TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL

DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2018000738

AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA

Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación realizada por
la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante comunicación N°
TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha 20/12/2024 según acta N°
105 del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida,
mediante la presente me aboco al conocimiento de la presente causa. Visto el escrito presentado por el
represéntate de la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, la cual, en el uso
de sus atribuciones legales, presenta solicitud de DESESTIMACION de la causa penal signada con el
número de expediente fiscal DES-1995-2018, en la cual se interpuso denuncia en fecha 16 de enero de
2018, por parte de JOSE GREGORIO QUINTERO FLORES en su condición de denunciante, en contra
LUZ DANEIDI SANCHEZ MALDONADO, procede este órgano jurisdiccional a pronunciarse del mismo en
los siguientes términos.

DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DENUNCIA

En fecha 21 de febrero de 2018, la Unidad Fiscal recibió actuaciones provenientes de la Fiscalía
Superior, en relación con la denuncia formulada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO QUINTERO FLORES,
titular de la Cédula de Identidad No. 19.603.944, ante el Centro de Coordinación Policial Ejido, Oficina de
Recepción de Denuncias, Instituto Autónomo de Policía del estado Mérida.

El denunciante manifestó que en fecha 01 de febrero de 2018, aproximadamente a las 5:30 de la
mañana, su expareja, la ciudadana LUZ DANEIDI SÁNCHEZ MALDONADO, ingresó a su vivienda, ubicada
en la Urbanización Carlos Sánchez, Calle 01, Casa No. 28, Ejido, parroquia Matriz, municipio Campo Elías
del estado Mérida, inmueble en el cual ambos residieron anteriormente.

Según lo relatado, la denunciada sustrajo diversos objetos de la vivienda, entre los que se
encuentran: Una bombona de gas. Un reproductor de DVD. Un televisor. Un bajo de corneta de un equipo
de sonido. Un bolso. Comida. Herramientas. Unas llaves.

Ante esta situación, el denunciante hace responsable a la ciudadana LUZ DANEIDI SÁNCHEZ
MALDONADO por cualquier otra pérdida que pueda ocurrir en la vivienda, señalando que ella aún conserva
un juego de llaves del inmueble, lo que, en su opinión, representa un riesgo de nuevos accesos sin su
consentimiento.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La desestimación, como institución procesal consagrada en el artículo 283 del Código Orgánico
Procesal Penal, se erige como un mecanismo de depuración del proceso penal, destinado a evitar la
persecución de hechos que, ab initio, carecen de relevancia penal, cuya acción se encuentra
irremediablemente prescrita o respecto de los cuales existe un obstáculo legal insuperable que impida su
prosecución. Se trata, en definitiva, de un instituto que permite al Estado, a través del Ministerio Público y
bajo el control judicial, racionalizar el ejercicio del ius puniendi, garantizando que la acción penal no sea
empleada de manera arbitraria o desproporcionada, en menoscabo del principio de economía procesal y
de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Desde el plano procedimental, la desestimación opera como una facultad exclusiva del Ministerio
Público, quien, en el ejercicio de su función de titular de la acción penal y garante de la legalidad, debe
evaluar las denuncias y querellas recibidas para determinar si ameritan el inicio de una investigación penal.
Conforme al artículo 283 eiusdem, el fiscal dispondrá de un lapso de treinta días hábiles contados a partir
de la recepción de la denuncia o querella para solicitar fundadamente al juez de control la desestimación
del caso, cuando advierta que el hecho denunciado no constituye delito, que la acción penal ha prescrito o
que concurre un obstáculo legal que impida el desarrollo del proceso. Dicha prerrogativa, sin embargo, no
es absoluta, ya que la solicitud del Ministerio Público está sujeta a la revisión judicial, correspondiendo al
juez de control verificar la corrección de la motivación expuesta y la concurrencia de los supuestos que
justifican la desestimación.

En atención a los hechos expuestos, se constata que la situación denunciada no reviste carácter
penal, en virtud de que la sustracción de bienes mencionada en la denuncia se encuentra enmarcada
dentro de un conflicto de índole patrimonial y familiar, lo que lo aleja del ámbito del derecho penal y lo sitúa
en el derecho civil.

El denunciante señala que su expareja ingresó a la vivienda que anteriormente compartían y retiró
diversos objetos, lo que lo llevó a formular la denuncia en su contra. Sin embargo, no se evidencia el uso
de violencia o fraude para la obtención de los bienes, lo que impide subsumir la conducta en el delito de
hurto o robo.

En este sentido, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado
reiteradamente que el derecho penal debe aplicarse con carácter excepcional, y que no pueden
judicializarse controversias de orden patrimonial cuando existen otros mecanismos idóneos para su
resolución, tales como las acciones civiles de reivindicación, partición de bienes o indemnización de daños
y perjuicios (Sentencia N° 569 de la Sala de Casación Penal, 7 de diciembre de 2023).

Asimismo, en el caso concreto, existe un elemento de incertidumbre sobre la titularidad exclusiva
de los bienes y la naturaleza de la relación entre las partes, pues no se ha determinado si los objetos
sustraídos fueron adquiridos conjuntamente durante la relación o si existía un acuerdo previo sobre su
posesión. Este tipo de disputas, más que un hecho delictivo, constituyen una controversia de carácter civil
que debe ventilarse en la jurisdicción correspondiente.
Por otra parte, el denunciante expresa su temor de que la ciudadana denunciada vuelva a ingresar
a la vivienda, debido a que todavía conserva un juego de llaves del inmueble. Sin embargo, no se ha
acreditado la existencia de una acción dolosa tendiente a causar un daño patrimonial ilegítimo, ni que la
posesión de esas llaves por parte de la denunciada configure un ilícito penal.

En virtud de lo expuesto, los hechos denunciados corresponden a una disputa patrimonial derivada
de una relación de convivencia previa, cuyo tratamiento corresponde a la jurisdicción civil y no a la penal.
Por lo tanto, procede la desestimación de la denuncia y el archivo de las actuaciones, conforme a lo
dispuesto en los artículos 283 y 284 del Código Orgánico Procesal Penal.

El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal, sino que
incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales como el debido
proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara al sostener que "la
desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a la depuración del proceso
penal, el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo lugar, ella basta por sí sola, por cuanto
no depende de ninguna comprobación sustancial del hecho denunciado o querellado" (Sentencia N° 569
de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento
de la desestimación radica en la prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la
arbitrariedad y garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de
viabilidad jurídica.

Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación puede
derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal
Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará la desestimación y ordenará
la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas, salvo que se modifiquen las
circunstancias que motivaron la decisión. En cambio, si el juez considera improcedente la desestimación,
ordenará la continuación de la investigación. Esta dualidad decisoria garantiza un control judicial efectivo
sobre el ejercicio del poder punitivo del Estado, evitando que el Ministerio Público adopte criterios
discrecionales que desnaturalicen su función investigativa.

Adicionalmente, la decisión que acuerda la desestimación no es absolutamente inmutable, pues el
ordenamiento jurídico consagra el derecho de la víctima a impugnarla mediante el recurso de apelación,
en un lapso de cinco días contados a partir de su publicación. En este sentido, la Sala de Casación Penal
ha reiterado que "la desestimación de la denuncia se origina y deviene procedimentalmente antes del
comienzo de la investigación por parte del Ministerio Público, con el objeto de evitar el inicio de un proceso
penal, concluyendo que tal actuación procesal no puede ser recurrible en casación al no circunscribirse
dentro de los supuestos de admisión previstos en el ya citado artículo 451 de la ley adjetiva penal"
(Sentencia N° 569, op. cit.). Esta precisión jurisprudencial ratifica la delimitación del alcance de los medios
de impugnación en relación con la desestimación, consolidando su carácter excepcional dentro del proceso
penal.

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y derechos analizadas en el presente asunto, este Tribunal Quinto en
Funciones de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de
Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por
Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la
solicitud de DESESTIMACIÓN solicitada por la representación del Ministerio Público, en cuanto a la
denuncia interpuesta por JOSE GREGORIO QUINTERO FLORES en contra de la ciudadana LUZ
DANEIDI SANCHEZ MALDONADO de conformidad a lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico
Procesal Penal dado que en la misma se evidencia la existencia de UN OBSTÁCULO LEGAL
INSUPERABLE QUE IMPIDE LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO PENAL. SEGUNDO: Se acuerda
notificar a las partes de la presente decisión. TERCERO: Una vez firme la presente decisión se ordena a
tenor de lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal remitir las presentes
actuaciones a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, a los fines que
proceda al archivo de estas. ASÍ SE DECIDE. Cúmplase. –

ABG. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ

JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

LA SECRETARIA

ABG. LILIANA CAROLINA MARQUEZ ESCALONA

En fecha _____________, se libraron las siguientes comunicaciones:

_____________________________________ ordenadas por el tribunal en fecha de su decisión