TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL

DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2017007888

AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA

Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación
realizada por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante
comunicación N° TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha
20/12/2024 según acta N° 105 del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del
Estado Bolivariano de Mérida, mediante la presente me aboco al conocimiento de la presente
causa. Visto el escrito presentado por el represéntate de la Fiscalía Quinta del Ministerio
Público, la cual, en el uso de sus atribuciones legales, presenta solicitud de DESESTIMACION
de la causa penal signada con el numero de expediente fiscal MP-413163-2017, en la cual se
interpuso denuncia en fecha 13 de septiembre de 2017, por parte de CESAR GERMANICO
LEMA MALDONADO en su condición de denunciante, en contra DOUGLAS SANTIAGO
RAMIREZ, procede este órgano jurisdiccional a pronunciarse del mismo en los siguientes
términos.

DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DENUNCIA

El 13 de septiembre de 2017, la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio
Público recibió una denuncia interpuesta por el ciudadano DOUGLAS SANTIAGO RAMÍREZ ante
la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida.

En su denuncia, el ciudadano Douglas Santiago Ramírez manifestó que, en fecha 1 de
septiembre de 2017, el ciudadano CÉSAR GERMÁNICO LEMA MALDONADO, propietario de la
vivienda que aquel ocupa en calidad de inquilino, le suspendió el suministro del servicio público
de agua. Esta acción, según el denunciante, afectó gravemente las condiciones básicas de vida
de su familia, al impedir el acceso al agua para el aseo personal y la preparación de alimentos,
elementos esenciales para la subsistencia y la dignidad humana.

El denunciante destacó que el corte del servicio se realizó sin previo aviso ni justificación
legal alguna, vulnerando sus derechos como arrendatario y generando una situación de riesgo
para la integridad física y sanitaria de su grupo familiar.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La desestimación, como institución procesal consagrada en el artículo 283 del Código
Orgánico Procesal Penal, se erige como un mecanismo de depuración del proceso penal,
destinado a evitar la persecución de hechos que, ab initio, carecen de relevancia penal, cuya
acción se encuentra irremediablemente prescrita o respecto de los cuales existe un obstáculo
legal insuperable que impida su prosecución. Se trata, en definitiva, de un instituto que permite al
Estado, a través del Ministerio Público y bajo el control judicial, racionalizar el ejercicio del ius
puniendi, garantizando que la acción penal no sea empleada de manera arbitraria o
desproporcionada, en menoscabo del principio de economía procesal y de la seguridad jurídica
de los ciudadanos.

Desde el plano procedimental, la desestimación opera como una facultad exclusiva del
Ministerio Público, quien, en el ejercicio de su función de titular de la acción penal y garante de la
legalidad, debe evaluar las denuncias y querellas recibidas para determinar si ameritan el inicio
de una investigación penal. Conforme al artículo 283 eiusdem, el fiscal dispondrá de un lapso de
treinta días hábiles contados a partir de la recepción de la denuncia o querella para solicitar
fundadamente al juez de control la desestimación del caso, cuando advierta que el hecho
denunciado no constituye delito, que la acción penal ha prescrito o que concurre un obstáculo
legal que impida el desarrollo del proceso. Dicha prerrogativa, sin embargo, no es absoluta, ya
que la solicitud del Ministerio Público está sujeta a la revisión judicial, correspondiendo al juez de
control verificar la corrección de la motivación expuesta y la concurrencia de los supuestos que
justifican la desestimación.

En atención a los hechos expuestos, se advierte que la conducta denunciada —la
suspensión unilateral del servicio de agua por parte del propietario de la vivienda— podría
configurar presuntamente el delito de prohibición de hacerse justicia por propia mano, tipificado
en el artículo 272 del Código Penal, el cual establece sanciones para quienes tomen medidas
arbitrarias para satisfacer sus pretensiones, vulnerando el orden jurídico. No obstante, conforme
al artículo 25 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), este delito es de instancia de parte
agraviada, lo que implica que la acción penal solo puede ser ejercida mediante la presentación
de una querella por parte de la víctima o su representante legal, dado que afecta intereses
particulares y no de orden público.

En el presente caso, no se ha interpuesto querella alguna por parte del ciudadano Douglas
Santiago Ramírez, quien ostenta la legitimación activa para activar la acción penal en su
condición de víctima directa. Por tanto, concurre un obstáculo legal insuperable que impide la
prosecución de la acción penal, toda vez que el Ministerio Público carece de facultad para iniciar
de oficio una investigación por un delito que requiere la instancia de la parte agraviada.
El principio de legalidad y las garantías procesales exigen el estricto cumplimiento de los
requisitos formales previstos en la ley, y la ausencia de querella constituye un impedimento
sustancial para la continuidad del proceso. En aplicación del artículo 283 del COPP, corresponde
solicitar la desestimación del caso, al evidenciarse un obstáculo legal que imposibilita el ejercicio
legítimo de la acción penal, en armonía con los principios de economía procesal y seguridad
jurídica.

El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal,
sino que incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales
como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara
al sostener que "la desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a
la depuración del proceso penal, el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo
lugar, ella basta por sí sola, por cuanto no depende de ninguna comprobación sustancial del
hecho denunciado o querellado" (Sentencia N° 569 de la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento de la desestimación radica en
la prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la arbitrariedad y
garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de
viabilidad jurídica.

Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación
puede derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código
Orgánico Procesal Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará
la desestimación y ordenará la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas,
salvo que se modifiquen las circunstancias que motivaron la decisión. En cambio, si el juez
considera improcedente la desestimación, ordenará la continuación de la investigación. Esta
dualidad decisoria garantiza un control judicial efectivo sobre el ejercicio del poder punitivo del
Estado, evitando que el Ministerio Público adopte criterios discrecionales que desnaturalicen su
función investigativa.

Adicionalmente, la decisión que acuerda la desestimación no es absolutamente inmutable,
pues el ordenamiento jurídico consagra el derecho de la víctima a impugnarla mediante el recurso
de apelación, en un lapso de cinco días contados a partir de su publicación. En este sentido, la
Sala de Casación Penal ha reiterado que "la desestimación de la denuncia se origina y deviene
procedimentalmente antes del comienzo de la investigación por parte del Ministerio Público, con
el objeto de evitar el inicio de un proceso penal, concluyendo que tal actuación procesal no puede
ser recurrible en casación al no circunscribirse dentro de los supuestos de admisión previstos en
el ya citado artículo 451 de la ley adjetiva penal" (Sentencia N° 569, op. cit.). Esta precisión
jurisprudencial ratifica la delimitación del alcance de los medios de impugnación en relación con
la desestimación, consolidando su carácter excepcional dentro del proceso penal.
DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y derechos analizadas en el presente asunto, este Tribunal
Quinto en Funciones de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado
Bolivariano de Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se
declara CON LUGAR la solicitud de DESESTIMACIÓN solicitada por la representación del
Ministerio Público, en cuanto a la denuncia interpuesta por CESAR GERMANICO LEMA
MALDONADO en contra de la ciudadana DOUGLAS SANTIAGO RAMIREZ de conformidad a lo
establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal dado que en la misma se
evidencia la existencia de UN OBSTÁCULO LEGAL INSUPERABLE QUE IMPIDE LA
CONTINUACIÓN DEL PROCESO PENAL. SEGUNDO: Se acuerda notificar a las partes de la
presente decisión. TERCERO: Una vez firme la presente decisión se ordena a tenor de lo
dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal remitir las presentes actuaciones
a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, a los fines que proceda
al archivo de estas. ASÍ SE DECIDE. Cúmplase. –

ABG. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ

JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

LA SECRETARIA

ABG. LILIANA CAROLINA MARQUEZ ESCALONA

En fecha _____________, se libraron las siguientes comunicaciones:

_____________________________________ ordenadas por el tribunal en fecha de su decisión