TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL

DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2018001172

AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA

Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación realizada por
la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante comunicación N°
TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha 20/12/2024 según acta N°
105 del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida,
mediante la presente me aboco al conocimiento de la presente causa. Visto el escrito presentado por el
represéntate de la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, la cual, en el uso
de sus atribuciones legales, presenta solicitud de DESESTIMACION de la causa penal signada con el
número de expediente fiscal DES-3432-2018, en la cual se interpuso denuncia en fecha 22 de marzo de
2018, por parte de JESUS GONZALO SUAREZ VELAZCO en su condición de denunciante, en contra
SERVICIOS ESPECIALES “LA INMACULADA”, procede este órgano jurisdiccional a pronunciarse del
mismo en los siguientes términos.

DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DENUNCIA

En fecha 23 de marzo de 2018, la Unidad Fiscal recibió actuaciones provenientes de la Fiscalía
Superior, en relación con la denuncia formulada por el ciudadano JESÚS GONZALO SUÁREZ VELAZCO,
titular de la Cédula de Identidad No. V-2.449.533, ante la Fiscalía Superior del estado Bolivariano de Mérida.

El denunciante manifestó que se encuentra afiliado a la Caja de Ahorros y Previsión Familiar de los
Trabajadores de la Universidad de Los Andes (CAPSAEULA) y que, como parte de sus beneficios,
mantiene una contratación de servicios funerarios con la empresa SERVICIOS ESPECIALES “LA
INMACULADA”, cuyos pagos son descontados mensualmente por nómina.

Indicó que, en fecha 28 de octubre de 2017, en horas de la madrugada, falleció su progenitora, por
lo que se dirigió a las instalaciones de SERVICIOS ESPECIALES “LA INMACULADA” para solicitar el
servicio funerario contratado. Allí fue atendido por la ciudadana MARY HERNÁNDEZ, titular de la Cédula
de Identidad No. V-8.043.982, quien le informó que no podía proceder con la sepultura sin antes cancelar
la cantidad de 620.000,00 bolívares, en concepto de cuotas de conservación de la parcela N° 236, sección
E-1, Jardín La Eternidad, desde enero de 2008 hasta octubre de 2017, con próximo pago en noviembre de
2017.

El denunciante expresó su sorpresa, ya que según su contrato, todos los pagos habían sido
cancelados en su totalidad, por lo que no comprendía la exigencia del pago adicional.
Posteriormente, en fecha 5 de noviembre de 2017, el denunciante presentó un escrito dirigido a la
Gerencia de Servicios de "LA INMACULADA", obteniendo respuesta en fecha 10 de noviembre de 2017,
donde se le reconocía la validez de su reclamo y se le informaba que CAPSAEULA procedería a cancelarle
la cantidad de 200.000,00 bolívares el día 5 de diciembre de 2017, como reinversión conforme a la cláusula
quinta, parágrafo cuarto del contrato vigente entre CAPSAEULA y la empresa prestadora del servicio.

Sin embargo, al presentarse en la empresa en la fecha indicada, le fue negado nuevamente el
servicio funerario, alegando costos adicionales derivados de la prestación del servicio, situación que el
denunciante consideró arbitraria e injustificada.

Finalmente, decidió presentar denuncia ante el Ministerio Público en contra de la empresa
SERVICIOS ESPECIALES "LA INMACULADA", manifestando que ha recibido un trato arbitrario y que su
contrato ha sido desconocido por la empresa funeraria, a pesar de haber consignado toda la documentación
que acredita su derecho a la prestación del servicio.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La desestimación, como institución procesal consagrada en el artículo 283 del Código Orgánico
Procesal Penal, se erige como un mecanismo de depuración del proceso penal, destinado a evitar la
persecución de hechos que, ab initio, carecen de relevancia penal, cuya acción se encuentra
irremediablemente prescrita o respecto de los cuales existe un obstáculo legal insuperable que impida su
prosecución. Se trata, en definitiva, de un instituto que permite al Estado, a través del Ministerio Público y
bajo el control judicial, racionalizar el ejercicio del ius puniendi, garantizando que la acción penal no sea
empleada de manera arbitraria o desproporcionada, en menoscabo del principio de economía procesal y
de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Desde el plano procedimental, la desestimación opera como una facultad exclusiva del Ministerio
Público, quien, en el ejercicio de su función de titular de la acción penal y garante de la legalidad, debe
evaluar las denuncias y querellas recibidas para determinar si ameritan el inicio de una investigación penal.
Conforme al artículo 283 eiusdem, el fiscal dispondrá de un lapso de treinta días hábiles contados a partir
de la recepción de la denuncia o querella para solicitar fundadamente al juez de control la desestimación
del caso, cuando advierta que el hecho denunciado no constituye delito, que la acción penal ha prescrito o
que concurre un obstáculo legal que impida el desarrollo del proceso. Dicha prerrogativa, sin embargo, no
es absoluta, ya que la solicitud del Ministerio Público está sujeta a la revisión judicial, correspondiendo al
juez de control verificar la corrección de la motivación expuesta y la concurrencia de los supuestos que
justifican la desestimación.

En atención a los hechos expuestos, se constata que la situación denunciada no reviste carácter
penal, en virtud de que los hechos planteados derivan de un conflicto contractual entre el denunciante y la
empresa SERVICIOS ESPECIALES "LA INMACULADA", lo que debe ser tramitado en la jurisdicción civil
y no a través del derecho penal.

El denunciante refiere que mantiene una relación contractual con la empresa funeraria, derivada
de su afiliación a CAPSAEULA, lo que le otorga el derecho a recibir servicios funerarios previamente
contratados y descontados de su nómina. Sin embargo, ante la muerte de su progenitora, la empresa se
negó a prestarle el servicio funerario, exigiendo un pago adicional que el denunciante considera indebido.
Del análisis de los hechos no se desprende la existencia de una conducta que pueda ser tipificada
como delito, sino más bien una posible infracción de naturaleza civil derivada del incumplimiento de un
contrato. El supuesto desconocimiento de pagos previos, la negativa de prestación del servicio y la
exigencia de nuevos pagos configuran un posible incumplimiento contractual que debe ser dirimido en la
jurisdicción civil, no en sede penal.

El derecho penal es la última ratio del ordenamiento jurídico y no debe ser utilizado como un
mecanismo de presión en controversias contractuales, ya que el Estado cuenta con mecanismos
especializados en la resolución de conflictos patrimoniales y contractuales a través de la jurisdicción civil y
administrativa.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que la desestimación es
un mecanismo procesal destinado a evitar la criminalización de disputas contractuales, impidiendo que el
derecho penal sea utilizado para resolver litigios que pueden ser tramitados por otras vías legales más
adecuadas (Sentencia N° 569 de la Sala de Casación Penal, 7 de diciembre de 2023).

En virtud de lo expuesto, los hechos denunciados corresponden a un conflicto contractual en el
cual debe determinarse la validez del contrato, la existencia de obligaciones pendientes y, en su caso, el
resarcimiento por daños y perjuicios, lo que excluye la intervención del derecho penal. Por tanto, procede
la desestimación de la denuncia y el archivo de las actuaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos
283 y 284 del Código Orgánico Procesal Penal.

El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal, sino que
incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales como el debido
proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara al sostener que "la
desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a la depuración del proceso
penal, el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo lugar, ella basta por sí sola, por cuanto
no depende de ninguna comprobación sustancial del hecho denunciado o querellado" (Sentencia N° 569
de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento
de la desestimación radica en la prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la
arbitrariedad y garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de
viabilidad jurídica.

Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación puede
derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal
Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará la desestimación y ordenará
la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas, salvo que se modifiquen las
circunstancias que motivaron la decisión. En cambio, si el juez considera improcedente la desestimación,
ordenará la continuación de la investigación. Esta dualidad decisoria garantiza un control judicial efectivo
sobre el ejercicio del poder punitivo del Estado, evitando que el Ministerio Público adopte criterios
discrecionales que desnaturalicen su función investigativa.

Adicionalmente, la decisión que acuerda la desestimación no es absolutamente inmutable, pues el
ordenamiento jurídico consagra el derecho de la víctima a impugnarla mediante el recurso de apelación,
en un lapso de cinco días contados a partir de su publicación. En este sentido, la Sala de Casación Penal
ha reiterado que "la desestimación de la denuncia se origina y deviene procedimentalmente antes del
comienzo de la investigación por parte del Ministerio Público, con el objeto de evitar el inicio de un proceso
penal, concluyendo que tal actuación procesal no puede ser recurrible en casación al no circunscribirse
dentro de los supuestos de admisión previstos en el ya citado artículo 451 de la ley adjetiva penal"
(Sentencia N° 569, op. cit.). Esta precisión jurisprudencial ratifica la delimitación del alcance de los medios
de impugnación en relación con la desestimación, consolidando su carácter excepcional dentro del proceso
penal.

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y derechos analizadas en el presente asunto, este Tribunal Quinto en
Funciones de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de
Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por
Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la
solicitud de DESESTIMACIÓN solicitada por la representación del Ministerio Público, en cuanto a la
denuncia interpuesta por JESUS GONZALO SUAREZ VELAZCO en contra de la ciudadana SERVICIOS
ESPECIALES “LA INMACULADA” de conformidad a lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico
Procesal Penal dado que la misma NO REVISTE CARÁCTER PENAL. SEGUNDO: Se acuerda notificar a
las partes de la presente decisión. TERCERO: Una vez firme la presente decisión se ordena a tenor de lo
dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal remitir las presentes actuaciones a la
Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, a los fines que proceda al archivo
de estas. ASÍ SE DECIDE. Cúmplase. –

ABG. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ

JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

LA SECRETARIA

ABG. LILIANA CAROLINA MARQUEZ ESCALONA

En fecha _____________, se libraron las siguientes comunicaciones:

_____________________________________ ordenadas por el tribunal en fecha de su decisión