En criterio de este juzgador, el querellante no tiene ninguna relación directa con la sociedad línea de taxis, como así lo admite, de lo que se desprende que la legitimacion para accionar en contra de la suspensión del servicio correspondería a la socia propietaria, quien es en definitiva la presuntamente afectada directamente con la suspensión de su operador , en consecuencia hay una falta de legitimación del querellante no teniendo en consecuencia el mismo la legitimación necesaria para accionar constitucionalmente.

Está demostrado también a través de las inspecciones judiciales que dentro del área de terreno funcionaban varios locales comerciales vinculados a la mecánica automotriz, que estaban parcialmente techados para el momento de la primera inspección y desmantelados posteriormente, y que en la última inspección el tribunal no tuvo acceso a dicha área por estar cerrado el portón, de lo que se infiere que efectivamente fueron desmantelados los techos de los locales y el impedimento de acceso a los mismos. Ahora bien, la autoría del desmantelamiento de los techos y cerramiento del portón, lo que constituiría las vías de hecho delatadas, sería responsabilidad de la querellada –según los querellantes- Luisa Elena Molina Mendoza, quien en la diligencia anexa a las actuaciones correspondientes a la inspección judicial del 8 de agosto, manifestó que el co-querellante JESÚS HUMBERTO PÉREZ no tendría ninguna relación con ella, pues su vínculo contractual fue con el ya fallecido SERGIO LIZCANO. Ahora .....