Por cuanto se recibió en este Tribunal, procedente del Registro Civil de la Parroquia Matriz, Municipio Campo Elías del Estado Mérida, escrito suscrito por la Registradora civil Abg. Ana Zoraida Uribe de Viloria por medio del cual remiten de este Despacho copia certificada de la partida de defunción del penado Orlando Jesús Cortiz Carrillo, cédula de Identidad N° 15.922.660, quién se encontraba procesado por ante este Tribunal por el delito de Robo, quién falleció en fecha 07-01-2006, en Mérida Estado Mérida. Este Tribunal en Funciones de Ejecución N° 2, DEL Estado Mérida, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, de conformidad con lo establecido en los artículos 479 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 103 del Código Penal, DECLARA extinguida la pena que le faltaba por cumplir al penado Orlando Jesús Cortiz Carrillo, (occiso), antes identificado, Notifíquese a las partes, CUMPLASE.

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide: Extingue la medida de seguridad impuesta a la ciudadana Adriana Carolina Torres Hernández, (ya identificada) en la presente causa, conforme al artículo 514 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. Notifíquese a las partes. Remítase las presentes actuaciones al archivo central del Estado Mérida para su guarda y custodia. Cúmplase.

Por las fundadas razones anteriormente expuestas, éste Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución Nro. 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo establecido en los artículos 479, Ordinal 1° y 493 del actual Código Orgánico Procesal Penal, ACUERDA EL BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA A FAVOR DEL PENADO Daniel Enrique Albarran Pernia, quien se encuentra actualmente en libertad, estableciéndose como régimen de prueba, tres (03) años, dicho lapso comenzará a correr a partir de la fecha en que comparezca ante éste Tribunal a darse por notificado de la presente decisión y suscriba la respectiva acta compromiso.