en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara en el presente proceso la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia extinguido el proceso de DIVORCIO ORDINARIO, intentada por el ciudadano: HILARIO CHACÓN CONTRERAS, de nacionalidad venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.512.208, domiciliado en jurisdicción del Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, contra LORELYS DEL VALLE RANGEL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.464.289, domiciliada en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida. Así se decide.- No hay condenatoria en costas conforme lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

PRIMERO: Se declara CON LUGAR el derecho que tiene los abogados LUIS OMAR GARCÍA y JUAN RAMÓN PINEDA, a estimar e intimar sus honorarios profesionales derivados de las actuaciones descritas en la parte motiva del fallo; asimismo tiene derecho al cobro de sus honorarios profesionales por sus actuaciones judiciales como apoderados judiciales, que corresponde a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 34.984.000,00). Así se decide. SEGUNDO: SE ORDENA la indexación sobre la cantidad de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 34.9484.000,00) o sobre aquél que lleguen a fijar los jueces retasadores, calculada conforme a los índices inflacionario, emitidos por el Banco Central de Venezuela. TERCERO: SE ORDENA la constitución del Tribunal retasador, a fin de que, el mismo realice el cálculo y estime las cantidades de dinero por concepto de honorarios profesionales, la cual se realizará una vez que la presente .....

este Tribunal HOMOLOGA dicho Auto Composición Procesal y le imparte el carácter de Sentencia Pasada con Autoridad de Cosa Juzgada. En consecuencia, este Despacho luego de un riguroso y minucioso análisis de los puntos que conforman el convenimiento suscrito por la parte demandada mediante la Contestación de la Demanda, llega al convencimiento procesal que el mismo no vulnera el orden público, ni transgrede ninguna disposición legal, que en este arreglo se ha dado estricto cumplimiento al derecho a la defensa e igualdad de las partes en el debido proceso, premisas constitucionales éstas de indubitable cumplimiento para una sana, recta Administración de Justicia, tal como así lo prescriben hoy día los artículos 26, 49, 253, 254, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente es Forzoso concluir que se acuerda y así se decreta conforme a lo previsto en el artículo 363 de la Vigente Ley Adjetiva Civil LA HOMOLOGACION DEL CONVENIMIENTO, impartié.....

DISPOSITIVA Por las consideraciones que anteceden este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad de la Constitución y sus Leyes declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, incoada por el ciudadano ARMANDO ENRIQUE DÁVILA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.491.606, asistido por el abogado RAFAEL ESCALONA MÁRQUEZ, inscrito en el Inpreabogado Nº 65.452; contra DISTRIBUIDORA VALREYKA C.A., empresa inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 12 de Julio de 2002, bajo el Nº 37, Tomo A-11, a través de sus representantes KARELYS MILEIDA MORANTES DE REY y LUIS ALFREDO REY RODRIGUEZ, titulares de la cédula de Identidad Nros. V- 10.718.470 y V- 11.464.646, en su orden, de conformidad con lo es.....

En consecuencia, vista tal actuación suscrita entre las partes, y no habiendo otra actuación que practicar, por haberse cumplido con todos y cada uno de los trámites procesales requeridos en el presente expediente, este TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA ACUERDA SUSPENDER LA CONTINUIDAD DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME REFERIDA A LA HOMOLOGACIÓN DE TRANSACCION celebrada entre las partes en controversia en fecha veintiséis (26) de mayo de 2017, ello de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 532 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, haciéndosele saber a las partes en controversia, que una vez transcurrido el lapso respectivo para que las mismas ejerzan los recursos que considere necesarios en contra de la presente decisión, SE DARA POR TERMINADO EL PRESENTE JUICIO Y SE ORDENARA EL ARCHIVO DEFINITIV.....

Evidentemente el apoderado judicial del acionante, en el libelo que obra inserto a los folios 1, 2 y 3 del presente expediente, pretende acumular y tramitar conjuntamente, asuntos para lo cual se han establecido en el ordenamiento jurídico, procedimientos diferentes. La exigencia legal contenida en el artículo 78 ya citado, es de estricta observancia y cumplimiento, y la admisibilidad de acciones inacumulables, obviamente le causan perjuicios a las partes, vulneran el debido proceso y son contrarias a una disposición legal y por ende infringen el orden público que debe ser tutelado en todo momento

Sobre la base de los razonamientos fácticos y jurídicos que se dejaron expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, con sede en la ciudad de Tovar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede civil, HOMOLOGA y da por consumado el desistimiento del procedimiento propuesto en fecha 30 de mayo de 2018, por la ciudadana MARÍA GUADALUPE LARA, asistida por la abogada MARÍA INMACULADA RAMÍREZ, en el juicio seguido en contra de los ciudadanos RAMÓN ELKADER VALECILLOS y ELSA SUSANA TOVAR DE VALLECILLOS, por prescripción adquisitiva y, en consecuencia, de conformidad con la segunda parte del artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, le imparte el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y así se declara.

En consecuencia y atención a la solicitud de aclaratoria, este tribunal le otorga FUERZA EJECUTIVA AL DOCUMENTO DE COMPRA VENTA REFERIDO, esto a todos los efectos legales consecuentes. Expuesto todo lo anterior, es por lo que este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA AMPLIADA Y ACLARADA LA DECISIÓN proferida por este Juzgado en fecha diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Téngase la presente ampliación como parte integrante de la referida sentencia.

Examinada detenidamente como ha sido la declaración contentiva de la inhibición propuesta, considera el Tribunal, que la misma fue hecha en forma legal y se encuentra fundamentada en motivo justificado, específicamente en el ordinal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 84 eiusdem; en consecuencia, de conformidad con el artículo 88 ibidem, y, en un todo conforme a la sentencia vinculante número 1175, de fecha 23 de noviembre de 2010, dictada en el Expediente 08-1497 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, resulta procedente declarar Con Lugar dicha inhibición, como en efecto así se declara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Así se decide.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas este Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana ZONIA HERNANDEZ TORREZ, titular de la cédula de identidad número V-8.030.560, asistida por el abogado en ejercicio MIGUEL ANGEL GOMEZ, titular de la cédula de identidad número V-3.916.064, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 32.766, contra ZONA EDUCATIVA NÚMERO 14 DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.