TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del
Estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida. Mérida, 27 de julio de 2026
216º y 167º

ASUNTO: LP61-J-2026-000156.

SENTENCIA Nº 512
SENTENCIA DEFINITIVA

I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Parte Demandante: RUTH MARY TORO ALARCON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.377.080, domiciliada en el estado Bolivariano de Mérida, y civilmente hábil.

Asistencia Técnica Jurídica de la demandante: HILMARI GAMBOA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.917.812, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 89.451, domiciliada en el estado Bolivariano de Mérida y jurídicamente hábil.

Parte Demandada: JOEL ALEXANDER CUEVAS MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-16.664.780, con domicilio en la República Popular de China y civilmente hábil.

Motivo: DIVORCIO POR SEPARADO/NO CONTENCIOSO.

II ANTECEDENTES

Ingresa ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida, solicitud contentiva de DIVORCIO, interpuesta por la ciudadana RUTH MARY TORO ALARCON, asistida por abogada, en contra del ciudadano JOEL ALEXANDER CUEVAS MARQUEZ (F. 13 y 14).

Se observa del folio 06 al 11 anexos tales como: copia certificada del Registro de Matrimonio (acta Nº 126) de los conyugues; copia certificada del Registro de Nacimiento (acta Nº 1287) de la niña de auto; copia de la cedula de identidad de los conyugues; pasaporte venezolano del demandado; documentales que acompañan el escrito libelar consignado.

En la solicitud cabeza de autos, la parte demandante narró entre otros hechos: Que contrajo matrimonio civil el 19 de agosto de 2016, ante la Registro Civil del Municipio Barinas, del estado Barinas, conforme al acta de matrimonio signada con el N° 126, con el ciudadano JOEL ALEXANDER CUEVAS MARQUEZ. Que su último domicilio conyugal fue establecido en Conjunto Residencial Aves Country, edificio Paraculata, apartamento 891, sector el campito, Juan Rodríguez Suarez, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida. Que procrearon una (01) hija que llevan por nombre ANA GABRIELA CUEVAS TORO, de nueve (09) años de edad, F.N.:13/10/2016. Fundamentó la solicitud de divorcio por desafecto y desamor en la sentencia vinculante N° 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Enunció las instituciones familiares a favor de su hija de la siguiente manera: LA CUSTODIA: Será ejercida por la madre; la PATRIA POTESTAD: Solicitó le sea concedido el ejercicio unilateral de la patria potestad a favor de la madre, en virtud que el padre de sus hijos se encuentra fuera del territorio venezolano y lo imposibilita a cumplir su ejercicio; la RESPONSABILIDAD DE CRIANZA será ejercida por la progenitora; RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR: se establece un régimen de convivencia abierto, el padre podrá tener comunicación a través de los medios telemáticos, video llamadas, redes sociales, siempre y cuando no interfiera en sus horas de descanso y estudio. LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN: El padre aportará la cantidad mensual de DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD 200$) o su equivalente en bolívares conforme a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, depositados en la cuenta de ahorro Nº 0108-0372-1902-0019-6698 del Banco Provincial a nombre de la progenitora, durante los primeros 10 días de cada mes, dicho monto tendrá un incremento anual del doce (12%) por ciento; Para los bonos especiales, para los meses de agosto y diciembre cada progenitor cubrirá el 50% de los gastos se generen por motivo de la escolaridad, útiles, calzado, uniforme, estrenos. Con respecto a los gastos de medicinas, matrícula escolar, asistencia médica, educación, recreación y otros gastos extras que puedan generarse en pro del interés superior de la niña de auto, serán sufragados por partes iguales (50%) entre ambos padres.

Mediante autos de fecha 07 de abril de 2026, este Tribunal le dio entrada a la solicitud, hizo las anotaciones estadísticas correspondientes y dispuso que por auto separado decidiría lo conducente; asimismo, admitió el asunto y dicto despacho saneador (F 15 y 16 con vuelto).

Mediante escrito de fecha 16 de abril de 2026, la parte actora asistida de abogado dio cumplimiento al despacho saneador (F 18 con vuelto, 19 al 24)

Mediante auto de fecha 09 de junio de 2026, este tribunal dio inicio al procedimiento de jurisdicción voluntaria, para lo cual dispuso notificar a la representación del Ministerio Público del estado Bolivariano de Mérida; a su vez, acordó notificar a la parte demandada a través de boleta electrónica (F. 32 con vuelto).

Consta al folio 34 del presente expediente, la resulta positiva de notificación de la representación del Ministerio Público.

Mediante nota secretarial de fecha 09 de julio de 2026, se dejó constancia de la materialización y certificación de la notificación de la parte demandada, ciudadano JOEL ALEXANDER CUEVAS MARQUEZ (F. 38).

Por auto de fecha 10 de julio de 2026, este Tribunal fijó audiencia para el día lunes 20 de julio de 2026, a la una de la tarde (01:00 p.m.) (F. 39).

Siendo la oportunidad para la celebración de la audiencia, esto es el 20 de julio de 2026, previo pregones de ley, este Tribunal levantó acta en la cual se dejó constancia que compareció la parte demandante, asistido por su abogada. Se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada, ni por sí ni por apoderado judicial. Se acordaron los términos del divorcio. Se escuchó la opinión de la niña de auto a través de video llamada. Ratificaron lo establecido en el escrito libelar cabeza de autos, entre ellas el Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad. Acto seguido, a los fines de proveer sobre la solicitud de Ejercicio Unilateral de Patria Potestad, el suscrito Juez procedió a escuchar previa juramentación las declaraciones de los testigos. Finalmente se declaró Con lugar la solicitud presentada (F 40 con su vuelto y 41).

Estando dentro de la oportunidad legal, para dictar sentencia definitiva en el presente asunto, este Tribunal lo hace de la siguiente manera:

III
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Conforme al artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado venezolano debe garantizar la protección de la institución del matrimonio. Ahora bien, esta unión debe estar fundada en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Es por ello que el matrimonio debe existir por el libre consentimiento de los esposos, como una manifestación libre de su voluntad; por ende, nadie puede ser constreñido a contraerlo, ni estar obligado a permanecer unido en matrimonio. En este sentido, el legislador en el artículo 184 del Código Civil, establece que “Todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio”, siendo el último supuesto, un derecho que deviene cuando cesa por parte de uno o ambos cónyuges -por el libre consentimiento- la vida en común.

Ante este escenario, es oportuno traer a colación la sentencia vinculante Nº 1070, de fecha 09 de diciembre de 2016, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual dejó asentado que:

(…) A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.

(Omissis)

En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.

En efecto, la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.

Del criterio jurisprudencial supra citado, se colige como unas causales más de divorcio, tanto el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges, como el sentimiento de desafecto –intrínseco de la persona–, manifestado por ambos o por uno de los esposos; que en la actualidad se adaptan a la previsión del enunciado artículo 77 de la Carta Magna, en concordancia con el artículo 20 constitucional, el cual garantiza que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad.

Ahora bien, en el caso de marras la ciudadana RUTH MARY TORO ALARCON, madre de la niña de autos, pretende se le conceda unilateralmente el ejercicio de la patria potestad, a su favor; ya que el ciudadano JOEL ALEXANDER CUEVAS MARQUEZ, quien se encuentra fuera del territorio venezolano, impidiéndole trámites que normalmente se requiere de la autorización del padre; para lo cual solicita se conformara su petición –a través de video llamada– a la otra progenitora; promoviendo para ello, pruebas documentales. En tal sentido, cabe mencionar que el artículo 262 del Código Civil, en concordancia con el criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 284, proferida en fecha 30 de abril de 2014, dejó asentado lo siguiente:

(…) que es preciso determinar cuál es la naturaleza jurídica del procedimiento que se sigue para hacer efectiva la “solicitud de ejercicio unilateral de la p.p.”. En este sentido, es importante dejar establecido que este instituto encuentra su regulación en el dispositivo contenido en el artículo 262 del Código Civil, norma de vieja data que no fue derogada por la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, ni por la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

(Omissis)

Advierte la Sala, en este sentido, que como quiera que con el dispositivo legal que comentamos, no se pretende desconocer de manera definitiva ni cuestionar la p.p., ni privar al no presente o a la persona imposibilitada de ejercerla, y habida consideración de que el Legislador no señaló expresamente un procedimiento para su tramitación, el que se siga no debe ser complejo, ni puede tener contención, amén de que bajo ningún concepto puede una resolución judicial dictada con base en este artículo crear cosa juzgada material.

En este sentido advierte la Sala que, en ausencia de una reglamentación legal para su tramitación, su propia naturaleza exige un trámite dinámico y expedito, pues, vista su utilidad práctica y sus limitaciones, no puede pretenderse que el mismo se tramite a través del mismo procedimiento que se emplea para los juicios ordinarios de privación de p.p., en vista de la necesidad inminente que eventualmente planteará el o la solicitante, cuyas circunstancias no permiten una demora. Es decir que, lo correcto con la finalidad perseguida por el dispositivo es recurrir para su trámite a los procedimientos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria.

(Omissis)

Por último, considera esta Sala preciso advertir a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que, en aras de hacer más útil y efectivo el instituto contemplado en el aludido artículo 262 del Código Civil, ante la ausencia de un texto expreso que establezca el procedimiento a seguir, con el propósito de unificar criterios, resulta conveniente que tales solicitudes, de ejercicio unilateral de la p.p., se tramiten conforme a lo establecido en el artículo 517, que forma parte del Capítulo VI que regula el procedimiento de jurisdicción voluntaria en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, empero, como se estableció, será preciso que el Juzgador o juzgadora sea acucioso y exhaustivo con el material probatorio, y deberá tener como norte la búsqueda de la verdad, de conformidad con los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria que caracterizan los procedimientos previstos y regulados por la aludida Ley Orgánica. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece con carácter vinculante para todos los tribunales de la República la utilización del referido procedimiento para tramitar la solicitud a que se refiere el artículo 262 del Código Civil.

Así las cosas, el ejercicio unilateral de la patria potestad, tiene como único fin permitir que la madre de los niños de autos, pueda realizar todos los actos de representación necesarios para el desarrollo de la vida jurídica de sus hijos, sin que ello pueda ser considerado que el padre, esté renunciando a las instituciones familiares con relación a sus hijos. Así pues, de conformidad con los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria, este Juzgador en aras de la búsqueda de la verdad en el presente asunto, pasa de seguidas a analizar y valorar los medios probatorios aportados por la solicitante, en la forma siguiente:

1.- La conformidad del ciudadano JOEL ALEXANDER CUEVAS MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-16.664.780, con domicilio en la República Popular de China, y civilmente hábil, con lo cual se da por comprobado que, ambos progenitores están de acuerdo con la solicitud.

2.- La declaración de los testigos, ciudadanos ANQIE NACARY CUEVAS MÁRQUEZ y JOAN ALEXANDER CUEVAS MÁRQUEZ (hermanos del progenitor de autos) venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-15.754.250 y V-16.664.781, en su orden; que de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, se aprecia para corroborar la identidad del padre de la niña de autos.

Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal evidencia que la presente solicitud se circunscribió en uno de los supuestos creados por el legislador, lo que trae como consecuencia la exclusión del ejercicio de la patria potestad pretendida, por encontrarse configurado el supuesto de hecho invocado, sin que ello afecte la titularidad; sumado a que no existe negativa, oposición o prueba que contraríe la solicitud cabeza de autos y el repertorio probatorio; en consecuencia, este Tribunal de conformidad con el artículo 262 del Código Civil y la sentencia Nº 284, proferida en fecha 30 de abril de 2014, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acordara el EJERCICIO UNILATERAL DE PATRIA POTESTAD; tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide.

Por los razonamientos que anteceden, en concepto de este Juzgador, resulta concluyente la procedencia en derecho del presente asunto; por consiguiente con fundamento en la sentencia vinculante Nº 1070, de fecha 09 de diciembre de 2016, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; se declarará CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO presentada, y las instituciones familiares en los términos expuestos; tal como se declarará en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

IV DECISIÓN

En mérito de los razonamientos que anteceden, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, SEDE MÉRIDA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO suscrita y presentada por la ciudadana RUTH MARY TORO ALARCON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.377.080, domiciliada en el estado Bolivariano de Mérida, y civilmente hábil; en contra del ciudadano JOEL ALEXANDER CUEVAS MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-16.664.780, con domicilio en la República Popular de China y civilmente hábil; con fundamento en la sentencia vinculante Nº 1070, de fecha 09 de diciembre de 2016, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento, se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los prenombrados ciudadanos, con arreglo al matrimonio civil, que ambos contrajeran en fecha 19 de agosto de 2016, ante la Registro Civil del Municipio Barinas, del estado Barinas, conforme al acta de matrimonio signada con el N° 126. Ofíciese lo conducente a los organismos competentes, en la oportunidad legal correspondiente.

TERCERO: SE HOMOLOGAN LAS DEMÁS INSTITUCIONES FAMILIARES, en beneficio de la niña ANA GABRIELA CUEVAS TORO, de nueve (09) años de edad, F.N.:13/10/2016; y en consecuencia, QUEDAN ESTABLECIDAS de la siguiente manera: 1.- LA RESPONSABILIDAD DE CRIANZA: Será ejercida por la progenitora. 2.- LA CUSTODIA: La custodia será ejercida por la madre, ciudadana RUTH MARY TORO ALARCON. 3.- LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN: El padre aportará la cantidad mensual de DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD 200$) o su equivalente en bolívares conforme a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, depositados en la cuenta de ahorro Nº 0108-0372-1902-0019-6698 del Banco Provincial a nombre de la progenitora, durante los primeros 10 días de cada mes, dicho monto tendrá un incremento anual del doce (12%) por ciento; Para los bonos especiales, para los meses de agosto y diciembre cada progenitor cubrirá el 50% de los gastos se generen por motivo de la escolaridad, útiles, calzado, uniforme, estrenos. Con respecto a los gastos de medicinas, matrícula escolar, asistencia médica, educación, recreación y otros gastos extras que puedan generarse en pro del interés superior de la niña de auto, serán sufragados por partes iguales (50%) entre ambos padres. 5.- EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR: se establece un régimen de convivencia abierto, el padre podrá tener comunicación a través de los medios telemáticos, video llamadas, redes sociales, siempre y cuando no interfiera en sus horas de descanso y estudio.

CUARTO: SE EXCLUYE DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD al ciudadano JOEL ALEXANDER CUEVAS MARQUEZ, como PADRE con relación a la niña ANA GABRIELA CUEVAS TORO, por encontrarse en una situación de hecho que le impide hacerlo, sin que ello afecte su titularidad; en consecuencia LA PATRIA POTESTADserá ejercida SÓLO por la MADRE, ciudadana RUTH MARY TORO ALARCON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.377.080, domiciliada en el estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil. Con el bien entendido que el ejercicio unilateral de la Patria Potestad comprende el ejercicio de la Responsabilidad de Crianza, de la representación y administración de los bienes y por consiguiente, podrá realizar cualquier acto de representación y/o administración, ante cualquier autoridad judicial o administrativa competente en Venezuela, o ante cualquier otro país.

QUINTO: Se advierte a las partes que las estipulaciones sobre las instituciones familiares establecidas, están sujetas a revisión judicial -por vía autónoma- cuando hayan cambiado las condiciones existentes para el momento de la presente decisión

Publíquese y regístrese.

Dada, Firmada y Sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, Sede Mérida; en la ciudad de Mérida, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026). Año 215º de Independencia y 167º de la Federación.

El Juez Provisorio,

Abg. Neptali José Villalobos Parra.
La Secretaria Titular

Abg. Yelimar Vielma Márquez
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 11:36am. Se asentó y registró en el Índice de Copiador de Sentencias los datos del fallo in commento; sin embargo, no se agrega en físico al mencionado copiador, en virtud que este órgano jurisdiccional no cuenta con los insumos necesarios para su reproducción fotostática. Se deja constancia, que la anterior decisión se encuentra registrada en Documento Word 0 del Sistema Juris 2000, por ende téngase la misma como copia digitalizada. Asimismo, se deja constancia que dicha decisión se tiene registrada en formato PDF, según Resolución N° 2016-0021, de fecha 14 de diciembre de 2016, emanada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Conste, en la ciudad de Mérida, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

La Secretaria Titular

Abg. Yelimar Vielma Márquez
NJVP/YVM/tf