TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL

DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2017007074

AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA

Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación realizada por
la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante comunicación N°
TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha 20/12/2024 según acta N°
105 del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida,
mediante la presente me aboco al conocimiento de la presente causa. Visto el escrito presentado por el
represéntate de la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, la cual, en el uso
de sus atribuciones legales, presenta solicitud de DESESTIMACION de la causa penal signada con el
número de expediente fiscal DES-15056-2017, en la cual se interpuso denuncia en fecha 26 de agosto de
2017, por parte de JOSEFINA ABZUETA ARAUJO en su condición de denunciante, en contra NERI
MARIA JOSEFINA PEÑA Y YULI RIVAS, procede este órgano jurisdiccional a pronunciarse del mismo en
los siguientes términos.

DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DENUNCIA

En fecha 30 de agosto de 2017, la Unidad Fiscal recibió actuaciones procedentes de la Fiscalía
Superior del estado Mérida, en relación con la denuncia formulada por la ciudadana JOSEFINA REYNA
ABZUETA ARAUJO, titular de la Cédula de Identidad No. 5.200.805, ante la Fiscalía Tercera del Ministerio
Público del estado Mérida.

Según lo manifestado por la denunciante, los hechos ocurrieron el día sábado 26 de agosto de
2017, aproximadamente a las 10:15 de la mañana, cuando se encontraba en su residencia ubicada en el
sector Los Curos, parte alta, Edificio 51, apartamento 02-04, Avenida Principal con carretera Panamericana,
Residencias Montaña Alta, parroquia Osuna Rodríguez, municipio Libertador del estado Mérida, en
compañía de su esposo, JAVIER FÉLIX HERNÁNDEZ LANDER.

Relató que, en ese momento, escucharon fuertes golpes en la puerta de su vivienda, por lo que su
esposo se acercó a preguntar quién era, obteniendo como respuesta que se trataba de la nieta de la señora
Neri, quien deseaba hablar con ella.

Al abrir la puerta, la ciudadana YULI, nieta de la señora Neri, la increpó y le exigió que dejara de
involucrarse con su abuela. La denunciante respondió que no tenía nada que hablar con la señora Neri, sin
embargo, en ese instante YULI sacó un tubo forrado con goma e intentó golpearla, amenazándola de
muerte.
Asimismo, indicó que la señora Neri, quien se encontraba presente, la incitaba a que la golpeara,
expresando que le diera por la cabeza y la matara. En vista de la situación, su esposo intervino para impedir
la agresión, pero la ciudadana YULI continuó profiriendo amenazas, diciéndole que la golpearía, que si no
la mataba en ese momento lo haría en cualquier otro lugar donde la encontrara, asegurando además que
contaba con el apoyo de un grupo de delincuentes del Bloque 49.

La denunciante indicó que el origen del conflicto radica en que la señora Neri, abuela de YULI, se
ha negado a devolverle unos utensilios de cocina y una suma de dinero que le había prestado hace años,
lo que ha generado tensiones y confrontaciones entre ambas familias.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La desestimación, como institución procesal consagrada en el artículo 283 del Código Orgánico
Procesal Penal, se erige como un mecanismo de depuración del proceso penal, destinado a evitar la
persecución de hechos que, ab initio, carecen de relevancia penal, cuya acción se encuentra
irremediablemente prescrita o respecto de los cuales existe un obstáculo legal insuperable que impida su
prosecución. Se trata, en definitiva, de un instituto que permite al Estado, a través del Ministerio Público y
bajo el control judicial, racionalizar el ejercicio del ius puniendi, garantizando que la acción penal no sea
empleada de manera arbitraria o desproporcionada, en menoscabo del principio de economía procesal y
de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Desde el plano procedimental, la desestimación opera como una facultad exclusiva del Ministerio
Público, quien, en el ejercicio de su función de titular de la acción penal y garante de la legalidad, debe
evaluar las denuncias y querellas recibidas para determinar si ameritan el inicio de una investigación penal.
Conforme al artículo 283 eiusdem, el fiscal dispondrá de un lapso de treinta días hábiles contados a partir
de la recepción de la denuncia o querella para solicitar fundadamente al juez de control la desestimación
del caso, cuando advierta que el hecho denunciado no constituye delito, que la acción penal ha prescrito o
que concurre un obstáculo legal que impida el desarrollo del proceso. Dicha prerrogativa, sin embargo, no
es absoluta, ya que la solicitud del Ministerio Público está sujeta a la revisión judicial, correspondiendo al
juez de control verificar la corrección de la motivación expuesta y la concurrencia de los supuestos que
justifican la desestimación.

En atención a los hechos expuestos, se constata la existencia de un obstáculo insuperable para la
prosecución de la acción penal, en virtud de que el presunto delito denunciado, amenazas, se encuentra
tipificado en el artículo 175 del Código Penal, el cual dispone que su persecución penal requiere la
interposición de una querella formalmente presentada por la parte agraviada, al tratarse de un delito de
acción privada.

El artículo 175 del Código Penal establece que:

"El que hubiere amenazado a otro con un peligro determinado para su persona, su honor o sus
bienes, o contra la persona, el honor o los bienes de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos,
será castigado con arresto de uno a seis meses o con multa de hasta ciento cincuenta unidades tributarias
(150 U.T.), siempre que el hecho no constituya otro delito más grave. La acción penal en estos casos solo
se iniciará a instancia de parte agraviada."
Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 283, establece que "se procederá
conforme a lo dispuesto en este artículo, si luego de iniciada la investigación se determinare que los hechos
objeto del proceso constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de parte agraviada".

En este caso, no consta en autos la debida querella formalmente interpuesta por la parte agraviada,
sino únicamente una exposición de hechos ante la Fiscalía, lo que impide la activación del proceso penal
conforme a los requisitos exigidos por la norma.

Por otro lado, del análisis del caso se desprende que las amenazas denunciadas se originan en un
conflicto de naturaleza patrimonial y familiar, derivado de una disputa por la devolución de utensilios de
cocina y una suma de dinero. La presunta agresión verbal no se tradujo en una acción inmediata que
pusiera en peligro la integridad de la denunciante, ni se aportan elementos objetivos que permitan
establecer con certeza la existencia de un temor real, fundado e inminente de la materialización de la
amenaza.

Asimismo, el relato de los hechos indica que el esposo de la denunciante intervino para evitar una
posible agresión física, lo que denota una interrupción en la conducta que pudo haber generado algún
riesgo inmediato, reforzando la idea de que no se concretó una situación que permita considerar la
existencia de un peligro cierto y efectivo en contra de la integridad de la denunciante.

Adicionalmente, el contexto en el que se producen las supuestas amenazas responde a una disputa
personal sin relevancia penal, lo que hace innecesaria la intervención del derecho penal en un conflicto que
podría ser resuelto en otras instancias, como la mediación o las acciones civiles correspondientes.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que la desestimación es
un mecanismo procesal destinado a evitar la apertura de causas sobre hechos inciertos o jurídicamente
irrelevantes, impidiendo que el derecho penal se instrumentalice para resolver conflictos de otra naturaleza
(Sentencia N° 569 de la Sala de Casación Penal, 7 de diciembre de 2023).

En virtud de lo expuesto, la ausencia de una querella formal, la falta de un peligro cierto e inminente
en la supuesta amenaza y la naturaleza patrimonial del conflicto constituyen obstáculos insalvables para la
prosecución de la acción penal, razón por la cual resulta procedente la desestimación de la denuncia y el
archivo de las actuaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 283 y 284 del Código Orgánico Procesal
Penal.

El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal, sino que
incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales como el debido
proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara al sostener que "la
desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a la depuración del proceso
penal, el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo lugar, ella basta por sí sola, por cuanto
no depende de ninguna comprobación sustancial del hecho denunciado o querellado" (Sentencia N° 569
de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento
de la desestimación radica en la prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la
arbitrariedad y garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de
viabilidad jurídica.
Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación puede
derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal
Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará la desestimación y ordenará
la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas, salvo que se modifiquen las
circunstancias que motivaron la decisión. En cambio, si el juez considera improcedente la desestimación,
ordenará la continuación de la investigación. Esta dualidad decisoria garantiza un control judicial efectivo
sobre el ejercicio del poder punitivo del Estado, evitando que el Ministerio Público adopte criterios
discrecionales que desnaturalicen su función investigativa.

Adicionalmente, la decisión que acuerda la desestimación no es absolutamente inmutable, pues el
ordenamiento jurídico consagra el derecho de la víctima a impugnarla mediante el recurso de apelación,
en un lapso de cinco días contados a partir de su publicación. En este sentido, la Sala de Casación Penal
ha reiterado que "la desestimación de la denuncia se origina y deviene procedimentalmente antes del
comienzo de la investigación por parte del Ministerio Público, con el objeto de evitar el inicio de un proceso
penal, concluyendo que tal actuación procesal no puede ser recurrible en casación al no circunscribirse
dentro de los supuestos de admisión previstos en el ya citado artículo 451 de la ley adjetiva penal"
(Sentencia N° 569, op. cit.). Esta precisión jurisprudencial ratifica la delimitación del alcance de los medios
de impugnación en relación con la desestimación, consolidando su carácter excepcional dentro del proceso
penal.

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y derechos analizadas en el presente asunto, este Tribunal Quinto en
Funciones de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de
Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por
Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la
solicitud de DESESTIMACIÓN solicitada por la representación del Ministerio Público, en cuanto a la
denuncia interpuesta por JOSEFINA ABZUETA ARAUJO en contra de la ciudadana NERI MARIA
JOSEFINA PEÑA Y YULI RIVAS de conformidad a lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico
Procesal Penal dado que en la misma se evidencia la existencia de UN OBSTÁCULO LEGAL
INSUPERABLE QUE IMPIDE LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO PENAL. SEGUNDO: Se acuerda
notificar a las partes de la presente decisión. TERCERO: Una vez firme la presente decisión se ordena a
tenor de lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal remitir las presentes
actuaciones a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, a los fines que
proceda al archivo de estas. ASÍ SE DECIDE. Cúmplase. –

ABG. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ

JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

LA SECRETARIA

ABG. LILIANA CAROLINA MARQUEZ ESCALONA

En fecha _____________, se libraron las siguientes comunicaciones:

_____________________________________ ordenadas por el tribunal en fecha de su decisión