TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL

DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2018002505

AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA

Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación
realizada por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante
comunicación N° TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha
20/12/2024 según acta N° 105 del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del
Estado Bolivariano de Mérida, mediante la presente me aboco al conocimiento de la presente
causa. Visto el escrito presentado por el represéntate de la Unidad de Depuración Inmediata de
Casos del Ministerio Público, la cual, en el uso de sus atribuciones legales, presenta solicitud
de DESESTIMACION de la causa penal signada con el número de expediente fiscal DES-8427-
2018, en la cual se interpuso denuncia en fecha 31 de julio de 2018, por parte de ISIDRO PEÑA
FLORES en su condición de denunciante, en contra EDGAR ANTONIO UZCATEGUI, procede
este órgano jurisdiccional a pronunciarse del mismo en los siguientes términos.

DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DENUNCIA

En fecha 02 de agosto del año 2018, la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del
Ministerio Público recibió actuaciones provenientes de la Fiscalía Superior, relacionadas con la
denuncia formulada por el ciudadano Isidro Peña Flores, titular de la cédula de identidad N° V-
8.028.012, en la que manifestó que el ciudadano Edgar Antonio Uzcátegui, propietario de un local
destinado a taller mecánico, ubicado en la Calle Industria, Pozo Hondo, Ejido, municipio Campo
Elías del estado Bolivariano de Mérida, lo insultó llamándolo "cochino", debido a que había
colocado la basura envuelta en bolsas plásticas afuera de su vivienda con la finalidad de que el
camión del aseo urbano la recogiera.

Señala el denunciante que el ciudadano Edgar Antonio Uzcátegui se presentó en su
vivienda y comenzó a insultarlo, diciéndole que esa calle no era para colocar basura y que los
vecinos debían procurar mantener limpia la zona. Asimismo, refiere que esta situación no es un
hecho aislado, pues en otras oportunidades el denunciado lo había insultado previamente, debido
a que el denunciante trabajaba con sonido móvil de campaña del PSUV, lo que, según afirma,
molestaba al denunciado por el ruido generado al pasar frente a su taller mecánico.
Debido a esta situación, el ciudadano Isidro Peña Flores manifiesta que se encuentra en
tratamiento médico y solicita que el ciudadano Edgar Antonio Uzcátegui cese las agresiones
verbales en su contra, ya que requiere tranquilidad. Finalmente, solicita que el denunciado instale
una canal de desagüe en el techo de su garaje, pues indica que el agua de lluvia que cae del taller
afecta su terreno.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La desestimación, como institución procesal consagrada en el artículo 283 del Código
Orgánico Procesal Penal, se erige como un mecanismo de depuración del proceso penal,
destinado a evitar la persecución de hechos que, ab initio, carecen de relevancia penal, cuya
acción se encuentra irremediablemente prescrita o respecto de los cuales existe un obstáculo legal
insuperable que impida su prosecución. Se trata, en definitiva, de un instituto que permite al
Estado, a través del Ministerio Público y bajo el control judicial, racionalizar el ejercicio del ius
puniendi, garantizando que la acción penal no sea empleada de manera arbitraria o
desproporcionada, en menoscabo del principio de economía procesal y de la seguridad jurídica de
los ciudadanos.

Desde el plano procedimental, la desestimación opera como una facultad exclusiva del
Ministerio Público, quien, en el ejercicio de su función de titular de la acción penal y garante de la
legalidad, debe evaluar las denuncias y querellas recibidas para determinar si ameritan el inicio de
una investigación penal. Conforme al artículo 283 eiusdem, el fiscal dispondrá de un lapso de
treinta días hábiles contados a partir de la recepción de la denuncia o querella para solicitar
fundadamente al juez de control la desestimación del caso, cuando advierta que el hecho
denunciado no constituye delito, que la acción penal ha prescrito o que concurre un obstáculo legal
que impida el desarrollo del proceso. Dicha prerrogativa, sin embargo, no es absoluta, ya que la
solicitud del Ministerio Público está sujeta a la revisión judicial, correspondiendo al juez de control
verificar la corrección de la motivación expuesta y la concurrencia de los supuestos que justifican
la desestimación.

En atención a los hechos expuestos, se observa que la denuncia formulada por el
ciudadano Isidro Peña Flores se fundamenta en una serie de conflictos vecinales derivados, por
un lado, del manejo de residuos en la vía pública y, por otro, de diferencias ideológicas entre las
partes. No obstante, los hechos descritos carecen de relevancia penal, en tanto que las
expresiones proferidas por el ciudadano Edgar Antonio Uzcátegui no configuran, en principio, una
conducta típica que encaje en los delitos previstos en el ordenamiento jurídico penal.

El derecho penal debe reservarse para la sanción de las conductas que lesionen de manera
efectiva bienes jurídicos tutelados, y en el presente caso, lo narrado por el denunciante no excede
el ámbito de un conflicto de convivencia entre particulares, el cual debe ser canalizado a través de
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o en el marco del derecho civil o
administrativo, en lo que respecta a la disposición de residuos y normativas de orden público.
Por otra parte, la presunta afectación derivada de la caída de agua desde el garaje del
denunciado hacia el terreno del denunciante no constituye un hecho delictivo, sino que podría ser
objeto de un reclamo en la jurisdicción civil, en virtud de la normativa aplicable a la propiedad y las
servidumbres. En este sentido, se recomienda al denunciante que, de considerar que su derecho
ha sido vulnerado, acuda a las instancias pertinentes para solicitar la corrección de las presuntas
irregularidades.

En consecuencia, al no configurarse un hecho punible ni existir elementos que ameriten la
intervención del Ministerio Público en el ejercicio del ius puniendi del Estado, procede la
desestimación de la denuncia, en virtud de lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico
Procesal Penal.

El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal,
sino que incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales
como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara
al sostener que "la desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a la
depuración del proceso penal, el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo lugar,
ella basta por sí sola, por cuanto no depende de ninguna comprobación sustancial del hecho
denunciado o querellado" (Sentencia N° 569 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo
de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento de la desestimación radica en la
prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la arbitrariedad y
garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de
viabilidad jurídica.

Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación
puede derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código
Orgánico Procesal Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará
la desestimación y ordenará la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas,
salvo que se modifiquen las circunstancias que motivaron la decisión. En cambio, si el juez
considera improcedente la desestimación, ordenará la continuación de la investigación. Esta
dualidad decisoria garantiza un control judicial efectivo sobre el ejercicio del poder punitivo del
Estado, evitando que el Ministerio Público adopte criterios discrecionales que desnaturalicen su
función investigativa.

Adicionalmente, la decisión que acuerda la desestimación no es absolutamente inmutable,
pues el ordenamiento jurídico consagra el derecho de la víctima a impugnarla mediante el recurso
de apelación, en un lapso de cinco días contados a partir de su publicación. En este sentido, la
Sala de Casación Penal ha reiterado que "la desestimación de la denuncia se origina y deviene
procedimentalmente antes del comienzo de la investigación por parte del Ministerio Público, con
el objeto de evitar el inicio de un proceso penal, concluyendo que tal actuación procesal no puede
ser recurrible en casación al no circunscribirse dentro de los supuestos de admisión previstos en
el ya citado artículo 451 de la ley adjetiva penal" (Sentencia N° 569, op. cit.). Esta precisión
jurisprudencial ratifica la delimitación del alcance de los medios de impugnación en relación con la
desestimación, consolidando su carácter excepcional dentro del proceso penal.
DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y derechos analizadas en el presente asunto, este Tribunal
Quinto en Funciones de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado
Bolivariano de Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se
declara CON LUGAR la solicitud de DESESTIMACIÓN solicitada por la representación del
Ministerio Público, en cuanto a la denuncia interpuesta por ISIDRO PEÑA FLORES en contra de
la ciudadana EDGAR ANTONIO UZCATEGUI de conformidad a lo establecido en el artículo 283
del Código Orgánico Procesal Penal que la misma NO REVISTE CARÁCTER PENAL.
SEGUNDO: Se acuerda notificar a las partes de la presente decisión. TERCERO: Una vez firme
la presente decisión se ordena a tenor de lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico
Procesal Penal remitir las presentes actuaciones a la Unidad de Depuración Inmediata de
Casos del Ministerio Público, a los fines que proceda al archivo de estas. ASÍ SE DECIDE.
Cúmplase. –

ABG. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ

JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

LA SECRETARIA
ABG. LILIANA CAROLINA MARQUEZ ESCALONA

En fecha _____________, se libraron las siguientes comunicaciones:

_____________________________________ ordenadas por el tribunal en fecha de su decisión