Al no existir en actas instrumentos de los cuales se verifique la deuda alegada por el actor no se encuentran cumplidos los requisitos de procedencia consagrados en el Artículo 630 del texto adjetivo civil, por lo cual también se incurre en la contravención del último requisito de admisibilidad indicado en Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil venezolano, por lo cual este Juzgador se ve en la forzosa necesidad de declarar la inadmisibilidad de la presente demanda.

Considera este Juzgador, que por cuanto la denuncia de violación de derechos y garantías constitucionales, específicamente el consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituyen un perjuicio grave para la parte accionante de la tutela constitucional, LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano ELI JACOB GODOY RUIZ, contra la decisión dictada por el JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, de fecha 09 de febrero de 2015, en el expediente N° 8751, nomenclatura de ese Tribunal, en el juicio por DESALOJO, incoado por la ciudadana IRMA GRATEROL OVALLE contra el aquí accionante en amparo, será admitida.