PRIMERO: HOMOLOGADO el acto de transacción efectuado por la ciudadana LISBETH COROMOTO RAMIREZ GUERRERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.621.412, hoy querellante en la presente causa, debidamente asistida por el abogado JUAN PEROZA PLANA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº V-8.186.109, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 58.058 y la ciudadana LAURA TORRES MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 12.350.985, actuando con el carácter de asesor jurídico de la parte querellada, de conformidad con los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Se ORDENA el archivo y cierre definitivo de las actuaciones, así como su posterior remisión al Archivo Judicial.

ÚNICO: INADMISIBLE la presente Querella Funcionarial conjuntamente con medida cautelar, interpuesta por la ciudadana DELMA TIBISAY ROA CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 8.088.418, domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, asistida por el abogado JOSÉ MARTINEZ DIAZ, titular de la cédula de identidad Nº V.- 7.364.420, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 25.938, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO TOVAR DEL ESTADO MÉRIDA, de conformidad con los artículos 96 y 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en concordancia con el criterio jurisprudencial transcrito en la motiva del presente fallo.

ÚNICO: INADMISIBLE la presente Querella Funcionarial conjuntamente con medida cautelar, interpuesta por la ciudadana ROSA ELENA GUTIERREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.228.870, debidamente asistida por el abogado JOSÉ MARTINEZ DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.364.420, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 25.938, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO TOVAR DEL ESTADO MÉRIDA, de conformidad con los artículos 96 y 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en concordancia con el criterio jurisprudencial transcrito en la motiva del presente fallo.