TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL

DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P207006964

AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA

Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación
realizada por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante
comunicación N° TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha
20/12/2024 según acta N° 105 del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del
Estado Bolivariano de Mérida, mediante la presente me aboco al conocimiento de la presente
causa. Visto el escrito presentado por el represéntate de la Unidad de Depuración Inmediata
de Casos del Ministerio Público, la cual, en el uso de sus atribuciones legales, presenta
solicitud de DESESTIMACION de la causa penal signada con el numero de expediente fiscal
DES-14910-2015, en la cual se interpuso denuncia en fecha 23 de agosto de 2017, por parte
de JOSÉ DOMINGO SÁNCHEZ PARRA en su condición de denunciante, en contra MARITZA
MEZA PAMIREZ, procede este órgano jurisdiccional a pronunciarse del mismo en los siguientes
términos.

DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DENUNCIA

El 28 de agosto de 2017, la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio
Público recibió actuaciones procedentes de la Fiscalía Superior del estado Mérida, relacionadas
con una denuncia formulada por el ciudadano JOSÉ DOMINGO SÁNCHEZ PARRA, titular de la
Cédula de Identidad No. 12.347.845, ante el Centro de Coordinación Policial No. 11 Mucuchíes,
Estación Policial Tabay, del Instituto Autónomo de Policía del estado Mérida.

En su denuncia, el ciudadano José Domingo Sánchez Parra manifestó que la ciudadana
MARITZA MEZA RAMÍREZ, quien fue su pareja hasta hace diez (10) meses, el sábado 12 de
agosto de 2017, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, se llevó de su casa diversos artefactos
electrodomésticos y enseres de uso diario, entre los cuales se encontraban: una cocina, una
lavadora, una nevera, un calentador, una licuadora, un horno tostador, un horno microondas,
utensilios de cocina, vajilla, una secadora y la campana de la cocina, así como un juego de cuarto.
lo cual evidencia la existencia de una controversia patrimonial que debe ser dilucidada a través
de los mecanismos ordinarios de resolución de conflictos en sede civil, sin que ello implique per
se la configuración de una conducta delictiva.

Bajo esta óptica, el hecho denunciado no satisface los elementos constitutivos del delito
de hurto u otro tipo penal de apropiación ilícita, en virtud de que no se advierte la clandestinidad
o la ilegítima sustracción de los bienes sin consentimiento del propietario, pues la sustracción fue
realizada de manera abierta, sin ocultamiento y sin el empleo de medios fraudulentos o violentos.
Aunado a ello, el vínculo previo entre las partes y la posesión legítima que la ciudadana Meza
Ramírez tenía sobre la vivienda en la que cohabitaba con el denunciante descartan cualquier
ilicitud en su proceder.

Conforme a estos razonamientos, se configura el supuesto previsto en el artículo 283 del
Código Orgánico Procesal Penal, en tanto que el hecho denunciado "no reviste carácter penal",
lo que torna procedente la desestimación de la denuncia y su consecuente archivo. En esta línea,
la Sala de Casación Penal ha sostenido que la desestimación "basta por sí sola, por cuanto no
depende de ninguna comprobación sustancial del hecho denunciado o querellado", siendo su
propósito evitar la apertura de investigaciones penales infundadas que desnaturalicen la función
jurisdiccional y sobrecarguen innecesariamente el sistema de justicia (Sentencia N° 569, op. cit.).

En consecuencia, la desestimación de la presente denuncia no solo responde a la
aplicación correcta del principio de legalidad, sino que también garantiza el respeto al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, impidiendo que el derecho penal sea utilizado de manera
desproporcionada o como un mecanismo supletorio para resolver conflictos que deben ser
tramitados en otras instancias jurisdiccionales.

El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal,
sino que incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales
como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara
al sostener que "la desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a
la depuración del proceso penal, el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo
lugar, ella basta por sí sola, por cuanto no depende de ninguna comprobación sustancial del
hecho denunciado o querellado" (Sentencia N° 569 de la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento de la desestimación radica en
la prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la arbitrariedad y
garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de
viabilidad jurídica.

Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación
puede derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código
Orgánico Procesal Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará
la desestimación y ordenará la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas,