TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL Y MUNICIPAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.

Mérida, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
216º y 167º

ASUNTO PRINCIPAL: LP01P2019000831

AUTO FUNDAMENTANDO DECRETANDO EL SOBRESEIMIENTO DE CONFIRMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 300 NUMERAL 3° DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

Quien suscribe Abg. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la
designación realizada por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia e informada a
este juzgador mediante comunicación N° TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024,
siendo juramentado en fecha 20/12/2024 según acta N° 105 del libro de actas de la
presidencia de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, mediante la
presente me aboco al conocimiento de la presente causa. Quien suscribe Abg. OMAR
GABRIEL GUERRA FERNANDEZ, vista la designación realizada por la sala plena del
Tribunal Supremo de Justicia e informada a este juzgador mediante comunicación N°
TSJ/CJ/OFIC/3179-2024 de fecha 05/12/2024, siendo juramentado en fecha 20/12/2024
según acta N° 105 del libro de actas de la presidencia de Circuito Judicial Penal del
Estado Bolivariano de Mérida, mediante la presente me aboco al conocimiento de la
presente causa. Visto el escrito presentado por la Fiscalía Primera del Ministerio
Público de conformidad a lo establecido en el artículo 302 del Código Orgánico Procesal
Penal, en el cual solicita el SOBRESEIMIENTO del asunto fiscal número MP-113539-
2019, este despacho de conformidad a lo establecido en los artículos 6, 157, 300 numeral
3° y 306 de la norma adjetiva penal, pasa a pronunciarse a la referida solicitud en los
siguientes términos:

IDENTIFICACION DEL IMPUTADO

De conformidad a los establecido en el artículo 306 numeral 1° del Código
Orgánico Procesal Penal, debe hacerse referencia a la identificación de la persona
implicada en el hecho, el Ministerio Público identifico plenamente a los ciudadanos
MIGUEL ANGEL UZCATEGUI RAMIREZ Titular de la Cédula de Identidad V.-
23.724.336; JESUS ALFONSO DIAZ PEÑA Titular de la Cédula de Identidad V.-
26.214.898; y MANUEL ANTONIO MORA SAAVEDRA Titular de la Cédula de
Identidad V.- 23.634.495.
DESCRIPCION DEL HECHO OBJETO DE LA INVESTIGACION

De las actas que integran el acervo probatorio de la presente causa,
específicamente del acta de investigación penal suscrita por funcionarios adscritos
a la Delegación Municipal Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC), se desprende que el día 08 de mayo de 2019,
en la calle Caiguire del sector El Llanito de la Otra Banda, Parroquia Spinetti Dini
del Municipio Libertador, se perfeccionó un hecho de naturaleza presuntamente
delictiva.

En la fecha y lugar ut supra señalados, los ciudadanos identificados en
autos fueron señalados por la víctima, Rafael Peña, de haber violentado la
seguridad de su domicilio para sustraer bienes muebles de su propiedad. Tras una
persecución policial, los sujetos fueron interceptados en posesión de los
siguientes objetos: una batería para vehículo marca Titan, un neumático para
motocicleta y un cilindro de gas refrigerante de 13.6 kilogramos. Dichos elementos
fueron incautados y sometidos a cadena de custodia y avalúo real,
determinándose la aprehensión en flagrancia de los investigados y el inicio de la
fase preparatoria del proceso penal.

RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO

El sobreseimiento, cuando es dictado como acto conclusivo por parte del
Ministerio Público, reviste una importancia fundamental dentro del proceso penal
venezolano, puesto que pone término al procedimiento y, en muchos casos, otorga
efectos de cosa juzgada, conforme a lo previsto en el artículo 300 del Código Orgánico
Procesal Penal (COPP). De acuerdo con la jurisprudencia plasmada por la Sala de
Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 127 de fecha 08 de
abril de 2003, el sobreseimiento puede ser decretado por diversas razones, tales como
la no realización del hecho imputado, la inexistencia de tipicidad, o la existencia de causas
de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad. Asimismo, se puede ordenar cuando
la acción penal se haya extinguido o cuando se haya acreditado la cosa juzgada, lo cual
subraya la necesidad de una evaluación exhaustiva y razonada por parte del juez al
momento de tomar la decisión de sobreseer.

Por otro lado, es importante resaltar la potestad del Ministerio Público, como titular
de la acción penal, para solicitar el sobreseimiento en los supuestos establecidos en el
COPP. El artículo 302 del Código Orgánico Procesal Penal le otorga esta facultad en
función del interés público y la correcta administración de justicia. De igual manera, el
juez debe tener en cuenta que el Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento no
solo cuando no se logre acreditar la existencia de un delito, sino también cuando se
determinen defectos en la promoción o ejercicio de la acusación, como lo establece la
jurisprudencia referida. Esta potestad, que no debe ser desestimada de manera arbitraria,
requiere que el juez evalúe con sumo cuidado cada solicitud, considerando que el
sobreseimiento implica un juicio definitivo sobre la responsabilidad penal del imputado.
En efecto, la figura del sobreseimiento constituye una manifestación de
jurisdicción plena que extingue definitivamente el proceso penal cuando concurre alguna
de las causales previstas en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo
es la prescripción de la acción penal. Su procedencia es obligatoria, aún de oficio,
conforme a lo reiteradamente sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en especial en su sentencia n.º 1109/2011, en la cual estableció
que incluso cuando la acción penal haya prescrito, es indispensable la comprobación
del delito y la determinación del autor, a los efectos de posibles acciones civiles
derivadas del hecho.

Bajo la égida de la doctrina vinculante establecida por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia en su fallo n.º 1109/2011 (reiterado recientemente en
decisión N° 1128 del 27/11/2024), este juzgador advierte que la declaratoria de
sobreseimiento por extinción de la acción penal no exime al órgano jurisdiccional de la
obligación de constatar la existencia del cuerpo del delito y la participación de los
encausados. En la especie, la comprobación del ilícito se halla plenamente respaldada
por las actuaciones procesales que cursan en el expediente, tales como el Acta de
Investigación Penal de fecha 08-05-2019 , la Inspección Técnica N.º 0557 y la experticia
de Avalúo Real N.º 9700-262-AT-069, elementos que acreditan la materialidad del
apoderamiento de bienes muebles ajenos. De igual modo, la determinación de la autoría
de los ciudadanos MIGUEL ÁNGEL UZCÁTEGUI RAMÍREZ, JESUS ALFONSO DIAZ
PEÑA y MANUEL ANTONIO MORA SAAVEDRA emerge de la relación circunstanciada
de los hechos, al haber sido aprehendidos tras una persecución policial en posesión
inmediata de los objetos sustraídos —una batería para vehículo, un neumático de
motocicleta y un cilindro de gas refrigerante — y tras el señalamiento directo realizado
por la víctima, RAFAEL PEÑA, en el sitio del suceso, configurándose así una vinculación
fáctica y jurídica innegable entre los sujetos investigados y el hecho punible objeto de la
presente causa.

En el presente caso, tras un análisis exhaustivo de los hechos que originaron la
investigación, se puede verificar que el delito HURTO CALIFICADO previsto y
sancionado en el artículo 453 numeral 1°, en perjuicio del ciudadano Rafael Peña,
aconteció en fecha 08 de mayo de 2019, fecha en la que dieron los hechos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Código Penal, en cuanto a la
dosimetría, la pena para este delito se encuentra dentro del rango de DOS (02) a SEIS
(06) AÑOS DE PRISION, siendo su término medio de CUATRO (04) AÑOS de PRISION,
lo cual, conforme al artículo 108 numeral 4° del Código Penal, establece un lapso de
prescripción de CINCO (05) AÑO. En este contexto, la acción penal se encuentra
claramente prescrita, dado que ha transcurrido más tiempo del que la ley prevé para la
extinción de la acción penal, con más de SEIS (06) AÑOS desde la fecha de los hechos,
sin que se haya producido un acto que interrumpa la prescripción.

Por lo tanto, este Juzgador debe resaltar que la prescripción de la acción penal no
implica la cesación de la persecución civil del hecho delictivo. La prescripción, en términos
procesales, tiene como objetivo asegurar que los procedimientos penales se resuelvan
dentro de un tiempo razonable, evitando que se prolonguen indefinidamente y vulneren
principios fundamentales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En este
sentido, no se puede mantener una investigación abierta por tiempo indefinido, pues ello
constituiría una violación a los derechos de la parte imputada, generando inseguridad
jurídica y dejando en suspenso indefinidamente una posible resolución de la causa.

Finalmente, es importante aclarar que, si bien la acción penal ha prescrito, ello no
obsta para que este juzgador, conforme al artículo 300, numeral 3° del Código Orgánico
Procesal Penal, decreta el sobreseimiento de la causa, habiendo evaluado previamente
que el hecho fue cometido, pero que el tiempo para intentar la persecución penal ha
vencido. De igual manera, al no haberse identificado a ninguna persona involucrada en
el hecho, no aplica la interrupción de la prescripción establecida en el artículo 110 del
Código Penal, ya que no se han realizado diligencias procesales que justifiquen tal
interrupción. En consecuencia, la prescripción de la acción penal debe ser declarada,
protegiendo los derechos procesales de las partes involucradas y garantizando el
cumplimiento de los principios constitucionales.

DECISION

Por la razones esgrimidas, este Tribunal Quinto en Funciones de Control Estadal y
Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida,
Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por
Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON
LUGAR la solicitud del Ministerio Público y en consecuencia se decreta el
SOBRESEIMIENTO de la presente causa de conformidad a lo establecido en el artículo
300 numeral 3° por la Extinción de la Acción Penal de conformidad a lo establecido en
el artículo 49 numeral 8° del Código Orgánico Procesal Penal, a favor de MIGUEL
ANGEL UZCATEGUI RAMIREZ Titular de la Cédula de Identidad V.- 23.724.336; JESUS
ALFONSO DIAZ PEÑA Titular de la Cédula de Identidad V.- 26.214.898; y MANUEL
ANTONIO MORA SAAVEDRA Titular de la Cédula de Identidad V.- 23.634.495, por la
presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO previsto y sancionado en el artículo
453 numeral 1° el Código Penal, en perjuicio de Rafael Peña, por cuanto, la acción
penal se ha extinguido. SEGUNDO: Se acuerda notificar a las partes de la presente
decisión, y una vez firme la misma sea remitida la presente causa al archivo de esta sede
judicial. ASI SE DECIDE. -

ABG. OMAR GABRIEL GUERRA FERNANDEZ
JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL
ESTADAL Y MUNICIPAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO

BOLIVARIANO DE MÉRIDA

LA SECRETARIA

ABG. LILIANA CAROLINA MARQUEZ ESCALONA

En fecha _____________, se libraron las siguientes comunicaciones:
_____________________________________ ordenadas por el tribunal en fecha de su decisión