En consecuencia, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Homologa dicha transacción, conforme al artículo 256 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Le imparte el carácter de sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, todo de conformidad con el artículo 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Da por terminado el proceso, pero no se ordena el archivo del expediente hasta tanto no quede firme la presente decisión y conste de autos el cumplimiento de la obligación. Y así se decide. EL JUEZ, ABG/M.Sc. JUAN CARLOS GUEVARA LISCANO LA SECRETARIA, ABG. HEYNI D. MALDONADO G. JCGL/Hdmg/mlr.

de conformidad con los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, HOMOLOGA el presente DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN, da por consumado el acto, y procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ASÍ SE DECIDE.-.

DECISIÓN En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 442 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, hace el siguiente pronunciamiento: Único: declara Inadmisible de conformidad con lo dispuesto en el literal "a" artículo 428 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación de autos interpuesto en fecha once de enero de dos mil diecisiete (11/01/2017), por el ciudadano José Reinaldo Peña Rivas, con el carácter de víctima en el caso penal Nº LP01-P-2014-001074, por incumplimiento de la legitimatio ad procesum o capacidad procesal, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 4 de la Ley de Abogados. Regístrese, diarícese, notifíquese a las part.....

DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: Sin lugar la inhibición planteada en fecha cinco de enero de dos mil diecisiete (05/01/2017), por la abogada Marianina del Valle Brazón Sosa, en su carácter de Jueza Tercera Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, en el caso penal signado con el Nº LP01-P-2017-000111, seguido en contra los ciudadanos Denny Javier Sánchez y Javier Enrique Munares Álvarez, debiendo por consecuencia la jueza inhibida seguir conociendo de la causa sometida a su conocimiento. Publíquese, regístrese y bájense las actuaciones en la oportunidad legal.

En atención y consideraciones a las razones ya expuestas, es por lo que este TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, HOMOLOGA EL PRESENTE CONVENIMIENTO esto de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil impartiéndole el carácter de SENTENCIA PASADA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA. En consecuencia, TENGASE LEGALMENTE POR RECONOCIDO el documento de compra - venta suscrito por los justiciables ciudadanos YURIMAR DEL VALLE MARIN ROSAS y MARIA DEL CARMEN ARIAS DE PICON antes identificado anteriormente; constituido por un (03) terreno (parcelas), cuyas medidas y linderos son en tres (03) lotes de terreno, signados como Lote N° 13, Lote N° 14 y Lote N° 15, que son parte de un terreno de mayor extensión, deno.....

Este Tribunal Segundo de Primera de Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la Solicitud de DIVORCIO DE MUTUO CONSENTIMIENTO en concordancia con la sentencia vinculante dictada por la Sala Constitucional, Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan, en fecha 2 de junio del 2015, caso Francisco Anthony Correa Rampersad, expediente 12-1163. Se decreta el divorcio entre ellos y en consecuencia disuelto el vinculo matrimonial contraído por los ciudadanos ION TALENT SOTOMAYOR LEAL y DAVID LEONARDO PONCE MORA, plenamente identificados en autos, mediante el cual manifiestan al Tribunal que el día doce (12) de diciembre del 2007, contrajeron matrimonio civil, por ante el Registro Civil de la Parroquia Arias, Municipio Libertador del Estado Mérida según s.....

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana YANEIDA DEL CARMEN MONTOYA ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.903.252, contra la SOCIEDAD MERCANTIL TOVAR LA PINTURERÍA C.A., con Rif. J- 29625931-3, debidamente inscrita por ante la oficina de Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial de El Vigía, Estado Mérida, Bajo el Nº 20, tomo 32 – A, representada por los ciudadanos Paola Andreina Santander Bastidas y José Alejandro Adriani González, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V – 17.502.776 y V – 14.805.596 en su orden, en su carácter de Accionista y Administrador respectivamente y los ciudada.....

Es por lo que este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso, por cuanto no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, razón por la cual este Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada, así mismo se abstiene del cierre y archivo del presente expediente, hasta tanto conste el pago realizado. Es todo terminó se leyó y conformes firman.-. Publíquese, regístrese no se deja copia certificada en virtud que la Coordinación no dispone de insumos para el servicio de fotocopiadora para la impresión de la presente sentencia. No obstante, la misma queda registrada de manera digitalizada en Sistema Juris 2000 y pa.....

En consecuencia este TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO, OBISPO RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA Y OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 265 y 266 del Código de Procedimiento Civil, HOMOLOGA el presente DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMEINTO, da por consumado el acto, y procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ASÍ SE DECIDE.

En hilo de los criterios jurisprudenciales supra transcritos que este Tribunal acoge el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, resulta pertinente declarar la improcedencia in limini litis de la demanda, incoada por la ciudadana MAGALY DEL CARMEN RIVAS HERNÁNDEZ, asistida por el abogado DIÓGENES RIVAS HERNÁNDEZ, en tanto que, permitirle la entrada a la referida acción puede afectarse el orden público, y en virtud de que se advierte la existencia de un error que puede lesionar en algún modo un derecho constitucional y que con tal proceder se pueda causar un perjuicio a alguna de las partes, se procede de oficio, a dictar la presente providencia de inadmisibilidad por ser necesario a fin de disciplinar el debate judicial, por existir con la indebida acumulación prevista en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, infracciones que vulneran el orden público, y a fortiori, buscan evitar quebrantamientos del orden constitucional.