"...este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana y por Autoridad de la Ley, le imparte su Homologación al Convenimiento celebrado entre las partes, ya identificadas, en fecha 20 de noviembre de 2007, por ante este Juzgado, en los mismos términos expuestos. En consecuencia, téngase el presente juicio de Resolución de Contrato por falta de pago de Cánones de Arrendamiento, intentado por el Abg. Mauricio Jesús González Quintana, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil GUADAPA, C.A., contra las ciudadanas Zoraida del Socorro Suárez Montilva y Giuseppe Modica, como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Se da por terminado el juicio y una vez que conste en autos la diligencia o escrito de haberse cumplido cabalmente el covenimiento .....

"...este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana y por Autoridad de la Ley, le imparte su Homologación al Convenimiento celebrado entre las partes, ya identificadas, en fecha 21 de noviembre de 2007, por ante este Juzgado, en los mismos términos expuestos. En consecuencia, téngase el presente juicio de Resolución de Contrato por falta de pago de Cánones de Arrendamiento, intentado por el Abg. Kamil Saab Saab, contra el ciudadano Freddy Antonio Moreno Peña, como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Se suspende la Medida Preventiva de Secuestro, decretada por este Juzgado en fecha12-11-2007 (f. 01 del Cuaderno de Medidas) sobre el inmueble objeto de la controversia. Se da por terminado el juicio y una vez que conste en autos la diligencia o escrito de haberse.....

DISPOSITIVA En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Control No. 01, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA, que interpuso la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de ésta Circunscripción Judicial, en relación a la presente investigación solo en lo que respecta a la victima MARIA AMELIA MARQUEZ MOLINA; por cuanto el delito respecto a ésta es perseguible a instancia de parte agraviada; así mismo y conforme a lo señalado por la vindicta publica se ordena la devolución de las actuaciones al Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Código Orgánico Procesal Penal, en la oportunidad legal correspondiente a objeto de que se continué la investigación penal respecto a la otra victima la niña LINDA STEFANI JAIMES. Notifíquese a las partes

declara CON LUGAR, la solicitud de divorcio por ruptura prolongada de la vida en común, conforme lo establece el artículo 185-A del Código Civil, hecha por el ciudadano ANGEL ANTONIO HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, cedulado bajo el Nro. 7.644.068, domiciliado en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida y reconocida por la ciudadana RUZ MARINA SANGRONI ARCALLA, venezolana, mayor de edad, casada, cedulada bajo el Nro. 7.776.021, domiciliada en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre ellos, contraído por ante la Prefectura Civil del Municipio San Carlos de Zulia, Distrito Colón, Estado Zulia, en fecha 02 de abril de 1976, acta Nro. 64, folios 164, 165, 166; año 1976, de los libros de matrimonios llevados por dicha Prefectura.

declara CON LUGAR, la solicitud de divorcio por ruptura prolongada de la vida en común, conforme lo establece el artículo 185-A del Código Civil, hecha por la ciudadana NOLMARY CAROLINA HERNÁNDEZ ORTIGOZA, venezolana, mayor de edad, casada, cedulada bajo el Nro. 16.886.081, domiciliada en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida y reconocida por el ciudadano JOSÉ LUIS PEDREAÑEZ GUERRERO, venezolano, mayor de edad, casado, cedulado bajo el Nro. 17.187.265, domiciliado en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre ellos, contraído por ante la Prefectura Civil de la Parroquia San Carlos de Zulia, Municipio Colón Estado Zulia, en fecha 31 de marzo de 2001, acta Nro. 32, folios 70, 71; año 2001, de los libros de matrimonios llevados por dicha Prefectura.

administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa. Publíquese, regístrese, déjese Copia y notifíquese a la parte actora de conformidad con el artículo 251 eiusdem. Agréguese recaudos de citación al Expediente principal.

Por las razones anteriormente expuestas este Tribunal PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIA DEL ESTADO MRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA LA CONSTITUCIÓN Y SUS LEYES, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, de conformidad con el artículo 185-A del Código Civil, la solicitud formulada interpuesta por los cónyuges ciudadanos EUSTAQUIO RAMIREZ ESCALANTE Y MARIA NEIDA TEJADA VARGAS, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre sí, titulares de las cédulas de identidad números V-2.457.081 y V-12.779.524 y consecuencialmente declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre ellos, por haber quedado demostrado en autos que los cónyuges han permanecido separados de hechos por mas de cinco años, conforme la norma antes mencionada, según matrimonio civil, celebrado por ante la Prefectura Civil de la Parroquia Arias, Municipio Autónomo Libertador del Estado Mérida, en fecha 08 de octubre de 1.....

Por las razones anteriormente expuestas este Tribunal PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIA DEL ESTADO MRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA LA CONSTITUCIÓN Y SUS LEYES, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, de conformidad con el artículo 185-A del Código Civil, la solicitud formulada interpuesta por los cónyuges ciudadanos DIOGENES ALBERTO PEÑA Y MARCOLINA LACRUZ PUENTE, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre sí, titulares de las cédulas de identidad números V-8.028.763 y V-12.219.923, y consecuencialmente declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre ellos, por haber quedado demostrado en autos que los cónyuges han permanecido separados de hechos por mas de cinco años, conforme la norma antes mencionada, según matrimonio civil, celebrado por ante la Prefectura Civil de la Parroquia San Juan Municipio Sucre del Estado Mérida, en fecha 22 de noviembre de 1982, según acta N.....

por consiguiente este TRIBUNAL TERCERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, de conformidad con lo previsto en el articulo 263 del Código de Procedimiento Civil, HOMOLOGA EL PRESENTE CONVENIMIENTO, en consecuencia, se le imparte el carácter de Sentencia pasada en Autoridad de cosa juzgada. Se da por terminado el juicio, se suspende la medida de secuestro decretada. Este Tribunal se abstiene de archivar el presente expediente hasta tanto conste en autos la obligación contraída por la parte demandada. Agréguese a los autos el cuaderno de secuestro librado.- LA JUEZA TEMPORAL, ABG. MARIA ELCIRA MARIN OSORIO LA SECRETARIA TITULAR, ABG. EILEEN C. UZCATEGUI B.

De manera pues, que nuestra Constitución prevé la imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra el tráfico de estupefacientes (en todas sus modalidades), pues como lo ha señalado la Sala de Casación Penal, causan un gravísimo daño a la salud física y moral del pueblo, ponen en peligro y afectan la seguridad social y hasta la seguridad del Estado; en tal sentido, resulta improcedente lo solicitado por el Defensor Público Especializado y por ende se declara sin lugar la solicitud de de prescripción de la acción penal en el presente asunto penal, por la presunta comisión del delito de Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 36 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, para el momento de los hechos, seguido contra el investigado (IDENTIDAD OMITIDA), y, así lo decide, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01 de la Sección Penal de Adolesce.....