguna la validez de la representación que a través de él ejerce y le ha sido conferida al prenombrado abogado, pues no sólo está otorgado con arreglo a la Ley y ante un funcionario público competente para autorizar el acto, sino que revela la voluntad y el derecho de la otorgante de gestionar sus intereses en el presente juicio por medio de apoderado, por lo que es forzoso concluir que el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO sí tiene legitimidad para presentarse como apoderado de la parte actora en el presente juicio y siendo así la cuestión previa opuesta no puede prosperar y debe ser declarada sin lugar en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
PARTE DISPOSITIVA
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley dicta su sentencia en la presente incidencia en los términos que a continuación quedan establecidos:
PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la Cuestión Previa opuesta por el co-demandado MAURICIO NAHAS ACHTJI con fundamento en el ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: Se condena en costas al co-demandado MAURICIO NAHAS ACHTJI por haber empleado un medio de defensa que no ha tenido éxito, según las previsiones del artículo 276 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: Por cuanto la presente decisión sale fuera del lapso legal, se acuerda notificar a las partes haciéndoles saber de tal pronunciamiento y de que una vez que conste en autos la última de las notificaciones aquí ordenadas, comenzará a computarse el lapso para la contestación de la demanda. Líbrense boletas.
CUARTO: La presente decisión no tiene apelación con arreglo a lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se advierte a las partes que practicadas sus notificaciones conforme a lo ordenado en el aparte anterior, la contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los cinco días de despacho siguientes a aquél en que conste en autos la última de aquellas notificaciones…” (sic).

Por diligencia de fecha 05 de diciembre de 2000 (folio 65, primera pieza), el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, apoderado judicial de la parte demandante, se dio por notificado de la decisión de fecha 1º de diciembre de 2000.

Por diligencia de fecha 14 de febrero de 2001 (folio 66, primera pieza), la ciudadana CELIA BELÉN CASTILLO MORENO, parte codemandada, debidamente asistida por el abogado JOSÉ JACOB AVENDANO PLAZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 65.493, se dio por citada en la presente causa.

Mediante diligencia de fecha 1º de marzo de 2001 (folio 67, primera pieza), el Alguacil del Tribunal de la causa, consignó boleta de notificación debidamente firmada por el ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, parte codemandada en el presente juicio (folio 68, primera pieza).

Por diligencia de fecha 08 de marzo de 2001 (folio 69, primera pieza), el ciudadano MAURICIO NAHAS ACHTJI, parte codemandada, debidamente asistido por el abogado RAFAEL ESCALONA MÁRQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 65.452, consignó en cuatro (04) folios útiles, escrito de contestación a la demanda, el cual obra agregado a los folios 70 al 73 de la primera pieza, en los siguientes términos:

Que siendo la oportunidad procesal para dar contestación a la demanda y sin que su presencia en este acto convalide tan temeraria acción intentada en su contra, con el debido respeto ocurrió y expuso:
Que rechaza y contradice en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos narrados como en el derecho invocado, la presente demanda intentada por el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana CELIA RAMONA MORENO viuda de CASTILLO, y a tal efecto solicitó se declarara sin lugar con todos los pronunciamientos de ley.

En el intitulado “UNA CONSIDERACION MUY PARTICULAR”, alegó que en vista de que está plena y absolutamente convencido, que siendo la fecha para dar contestación a la temeraria demanda, se terminaría de fraguar esa confabulación en su contra, en vista que la codemandada ciudadana CELIA BELEN CASTILLO MORENO no se presentara a este acto, o en su defecto convenga en todas y cada una de sus partes, expresó sin que ello signifique de manera alguna, una falta de respeto hacia nadie, y en obsequio de la justicia y de la celeridad procesal, lo siguiente:

“(Omissis):…
Nunca he podido entender, por que algunas personas que llevadas la mano por “ilustrísimos Abogados”, se “especializan” en dilatar y enrollar juicios, así como dañar la moral y spicologicamente (sic) a personas honestas, alimentados por una obcecacion (sic) y fanatismo de creerse unos verdaderos Jurisconsultos, todo ello sin contar que estos últimos, hechos un caldo de cultivo que cual reservorio, se creen bibliotecas ambulantes, y de manera cantinflerica (sic) empiezan a nombrar citas y mas citas de tratadistas, y cual “arroz con mango”, culminan en sus interminables demandas, contradiciéndose e inclusive pidiéndoles a los Juzgadores les DECLAREN SIN LUGAR las Demandados que intentan, sin haberse dado cuenta de ello. Aunado que en los Tribunales del estado Mérida, todos nos conocemos, y la gran mayoría de Jueces: a saber, Superiores: De Primera Instancia; De Municipio y Ejecutores de Medidas, pueden dar fe, del comportamiento peripatético” de muchos Abogados…” (sic).


Bajo el intertítulo “UNA CONSIDERACION (sic) GENERAL”, expuso que no puede hacer de esta contestación a la demanda, una interminable recopilación de citas y más citas de tratadistas patrios y extranjeros, y a tal efecto se circunscribirá a ser conciso y preciso en sus apreciaciones, en el sentido de demostrarle al Tribunal, el por que tiene que declarar sin lugar, tal como formalmente lo solicitó ab initio, la acción intentada por el abogado FRANCISCO PULIDO ZAMBRANO, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora.

Señaló que por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, desde hace casi “…TRES AÑOS cursa una Demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OPCION A COMPRA, intentada por quien suscribe, contra la Ciudadana CELIA BELEN CASTILLO MORENO, Causa esta que se encuentra signada con el No. 18.049.- Donde una vez intentada la misma, se me acordó una MEDIDA DE SECUESTRO sobre los bienes de mi propiedad que ahora me pretende despojar la mencionada Ciudadana CASTILLO MORENO.- Para su conocimiento Ciudadano Magistrado, una vez que el Juzgado Comisionado por el