declaró validas todas las actuaciones cumplidas por el Tribunal declinante pues el mismo solo procedió a darle entrada a la demanda y dictar la decisión declinando la competencia para ante este Juzgado, mediante decisión de fecha 04 de diciembre de 2009; efectuado en el juicio seguido por los ciudadanos GUTIERREZ ARAQUE HERLES ANTONIO, contra los ciudadanos VILLASMIL DE BUITRAGO MARIA SOCORRO, CAMACHO CAMACHO EMIRO ALBERTO COROMOTO, FERNANDEZ OCARILDE, ARAQUE YELITZA, por DAÑOS MATERIALES Y MORALES, consecuencialmente, se repone la causa al estado de que los actores presenten nueva demanda cumpliendo con los requisitos exigidos en el precitado artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se establece.

NEGO la Medida Innominada de Protección a la Producción, solicitada por la ciudadana ISABEL TERESA MARQUEZ, Representada por el abogado SALVADOR BENITEZ CADENAS, en su carácter de Defensor Público Agrario Nº 02 de la extensión de la unidad de Defensa Pública El Vigía, Estado Mérida, a pesar de haber demostrado el requisito del "Fumus Boni Iuris", el buen derecho que se reclama puesto que en la inspección practicada por este Tribunal, en fecha 29 de enero de 2014, se evidencia la producción fomentada por la ciudadana ISABEL TERESA MARQUEZ, no es menos cierto, que la solicitante de la medida no demostró la amenaza de desmejoramiento, de la ruina o de la destrucción de la producción agraria existente, ya que en la inspección practicada por este Tribunal, no consta impedimento alguno para el ejercicio de la actividad agraria por cuanto no existe interrupción de la misma, motivo por el cual no existe peligro de daño inminente que pueda ocasionar perjuicio a la actividad agrícola que se de.....

declaró improcedente lo solicitado por la ciudadana MARIA DEICY MORENO SULBARAN, debidamente asistida por el abogado JOSE EDGAR URBINA ANDARA, mediante diligencia de fecha 27 de enero de 2014 y ratificada en diligencia de fecha 05 de febrero de 2014 (folios 44 al 49). de la extinción del procedimiento cautelar por perención de la instancia por lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; y no hubo condenatoria en costas debido a la naturaleza de lo aquí decidido.