En consecuencia, visto el contenido del particular PRIMERO del fallo dictado por este Tribunal en fecha 08 de julio de 2015, cuyo tenor se reprodujo anteriormente, procedente como resulta la aclaratoria solicitada, téngase como tal particular, para que surta los efectos correspondientes, el siguiente: "PRIMERO: Se declara LA NULIDAD de todo lo actuado en la causa seguida por el ciudadano GABRIEL PEÑA PEÑA, contra la ciudadana MARÍA ALEJANDRA PEÑA, por cumplimiento de contrato de comodato sobre un inmueble propiedad del demandante, a partir del auto de admisión de la demanda de fecha 26 de noviembre de 2014 (folio 22) INCLUSIVE y todos los actos procesales cumplidos con posterioridad al mismo, incluida la sentencia definitiva apelada, fecha 23 de abril de 2015 (folios 152 al 165) dictada por el ahora denominado TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA". Así.....

En virtud de las consideraciones expuestas, considera esta Alzada, que la solicitud de la representante judicial de los querellantes, sobre el decreto de la medida cautelar innominada consistente en la paralización de la construcción de la obra nueva objeto de la querella interdictal a que se contrae la presente causa, hasta tanto se resuelva el asunto principal, involucra de manera directa la resolución de la controversia, en virtud que la determinación del Juez, respecto del fondo del asunto debatido en el presente juicio consiste precisamente en prohibir la continuación de la obra nueva o permitirla, previo el cumplimiento de los requisitos legales, y constitución de garantías, a tenor de lo dispuesto en los artículos 785 del Código Civil, 714 y 715 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, el decreto de dicha medida innominada se traduciría en una ejecución anticipada de la sentencia de mérito eventualmente favorable a los solicitantes, sin constitución de garantías qu.....

En consecuencia, no siendo dicha prueba un documento público, revestido al momento de su otorgamiento, de todas las solemnidades que la ley establece al efecto, y en cuya formación interviene un funcionario con la facultad de darle fe pública, la que alcanzará inclusive su contenido, esta Alzada NIEGA su admisión, en virtud que a tenor de lo previsto en el citado artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, en segunda instancia solamente son admisibles los instrumentos públicos, las posiciones juradas y el juramento decisorio. Así se decide. Se advierte a las partes, y especialmente a la promovente, que esta Superioridad está en la obligación de analizar y valorar en la sentencia, todas las actas procesales insertas al expediente y los documentos promovidos en la instancia inferior, si lo considera necesario y pertinente para la resolución de la controversia o asunto sometido por vía de apelación a su conocimiento. Finalmente, por cuanto se observa que la abogada .....

Examinada detenidamente como ha sido la declaración contentiva de la inhibición propuesta, considera el Tribunal, que la misma fue hecha en forma legal y se encuentra fundamentada en causa legal, específicamente en el ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 84 eiusdem; en consecuencia, de conformidad con el artículo 88 ibidem, y, en un todo conforme a la sentencia vinculante de fecha 23 de noviembre de 2010, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resulta procedente declarar Con Lugar dicha inhibición, como en efecto así se declara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Así se decide.

En consecuencia, siendo las instrumentales promovidas documentos públicos administrativos, que contienen una presunción de certeza desvirtuable por cualquier prueba en contrario, esta Alzada NIEGA su admisión, en virtud que no se subsumen en la definición del documento público que al respecto establece el artículo 1.357 del Código Civil, y que a tenor de lo previsto en el citado artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, sí constituye prueba admisible en segunda instancia, igual que las posiciones juradas y el juramento decisorio. Así se decide. No obstante, se advierte a las partes y especialmente al promovente, que esta Superioridad está en la obligación de analizar y valorar en la sentencia definitiva, todas las actas procesales y las pruebas promovidas en la instancia inferior, para la resolución de la controversia o asunto sometido por vía de apelación a su conocimiento.

PRIMERO: Se declara CONSUMADO EL DESISTIMIENTO de la solicitud de amparo constitucional presentada por el por el ciudadano MANUEL ALBERTO DURAN CARNEVALI, venezolano, mayor de e dad, titular de la cédula de identidad número 15.753.035, y domiciliado en la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, debidamente asistido por el abogado MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.965.578, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 36.601, contra la presunta omisión de pronunciamiento judicial, en que habría incurrido el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, a cargo de la Juez, abogada MILAGROS FUENMAYOR GALLO, en relación a la solicitud de revocatoria por contrario imperio de la medida cautelar innominada decretada en la causa signada con el número 10.841. En consecuencia, le imparte a dicho acto de composi.....