Por cuanto las documentales promovidas no cumplen con los extremos legales exigidos para ser considerados instrumentos públicos, en virtud que no se subsumen a la definición que de los mismos establece el artículo 1.357 del Código Civil, motivo por el cual no constituyen medio de prueba admisible en segunda instancia, y en tal sentido, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, no son admisibles. Así se decide.

PRIMERO:EXTINGUIDA la apelación formulada en fecha 18 de junio de 2001 (f. 11), por el ciudadano JOSÉ ALÍ FLORES RAMÍREZ, en su carácter de parte actora, contra la sentencia interlocutoria de fecha 11 de junio de 2001 (fs. 02 al 10), dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en el juicio seguido por el recurrente, contra el ciudadano JOSÉ OSTILIO QUINTERO RAMÍREZ, por partición de bienes hereditarios. SEGUNDO: Por la naturaleza del presente fallo, no se hace especial pronunciamiento sobre las costas del recurso.