En consecuencia, este Juzgado de los Municipios Campo Elías y Aricagua de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, de conformidad con lo establecido en los Artículos 5, 315, 375, 365 y 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente HOMOLOGA. EL CONVENIMIENTO suscrito por las partes LUZ MARINA RIVAS MARQUEZ Y OMAR ENRIQUE RONDON, sobre el cumplimiento de OBLIGACIÓN ALIMENTARÍA a favor del adolescente (se omite identidad conforme Art. 65 LOPNA)de doce (12) y nueve (9) años de edad, impartiéndole el carácter de Sentencia Pasada en Autoridad de Cosa Juzgada, por aplicación analógica del Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil y así se decide.

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos que anteceden, este JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: SIN LUGAR LA SOLICITUD DE OFERTA REAL DE PAGO incoada por el ciudadano CRISTOBAL PLAZA TORRES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 8.036.719, domiciliado en Ejido Estado Mérida, y civilmente hábil, en contra de JHADILKA MARIA DAVILA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 15.032.448, domiciliada en Ejido, Estado Mérida y civilmente hábil. En consecuencia, se condena a la parte OFERENTE, ciudadano: CRISTOBAL PLAZA TORRES, al pago de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 379.687,00), por concepto de costas y costos del proceso, calculados prudencialmente por este Tribunal, de conformidad con el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.- Not.....

Tomando en cuenta, lo antes expuesto, y después de examinada y analizada la solicitud de la Medida Cautelar (Secuestro), quién Juzga, observa que en la presente solicitud, no se encuentran llenos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, porque si bien es cierto que el requisito del fomus boni iuris, esto es la presunción grave del derecho que se reclama, estaría reflejado en el titulo de propiedad y en el contrato de arrendamiento, también es cierto, que el periculum in mora, que es el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, o la presunción grave del temor al daño por la tardanza de la tramitación del juicio, no fue acreditado. Además y fundamentalmente si bien nuestra legislación establece que se decretará el secuestro de la cosa objeto del contrato de arrendamiento cuando se demande por falta de pago (ordinal 7º) del articulo 599 del Código de Procedimiento Civil no obstante, según la doctrina, en estos casos de Desalojo.....