Por lo anteriormente expuesto, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en esta ciudad de Tovar, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el encabezamiento del artículo 267 ejusdem. Así se decide.

PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano Edilio Villasmil Guillen, por reconocimiento de unión concubinaria interpuesta en contra de la ciudadana Rosa Elvina Marquina Guillén, identificados suficientemente en esta decisión. En consecuencia, queda establecido que entre los ciudadanos EDILIO VILLASMIL GUILLEN y ROSA ELVINA MARQUINA GUILLÉN, existió una relación concubinaria, con todos los efectos legales, durante un lapso de tiempo que se inició el día 12 de julio de 2003, hasta el mes de noviembre de 2009. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión. TERCERO: Notifíquese a las partes de la presente decisión, y por cuanto se observa que las mismas están domiciliados en el Municipio Sucre del estado Mérida, se ordena librar comisión para tal fin y remitir junto con oficio al Juzgado competente. Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal, y expídase la copia certificada de todo el expediente, se insta a la .....

Por lo anteriormente expuesto, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en esta ciudad de Tovar, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 267 ordinal primero ejusdem. Así se decide.

En orden a las consideraciones que anteceden, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Inadmisible la cuestión previa alegada por la parte demandada, establecida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los ordinales 4º y 5º del artículo 340 eiusdem. SEGUNDO: Como colorarlo del anterior pronunciamiento, se declara con lugar la demanda de partición de bienes de la comunidad conyugal, interpuesta por el ciudadano JUAN CARLOS MORALES SALAS, en contra de la ciudadana ITHIEL LUZMIL MARIN MARIN. TERCERO: Se emplaza a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente al de hoy de conformidad con el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo. .....

Por lo anteriormente expuesto, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en esta ciudad de Tovar, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 267 ordinal primero ejusdem. Así se decide.

En merito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida con sede en Tovar, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Que en el presente caso operó LA PRESCRIPCIÓN de la acción de Nulidad de Juicio. SEGUNDO: Se condena al pago de las costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida. TERCERO: Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal se acuerda la notificación de las partes, para evitar la trasgresión de la norma Constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir asimismo con la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil.