TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL

DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, veintinueve (29) de enero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2023001534

PRONUNCIAMIENTO SOBRE ENTREGA DE VEHICULO

Visto al escrito suscrito por el profesional del derecho, abogado FRANKLIN ALEXIS
RANGEL HERNÁNDEZ, en representación legal del ciudadano ELY SAUL UZCATEGUI
RIVERA quien es investigado en el presente asunto, consignado ante la Unidad de
Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de esta sede judicial, en fecha 29
de enero de 2025, donde realiza la solicitud de entrega material plena del Vehículo clase
MOTO, tipo ENDURO, modelo SUPER ENDURO 950CC, marca KTM, año 2007, serial
NIV: VBKVF44057M928798, serial de carrocería serial VBKVF44057M928798, serial de
motor: 768028044, placas AL0G35V.

Ello lo fundamenta en relación a la respuesta dada por este tribunal en auto de
fecha 28 de enero de 2025 en el cual se declara insubsanable el auto de fecha 29 de
enero de 2024, pronunciamiento realizado en ocasión de la solicitud de subsanación de
dicho auto que en su parte motiva y dispositiva hace mención a un vehículo cuyas
características según el auto eran: CLASE MOTO, TIPO ENDURO, MARCA KTM,
MODELO SUPER ENDURO 950 CC, COLOR NARANJA, AÑO 2007, USO
PARTICULAR, SERVICIO PRIVADO, SERIAL DE CARROCERÍA
KMHVD31NPWU370129, SERIAL DE CHASIS KMHVD31NPWU370129, SERIAL DE
MOTOR 768028044, PLACA ALOG35V, quedando dicha decisión firme en fecha 01 de
marzo de 2024. Ahora este tribunal a las luces de esta nueva solicitud pasa a realizar las
consideraciones en el presente caso.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Para decidir la presente solicitud, es necesario tomar en cuenta el acta de
investigación penal de fecha 3 de noviembre del año 2023 en donde funcionarios
adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación
Municipal Mérida, realizan un procedimiento en el cual detienen el vehículo que dejaron
plasmado en dicha acta con las siguientes características clase MOTOCICLETA, tipo
ENDURO, marca KTM, modelo SUPER ENDURO 950CC, color NARANJA, placas
AL0G35V serial de carrocería serial VBKVF44057M928798, el cual logran verificar
registraba en ese momento a nombre del ciudadano ELY SAUL UZCATEGUI RIVERA
Titular de la Cedula de Identidad V.- 11.951.200. Alegaron los funcionarios actuantes que
los seriales de dicho vehículo presentaban irregularidades en cuánto a los remaches

utilizados comúnmente por la empresa ensambladora razón por la cual a retener el vehículo

quién dejan el mismo bajo cadena de custodia evidencias físicas número PRCC-433-2023,

con la finalidad de someter el mismo a las experticias, entre las que destacan un Dictamen

Pericial N° 9700-0313-CIRHV-EV-2023-0161, en el cual indican que los seriales del

vehículo en cuestión son falsos, y que el vehículo NO PRESENTA REGISTROS NI

SOLICITUDES. Sobre este particular la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo

de Justicia en sentencia N° 338 de fecha 18 de Julio de 2006 con ponencia de la

Magistrada Blanca Rosa Mármol de León la cual indica:

La Sala advierte la gravedad de un procedimiento como éste, el cual es usual,
y en el que sin mediar denuncia alguna, “de oficio” los cuerpos policiales,
Guardia Nacional o fiscales, retienen vehículos a sus propietarios o
poseedores de buena fe, bajo el pretexto de averiguaciones. Tal actuación
se pudiera prestar para realizar cobros indebidos por “rescates” o
“adjudicaciones a dedo” de tales vehículos.
En relación con la entrega de vehículos en el proceso penal por parte del

Juzgado de Control o por la fiscalía, ha dicho la Sala Constitucional que:

“…En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la
propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor,
en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con
datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funcione sólo
parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación
o la tercería, debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254
del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual
sostiene que en igualdad de circunstancias provenientes de la imposibilidad
del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo –si
es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por
quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del
poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual
reza: ‘En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee’, y
el 794 eiusdem, que señala “Respecto de los bienes por su naturaleza y de
los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena
fe, el mismo efecto que el título…’.
A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o en su caso,
del Juez de Control, o la adopción de un criterio muy restrictivo al respecto,
quebranta los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso
debido, que integran el derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el
artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Establecida por la vía aquí señalada, a quien corresponde el vehículo, la copia

certificada del fallo servirá para la inscripción en el Registro Automotor Permanente”

(Exp. N° 04-2397, sentencia de fecha 30 de junio de 2005).

En este contexto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en

sentencia N° 338 de fecha 18 de julio de 2006, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa

Mármol de León, ha advertido la gravedad de procedimientos como este. Según la referida

sentencia, es una práctica usual que cuerpos policiales, la Guardia Nacional o fiscales

retengan vehículos sin mediar denuncia alguna, bajo el pretexto de averiguaciones. Este

tipo de actuaciones pueden prestarse para la realización de cobros indebidos por “rescates”

o “adjudicaciones a dedo” de los vehículos retenidos.
En relación con la entrega de vehículos en el proceso penal por parte del Juzgado
de Control o la Fiscalía, la Sala Constitucional ha señalado que, en casos en los que resulte
imposible determinar la propiedad del vehículo debido a la alteración de seriales o la falta
de documentos legítimos de propiedad, debe aplicarse el principio general contenido en el
artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Este precepto establece que, en igualdad
de circunstancias, debe favorecerse la condición del poseedor, conforme a lo dispuesto en
los artículos 775 y 794 del Código Civil.

A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o, en su caso, del Juez
de Control, así como la adopción de un criterio restrictivo en estos procedimientos, vulnera
el derecho de acceso a la justicia y el derecho a un proceso debido. Ambos derechos
forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Visto lo anterior, resulta evidentemente claro que el procedimiento mediante el cual
fue retenido el vehículo supraindicado vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Este hecho se torna aún más grave al considerar que sobre dicho vehículo no pesaba
ninguna denuncia ni se puso en manifiesto la situación del ciudadano afectado.

En este sentido, se debe resaltar que el ciudadano ELY SAUL UZCÁTEGUI
RIVERA no ha sido calificado como un poseedor de mala fe. Además, preocupa a este
órgano jurisdiccional que, desde el año 2023, el presente caso ha sido manejado por la
Fiscalía Tercera del Ministerio Público sin que se haya emitido la correspondiente orden de
inicio de investigación. Dicha orden debió haber sido dictada de manera inmediata al
momento de recibir las actuaciones, formando parte esencial del procedimiento fiscal, el
cual ha sido arbitrario por parte de los funcionarios intervinientes.

Ahora bien, esta grave violación al derecho de propiedad del ciudadano investigado
en el presente proceso pone en evidencia la necesidad de restituir los derechos que le han
sido infringidos. En consecuencia, se ordena la devolución plena y sin ningún tipo de
restricción del vehículo automotor que el afectado detentaba al momento de su retención
por parte de los funcionarios actuantes.

DECISIÓN

En mérito de lo anterior, Este Tribunal Quinto en Funciones de Control Estadal y
Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida,
Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por
Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON
LUGAR la solicitud de entrega del Vehículo clase MOTO, tipo ENDURO, modelo SUPER
ENDURO 950CC, marca KTM, año 2007, serial NIV: VBKVF44057M928798, serial de
carrocería serial VBKVF44057M928798, serial de motor: 768028044, placas AL0G35V,
que pertenece al ciudadano ELY SAUL UZCATEGUI RIVERA Titular de la Cedula de
Identidad V.- 11.951.200, tal como consta en el Certificado de Registro de Vehículo N°
210106649807, VBKVF44057M928798-2-1 de fecha 05 de Abril de 2021, verificado por
este tribunal mediante el código Qr dispuesto en el mismo, por ende se ordena la
ENTREGA PLENA Y SIN RESTRICCIONES del vehículo in comento al ciudadano ELY
SAUL UZCATEGUI RIVERA de conformidad a lo establecido en los artículos 26, 49, 51 y
115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: Se ordena
al Ministerio Público a remitir copia certificada del presente asunto a la oficina de actuación
policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación
Municipal Mérida, a los fines de aperturar investigación administrativa en contra de los
funcionarios actuantes visto el procedimiento desproporcional y anticonstitucional llevado
a cabo por estos. TERCERO: Se Acuerda la emisión de DOS (02) juegos de Copias
Certificadas de la presente decisión. Se acuerda notificar a las partes de la presente
decisión. Y ASI SE DECIDE.

ABG. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ

JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y
MUNICIPAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

LA SECRETARIA

ABG. LILIANA CAROLINA MARQUEZ ESCALONA

En fecha _____________, se libraron las siguientes comunicaciones:
_____________________________________ ordenadas por el tribunal en fecha de su decisión