Se declaroa improcedente la solicitud de medida cautelar innominada de protección a la producción agropecuaria, presentada por la abogada JHOSSELYN CAROLINA AMAYA FERNANDEZ, en su carácter de Defensora Pública Agraria Nº 1 de la extensión de la Unidad de Defensa Pública, El Vigía, Estado Mérida, actuando previo requerimiento expreso de los ciudadanos CARMEN ELENA TERN DUARTE, JOSE DAMACIO TERAN DUARTE, MARIA MODESTA TERAN DUARTE y JORGE LUIS TERAN, de conformidad en los artículos 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre un fundo ubicado en el SECTOR LAS PIEDRAS, EL ESTANQUILLO ALTO, PARROQUIA SAN JUAN, MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA. SEGUNDO: No se hizo especial pronunciamiento sobre costas en virtud de la naturaleza de este pronunciamiento. Así se decide.

negando la admisión de la demanda interpuesta por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en Mérida, en fecha 13 de agosto de 2015 (folios 1 al 5), por la ciudadana ANA MARIA DAVILA DE CONTRERAS, asistida por las abogadas ELOISA ANGULO DE GALUÉ y CAROLINE RANGEL CUMARE, por PARTICION DE BIENES HEREDITARIOS, contra las ciudadanas GILLY CATHARINE CONTRERAS DE DI GREGORIO, ANGELICA MARIA CONTRERAS DAVILA y GLENDA CAROLINA CONTRERAS DE UZCATEGUI, en virtud de que en la misma se omitió el cumplimiento de la exigencia formal contenida en el precitado artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual resulta aplicable a este procedimiento.