PRIMERO: SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta las abogadas ANA DELINDA SOSA MARQUEZ Y ELIZABETH CAROLINA PEÑA, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V- 8.048.635 y V.- 9.317.873, e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 65.350 y 36.790, actuando con el carácter de apoderadas judiciales del ciudadano GUSTAVO ALFREDO GUTIÉRREZ RANGEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 3.038.755, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y LA CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO MÉRIDA. SEGUNDO: IMPROCEDENTE los pagos por los conceptos solicitados por el querellante.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano EDWIN ARMANDO CHIRINOS DUQUE, Venezolano, mayor de edad, titular de cédula de identidad Nº V-11.888.204, contra la UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y en consecuencia se declara la nulidad de la resolución Nº CU-03-01 de fecha 6 de febrero de 2013, emanada del Consejo Universitario de La Universidad Bolivariana de Venezuela, mediante la cual acordó sancionarle con la suspensión de toda actividad por dos años. SEGUNDO: Se ordena el pago de la remuneración integral dejada de percibir por el querellante, que comprende el sueldo básico mensual, primas por hogar, por apoyo docente, antigüedad e hijos, desde el 6 de febrero de 203, fecha en que fue suspendido de su cargo hasta su efectiva reincorporación, y cualquier aumento que el sueldo hubiese ocurrido en el lapso de la suspensión. TERCERO: Se ordena una experticia complementaria del fallo, la cual será realizada por un solo perito designado por el Tribunal, a ob.....

PRIMERO: SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta las abogadas ANA DELINDA SOSA MARQUEZ Y ELIZABETH CAROLINA PEÑA, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V- 8.048.635 y V.- 9.317.873, e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 65.350 y 36.790, actuando con el carácter de apoderadas judiciales del ciudadano ORLANDO ALFONSO QUINTERO GUERRERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 3.990.500, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y LA CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO MÉRIDA. SEGUNDO: IMPROCEDENTE los pagos por los conceptos solicitados por el querellante.

PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer y decidir la presente Demanda de Nulidad, interpuesta por las abogadas SANDRA MERCEDES CERVELLIONE PEREZ y OLIVA MOLINA ROMERO, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 10.561.390 y V- 3.133.804, en su orden, e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los números 55.618 y 22.114, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales del ciudadano FABIO MALDONADO VELOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.803.984, , contra la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA). SEGUNDO: INADMISIBLE la Demanda de Nulidad, por haber operado la caducidad, de conformidad con lo con lo establecido en el artículo 32 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito en la parte motiva de la presente sentencia.