PRIMERO: La competencia de este Tribunal Superior para conocer la consulta de la decisión dictada por la primera instancia en el presente asunto, de acuerdo a la norma 72 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. SEGUNDO: Se revoca la decisión sometida a consulta, reponiendo la causa al estado que el A quo se pronuncie sobre las causales de inadmisibilidad, con excepción de la analizada en el presente fallo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: No hay condena en costas en esta instancia por la naturaleza del fallo. CUARTO: Se ordena la notificación a la Procuraduría General de La República, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN formulado por el profesional del derecho Jorge Alberto Pérez Leal, en su condición de demandante contra la decisión publicada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de Mérida, en fecha 11 de mayo de 2012, en el asunto signado con el N° LP21-L-2010-000640. SEGUNDO: Se confirma el fallo recurrido, con la motivación que se dio en esta decisión, ratificándose: "Primero: SIN LUGAR la demanda que por motivo de CALIFICACION DE DESPIDO, REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS interpuso el ciudadano JORGE ALBERTO PEREZ LEAL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.948.289, en contra de PDV COMUNAL S. A., conocida también como PODER DE DISTRIBUCION VENEZUELA COMUNAL S. A., anteriormente conocida como VENGAS S. A., según consta de acta inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del.....

PRIMERO: SE REPONE LA CAUSA al estado que se notifique a al ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela de la sentencia interlocutoria publicada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 10 de agosto de 2012, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.