TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.

Mérida, veintidós (22) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

215º y 166º.

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2013018921

AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA

Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación realizada por la
sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante comunicación N°
TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha 20/12/2024 según acta N° 105 del
libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, mediante la
presente me aboco al conocimiento de la presente causa. Visto el escrito presentado por el represéntate de la
Fiscalía Primera del Ministerio Público, la cual, en el uso de sus atribuciones legales, presenta solicitud de
DESESTIMACIÓN de la causa penal signada con el número de expediente fiscal MP-306308-2013, en la cual
interpuso ANA ROSA MORA CALDERON en contra PERSONAS POR IDENTIFICAR en razón de ello este
órgano jurisdiccional a pronunciarse del mismo en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO

La desestimación, como institución procesal prevista en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal
Penal, se configura como un mecanismo esencial de racionalización del sistema de justicia penal, dirigido a
evitar la activación innecesaria del aparato jurisdiccional en aquellos supuestos en los que la conducta
denunciada, desde su formulación inicial, se muestra manifiestamente atípica, es decir, ajena al ámbito de
protección del Derecho Penal. Esta potestad, atribuida exclusivamente al Ministerio Público, permite al órgano
investigador ejercer un control previo de legalidad sobre las denuncias recibidas, a fin de constatar si los hechos
sometidos a su consideración encuadran, siquiera prima facie, en algún tipo penal vigente, o si por el contrario,
resultan inofensivos para los bienes jurídicos tutelados por la norma penal sustantiva.

En ese contexto, cabe recordar que el Derecho Penal, en su concepción moderna, se encuentra regido
por el principio de intervención mínima, el cual impone al Estado la obligación de reservar su poder punitivo
únicamente para aquellas conductas que lesionen o pongan en peligro real y jurídicamente relevante los bienes
fundamentales de la sociedad. Tal principio, derivado del Estado Social de Derecho consagrado en el artículo
2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, exige que todo proceso penal se inicie solo
cuando se vislumbre la existencia de un hecho típico, antijurídico y culpable.

Ahora bien, en los casos en los que el Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones constitucionales
y legales, concluye que los hechos denunciados no se subsumen en ninguna figura delictiva prevista en la
legislación penal, y por ende carecen de los elementos estructurales del tipo penal —esto es, tipicidad objetiva
y subjetiva—, se configura legítimamente la causal de desestimación por ausencia de carácter penal. Esta
figura, como ha sido reiteradamente interpretada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de
Justicia (vid. sentencia N° 569 del 07 de diciembre de 2023), permite al juez de control ejercer una revisión in
iure, sin que ello implique valoración probatoria, en tanto el control judicial se limita a verificar si del relato de
los hechos, tal como fue presentado, puede inferirse razonablemente la comisión de un delito.