este Tribunal en relación a la oposición formulada por el referido abogado, a las pruebas promovidas por la parte demandada, cuya oposición estuvo basada como antes se indicó, en la manifiesta impertinencia e igualmente alegaron que tales pruebas son innecesarias, cuya oposición a la pruebas documentales QUINTO, DÉCIMO PRIMERO, Y LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTO PROMOVIDOS COMO DOCUMENTALES EN EL PARTICULAR DÉCIMO, en virtud que corresponde al Juzgador al momento de dictarse la correspondiente decisión determinar si las mismas resultan favorables o no al merito de la controversia, por lo que la oposición de la parte demandante a las pruebas de la parte demandada aun cuando baso la misma en la manifiesta impertinencia e innecesarias de las pruebas, se desprende que la oposición persigue que este Tribunal haga valoraciones de mérito en cuanto a dichas pruebas, que harían incurrir a este Juzgador en adelanto de opinión por lo que es forzoso declarar en la dispositiva de la Decisión Sin Lugar la.....

En hilo de los criterios jurisprudenciales precedentemente supra transcritos que este Tribunal acoge ex artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, resulta pertinente declarar la improcedencia in limini litis de la presente demanda incoada por la ciudadana abogada: LUZ MARINA BUSTOS DE MERCADO, en tanto que, permitirle la entrada a la presente acción puede afectarse el orden público, y en virtud de que se advierte la existencia de un error que puede lesionar en algún modo un derecho constitucional y que con tal proceder se pueda causar un perjuicio a alguna de las partes, procede de oficio, a dictar la presente providencia de inadmisibilidad por ser necesarias a fin de disciplinar el debate judicial, por existir con la indebida acumulación prevista en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, infracciones que vulneran el orden público, y a fortiori, buscan evitar quebrantamientos del orden constitucional

Los trámites para la solución del conflicto negativo serán breves y sin incidencias procesales, en virtud de la naturaleza del amparo constitucional. No es admisible en materia de amparo solicitar la regulación de competencia. Así pues, de lo dispuesto en la norma que antecede y la doctrina patria citada, se concluye, que habiendo un conflicto de competencia, entre el TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL y MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA y el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resulta ser la competente para conocer del conflicto negativo de competencia que plantea este Juzgado