REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º.
ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2018000333
AUTO FUNDADO DECRETANDO CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA
Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación realizada por
la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante comunicación N°
TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha 20/12/2024 según acta N°
105 del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida,
mediante la presente me aboco al conocimiento de la presente causa. Visto el escrito presentado por el
represéntate de la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público, la cual, en el uso
de sus atribuciones legales, presenta solicitud de DESESTIMACION de la causa penal signada con el
numero de expediente fiscal DES-20694-2017, en la cual se interpuso denuncia en fecha 13 de diciembre
de 2017, por parte de JOSE AZAEL LOPEZ LOPEZ en su condición de denunciante, en contra JOSE
RAMON LOPEZ MORENO, procede este órgano jurisdiccional a pronunciarse del mismo en los siguientes
términos.
DE LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA DENUNCIA
En fecha 19 de diciembre de 2017, la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del
Ministerio Público recibió una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Superior de esta
Circunscripción Judicial, formulada por el ciudadano JOSÉ AZAEL LÓPEZ LÓPEZ, titular de la
Cédula de Identidad No. 3.031.730, en contra de su hijo, el ciudadano JOSÉ RAMÓN LÓPEZ
MORENO, titular de la Cédula de Identidad No. 13.524.532.
El denunciante, un ciudadano de 73 años de edad, manifestó que su única fuente de
ingreso proviene de la pensión de vejez otorgada por el Estado venezolano, además de recibir
apoyo económico de algunos de sus hijos que residen fuera del hogar paterno. Expuso que el
inmueble que habita es de su propiedad, adquirido en el marco de la sociedad conyugal y por
herencia, y que, no obstante, su derecho sobre la vivienda, su hijo JOSÉ RAMÓN LÓPEZ
MORENO le ha causado una situación de hostilidad y maltrato que le afecta en su día a día.
Según lo narrado por el denunciante, su hijo le profiera groserías, lo insulta y asume una
actitud amenazante con intención de agredirlo, generando en él una afectación tanto psicológica
como emocional. Afirmó que, a pesar de haber suscrito acuerdos conciliatorios en el pasado,
estos han sido incumplidos de manera reiterada. Asimismo, denunció que la conducta de su hijo
una falta de interés procesal en la persecución del caso, reforzando la idea de que no existe una situación
penalmente relevante que justifique la intervención del sistema de justicia penal.
Aun cuando el denunciante menciona la existencia de episodios en los que el denunciado lo empuja
y lo expulsa de la vivienda, estos eventos, analizados de manera aislada, carecen de los elementos de
gravedad y sistematicidad que permitan configurarlos dentro del delito de violencia física o psicológica, en
tanto no se han aportado pruebas que evidencien lesiones, amenazas calificadas o actos que
efectivamente menoscaben su integridad más allá del plano meramente convivencial.
El alcance jurídico de la desestimación no se agota en su naturaleza como filtro procesal, sino que
incide de manera determinante en la materialización de derechos fundamentales, tales como el debido
proceso y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara al sostener que "la
desestimación de la querella, en primer lugar, es una institución destinada a la depuración del proceso
penal, el cual no es dable incoarse en bases inciertas, y en segundo lugar, ella basta por sí sola, por cuanto
no depende de ninguna comprobación sustancial del hecho denunciado o querellado" (Sentencia N° 569
de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 7 de diciembre de 2023). Así, el fundamento
de la desestimación radica en la prevención de procesos infundados, protegiendo al justiciable contra la
arbitrariedad y garantizando que el aparato jurisdiccional no se vea sobrecargado con casos carentes de
viabilidad jurídica.
Por otro lado, el pronunciamiento del juez de control sobre la solicitud de desestimación puede
derivar en dos posibles escenarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal
Penal. Si el juez considera fundada la solicitud del Ministerio Público, aceptará la desestimación y ordenará
la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, que deberá archivarlas, salvo que se modifiquen las
circunstancias que motivaron la decisión. En cambio, si el juez considera improcedente la desestimación,
ordenará la continuación de la investigación. Esta dualidad decisoria garantiza un control judicial efectivo
sobre el ejercicio del poder punitivo del Estado, evitando que el Ministerio Público adopte criterios
discrecionales que desnaturalicen su función investigativa.
Adicionalmente, la decisión que acuerda la desestimación no es absolutamente inmutable, pues el
ordenamiento jurídico consagra el derecho de la víctima a impugnarla mediante el recurso de apelación,
en un lapso de cinco días contados a partir de su publicación. En este sentido, la Sala de Casación Penal
ha reiterado que "la desestimación de la denuncia se origina y deviene procedimentalmente antes del
comienzo de la investigación por parte del Ministerio Público, con el objeto de evitar el inicio de un proceso
penal, concluyendo que tal actuación procesal no puede ser recurrible en casación al no circunscribirse
dentro de los supuestos de admisión previstos en el ya citado artículo 451 de la ley adjetiva penal"
(Sentencia N° 569, op. cit.). Esta precisión jurisprudencial ratifica la delimitación del alcance de los medios
de impugnación en relación con la desestimación, consolidando su carácter excepcional dentro del proceso
penal.
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y derechos analizadas en el presente asunto, este Tribunal Quinto en
Funciones de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de
Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por
Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la
solicitud de DESESTIMACIÓN solicitada por la representación del Ministerio Público, en cuanto a la