TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL

DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2018001554

AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA

Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación realizada por
la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante comunicación N°
TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha 20/12/2024 según acta N° 105
del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, mediante la
presente me aboco al conocimiento de la presente causa. Visto el escrito presentado por el represéntate de
la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, la cual, en el uso de sus
atribuciones legales, presenta solicitud de DESESTIMACION de la causa penal signada con el número de
expediente fiscal DES-5381-2018, en la cual se interpuso denuncia en fecha 14 de mayo de 2017, por parte
de CARMEN ZULAY ARAQUE, RUBEN DARIO MONSALVE, DENYS MIGUEL MONSALVE, FRANCISCO
ANTONIO MOSALVE, SOBEYDA MONSALVE, MANUEL HONEIDIS MONSALVE Y OLCIDES
MONSALVE en su condición de denunciante, en contra VILMA RAMONA MONSALVE Y NIUSKA EVELYN
QUINTERO, procede este órgano jurisdiccional a pronunciarse del mismo en los siguientes términos.

DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DENUNCIA

En fecha 17 de mayo del año 2018, esta Unidad Fiscal recibió actuaciones provenientes de la
Fiscalía Superior, relacionadas con la denuncia formulada por los ciudadanos Carmen Zulay Araque
Monsalve, Rubén Darío Monsalve Araque, Denys Miguel Monsalve Araque, Francisco Antonio Monsalve
Araque, Sobeyda de las Mercedes Monsalve Araque, Manuel Honeides Monsalve Araque y Olcides
Monsalve Araque, titulares de las cédulas de identidad Nos. 10.107.909, 13.097.897, 10.719.643, 8.027.518,
8.009.056, 11.958.337 y 8.040.343, respectivamente, en contra de las ciudadanas Vilma Ramona Monsalve
Araque y Niuska Evelyn Quintero Monsalve.

Los denunciantes refirieron que, desde hace varios años y en la actualidad, se han presentado
diversas irregularidades en la vivienda donde reside su progenitora, Ana María del Carmen Araque de
Monsalve, perteneciente a la Sucesión Monsalve, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, calle Principal, casa
N° 3-3, parroquia Spinetti Dini, municipio Libertador del estado Mérida. Alegaron que sus hermanas Vilma
Ramona Monsalve Araque y Niuska Evelyn Quintero Monsalve han asumido una actitud agresiva,
irrespetuosa, con constantes amenazas, amedrentamientos y escándalos, lo que ha afectado la convivencia
familiar y el bienestar de su madre, una persona de avanzada edad que actualmente se encuentra
convaleciente y en un estado de salud delicado.

Asimismo, manifestaron que en reiteradas ocasiones han sido víctimas de agresiones verbales y
amenazas de agresión física, particularmente su hermano Rubén Darío Monsalve Araque, quien habría sido
atacado por las denunciadas. Indicaron que han denunciado estos hechos en varias oportunidades ante el
Ministerio Público y la Prefectura de la parroquia Antonio Spinetti Dini, con la finalidad de alcanzar una
solución pacífica, siendo infructuosos todos los intentos de mediación y conciliación debido a que las
denunciadas han continuado con una actitud aún más agresiva e incontrolable.

Adicionalmente, mencionaron que ninguna de las denunciadas desempeña actividad laboral
conocida y se dedican a la compra, venta y empeño de diversos objetos de dudosa procedencia. Igualmente,
señalaron que Niuska Evelyn Quintero Monsalve se dedica al "bachaqueo" de productos.

Explicaron que en los últimos tres años la convivencia en el inmueble se ha tornado insostenible, ya
que las denunciadas han presentado conductas violentas, escándalos y actitudes posesivas sobre la
vivienda. Relataron que el 04 de abril de 2018, la ciudadana Niuska Evelyn Quintero Monsalve ingresó por
la fuerza a una habitación del primer piso de la vivienda que se encontraba en estado de deterioro, la cual
estaba destinada a ser reparada para su posterior ocupación por otro de los hermanos. Para ello, la
denunciada empleó una porra, golpeando y causando daños a las instalaciones del inmueble, con la
intención de apropiarse del espacio.

Asimismo, denunciaron que las denunciadas dejan la puerta principal de la vivienda abierta hasta
altas horas de la noche y la madrugada, permitiendo el ingreso de personas ajenas a la familia, algunas de
ellas con problemas de conducta y menores de edad.

Finalmente, debido a los constantes amedrentamientos, amenazas y ofensas en contra de su
progenitora e intentos de agresión física contra algunos familiares, los denunciantes decidieron acudir ante
esta Unidad Fiscal para solicitar una medida de protección y alejamiento en contra de las denunciadas, con
la finalidad de preservar la paz, la armonía y la integridad física de su madre y del resto de la familia.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La desestimación, como institución procesal consagrada en el artículo 283 del Código Orgánico
Procesal Penal, se erige como un mecanismo de depuración del proceso penal, destinado a evitar la
persecución de hechos que, ab initio, carecen de relevancia penal, cuya acción se encuentra
irremediablemente prescrita o respecto de los cuales existe un obstáculo legal insuperable que impida su
prosecución. Se trata, en definitiva, de un instituto que permite al Estado, a través del Ministerio Público y
bajo el control judicial, racionalizar el ejercicio del ius puniendi, garantizando que la acción penal no sea
empleada de manera arbitraria o desproporcionada, en menoscabo del principio de economía procesal y de
la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Desde el plano procedimental, la desestimación opera como una facultad exclusiva del Ministerio
Público, quien, en el ejercicio de su función de titular de la acción penal y garante de la legalidad, debe
evaluar las denuncias y querellas recibidas para determinar si ameritan el inicio de una investigación penal.
Conforme al artículo 283 eiusdem, el fiscal dispondrá de un lapso de treinta días hábiles contados a partir
de la recepción de la denuncia o querella para solicitar fundadamente al juez de control la desestimación del
caso, cuando advierta que el hecho denunciado no constituye delito, que la acción penal ha prescrito o que
concurre un obstáculo legal que impida el desarrollo del proceso. Dicha prerrogativa, sin embargo, no es
absoluta, ya que la solicitud del Ministerio Público está sujeta a la revisión judicial, correspondiendo al juez
de control verificar la corrección de la motivación expuesta y la concurrencia de los supuestos que justifican
la desestimación.
En atención a los hechos expuestos, se observa que la denuncia formulada versa sobre presuntas
amenazas proferidas por las ciudadanas Vilma Ramona Monsalve Araque y Niuska Evelyn Quintero
Monsalve, quienes, según los denunciantes, han mantenido una actitud hostil y agresiva dentro del inmueble
en cuestión. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 175 del Código Penal, el delito de amenazas es un delito
de acción privada, lo que implica que su enjuiciamiento solo procede a instancia de la parte agraviada
mediante la interposición de una querella. En este sentido, el Ministerio Público carece de legitimidad para
ejercer la acción penal de oficio en estos supuestos, salvo que concurran circunstancias excepcionales
establecidas en la ley, lo que no se evidencia en el presente caso.

El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal, sino que
incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales como el debido
proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara al sostener que "la
desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a la depuración del proceso penal,
el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo lugar, ella basta por sí sola, por cuanto no
depende de ninguna comprobación sustancial del hecho denunciado o querellado" (Sentencia N° 569 de la
Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento de
la desestimación radica en la prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la
arbitrariedad y garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de
viabilidad jurídica.

Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación puede
derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal
Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará la desestimación y ordenará
la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas, salvo que se modifiquen las
circunstancias que motivaron la decisión. En cambio, si el juez considera improcedente la desestimación,
ordenará la continuación de la investigación. Esta dualidad decisoria garantiza un control judicial efectivo
sobre el ejercicio del poder punitivo del Estado, evitando que el Ministerio Público adopte criterios
discrecionales que desnaturalicen su función investigativa.

Adicionalmente, la decisión que acuerda la desestimación no es absolutamente inmutable, pues el
ordenamiento jurídico consagra el derecho de la víctima a impugnarla mediante el recurso de apelación, en
un lapso de cinco días contados a partir de su publicación. En este sentido, la Sala de Casación Penal ha
reiterado que "la desestimación de la denuncia se origina y deviene procedimentalmente antes del comienzo
de la investigación por parte del Ministerio Público, con el objeto de evitar el inicio de un proceso penal,
concluyendo que tal actuación procesal no puede ser recurrible en casación al no circunscribirse dentro de
los supuestos de admisión previstos en el ya citado artículo 451 de la ley adjetiva penal" (Sentencia N° 569,
op. cit.). Esta precisión jurisprudencial ratifica la delimitación del alcance de los medios de impugnación en
relación con la desestimación, consolidando su carácter excepcional dentro del proceso penal.

El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal, sino que
incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales como el debido
proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara al sostener que "la
desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a la depuración del proceso penal,
el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo lugar, ella basta por sí sola, por cuanto no
depende de ninguna comprobación sustancial del hecho denunciado o querellado" (Sentencia N° 569 de la
Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento de
la desestimación radica en la prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la
arbitrariedad y garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de
viabilidad jurídica.

Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación puede
derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal
Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará la desestimación y ordenará
la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas, salvo que se modifiquen las
circunstancias que motivaron la decisión. En cambio, si el juez considera improcedente la desestimación,
ordenará la continuación de la investigación. Esta dualidad decisoria garantiza un control judicial efectivo
sobre el ejercicio del poder punitivo del Estado, evitando que el Ministerio Público adopte criterios
discrecionales que desnaturalicen su función investigativa.

Adicionalmente, la decisión que acuerda la desestimación no es absolutamente inmutable, pues el
ordenamiento jurídico consagra el derecho de la víctima a impugnarla mediante el recurso de apelación, en
un lapso de cinco días contados a partir de su publicación. En este sentido, la Sala de Casación Penal ha
reiterado que "la desestimación de la denuncia se origina y deviene procedimentalmente antes del comienzo
de la investigación por parte del Ministerio Público, con el objeto de evitar el inicio de un proceso penal,
concluyendo que tal actuación procesal no puede ser recurrible en casación al no circunscribirse dentro de
los supuestos de admisión previstos en el ya citado artículo 451 de la ley adjetiva penal" (Sentencia N° 569,
op. cit.). Esta precisión jurisprudencial ratifica la delimitación del alcance de los medios de impugnación en
relación con la desestimación, consolidando su carácter excepcional dentro del proceso penal.

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y derechos analizadas en el presente asunto, este Tribunal Quinto en
Funciones de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de
Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad
de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la solicitud de
DESESTIMACIÓN solicitada por la representación del Ministerio Público, en cuanto a la denuncia
interpuesta por CARMEN ZULAY ARAQUE, RUBEN DARIO MONSALVE, DENYS MIGUEL MONSALVE,
FRANCISCO ANTONIO MOSALVE, SOBEYDA MONSALVE, MANUEL HONEIDIS MONSALVE Y
OLCIDES MONSALVE en contra de la ciudadana VILMA RAMONA MONSALVE Y NIUSKA EVELYN
QUINTERO de conformidad a lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal que en
la misma se evidencia la existencia de UN OBSTÁCULO LEGAL INSUPERABLE QUE IMPIDE LA
CONTINUACIÓN DEL PROCESO PENAL. SEGUNDO: Se acuerda notificar a las partes de la presente
decisión. TERCERO: Una vez firme la presente decisión se ordena a tenor de lo dispuesto en el artículo 284
del Código Orgánico Procesal Penal remitir las presentes actuaciones a la Unidad de Depuración
Inmediata de Casos del Ministerio Público, a los fines que proceda al archivo de estas. ASÍ SE DECIDE.
Cúmplase. –

ABG. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ

JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

LA SECRETARIA

ABG. LILIANA CAROLINA MARQUEZ ESCALONA

En fecha _____________, se libraron las siguientes comunicaciones:

_____________________________________ ordenadas por el tribunal en fecha de su decisión