El Tribunal dictó decisión interlocutoria y niegó, por improcedente, la medida de secuestro solicitada por la parte actora en el expediente.

A los fines de decretar el embargo preventivo, ordenó a la parte solicitante constituir una garantía suficiente hasta por la cantidad de SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL BOLIVARES (Bs. 65.642.000,00).

Se declaró sin lugar la demanda por cobro de bolíb¡vares derivado de un contrato verbal de arrendamiento, intentado por los ciudadanos FERNANDO JOSE CASTILLO, GORGE LUIS CASTILLO y MAXIMO ANTONIO CASTILLO; se declaró con lugar la intervención por tercería de integración de littis consorcio, solicitada porm la parte demandada, ciudadana ANA RITA RODRIGUEZ SANCHEZ, en la persona de la ciudadana OSMAIRA ELENA BAEZ; condenándose en costas a la parte actora, ciudadanos FERNANDO JOSE CASTILLO, GORGE LUIS CASTILLO y MAXIMO ANTONIO CASTILLO.