Una vez analizada la querella interdictal propuesta y los anexos acompañados, que es relevante destacar, no fueron presentadas ninguna de las pruebas preconstituidas que son imperantes en este tipo de juicios, tal es el caso de la prueba testimonial, o la inspección judicial, por tal motivo se evidencia que no están cumplidos los extremos legales requeridos, para la procedencia de la presente querella interdictal. Al no haber cumplido los querellantes de marras, con los requisitos de procedencia dispuestos en el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde a este Tribunal declarar inadmisible la presente querella interdictal, por no haberse cumplido con los requisitos que señala la norma adjetiva antes mencionada, los cuales son indispensables para que este Tribunal pudiera acordar el amparo a la posesión

Evidentemente el accionante en el caso de análisis, en el libelo que obra inserto a los folios 1 al 4 del presente expediente, pretende acumular y tramitar conjuntamente, asuntos para lo cual se han establecido en el ordenamiento jurídico, procedimientos diferentes. La exigencia legal contenida en el artículo 78 ya citado, es de estricta observancia y cumplimiento, y la admisibilidad de acciones inacumulables obviamente le causan perjuicios a las partes, vulneran el debido proceso y son contrarias a una disposición legal y por ende infringen el orden público que debe ser tutelado en todo momento

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano JESÚS MARIA PEÑARANDA MORA, contra el ciudadano ROMAN JOSÉ NAVAS PEREZ, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES. Se condena al ciudadano ROMAN JOSÉ NAVAS PEREZ, a pagar al demandante ciudadano JESÚS MARIA PEÑARANDA MORA, la cantidad de que se indicó en la parte motiva y dispositiva del presente fallo, más la cantidad que resulte de la experticia complementaria del fallo. Se ordena realizar una experticia complementaria al fallo. Se ordena el pago de intereses de mora y la indexación. Se condena en costas a la parte demandada por haber vencimiento total.

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana LENIS YELITZA MÁRQUEZ PULIDO, contra la Sociedad Mercantil FRIGORIFICO RICO POLLO C.A., RIF J – 29724411-5, y los ciudadanos CLEMEN SULIMA LARA VIVAS y ENRIQUE EDUARDO CENTENO CENTENO, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES. Se condena a la Sociedad Mercantil FRIGORIFICO RICO POLLO C.A. RIF J – 29724411-5, y a los ciudadanos CLEMEN SULIMA LARA VIVAS y ENRIQUE EDUARDO CENTENO CENTENO, a pagar a la demandante ciudadana LENIS YELITZA MÁRQUEZ PULIDO, la cantidad de que se indicó en la parte motiva y dispositiva del presente fallo, más la cantidad que resulte de la experticia complementaria del fallo. Se ordena realizar una expert.....

Se declaró CON LUGAR la inhibición formulada en fecha 20 de MARZO de 2018, por el Juez Provisorio del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, abogado JULIO CÉSAR NEWMAN GUTIÉRREZ.

DECISIÓN Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Constitución y sus Leyes, declara: PRIMERO: INCOMPETENTE para conocer en primera instancia el juicio de Fraude Procesal procedente por declinatoria del Tribunal Superior Segundo de esta Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. Y ASÍ SE DECIDE. SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento, y en virtud de la declaración de incompetencia de dos tribunales, esta Juzgadora solicita de oficio la REGULACIÓN DE COMPETENCIA de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE. TERCERO: Se ordena remitir con oficio original del presente expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Y ASÍ SE DECID.....

considera este juzgador que las normas relativas a la competencia sustantiva o material de los Juzgados de Primera Instancia Agraria, es la contenida en el artículo 212 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, resultando plenamente aplicable en el presente caso, ya que de autos consta que en el documento sobre el cual se solicita se declare el RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA tiene productividad agrícola. Por lo antes expuesto es criterio de este juzgador, que el Tribunal competente para conocer y decidir sobre la presente solicitud de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA a que se contrae la presente acción, corresponde a la "jurisdicción especial agraria", y en concreto, al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, con sede en El Vigía

En mérito de los razonamientos procedentemente expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE A CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, y de conformidad con los artículos 12 y 243 del Código de procedimiento Civil, declara: PRIMERO: INEXISTENTE el libelo de demanda en referencia presentado en fecha 16 de marzo de 2018, que encabeza las presentes actuaciones y consecuentemente, sin efecto las actuaciones subsiguientes y verificadas en este expediente. SEGUNDO: No hay CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del presente fallo. TERCERO: Notifíquese a la parte demandante o a su apoderado judicial, haciéndosele saber que el lapso para interponer los recursos que sean procedentes contra la presente decisión comenzará a computarse a partir del primer día de despacho siguiente a aquél en que conste en autos la notificación ordenada, más un (1) día qu.....

Primero: Se decreta Medida Innominada de Protección a la Producción, solicitada por el ciudadano MARCO VINICIO ORTEGA SOTO, venezolano, mayor de edad, productor agropecuario, titular de la cédula de identidad número V-5.162.957, domiciliado en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, con el carácter de Presidente de la Empresa AGROPECUARIA LA ESCONDIDA COMPAÑÍA ANONIMA, asistido por el por el profesional del derecho LEONARDO ENRIQUE MOGOLLON CARRASCO, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-9.223.539, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 44.780 domiciliado en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida; de conformidad en los artículos 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre el fundo agropecuario denominado FUNDO AGUA LINDA, ubicado en el sector Playones, Jurisdicción de la Parroquia Eloy Paredes, Municipio Ob.....

Primero: Se decreta Medida Innominada de Protección a la Producción, presentada por la abogada Jhoselyn Carolina Amaya Fernández, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.456.299, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 120.202, en su carácter de Defensora Pública Agraria N° 01 de la Extensión de la Unidad de Defensa Pública El Vigía del Estado Mérida, actuando previo requerimiento expreso de la ciudadana MARIA YURAIMA LABRADOR CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-9.391.096, domiciliada en el Fundo Mi Granja, ubicado en el Sector El Pinar, Parroquia Florencio Ramírez Municipio Caracciolo Parra y Olmedo del Estado Bolivariano de Mérida conformidad en los artículos 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre un lote de terreno de vocación y uso agrícola denominado Mi Granja, ubicado en e.....