se deduce que dicha solicitud de medida de embargo peticionada por la parte actora es contraria a lo previsto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, que prevé el embargo de bienes muebles que sean propiedad de aquel contra quien se libre la medida, es decir, que la medida de embargo preventivo se decretará única y exclusivamente sobre bienes muebles que sean propiedad de la parte contra quien se dicte la medida, no pudiendo dictarse sobre un bien mueble que haya sido especificado por la parte quien pide la medida, en virtud de que desnaturalizaría la medida de embargo, convirtiendo esta en una medida de secuestro, ya que al dictarse la medida de embargo preventivo, la parte solicitante debe al momento de la práctica de dicha medida y en el acto que corresponda, indicar los bienes muebles sobre los cuales recaerá el embargo

considera este juzgador que las normas relativas a la competencia sustantiva o material de los Juzgados de Primera Instancia Agraria, es la contenida en el artículo 212 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, resultando plenamente aplicable en el presente caso, ya que de autos consta que en el bien sobre el cual se pretende dar el Reconocimiento de Contenido y Firma, es susceptible de productividad agrícola. Por lo antes expuesto, es criterio de este juzgador que el Tribunal competente para conocer y decidir sobre la solicitud de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA sobre el lote de terreno a que se contrae la presente acción, corresponde a la "jurisdicción especial agraria", y en concreto, al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, con sede en El Vigía