Primero: INADMISIBLE LA MEDIDA CAUTELAR, interpuesta por la abogada en ejercicio Ivonne Karina Regnault García, titular de la cedula de identidad N° ¬6.447.265, abogado Impreabogado bajo el N° 129.840, actuando en este acto como representante legal, según consta el documento poder otorgado y autenticado por ante la Notaria Publica Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 22 de Noviembre de 2010, el cual se encuentra anotado bajo el N° 48, Tomo 170, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria, actuando en nombre y representación de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, contra la Providencia Administrativa de fecha 25 de mayo de 2011, identificada con el N° 00099-2011, según expediente N° 046¬2010-01-00413, de la Inspectoría del Trabajo, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. Segundo: IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por la abogada en ejercicio Ivonne Karin.....

Primero: SIN LUGAR la demanda que por motivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, interpuso el ciudadano JOSÉ LUIS OLIVARES LEÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.356.976, en contra de la Sociedad Mercantil "MULTISERVICIOS LAS AMERICAS C.A". Segundo: Se condena en costas a la parte perdidosa-accionante, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Primero: INADMISIBLE el RECURSO DE NULIDAD CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 00148-2011 de fecha 21 de julio de 2011, emanada DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 026-2010-01-00118, interpuesto por la empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VILLAFAÑE C.A. (INCURVI), por haber operado la caducidad de la acción. Segundo: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión. Tercero: Se ordena la notificación del ciudadano Procurador General de la Republica, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.