TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL

DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2018000855

AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA

Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación
realizada por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante
comunicación N° TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha
20/12/2024 según acta N° 105 del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del
Estado Bolivariano de Mérida, mediante la presente me aboco al conocimiento de la presente
causa. Visto el escrito presentado por el represéntate de la Unidad de Depuración inmediata
de Casos del Ministerio Público, la cual, en el uso de sus atribuciones legales, presenta
solicitud de DESESTIMACION de la causa penal signada con el número de expediente fiscal MP-
77563-2018, en la cual se interpuso denuncia en fecha 28 de febrero de 2018, por parte de
DEIBBI CAROLINA PEÑA FERNANDEZ en su condición de denunciante, en contra FRANK
ALEXIS ECHEVERRIA, procede este órgano jurisdiccional a pronunciarse del mismo en los
siguientes términos.

DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DENUNCIA

En fecha 06 de marzo de 2018, la Unidad Fiscal recibió actuaciones procedentes de la
Fiscalía Superior del estado Mérida, relacionadas con la denuncia formulada por la ciudadana
DEIBBI CAROLINA PEÑA FERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad No. 14.806.887, ante
la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

La denunciante manifestó que, desde el mes de julio de 2015, le fue diagnosticado un
quiste en los senos, motivo por el cual en fecha 01 de mayo de 2016 fue sometida a una
mastectomía parcial en el seno izquierdo, lo que le generó un reposo médico de tres (3) meses.

Según su declaración, a partir de esa fecha, el ciudadano FRAN ALEXI ECHEVERRÍA,
quien ocupa un cargo gerencial en la Zona Educativa y se desempeña como Director del Liceo
Nocturno Mérida, comenzó a desprestigiarla y vulnerar sus derechos laborales, refiriéndose a ella
como “reposera” y “corrupta” por, supuestamente, buscar reposos médicos falsos, a pesar de que
dichos reposos estaban avalados por el Seguro Social.
La denunciante afirmó que el mencionado ciudadano la ha difamado ante sus compañeros
de trabajo y superiores, llegando a expresar que, mientras él ocupe un cargo gerencial en la Zona
Educativa, hará todo lo posible para destituirla y evitar que reciba su salario.

Asimismo, relató que, tras reincorporarse de su reposo médico, el ciudadano FRAN ALEXI
ECHEVERRÍA le suspendió el pago de su sueldo por un período de un año y dos meses,
argumentando que había abandonado su cargo, a pesar de que conocía su situación de salud y
tenía los avales médicos correspondientes. Posteriormente, al presentarse en la Zona Educativa
y consignar toda la documentación de respaldo, su salario le fue reintegrado.

Indicó que, en el año 2017, sus padres enfermaron gravemente al punto de ser ingresados
en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Albarregas, por lo que solicitó permisos por
horas para poder asistirlos, aunque continuó cumpliendo con sus funciones laborales. No
obstante, el ciudadano FRAN ALEXI ECHEVERRÍA continuó difamándola, refiriéndose a ella ante
la directora y sus compañeros como una persona “reposera y sinvergüenza”.

La denunciante agregó que, debido a esta situación, el mencionado ciudadano le ha
negado el trámite necesario para su traslado laboral, impidiéndole trasladarse a un lugar más
cercano a su residencia. Actualmente, labora en el Liceo Nocturno Andrés Eloy Blanco, aunque
en nómina figura adscrita al Liceo Nocturno Mérida. Según su testimonio, lleva dos años en esta
condición, y para que se oficialice su traslado, requiere un aval firmado por el ciudadano FRAN
ALEXI ECHEVERRÍA, quien se niega a otorgarlo.

Por tales circunstancias, la denunciante solicitó que el referido ciudadano se abstenga de
utilizar su condición de superior jerárquico para perjudicar su bienestar laboral, y denunció que
su traslado se mantiene paralizado por decisión arbitraria del mencionado funcionario.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La desestimación, como institución procesal consagrada en el artículo 283 del Código
Orgánico Procesal Penal, se erige como un mecanismo de depuración del proceso penal,
destinado a evitar la persecución de hechos que, ab initio, carecen de relevancia penal, cuya
acción se encuentra irremediablemente prescrita o respecto de los cuales existe un obstáculo
legal insuperable que impida su prosecución. Se trata, en definitiva, de un instituto que permite al
Estado, a través del Ministerio Público y bajo el control judicial, racionalizar el ejercicio del ius
puniendi, garantizando que la acción penal no sea empleada de manera arbitraria o
desproporcionada, en menoscabo del principio de economía procesal y de la seguridad jurídica
de los ciudadanos.

Desde el plano procedimental, la desestimación opera como una facultad exclusiva del
Ministerio Público, quien, en el ejercicio de su función de titular de la acción penal y garante de la
legalidad, debe evaluar las denuncias y querellas recibidas para determinar si ameritan el inicio
de una investigación penal. Conforme al artículo 283 eiusdem, el fiscal dispondrá de un lapso de
treinta días hábiles contados a partir de la recepción de la denuncia o querella para solicitar
fundadamente al juez de control la desestimación del caso, cuando advierta que el hecho
denunciado no constituye delito, que la acción penal ha prescrito o que concurre un obstáculo
legal que impida el desarrollo del proceso. Dicha prerrogativa, sin embargo, no es absoluta, ya
que la solicitud del Ministerio Público está sujeta a la revisión judicial, correspondiendo al juez de
control verificar la corrección de la motivación expuesta y la concurrencia de los supuestos que
justifican la desestimación.

En atención a los hechos expuestos, se constata la existencia de un obstáculo insuperable
para la prosecución de la acción penal, en virtud de que el presunto delito denunciado,
difamación, se encuentra tipificado en el artículo 442 del Código Penal, el cual dispone
expresamente que su persecución penal requiere la interposición de una querella formalmente
presentada por la parte agraviada, al tratarse de un delito de acción privada.

El artículo 442 del Código Penal establece lo siguiente:

"El que comunique a varias personas, por cualquier medio, hechos determinados que
puedan exponer a otro al desprecio o al odio público, será castigado con prisión de uno a tres
años y multa de cien a mil unidades tributarias (100 U.T. a 1.000 U.T.). La acción penal se iniciará
únicamente a instancia de parte agraviada."

Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 283, establece que "se
procederá conforme a lo dispuesto en este artículo, si luego de iniciada la investigación se
determinare que los hechos objeto del proceso constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo
procede a instancia de parte agraviada".

En el presente caso, no obra en autos la debida querella formalmente interpuesta por la
denunciante, sino únicamente una exposición de hechos ante la Fiscalía, lo que impide la
activación del proceso penal.

Adicionalmente, el principio de legalidad procesal exige que los delitos de acción privada
solo puedan ser perseguidos cuando el agraviado expresa formalmente su voluntad de accionar
penalmente mediante una querella en los términos de ley, lo que no ha ocurrido en este caso. La
Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que la desestimación es
un mecanismo procesal destinado a la depuración del proceso penal, evitando la apertura de
causas en las que no concurran los requisitos legales exigidos para su admisibilidad (Sentencia
N° 569 de la Sala de Casación Penal, 7 de diciembre de 2023).

Por otra parte, la narración de los hechos presentada por la denunciante se centra en un
conflicto laboral, más que en una conducta tipificada en la legislación penal como difamación. El
presunto comportamiento del ciudadano FRAN ALEXI ECHEVERRÍA al referirse a la denunciante
con expresiones despectivas ante compañeros de trabajo y superiores, si bien puede constituir
una falta administrativa o una posible transgresión en el ámbito laboral, no necesariamente
encuadra dentro de los elementos típicos del delito de difamación, el cual exige que las
afirmaciones realizadas tengan la capacidad real y efectiva de exponer a la persona al odio o
desprecio público en un ámbito más amplio que el simple entorno laboral.

Además, la falta de un impulso procesal en la investigación y el tiempo transcurrido desde
la denuncia hasta la presente revisión generan un obstáculo insuperable para continuar con la
acción penal, pues no se evidencia interés por parte de la denunciante en ejercer su derecho a
querellarse, ni una actuación del Ministerio Público que indique la viabilidad de la causa.

En virtud de lo expuesto, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 283 y 284 del
Código Orgánico Procesal Penal, se verifica un obstáculo insalvable para la prosecución del
proceso penal, razón por la cual resulta procedente la desestimación de la denuncia y el archivo
de las actuaciones.

El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal,
sino que incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales
como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara
al sostener que "la desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a
la depuración del proceso penal, el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo
lugar, ella basta por sí sola, por cuanto no depende de ninguna comprobación sustancial del
hecho denunciado o querellado" (Sentencia N° 569 de la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento de la desestimación radica en
la prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la arbitrariedad y
garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de
viabilidad jurídica.

Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación
puede derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código
Orgánico Procesal Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará
la desestimación y ordenará la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas,
salvo que se modifiquen las circunstancias que motivaron la decisión. En cambio, si el juez
considera improcedente la desestimación, ordenará la continuación de la investigación. Esta
dualidad decisoria garantiza un control judicial efectivo sobre el ejercicio del poder punitivo del
Estado, evitando que el Ministerio Público adopte criterios discrecionales que desnaturalicen su
función investigativa.

Adicionalmente, la decisión que acuerda la desestimación no es absolutamente inmutable,
pues el ordenamiento jurídico consagra el derecho de la víctima a impugnarla mediante el recurso
de apelación, en un lapso de cinco días contados a partir de su publicación. En este sentido, la
Sala de Casación Penal ha reiterado que "la desestimación de la denuncia se origina y deviene
procedimentalmente antes del comienzo de la investigación por parte del Ministerio Público, con
el objeto de evitar el inicio de un proceso penal, concluyendo que tal actuación procesal no puede
ser recurrible en casación al no circunscribirse dentro de los supuestos de admisión previstos en
el ya citado artículo 451 de la ley adjetiva penal" (Sentencia N° 569, op. cit.). Esta precisión
jurisprudencial ratifica la delimitación del alcance de los medios de impugnación en relación con
la desestimación, consolidando su carácter excepcional dentro del proceso penal.

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y derechos analizadas en el presente asunto, este Tribunal
Quinto en Funciones de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado
Bolivariano de Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se
declara CON LUGAR la solicitud de DESESTIMACIÓN solicitada por la representación del
Ministerio Público, en cuanto a la denuncia interpuesta por DEIBBI CAROLINA PEÑA
FERNANDEZ en contra de la ciudadana FRANK ALEXIS ECHEVERRIA de conformidad a lo
establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal dado que en la misma se
evidencia la existencia de UN OBSTÁCULO LEGAL INSUPERABLE QUE IMPIDE LA
CONTINUACIÓN DEL PROCESO PENAL. SEGUNDO: Se acuerda notificar a las partes de la
presente decisión. TERCERO: Una vez firme la presente decisión se ordena a tenor de lo
dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal remitir las presentes actuaciones
a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, a los fines que proceda
al archivo de estas. ASÍ SE DECIDE. Cúmplase. –

ABG. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ

JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

LA SECRETARIA

ABG. LILIANA CAROLINA MARQUEZ ESCALONA

En fecha _____________, se libraron las siguientes comunicaciones:

_____________________________________ ordenadas por el tribunal en fecha de su decisión