REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. Tovar, veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026).- 212º y 163º El presente procedimiento se inició por solicitud de Inserción de Partida de Nacimiento intentada en fecha 20 de junio de 2023 (folios 01 al 03), por la ciudadana ANA LUCILA MARQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.447.480, domiciliada en el Municipio Rivas Dávila del estado Bolivariano de Mérida, asistida por el abogado en ejercicio JOSE ANGEL MOLINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.711.841 e inscrito en el IPSA bajo el N° 159.410, domiciliado en el Municipio Rivas Dávila del estado Bolivariano de Mérida y hábil. En fecha tres (03) de julio de veintitrés (2023) obra inserta decisión por el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y ejecutor de Medidas de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera de la circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, declarando incompetente por la materia, para continuar conociendo de la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, declina la competencia para el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Tovar. En fecha veinticinco (25) de julio de 2023 (folio 15), este Tribunal le dio entrada al expediente 2023-065, emanado del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y ejecutor de Medidas de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera de la circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, ordenando pronunciarse sobre su competencia por auto separado. En fecha veintiséis (26) de julio de 2023 (folios 16 al 18), obra inserta decisión de este Tribunal declarando Primero: La Falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer y decidir de la solicitud de inserción del acta de nacimiento intentada por la ciudadana Ana Lucila Márquez resultando competente el órgano administrativo, es decir, la Oficina de Registro Civil, todo de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica de Registro Civil y la sentencia emanada del Tribual Supremo de Justicia. Segundo: se ordeno remitir las actuaciones, mediante oficio a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de decidir la consulta de falta de jurisdicción planteada por este Tribunal. En fecha diecinueve (19) de mayo de 2026, el abogado José Ángel Molina en su carácter de autos desistió de la solicitud de inserción de partida. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Así las cosas, procede seguidamente este Tribunal a emitir pronunciamiento expreso, positivo y preciso respecto al desistimiento del procedimiento en referencia, a cuyo efecto se observa: El artículo 263 del Código de Procedimiento Civil faculta al actor para desistir de su demanda en cualquier estado y grado de la causa. En tal caso, según el precitado dispositivo legal, el Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. Por su parte, el artículo 264 eiusdem exige que para desistir de la demanda “se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones”. En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en reiterados fallos se ha pronunciado respecto de los requisitos necesarios para dar por consumado un desistimiento de la demanda, del procedimiento, recurso o cualquier otro acto del juicio. Así, en sentencia distinguida con el alfanumérico RH.00333, proferida en fecha 24 de mayo de 2006, bajo ponencia del magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ (Caso: Banesco Banco Universal S.A.), dicha Sala al respecto expresó lo siguiente: “Es criterio reiterado de esta Sala que el desistimiento consiste en la renuncia a los actos del juicio, es decir, el abandono de la instancia, la acción o cualquier trámite del procedimiento; éste puede ser efectuado en cualquier estado y grado del proceso, según lo dispone el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil; y para que se pueda dar por consumado es necesario que se cumplan dos condiciones: a) que conste en el expediente en forma auténtica; y b) que tal acto sea hecho en forma pura y simple. Además de los requisitos antes señalados, es necesario que la parte actúe representada o asistida por un abogado y, en caso de representación que la facultad para desistir le haya sido otorgada expresamente al apoderado judicial, conforme a lo pautado en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil” (http://www.tsj.gov.ve). Este Tribunal, como argumento de autoridad, ex artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, acoge la doctrina jurisprudencial vertida en el fallo precedentemente transcrito y, a la luz de sus postulados procede a verificar si en el caso de especie se encuentran o no satisfechos los requisitos allí establecidos para que sea dable dar por consumado el desistimiento de la “acción” (rectius: demanda) formulado por la parte actora en la diligencia de marras, lo cual hace de seguidas previas las consideraciones siguientes: En lo que respecta al primer requisito enunciado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia citada ut supra, es decir, que el desistimiento conste en el expediente en forma auténtica, considera esta juzgadora que, en el caso de especie tal exigencia se encuentra cumplida, en virtud de que el acto unilateral de autocomposición procesal en referencia se halla contenido en instrumento que merece fe pública, como es la referida diligencia consignada por la parte actora, suscrita por el abogado JOSE ANGEL MOLINA, de conformidad con el artículo 187 in fine del Código de Procedimiento Civil en horas de despacho del 19 de mayo de 2026, ante la Secretaria Titular de este Juzgado, y suscrita conjuntamente con éste, tal como lo exige el artículo 106 eiusdem; diligencia ésta que merece fe pública, en virtud de que no fue tachada de falsedad en el lapso legal correspondiente, ni impugnada en forma alguna, ni tampoco adolece de requisitos sustanciales o formales que le resten eficacia. Así se establece. En cuanto al segundo requisito indicado en dicho fallo, constata esta Juzgadora que también se encuentra satisfecho, pues del texto de la mencionada diligencia se evidencia que el desistimiento de marras lo formuló el apoderado judicial de la prenombrada parte actora de modo puro y simple, en virtud de que su eficacia no la sometió a términos, condiciones o modalidades. Satisfechos como están la totalidad de los requisitos exigidos por el Máximo Tribunal en la sentencia de marras; y por cuanto se observa que el conflicto de intereses planteado en la presente causa versa sobre derechos patrimoniales disponibles, en virtud de que se trata de una INSERCIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO y que en este proceso no están legalmente prohibidas las transacciones, esta juzgadora concluye que resulta procedente declarar consumado el desistimiento del procedimiento y de la acción y, por ende, impartirle el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, como en efecto así se hará en la parte dispositiva de esta sentencia. DECISIÓN Sobre la base de los razonamientos fácticos y jurídicos que se dejaron expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, con sede en la ciudad de Tovar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede civil, HOMOLOGA y da por consumado el desistimiento del procedimiento y de la acción propuesta en fecha 19 de mayo de 2026, por el abogado JOSE ANGEL MOLINA, inscrito en el IPSA bajo el N° 159.410, domiciliado en el Municipio Rivas Dávila del estado Bolivariano de Mérida y hábil. Actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ANA LUCILA MARQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.447.480, domiciliada en el Municipio Rivas Dávila del estado Bolivariano de Mérida, por Inserción Acta de Nacimiento y en consecuencia, de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, le imparte el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, una vez que se declare definitivamente firme la presente decisión se ordena dejar sin efecto el oficio Nº 156 al Presidente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y cancelar su salida, así mismo se archiva el expediente, así se declara. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. POR SECRETARIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN EL DESPACHO DEL TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, con sede en esta ciudad de Tovar, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026). LA JUEZA PROV, Abg. SANDRA LILIANA CONTRERAS GUERRERO LA SECRETARIA TITULAR, Abg. LUCELIA CARRERO ZAMBRANO. En la misma fecha siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 pm.) se publicó la anterior sentencia. LA SECRETARIA TITULAR, Abg. LUCELIA CARRERO ZAMBRANO. SLCG/LCZ/mp.