Por todos los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control nro. 06 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, UNA VEZ CALIFICADA LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA, PROCEDE A IMPONER MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD AL IMPUTADO ALVARO PEÑA PEÑA, anteriormente identificado, por considerar llenos los extremos exigidos en los ordinales 1° y 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, más no el exigido en el ordinal 3°, referido al peligro de fuga, supuestos que pueden ser satisfechos por una medida menos gravosa, como las previstas en el artículo 256, ordinales 3° y 9° ejusdem, de conformidad con los artículos 8, 9, 243, 253, 244, 256, encabezamiento, 263 y 282 del citado Código y el artículo 44, ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues resulta difícil presumir que an.....

este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN N° 02 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, OTORGA el Beneficio de REGIMEN ABIERTO al penado ANGEL ANTONIO PUCHE, venezolano, nacido en Carrasqueño, Distrito Páez del Estado Zulia, nacido en fecha 16-07-1950, de 54 años de edad, dijo ser titular de la cédula de identidad N° 5.634.861, domiciliado en Sector Rocolita, antes de llegar a Tucaní, detrás del Cementerio, rancho de zinc, Municipio Caracciolo Parra y Olmedo, del Estado Mérida, quedando bajo la supervisión, orientación y control de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario, Coordinación Zonal N° 01 de la ciudad de Mérida, Estado Mérida, imponiendo el Tribunal las siguientes condiciones: 1.- No cometer ni involucrarse en la realización de delitos, por cuanto se le revocará el beneficio acordado.2.- Mantener la estabilidad .....

DISPOSITIVA Este Tribunal en funciones de Juicio N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, administrando Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: ABSUELVE al acusado ELIAS JHOAN FLORES APONCIO, quien es venezolano, natural de El Vigía Estado Mérida, titular de la cédula de identidad N° V- 15.356.590, nacido en fecha 06/01/1981, de estado civil soltero, de 26 años de edad, de profesión u oficio Taxista, hijo de Milva Aponcio (v) y de Héctor Flores (v), domiciliado en: Bubuquí III, bloque 10, apartamento 3-04, teléfonos 0275-8810965 y 0414-9766805; por el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO. SEGUNDO: Se ordena el cese de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta conforme al artículo 256.3 del Código Orgánico Procesal Penal, por el Tribunal de Control N° 01 de este.....

Dispositiva. Por todos los razonamientos expresados, este Tribunal Unipersonal de Primera Instancia en funciones de Juicio N° 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo establecido en los artículos 364 y 366 del Código Orgánico Procesal Penal, emite los siguientes pronunciamientos: 1°. Absuelve al ciudadano Ender Peña Torres, quien es venezolano, nacido en el Estado Mérida en fecha 28-11-1986, titular de la cédula de identidad N° 21.185.758, soltero, de 19 años, obrero en el Mercado principal, residenciado en Lagunillas, y defendido por la profesional del Derecho Fabiola Quintero, Defensora Pública adscrita al Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, de la acusación presentada por el Fiscal Segundo del Ministerio Público del Estado Mérida, quien lo acusó por la comisión del delito de Homicidio Intencional Simple, previsto en el artículo 405 del Código Penal.....

PRIMERO: Se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el ciudadano Carlos Alberto Prieto Pérez, en contra de la empresa VENGAS S.A. Sucursal El Vigía, en la persona de su representante, ciudadano Alfonso Barboza, en fecha 23 de febrero de 2007. SEGUNDO: Se condena a la demandada, empresa VENGAS S.A. Sucursal El Vigía, en la persona de su representante, ciudadano Alfonso Barboza, a pagar al actor ciudadano Carlos Alberto Prieto Pérez, la cantidad de CINCO MILLONES VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO BOLÍVARES CON NOVENTA CÉNTIMOS (5.022.378,90 Bolívares) por concepto de indemnizaciones por despido injustificado. TERCERO: En caso que el demandado no cumpliere voluntariamente con la sentencia, se ordena la corrección monetaria, sobre la cantidad condenada a pagar en el dispositivo segundo de esta sentencia, es decir, sobre la cantidad de CINCO MILLONES VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO BOLÍVARES CON NOVENTA CÉNTIMOS (5.022.378,90 Bolívares). Este concepto debe.....

Que de la revisión exhaustiva de las actas procesales se infiere que la parte actora no dio cumplimiento a lo ordenado por este tribunal, específicamente en lo que respecta a la subsanación del libelo de la demanda razón por la cual, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara Perimida la Demanda, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se decide

Con fundamento en las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Primero de los Municipios Tovar, Zea, Guaraque y Arzobispo Chacón de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: Con lugar la demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS incoada por el ciudadano Ruperto Guerrero Márquez en contra de la ciudadana Silvia Mora Huiza. En consecuencia se condena a la parte demandada a: PRIMERO: Pagar en concepto de daños y perjuicios la cantidad que sea determinada por los peritos designados conforme a la Ley, a cuyo efecto se ordena practicar una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el articulo 249 del Código de Procedimiento Civil, a objeto de establecer cual es la cantidad de dinero a la que ascienden los mismos. SEGUNDO: Pagar las costas por haber resultado totalmente vencida en este proceso, de conformidad con lo establecido en el artícul.....

este Tribunal luego de un riguroso y minucioso análisis de los puntos que conforman este acuerdo de voluntades, llega al convencimiento procesal que el mismo no vulnera el orden público, ni trasgrede ninguna disposición legal, que en este arreglo se ha dado estricto cumplimiento al Derecho a la Defensa e igualdad de las partes en el debido proceso, premisas constitucionales éstas de indubitable cumplimiento para una sana, recta Administración de Justicia, tal como así lo prescriben hoy día los Artículos 26, 49, 253, 254, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente es Forzoso concluir que se acuerda y así se decreta de acuerdo a lo previsto en los artículo 363 de la Vigente Ley Adjetiva Civil, en concordancia, con los también vigentes artículos 1713 y 1718 del Código Sustantivo Civil, LA HOMOLOGACION DEL CONVENIMIENTO impartiéndole el carácter de Sentencia Pasada con Autoridad de Cosa Juzgada, se da por terminado el juicio y se .....

este tribunal Administrando Justicia en nombre de La República y por Autoridad de La Ley DECRETA LA PERENCION DE INSTANCIA de la presente causa.

"...el Tribunal en consecuencia, por cuanto las pruebas promovidas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, las ADMITE CUANTO HA LUGAR EN DERECHO, salvo su apreciación en la definitiva..." "...En el presente caso la promovente de manera palmaria omitió indicar el objeto determinado de la prueba, por lo tanto, la prueba indicada en el numeral CUARTO, referente a la INSPECCIÓN JUDICIAL; no fue válidamente promovida, y es por lo que este Tribunal en acatamiento al mandato expreso del Artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y acogiendo el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia, NIEGA la admisión de dicha prueba..."